Los cambios legislativos propuestos por el gobierno han generado una oposición efectiva. Más para frenar las reformas regresivas es necesaria la unidad de todos los trabajadores. La insurgencia magisterial es una realidad y la aplicación de la reforma educativa es incierta. Está planteado el rescate del SNTE y la necesidad d e impulsar una Política Educativa Independiente.

Breve recuento de acciones magisteriales reportadas por la prensa nacional.

Frente a la resistencia de miles de maestros a aplicar la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto desde diciembre de 2012, su rumbo y viabilidad aún están por definirse, afirmaron maestros disidentes y especialistas (Poy L., en La Jornada, p.8, 7 diciembre 2013):

Durante el inicio de la Convención Nacional de Trabajadores de la Educación que reúne a delegados de 22 estados, agregaron que, ante un cambio drástico entre las relaciones del Estado y los profesores, se generó una oposición efectiva que alcanzó triunfos.

Sin embargo, reconocieron que aún enfrenta retos como fortalecer la unidad de las bases y establecer vínculos con los sectores sociales que aún no se identifican con su lucha.

Convocados para analizar un plan estratégico a mediano y largo plazos que permita continuar las acciones contra las modificaciones de los artículos tercero y 73 constitucionales, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que el llamado también es a alcanzar la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y a que sea desconocido Juan Díaz de la Torre como dirigente del gremio.

En el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, al que acudieron representantes de Tamaulipas, Oaxaca, Sonora, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Chihuahua, Zacatecas, Campeche y Baja California, entre otros, Humberto Martínez Valenzuela, profesor normalista y sindicalista, destacó que sin la unidad de los trabajadores será difícil frenar las reformas estructurales en áreas estratégicas para la nación como educación, salud, empleo y energéticos.

“Una de la tareas pendientes es construir un verdadero esquema de unidad entre todos los trabajadores y no sólo los maestros, que obligue a sus dirigentes a impulsar la defensa de todos los sectores estratégicos.

“No podemos soslayar –dijo– que una “tercera parte de lo que se destina a las escuelas públicas proviene de los recursos que genera el petróleo. Se trata de una lucha que debemos dar desde un nuevo sindicalismo que frene el corporativismo de los gremios que fomenta el gobierno federal.”

Juan José Ortega Madrigal, dirigente de la sección 18 de Michoacán, destacó que “acudimos para alcanzar mayor unidad en la acción y prepararnos para que en junio próximo demos una batalla fundamental contra la evaluación punitiva que se nos quiere imponer”.

Sin embargo, enfatizó que el gobierno federal busca por “todos los medios mantener viva la reforma. Y echa mano incluso de personajes que carecen de toda legitimidad como líderes magisteriales”.

Consideró que el “rescate” de Díaz de la Torre “costó al erario 5 mil millones de pesos para crearle un programa a modo que le permita renegociar créditos leoninos con miles de educadores, pero somos muchos más los que no vamos a caer en esa trampa”.

Al respecto, Luis Hernández Navarro, experto en temas educativos y coordinador de la sección de Opinión de esta casa editorial, afirmó que 2013 será el año de la insurgencia magisterial, la cual logró “cambiar el rumbo de la educación en México” y dejar en un terreno incierto la aplicación de la reforma en el sector.

Destacó que con la modificación a los artículos tercero y 73 constitucionales, y la aprobación de leyes secundarias, se rompió de forma “unilateral” por parte del Estado el pacto que durante décadas hizo a los maestros estar entre los primeros servidores públicos de la nación y los deja en el “desamparo” y la zozobra laboral.

Con esta medida –agregó– el magisterio ha dejado de ser una profesión de Estado, para convertirse en un quehacer liberal donde los mentores serán tratados como individuos frente al Estado, por lo que estarán solos en la exigencia de sus derechos.

Por la tarde, los maestros disidentes se reunieron en tres mesas de trabajo para abordar temas como un balance de la jornada de lucha; impacto laboral, educativo y social de la reforma educativa; y la creación de un plan estratégico. Las conclusiones se darán a conocer este sábado durante la clausura del encuentro.

Dirigentes de la CNTE aseguraron que la firma de un convenio para aplicar la reforma educativa, suscrita por los gobernadores y el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 3 de diciembre, es una muestra de “gran debilidad, pues en los hechos las primeras medidas del nuevo marco normativo no se han concretado” (Poy L., en La Jornada, p.8, 7 diciembre 2013).

