El pleno del Senado votó la reforma energética que desnacionaliza a las industrias petrolera y eléctrica. De un manotazo, Peña Nieto, PRI, PAN y PVEM terminan con las dos mayores conquistas de la pos Revolución Mexicana. Es el regreso al pasado ominoso. Las industrias petrolera y eléctrica nacionalizadas han sido desintegradas pata privatizar todas las fases del proceso de trabajo, según se indica en los 21 artículos transitorios que implican a la legislación secundaria. Los subsidios se terminarán, el aumento de tarifas eléctricas se disparará, se creará un Fondo petrolero que desaparecerá. El CENACE será separado de la CFE, la refinación de petróleo será privatizada, el procesamiento del gas también, así como, el transporte y distribución por ductos de petróleo, petrolíferos y petroquímicos. La CRE y la CNH serán fortalecidas; Pemex y CFE serán descuartizadas.

La reforma constitucional a los artículos 27 y 28 se aprobó sin que existiera ninguna legislación secundaria. Para subsanar, los senadores propusieron en el dictamen un conjunto de 21 artículos Transitorios, en los cuales deslizan el contenido de la legislación por venir.

En esos Transitorios corroboran que la legalidad constitucional vigente hasta hoy quedará totalmente rota. La DESNACIONALIZACION energética es explícita y demoledora. Haber nacionalizado a las industrias petrolera y eléctrica representó grandes luchas y enormes esfuerzos. En cambio, para desnacionalizarlas, ha bastado una simple votación. En términos de la legalidad burguesa, podrá decirse que la decisión fur “democrática”, la “mayoría PRI-PAN” decidió que la nación se vuelva esclava. La arbitrariedad es atroz.

A continuación se describen y comentan los 21 artículos Transitorios del dictamen del Senado. Estos artículos tiene el objetivo de precisar los alcances de la privatización, generalizada a todas las fases del proceso de trabajo petrolero y eléctrico.

En el artículo Transitorio (Tr.) primero se indica que el decreto entrará en vigor al siguiente día de ser promulgado. En el Tr. segundo se señala que los derechos de los trabajadores serán respetados.

En el artículo Tr. tercero se indica que Pemex y CFE, actualmente organismos públicos descentralizados, serán “empresas productivas del Estado”. Eso ocurrirá en un plazo máximo de dos años. El cambio es radical. Actualmente, Pemex y CFE representan a, respectivamente, a las industrias petrolera y eléctrica nacionalizadas. Esto es, son instituciones de propiedad NACIONAL pero ahora serán propiedad del ESTADO. NO es lo mismo. El nombrecito de “empresas productivas” es demagógico. Lo que importa es el cambio en el régimen de propiedad. Las industrias petrolera y eléctrica serán ahora de propiedad privada. Lo que hace el gobierno con Pemex y CFE es mantenerlas, por el momento, como simples empresas más, reducidas sustancialmente en cuanto a funciones estratégicas.

Dice el dictamen que, en la transición, Pemex CFE “recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el presente Decreto”. Eso es lo que harán, transferir la propiedad a las transnacionales. Pemex y CFE entrarán en un proceso degenerativo y sistémico de extinción.

Se dice en el Tr. cuarto que habrá 120 días para que se hagan las adecuaciones al marco jurídico. Entre otras, “regular las modalidades de contratación, que podrán ser, “entre otros”, de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, para llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares”.

Esto es, se propone que en la legislación secundaria, específicamente en la ley petrolera, se establezca que habrá TODO TIPO de CONTRATOS y CONCESIONS. Los primeros podrán ser de utilidad compartida (como lo propuso Peña), o de producción compartida (como lo propuso el PAN). Además, habrá concesiones llamadas “licencias” (como lo proponen las transnacionales). De esa manera, el capital extranjero realzará la exploración y producción de hidrocarburos “por cuenta de la nación”. ¡Ridículo!

Esto significa, llanamente, la entrega de los recursos naturales energéticos a las transnacionales para que procedan al saqueo desmedido “en nombre de la nación”.

