Por entregar la renta petrolera a las transnacionales, Pemex ya no aportará el 68% de sus ingresos al erario, sino el 55 e, incluso, el 27%. Con los contratos de utilidad compartida, la disminución será de 227 mil millones de pesos; con los contratos de producción compartida, de 725 mil millones de pesos. Peor será en el caso de las concesiones o licencias. Eso redundará en drásticos recortes al gasto social. Para cubrir ese déficit, el gobierno impondrá mayores impuestos y un endeudamiento creciente, señala Bartlett.

Peña Nieto no mata, regala la gallina de los huevos de oro a las transnacionales

La reforma energética –que con gran celeridad se vota en los congresos de los estados– provocará un gran “hoyo fiscal” que traerá serias consecuencias, ya que al compartir la renta petrolera con trasnacionales, los recursos que Petróleos Mexicanos (Pemex) paga al erario pasarían de 68 por ciento actual a 55 por ciento, en el mejor de los casos, y hasta 27 por ciento en el peor de los escenarios, según el tipo de contrato de que se trate, advirtió el senador del PT, Manuel Bartlett (Becerril A., en La Jornada, p.4, 15 diciembre 2013).

Explicó que en el caso de los contratos de utilidad compartida, Pemex dejaría de entregar a Hacienda 227 mil millones de pesos al año, pero en las otras modalidades, entre ellas la de producción compartida, hasta 725 mil millones de pesos, lo que va a derivar en recortes del gasto social, es decir, educación, salud y combate a la pobreza.

La situación será aún más dramática, en el caso de las concesiones, previstas en esa reforma, y el gobierno acudirá a elevar los impuestos a las mayorías y a endeudarse, señaló.

Expuso que todas las reservas que presentó y sus argumentos sobre el riesgo de ese nuevo marco constitucional, que permite “que las petroleras extranjeras a las que el presidente Lázaro Cárdenas echó del país en 1938, regresen a saquear el patrimonio”, fueron desechadas. Entre otras, la observación de que esa reforma energética no incluía un estudio de impacto presupuestal, pese a la repercusión que tendrá en las finanzas públicas.

En la nota de Becerril, Bartlett indicó que de acuerdo con un estudio elaborado a partir de datos oficiales, contenidos en la Ley de Impuestos sobre Hidrocarburos, que presentó el presidente Enrique Peña Nieto y que está detenida en la Cámara de Diputados, se puede estimar el “hoyo fiscal” que se generará cuando entren las trasnacionales a explotar el petróleo y el gas y hagan a un lado a Pemex.

Con el actual régimen fiscal, donde Pemex aporta 40 por ciento del presupuesto nacional, la Tesorería de la Federación recaudaría un billón 207 mil millones de pesos, pero al compartir la renta petrolera con consorcios extranjeros, ese porcentaje va a disminuir.

El escenario de menor impacto, el más conservador, en el caso de que todos los contratos fueran de utilidad compartida, habría una disminución de 227 mil millones de pesos, casi el monto de dos veces lo dedicado a la Cruzada Nacional contra el Hambre y tres veces el presupuesto de Oportunidades.

Ese es el escenario que menos desean las trasnacionales petroleras, a las que, según la experiencia internacional, les interesan más los contratos de producción compartida, donde el pago es con petróleo y pueden inscribir en sus recursos contables las reservas de crudo del país.

El “hoyo fiscal” es mayor, calculado en 725 mil millones de pesos al año, en el caso de esos contratos de producción compartida. Esos recursos equivalen a 16 programas del sistema de pensiones de adultos mayores, insistió Bartlett. Resaltó que la pérdida de la renta petrolera será mayor si se otorgan concesiones, incluidas también en la reforma bajo la figura de licencias, ya que les permite apropiarse de toda la cadena de producción y comercialización del hidrocarburo.

Para conseguir esos más de 700 mil millones de pesos al año, el gobierno de Peña Nieto va a acudir a mayores impuestos y a un endeudamiento crecientes.

Muchos medios fingen que “no ven donde está la privatización”, nadie la ha explicado, dicen. No es así, simplemente niegan la evidencia porque están del lado del gobierno. Politiquillos de medio pelo aseguran que, con la desnacionalización energética, habrá beneficios. Son ellos los que no saben ni pueden explicarse y, sin embargo, los medios les creen.

Pero no se necesita ser experto para darse cuenta de las aberraciones. En 2012, Según sus propios datos, Pemex aportó al fisco por concepto de Impuestos, derechos y aprovechamientos, la cantidad de 902 mil 900 millones de pesos (69 mil 400 millones de dólares). Esto representó en ese año el 54.8% de los ingresos totales por ventas o el 79.3% del EBITDA (Ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización). Este EBITDA fue muy cuantioso y representó el 69.5% de los ingresos totales de la paraestatal.

Al compartir la renta petrolera, cedida a las transnacionales, las ganancias de Pemex serán menores a las actuales. En consecuencia, aportará menos al erario. Bartlett tiene razón. El impacto se verá muy pronto.

Si Pemex contribuye apreciablemente al financiamiento del Estado y gobiernos en turno, la consecuencia será una reducción gradual, sistemática e, incluso, drástica en los rubros de educación, salud, vivienda y otros, todos, relacionados con el gasto social.

¿Dónde está el beneficio popular? Simplemente, no existirá, al contrario el costo de la desnacionalización energética se cargará a la población con penuria, más pobreza y represión social. En cambio, las transnacionales se apropiarán del territorio, los hidrocarburos y demás energéticos, acumularán más capitales e impondrán el atraco violentamente.


Ref: 2013, elektron 13 (489) 1-2, 15 octubre 2013, FTE de México.