Juan José Ortega Madrigal, líder del magisterio de la sección 18 de Michoacán, afirmó que ante la resistencia magisterial disidente, la reforma es “letra muerta”, por lo que calificó de “acto de simulación y una aberración” el acuerdo para su implementación.

Prueba de ello, enfatizó, es que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que hasta el pasado 29 de noviembre, en poco más de 30 mil centros escolares –es decir 11.5 por ciento de los planteles– se negó total o parcialmente la información solicitada para el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial.

De acuerdo con los datos preliminares, otros 10 mil centros de trabajo que debían censarse no se localizaron o ya no están en funcionamiento, lo que representa 4 por ciento de las 273 mil instalaciones educativas y administrativas cuyos domicilios y ubicación fueron proporcionados por la Secretaría de Educación Pública.

En gran parte del país, agregó Ortega Madrigal, “no existen condiciones para que se aplique la reforma. Y resulta incongruente que Peña Nieto pretenda llevarla a la práctica, pero con medidas de coerción, como descuentos y suspensiones, acciones que tampoco se ha logrado aplicar”.

Al respecto, Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, aseguró que en esa entidad el censo que aplica la SEP “no pasará”. Informó que continuará el brigadeo en todo el estado para solicitar a los padres de familia que no entreguen ninguna información”.

Luego que el Inegi informó que en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán se deberá extender la aplicación del sondeo hasta el 15 de diciembre, Núñez Ginés destacó que no sólo fracasaron las primeras medidas de la reforma educativa en esas entidades, “son muchas más donde se respondió de forma incompleta o se regresaron en blanco los cuestionarios”.

En entrevista por separado, ambos dirigentes coincidieron en que no hay posibilidad de avanzar en el terreno educativo, cuando las nuevas normas que se pretende aplicar “no han sido consensuadas con los actores más relevantes del proceso formativo: alumnos, maestros y padres de familia. Ninguna acción coercitiva o de intimidación va a generar transformación real”.

Y advirtieron que si el gobierno federal insiste en “imponer” sus modificaciones administrativas, sin discutir un proyecto educativo incluyente para garantizar una educación pública, laica y ajena a los intereses del empresariado y las trasnacionales, “no daremos un paso atrás hasta lograr su abrogación”.

Con un llamado a la unidad de todos los contingentes magisteriales, concluyó la Convención Nacional de Trabajadores de la Educación, en la que se determinó que uno de los ejes estratégicos para continuar su lucha contra la reforma educativa es el “rescate” del SNTE y la construcción de un nuevo sindicalismo “democrático e incluyente” (Poy L., en La Jornada, p.7, 8 diciembre 2013).

En el encuentro, al que acudieron delegados del magisterio disidente de 22 entidades, se propuso impulsar acciones coordinadas en todo el país ante la etapa de armonización, en las legislaturas locales, de las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales, y de las leyes secundarias.

También se anunció la realización de un congreso nacional extraordinario de la CNTE en enero próximo, donde se definirán las acciones a mediano y largo plazo para mantener su jornada de lucha contra la reforma educativa.

Juan Melchor, integrante de la dirección política de la coordinadora, señaló que el magisterio disidente enfrenta un “cambio de escenario” ante la aprobación de las reformas estructurales en el sector educativo, laboral y energético. Por ello, destacó, es relevante el “rescate del SNTE, pero con un nuevo contenido sindical que permita desmontar su estructura charra”.

Destacó que en los trabajos de la convención “constatamos que el rechazo a la reforma administrativa que impulsa el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha profundizado, al igual que el repudio a una cúpula sindical que se ha hecho cómplice del despojo de los derechos laborales de más de 1.5 millones de trabajadores de la educación”.

Subrayó que existen las condiciones para que el magisterio de base impulse una “verdadera democratización del sindicato, y convertirlo en una estructura que sirva de forma efectiva para defender los derechos laborales de los maestros, pero también para detener el embate que enfrenta la educación pública”.

Al presentar las conclusiones de la convención, Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, reiteró el llamado a la unidad de todos los contingentes magisteriales, incluidos aquellos que no forman parte de la CNTE, para enfrentar la reforma educativa, y anunció que las conclusiones presentadas se discutirán en la asamblea nacional representativa del magisterio disidente.