El mismo artículo Tr. cuarto señala que, “la ley establecerá las modalidades de las contraprestaciones que pagará el Estado a sus empresas productivas o a los particulares por virtud de las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos que hagan por cuenta de la Nación. Entre otras modalidades de contraprestaciones, deberán regularse las siguientes: I) en efectivo, para los contratos de servicios; II) con un porcentaje de la utilidad, para los contratos de utilidad compartida; III) con un porcentaje de la producción obtenida, para los contratos de producción compartida; IV) con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo, para los contratos de licencia, o V) cualquier combinación de las anteriores”.

Esto es, se consideran todas las opciones posibles para que las transnacionales escojan las que les convengan. Será el pago en especie, mediante un porcentaje de la producción obtenida la que se entregará. Esto es obvio porque el petróleo aumenta constantemente de precio y para las corporaciones les permite incrementar sus reservas, cualesquiera sea la modalidad para el registro. El otro mecanismo de pago en especie será mediante los llamados “contratos de licencia”, en donde la transmisión la propiedad de los hidrocarburos será inmediata en cuanto se firmen tales contratos.

Se indica que “la Nación escogerá la modalidad de contraprestación atendiendo siempre a maximizar los ingresos para lograr el mayor beneficio para el desarrollo de largo plazo. Asimismo, la ley establecerá las contraprestaciones y contribuciones a cargo de las empresas productivas del Estado o los particulares”.

¿Cuál nación? Ninguna, quienes “escogerán la modalidad de contratación” serán las transnacionales. Si estas “en nombre de la nación”, extraerán el petróleo que quieran, con mayor razón decidirán “en nombre de la nación” la modalidad de los contratos y del pago.

El Tr. quinto indica que “las empresas productivas del Estado que cuenten con una asignación o suscriban un contrato para realizar actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, así como los particulares que suscriban un contrato con el Estado o alguna de sus empresas productivas del Estado, para el mismo fin, podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo, son propiedad de la Nación”.

Esto implica, por una parte, que Pemex para realizar sus funciones deberá recibir algún contrato, como cualquier particular. La situación es ridícula.

Por otra parte, sean Pemex o los particulares los que hayan suscrito algún contrato “podrán reportar para efectos contables y financieros”, esto es en su propia contabilidad o en reporte ante organismos financieros como la SEC norteamericana o bolsas de valores, tanto los contratos como los beneficios esperados. Lo que las transnacionales reportarán son RESERVAS de hidrocarburos, con el objetivo de acceder a los mercados de capital.

El “requisito” que ponen los senadores traidores es que se diga en los contratos que los hidrocarburos “que se encuentren en e subsuelo son propiedad de la nación”. Este requisito es estúpido. Las transnacionales estarán encantadas. Por arte de magia, los hidrocarburos del subsuelo “son de la nación” pero, en cuanto salgan a la superficie dejarán de serlo y pasarán a propiedad de las corporaciones. Finalmente, contabilizarán y registrarán a los hidrocarburos en tierra no en el subsuelo.

Entreguismo es poco decir, se trata de un verdadero regalo a las corporaciones.

Activo Cantarell. Lo quebró el gobierno y ahora entrega lo demás

Se dice en el Tr. sexto que, la secretaría de energía (Sener), “con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las asignaciones” a que se refiere el párrafo séptimo del “nuevo” artículo 27.

Pemex deberá someter a la consideración de la Sener “la adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción, que esté en capacidad de operar, a través de asignaciones. Para lo anterior, deberá acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva”.

Esto es, la propia Sener se encargará de quebrar a Pemex. Si se le pedirá a Pemex que “acredite que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias, simplemente no las cumplirá. Precisamente, para “argumentar” la reforma energética el gobierno de Peña Nieto ha repetido hasta el cansancio que Pemex NO tiene esas capacidades. ¿Cómo las podrá tener ahora?

Esas condiciones que le ponen a Pemex son para descalificarla de inmediato en favor de las corporaciones que, también han repetido, sí tienen las capacidades.

Con la presente reforma, el gobierno pondrá a competir al “nuevo Pemex” reducido con las corporaciones en una situación de desventaja a priori. Ese le dará al gobierno pretexto para entregar todo a las primeras.

A Pemex los senadores le conceden una vida de gracia de 5 años. Lo dicen en el mismo Tr. sexto.

En las áreas en que Pemex “haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración, será posible que, con base en su capacidad de inversión y sujeto a un plan claramente establecido de exploración de cada área asignada, continúe con los trabajos en un plazo de tres años, prorrogables por un periodo máximo de dos”.

¿Quiénes decidirán? Los mismos que han destruid a Pemex; es previsible, por tanto, que en un plazo de 5 años terminarán con Pemex. Ellos mismos lo dicen: “De no cumplirse con el plan de exploración, el área en cuestión deberá revertirse al Estado”.

Evidentemente, en las condiciones en que queda el ahora “ex-Pemex”, simplemente, no podrá cumplir.

Respecto a los campos actualmente en producción, Pemex “deberá presentar un plan de desarrollo de dichos campos que incluya descripciones de los trabajos e inversiones a realizar, justificando su adecuado aprovechamiento y una producción eficiente y competitiva”.

¿Cuál plan? No habrá tal, si para impulsar la reforma ya aprobada, los senadores argumentaron que Pemex NO tiene capacidad de inversión y menos eficiente y competitiva. Por el momento, los campos productores seguirán en manos de Pemex, será en la transición, en breve lapso también serán entregados a las transnacionales que, según Peña, sí tienen capacidad de inversión, competitividad y eficiencia.

En el TR. séptimo se señala que, “la ley establecerá las bases para fomentar el contenido nacional en la ejecución de las asignaciones y contratos”.

En esa ley pueden poner lo que quieran, bien sabido es que las transnacionales no tienen patria y, en altamar rige la ley pirata. Cada corporación hará lo que quiera, subcontratará a quien quiera y no reportará a nadie más que a si misma.

En el TR. octavo se establece que, “la exploración y extracción de petróleo, así como la transmisión y distribución eléctrica se consideran estratégicas y, por lo miemos, “de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”.

Estas disposiciones son para favorecer a las corporaciones porque la exploración y extracción de petróleo la harán las transnacionales. Se agrega que, “la ley preverá los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva”.

En el TR. noveno se indica que, “a fin de establecer que los contratos que el Estado suscriba con empresas productivas del Estado o con particulares para llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, serán otorgados a través de mecanismos que garanticen la máxima transparencia”.

Esto es, se afirma que el Estado será contratista. ¿Cómo lo hará? ¿Esa es su función? Seguramente habrá una oficina encargada del negocio y no será el Estado sino el gobierno en turno el que regentee el negocio. En la década de los 70`s, cuando estaba el llamado “boom” petrolero, se sabía que cada presidente en turno tenía su propio barco petrolero, hoy Peña quiere también su propia caja. ¿A quién rendirán cuenta esos burócratas? ¡A nadie! ni siquiera personalidad jurídica tendrán.

Se dice que la ley preverá que los contratos cuenten con cláusulas de transparencia, sistemas de auditoría externa y divulgación de las contraprestaciones. ¡Pagamos por ver! Aunque esa ley lo diga, simplemente, NO se cumplirá. Las transnacionales siempre piden cláusulas de confidencialidad y, con ello, los términos d e los contratos se vuelven secretos. Qué ahora será diferente no es creíble, sería como creerles a los ladrones que, después del robo, se van a portar bien.

En el Tr. décimo se dice que, dentro de los 120 días naturales siguientes, se harán las adecuaciones jurídicas “a fin de establecer las atribuciones correspondientes a las siguientes dependencias y órganos de la Administración Pública Federal”.

En el caso de la Sener, se le adicionarán atribuciones, “entre otras, establecer, conducir y coordinar la política energética, la adjudicación de asignaciones y la selección de áreas que podrán ser objeto de los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; el diseño técnico de dichos contratos y los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación; así como el otorgamiento de permisos para el tratamiento y refinación del petróleo, y procesamiento de gas natural. En materia de electricidad, establecerá los términos de estricta separación legal que se requieren para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico y vigilará su cumplimiento”.