Los delegados asistentes denunciaron que la aplicación de las modificaciones constitucionales y de sus leyes secundarias no sólo afectará sus derechos laborales, también pone en riesgo la gratuidad de la educación pública. Se trata, dijeron, de un nuevo marco normativo “contradictorio y ajeno a la realidad escolar de nuestras comunidades”.

Por ello se pronunciaron por mantener las acciones de protesta en todo el país, y fortalecer una coordinación de todos los “referentes” magisteriales, estén o no integrados en la CNTE, pues aseguraron que “defender nuestro empleo y la escuela pública es una responsabilidad de todo maestro y trabajador de la educación”.

Padres de familia y maestros de la sección 22 de la CNTE bloquearon la carretera federal 190 Oaxaca-Istmo a la altura de la agencia municipal de Trinidad de Viguera. Advirtieron que mantendrán la protesta mientras no se les devuelva el jardín de niños Donají, la primaria Hermanos Flores Magón y el módulo de secundaria técnica en la colonia Los Ángeles de San Jacinto Amilpas. A las 10 de la mañana comenzó el bloqueo que duró cinco horas. Los inconformes retuvieron autobuses y camiones. Los padres se quejaron de la desatención del gobierno del estado y la falta de cumplimiento de acuerdos. “No nos deja de otra”, decían. Otón Nazariega Segura, representante del sector periferia de la sección 22, explicó que la protesta se originó pues los padres de familia exigen la devolución de los tres planteles para que sus hijos estudien ahí, y no en espacios que no son adecuados para su educación (en La Jornada, p.7, 8 diciembre 2013).

Después de una década de “ocurrencias y reformas fallidas” en el sector educativo, los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), revela que en México el saldo negativo en el aprovechamiento académico se pagó con una “generación perdida” (Poy L., en La Jornada, p.33, 8 diciembre 2013).

En entrevista por separado, Etelvina Sandoval, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, y César Navarro, especialista del Instituto José María Luis Mora, alertaron que si bien las conclusiones de PISA no pueden ser consideradas una “sentencia inapelable” para el sistema educativo, los resultados “están a la vista: algo no funciona nada bien en la educación y lo más preocupante es que tampoco hay respuestas claras de cómo resolverlo”.

Señalaron que en nuestro país no existe un proyecto educativo nacional orientado a la formación de ciudadanos críticos, reflexivos ante su realidad social y con capacidad de incidir en ella.

Los resultados “pírricos” obtenidos en PISA-2012, que ubican a nuestra nación en las últimas posiciones de 65 países evaluados en cuanto al desempeño académico en matemáticas, lectura y ciencia en alumnos que han concluido su formación básica, son la confirmación de un “fracaso anunciado de las reformas y modelos pedagógicos que durante más de una década se han intentado imponer en México”, afirmó Navarro.

Es la herencia que nos ha dejado “nuestro colonialismo educativo. El saldo es una generación perdida, porque los efectos negativos de los cambios de contenidos en planes y programas de estudios, lo pagaron los niños y jóvenes”.

Agregó que pese al discurso oficial de que las reformas emprendidas en el sector educativo mejorarían los desempeños académicos, la conclusión “es evidente. No fue así, se trata de modelos pedagógicos fallidos, mal diseñados y con graves deficiencias”.

Al respecto, Sandoval, destacó que si bien son preocupantes los resultados arrojados por PISA-2012, destacó que se trata de una evaluación estandarizada cuyos resultados no significan que los estudiantes mexicanos no alcancen ningún logro educativo en la escuela.

No podemos, dijo, caer en una “visión catastrófica que sólo abona a la satanización de los maestros y de la escuela pública, cuando lo realmente urgente es determinar un verdadero proyecto educativo nacional” que permita establecer mecanismos para mejorar un sistema formativo tan heterogéneo.

En México, insistió, “pasamos de las ocurrencias sexenales a la aplicación de una reforma que no cuenta con la aprobación ni el convencimiento de quienes la deberán llevar a la práctica en las aulas, lo que significa que no tendrá un buen resultado”.


Ref: 2013, elektron 13 (368) 1-8, 8 diciembre 2013, FTE de México.

Maestros y maestras asistentes a la Convención nacional FOTO: M.L. Severiano

Cerco de maestros en el Senado contra la reforma energética FOTO: C. Ramos