A través de este Transitorio, se propone la privatización de la refinación de petróleo y del procesamiento de gas, en ambos casos mediante “permisos” privados. En materia eléctrica se hace un planteamiento muy general orientado a proceder con discrecionalidad, siempre para la privatización.

A la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), “entre otras, la prestación de asesoría técnica a la Secretaría del ramo en materia de Energía; la recopilación de información geológica y operativa; la autorización de servicios de reconocimiento y exploración superficial; la realización de las licitaciones, asignación de ganadores y suscripción de los contratos para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos; la administración en materia técnica de asignaciones y contratos; la supervisión de los planes de extracción que maximicen la productividad del campo en el tiempo, y la regulación en materia de exploración y extracción de hidrocarburos”.

Las facultades a esta CNH son extraordinarias pero no podrá cumplirlas. Esa oficina de burócratas grises está incapacitada para enfrentar a los monstruos transnacionales, lo que hará será lo que le indiquen los criminales.

A la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se le ampliarán sus funciones, ahora con “la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas natural, gas natural comercial, productos petrolíferos, así como de etano, propano, butano y naftas; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos”.

Esto es, a esta oficina del Banco Mundial encargada de la privatización furtiva en materia petrolera y eléctrica, se le adicionan facultades. Ahora se encargará de otorgar permisos privados para el transporte y distribución d por medio de ductos de petróleo crudo, gas natural, gas LP, productos petrolíferos y petroquímicos, así como su almacenamiento. Esto representa la privatización de tales funciones.

De manera específica, la red nacional de ductos se Pemex será privatizada.

A esta secretaría de hacienda se le confiere la facultad para el “establecimiento de las condiciones económicas de las licitaciones y de los contratos”.

En el Tr. décimo primero se dice que el Ejecutivo propondrá “un programa de substitución de subsidios generalizados por subsidios focalizados en los insumos energéticos”.

Eso quiere decir que los subsidios se terminarán.

La supresión, en materia de electricidad, repercutirá en severos aumentos a las tarifas eléctricas, especialmente, de los consumidores domésticos.

De hecho, hace varios años que el gobierno ha suprimido una gran proporción de los subsidios eléctricos, que han sido absorbidos por la CFE con cargo a su propio presupuesto, haciéndola operar con déficit. Ahora, la supresión será total. Si los subsidios eléctricos siguen los pagará la CFE y entrará en un estado de quiebra irreparable. Si se eliminan, los usuarios domésticos tendrán que pagar una elevación drástica de las tarifas eléctricas.

Los subsidios también se aplican en el caso de las gasolinas. Si esos subsidios se eliminan, el incremento en los precios se disparará.

Estos aumentos serán independientes de los precios y tarifas que en lo sucesivo apliquen las transnacionales.

Se indica en el artículo TR. décimo segundo que, en 120 días naturales, se harán adecuaciones jurídicas para que “la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, se conviertan en órganos administrativos desconcentrados” de la Sener.

Tanto la CNH como la CRE contarán “con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión; asimismo, podrán disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, así como por los servicios relacionados con el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos”.

Esto es, se deja a estas oficinas burocráticas con un poder aumentado y, además, con personalidad jurídica y capacidad para cobrar por cualquier servicio, incluyendo la información. Además, la Cámara de Diputados otorgará recurso presupuestales a ambas comisiones.

En el artículo Tr. décimo tercero se establece que n el mismo lapso se harán adecuaciones jurídicas para establecer que “los comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía sólo podrán ser removidos de su encargo por las causas graves que se establezcan al efecto; que podrán ser designados, nuevamente, por única ocasión para cubrir un segundo período, y que su renovación se llevará a cabo de forma escalonada”.

Los comisionados serán designados por el Senado a propuesta del presidente de la República.

Según el Tr. décimo cuarto, se crear a este fondo que “será un fideicomiso público en el que el Banco de México fungirá como fiduciario”, por parte de la secretaría de hacienda.

Este Fondo será especial y extraordinario.

De acuerdo al dictamen del Senado, “el Fondo Mexicano del Petróleo será el encargado de recibir todos los ingresos, con excepción de las contribuciones, que correspondan al Estado Mexicano derivados de las asignaciones y los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución. Asimismo, será el responsable de administrar y realizar los pagos establecidos en dichas asignaciones y contratos, y las transferencias que se especifiquen en la ley”.

Esto es, el Fondo tendrá ingresos provenientes de los contratos y hará los pagos estipulados en los mismos. Será un Fondo muy cuantioso y muy atractivo para hacerlo “perdidizo”, parcial o totalmente.

Se legaliza la privatización furtiva y se generaliza

Dice el dictamen que, “los ingresos del Estado Mexicano que en cada ejercicio sean recibidos como proporción del valor bruto de los hidrocarburos extraídos serán destinados por el Fondo Mexicano del Petróleo a los Fondos de Estabilización de los Ingresos Petroleros y de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, de acuerdo a lo que se establezca en la ley”.

“Asimismo, el Fondo deberá realizar las transferencias al Fondo de Extracción de Hidrocarburos; a los fondos de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética, y en materia de fiscalización petrolera, así como los demás destinos específicos que se determinen en la ley”.

Hecho lo anterior, los remanentes se destinarán a:

“Se transferirán a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del Gobierno Federal que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se mantengan en la misma proporción respecto del Producto Interno Bruto que la proporción correspondiente a dichos ingresos en el año 2013, en términos de la ley. En caso necesario, se emplearán para ello recursos provenientes del ahorro de largo plazo a que se refiere la fracción siguiente”.

“Una vez cubierto lo establecido en la fracción anterior, los flujos anuales que reciba el Fondo Mexicano del Petróleo, se destinarán a ahorro de largo plazo, incluyendo inversión en activos financieros, la reducción de pasivos financieros vinculados a los Requerimientos Financieros del Sector Público del año previo de que se trate y la amortización de manera anticipada de la deuda pública”.

“Cuando el saldo de las inversiones en ahorro público de largo plazo sea igual o mayor al 3 por ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, el Comité Técnico del Fondo podrá destinar recursos del saldo acumulado del Fondo para lo siguiente:

“Hasta por un monto equivalente a 0.15 por ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, a financiar los pasivos adicionales derivados de la transición a sistemas de pensiones de contribuciones definidas e incrementos en la cobertura de los sistemas de pensiones públicos

“Hasta por un monto equivalente a 0.15 por ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, para financiar proyectos de inversión en ciencia y tecnología, y en energías renovables”, y “Hasta por un monto equivalente a 0.15 por ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, en fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros, sectorizado en la Secretaría del ramo en materia de Energía; en becas para la formación de capital humano; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de la industria”.

Se dice que este Fondo estará sujeto a las obligaciones en materia de transparencia, se constituirá en 2014 y empezará a operar en 2015.

Indudablemente, este Fondo manejará cuantiosos recursos. ¿Quienes lo integrarán? No se dice, solo se indica que estará a cargo de la secretaría de hacienda. Videgaray decidirá quienes se encargarán de administrarlo y robárselo. ¿No? Si se acaban de robar a las industrias energéticas nacionalizadas, incluyendo los hidrocarburos, que no lo hagan con este Fondo no es creíble, al menos, lo robarán parcialmente.

De acuerdo al Tr. décimo quinto, el Fondo contará con un Comité Técnico integrado por 3 representantes del Estado y dos “independientes”. Entre las facultades de este comité estarán: determinar las inversiones, el destino de los recursos y hacer recomendaciones a los diputados.

Se indica en el Tr. décimo sexto que, en el plazo de 12 meses a partir de la entra en vigor de la “nueva” Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, se emitirá Decreto de creación del organismo público descentralizado denominado Centro Nacional de Control del Gas Natural, encargado de la operación del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento”.

Eso quiere decir que a Pemex se le quitará la infraestructura relacionada con el transporte y almacenamiento por medio de ductos, el cual será privatizado. Lo dice el mismo dictamen.

“El Decreto proveerá lo necesario para que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o divisiones transfieran los recursos necesarios para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural adquiera y administre la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural que tengan en propiedad para dar el servicio a los usuarios correspondientes”.

“El Decreto también preverá que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, transfieran de forma inmediata al Centro Nacional de Control del Gas Natural los contratos que tengan suscritos, a efecto de que el Centro sea quien los administre”.

En el mismo plazo se emitirá el decreto que crea al “Centro Nacional de Control de Energía como organismo público descentralizado, encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional; de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución, y las demás facultades que se determinen en la ley y en su Decreto de creación”.

El CENACE se quitará a la CFE, lo dice el dictamen.

“El Decreto proveerá lo conducente para que la Comisión Federal de Electricidad transfiera los recursos que el Centro Nacional de Control de Energía requiera para el cumplimiento de sus facultades”.

Se agrega que, “El Centro Nacional de Control de Energía dará a la Comisión Federal de Electricidad el apoyo necesario, hasta por doce meses posteriores a su creación, para que continúe operando sus redes del servicio público de transmisión y distribución en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad”.

Esto es, se le da una vida de gracia a la CFE de 1 año, después nada, no habrá apoyo del CENACE. Entonces, la CFE dejará de operar sus redes de transmisión y distribución, las que podrán ser cedidas mediante contratos al sector privado. Para eso se paran al CENACE de la industria eléctrica y lo ponen en manos de un “operador independiente”.

Se dice en el Tr. décimo séptimo que, en un plazo de 365 días, se harán adecuaciones al marco jurídico para “establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente, en todos procesos en que intervengan empresas productivas del Estado, los particulares o ambos”.

“En materia de electricidad, la ley establecerá a los participantes de la industria eléctrica obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes”.

De acuerdo al Tr. décimo octavo, en el plazo de 365 días, la Sener “deberá incluir en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios”.

Asimismo, en el plazo de 120 días, el Congreso “emitirá una ley que tenga por objeto regular el reconocimiento, la exploración y la explotación de recursos geotérmicos”.

Esto es, se ampliará la privatización de la geotermia.

De acuerdo al Tr. décimo noveno, en un plazo de 120 días, el Congreso hará adecuaciones jurídicas para “crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos”, como órgano desconcentrado de la Semarnat. “La Agencia tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos”.

Esta agencia contará con los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos.

En el TR. vigésimo se indica que n el plazo de 120 días se harán las adecuaciones jurídicas para las empresas productivas del Estado. Esto es, habrá “nueva” ley de Pemex y “nueva” ley eléctrica, ambas ajustadas a la privatización energética.

Ambas empresas tendrán una organización corporativa y contarán con autonomía técnica y de gestión. Hecho esto, se nombraran nuevos Consejos de Administración. A propuesta del PAN, en la discusión en lo particular, el PRI aceptó que el STPRM saliera del Consejo de Pemex. Es decir, los charros sindicales dejarán esa instancia. Romero Deschamps ni chistó. No podía hacerlo porque está maniatado y su sumisión es extrema. Tampoco era necesario, estar en ese Consejo NO es propuesta obrera y el sindicato NUNCA debió estarlo.

Se dice en el Tr. vigésimo primero que, en un plazo de 120 días, se harán adecuaciones al marco jurídico para “prevenir, identificar y sancionar severamente a los asignatarios, contratistas, permisionarios, servidores públicos, así como a toda persona física o moral, pública o privada, nacional o extrajera, que participen en el sector energético, cuando realicen actos u omisiones que tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público o de los consejeros independientes de las empresas productivas del Estado para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto”.

Este es el artículo transitorio de la risa. Las transnacionales no se guían por las leyes nacionales, el Estado ha puesto en sus manos al Estado mismo, ¿como pedirles que sean respetuosos? ¿De cuándo acá los criminales son caballeros? Además, ¿para qué sobornar a empleadillos si las propias transnacionales pondrán en ese lugar a los suyos?

La Venta, Oaxaca FOTO: F. Olvera

“Se conserva la propiedad de la nación”, dijo César Camacho, presidente del PRI. El senador David Penchyna se ufanó del dictamen, lo mismo hicieron panistas y priístas. Los senadores del PRD y del PT se mantuvieron votando en contra. Perredistas y petistas ocuparon la tribuna, sin brillantez alguna, no son buenos oradores ni parlamentarios, pero se opusieron. Otra vez, la oposición habla y habla en tribuna, PRI y PAN callan, terminada la perorata viene la votación y se impone la aplanadora. Esas son las Cámaras.

Para la actual generación, esa faramalla debe ser la última sesión del Senado. A partir de este momento, debemos DESCONOCER a ese aparato antinacional dictatorial. Contrariamente a lo que dicen, NO representan a la nación ni a los electotes, se representan a ellos mismos y a las transnacionales.

Fuera del Senado, los obradoristas de Morena siguieron con el cerco al Senado. Finalmente, fue una demostración de protesta de algunos mexicanos (as). ¡Bien hecho! Sin embargo, esa acción NO impidió, como lo dijeron los organizadores y algunos medios, ninguna reforma energética. No podían hacerlo porque eso no se logra con un cerco en la víspera, para ello se requiere de otra estrategia política que no se quiso seguir.

Los perredistas, por su parte, iniciaron una marcha de 75 horas en el monumento ala Independencia. La demostración es débil y tardía. Lo peor es el espectáculo de las cúpulas. Batres de Morena se expresó como lo que son los morenos: sectarios a ultranza, negándose a cualquier intento de unidad con el PRD. Al partido, por su parte, también le falló su estrategia. El juzgado décimo tercero del D.F. le negó el amparo tramitado por “notoriamente improcedente”. Había pedido que el Senado no sesionara ni abordara la reforma energética. La fundamentación fue muy débil. Luego, acudió a la Suprema Corte de Justicia. Por lo pronto, el Senado ya aprobó la reforma, cuando decida la Corte ya la habrán aprobado los diputados. Al final dirá que los legisladotes tienen facultades para legislar y tan tan.

Ahora los obradoristas trasladarán el cerco a la Cámara de Diputados. Se volverá a repetir la misma película. No es asunto siquiera de razones sino de relación política de fuerzas. En estos momentos, el PRI y el PAN, es decir, la ultraderecha, tienen en poder político en sus manos, la izquierda da pena.

Si de razones se tratara, el dictamen debió ser desechado inmediatamente pues lo que propone es lesivo a la nación, en materia petrolera y eléctrica.

Sin embargo, no fue así, al contrario. El PRI y el PAN se fueron a fondo. Si la desnacionalización energética es un crimen, lo que hicieron fue apuñalar a las industrias petrolera y eléctrica. Lo indican con toda claridad en los 21 artículos transitorios.

Estos artículos son una vil patraña. En ausencia de la legislación secundaria respectiva, mediante transitorios se quiso subsanar y, en esos artículos, se específica, amplía y profundiza la privatización energética.

Han dicho y seguirán diciendo, porque así lo indica el guión de sus asesores fascistas de imagen, que deben negar que el asalto sea una “privatización”. Para ello, seguirán repitiendo que ni Pemex ni CFE se privatizan y que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos. Es el típico manejo del fascismo: repetir mentiras hasta volverlas verdad, aprovechándose del bajo nivel político de la mayoría de la población y de su empobrecimiento secular.

Pero lo que propone el dictamen ya aprobado es realmente grave. La entrega de los hidrocarburos a las transnacionales es total y absoluta, de manera gratuita e incluye, los recursos naturales, las funciones estratégicas y la infraestructura industrial nueva.

En materia petrolera habrá contratos de todo tipo, incluyendo “contratos de licencia”, o sea, concesiones. ¿Quien decidirá? Dicen que el Estado pero será el gobierno en turno, específicamente, la Sener con el apoyo técnico de la CNH. Los pagos podrán ser en efectivo o en especie. Están planteadas todas las opciones para que las transnacionales escojan. Afirmamos que se inclinarán por los “contratos de licencia” y los de producción compartida, con pago en especie. Más aún, empezarán extrayendo el petróleo crudo de las reservas probadas (1P) en las aguas superficiales y someras.

La gravedad no queda allí. La refinación de petróleo será privada, mediante permisos privados, lo mismo el procesamiento del gas natural y, por supuesto, TODA la petroquímica. Se incluirá el transporte, y distribución de petróleo, petrolíferos y petroquímicos, por medio de ductos, y su almacenamiento. Se les olvidaron los agrocombustibles, ya aprobados en 2008.

Esto significa que la privatización petrolera será TOTAL pues incluye a TODAS las fases del proceso de trabajo petrolero.

¿Qué hará, entonces, Pemex; ahora ex-Pemex? Cada vez menos. En lo inmediato participará de la transición, solamente para favorecer a privatización e ir desincorporando funciones. Achicada, quedará solo con el nuevo nombre de “empresa” lo cual será su perdición y “productiva” como burla porque cada vez será menos productiva. Eso es previsible porque, la mayor parte del proceso de trabajo petrolero, lo harán las transnacionales.

En el caso eléctrico es algo similar. En los transitorios se propone el descuartizamiento de la CFE. Primero, la generación se privatiza en su totalidad, a cargo de transnacionales. Luego, se separa al CENACE para hacerlo entidad (“operador”) independiente. ¿Qué hará la CFE? Cada vez menos y más quebrada. En breve lapso, la transmisión y la distribución eléctrica se entregarán en contratos privados. La CFE no tendrá recursos ni para la operación normal.

Así, ambas instituciones volverán 76 años atrás con un simple manotazo de Peña Nieto, serán Petróleos de México (Petromex) y la CFE de 1937, empresitas minúsculas al lado de los monstruos transnacionales.

Con las corporaciones regresarán las guardias blancas, bandas de asesinos ahora entrenados militarmente no solo en el crimen sino en el ciber espionaje pero con los mismos objetivos criminales. La patria se les ha entregado miserablemente.

¿Que habrá un Fondo petrolero para recibir ingresos y hacer pagos? Sí, será un aparato adicional para que el gobierno lave los recursos, de los que jamás informará fehacientemente.

Para darle forma a las fechorías, los senadores decidieron fortalecer a los órganos reguladores. La CNH y la CRE se volverán super aparatos encargados de tramitar la privatización energética. Esos nocivos aparatos debieran desaparecer pero, al contrario, son puntales en el proyecto neoliberal.

¿Qué vamos a hacer? ¡Comenzar de nuevo! Eso no quiere decir comenzar de cero; tampoco se trata de repetirse. Al contrario, empezaremos por depurarnos.

El FTE planteó oportunamente la perspectiva. Hoy, cayó la nacionalización y, en este mismo momento, levantamos la bandera de la Renacionalización. ¿Quién la hará? La haremos todos los dispuestos a luchar. Muchos se sumarán, incluyendo los oportunistas de siempre que otra vez fallaron y se quedaron sin bandera porque no supieron qué hacer. La depuración requiere sacudirnos a partidos políticos electoreros, oportunistas y provocadores. No puede ni debe haber medias tintas. El pueblo de México tiene que aprender a distinguir la política y dejar de ser manipulado por políticos empíricos.

La lucha puede ser larga o corta pero la bandera allí está. Ahora, hay que repensar a México como nación independiente, volver a releer nuestra propia historia, aprender de las amargas experiencias y proyectar una estrategia coherente y decidida.

La nación mexicana sufre a partir de este momento una gran pérdida pero no hay momento para el duelo. El momento es para los caballeros águilas y tigres, a efecto de organizar debidamente la resistencia contra el invasor, misma que no debe ser pasiva sino programática, de fase activa y constructiva, con todas las formas políticas al alcance, estructurada a nivel nacional, con dinámica propia e independencia de clase. Nosotros no perdimos, nosotros construimos a la industria energética nacionalizada. Peña Nieto y demás traidores la han destruido, deben caer y caerán para ser llevados al Cerro de las Campanas.


Ref: 2013, elektron 13 (475) 1-12, 10 diciembre 2013, FTE de México.