El gobierno de Peña Nieto, con el apoyo del PRI, PAN y PVEM está decidido a imponer la desnacionalización petrolera y eléctrica. Si se modifican regresivamente los artículos 27 y 28 constitucionales, la apertura al capital privado extranjero será del 100%, esto es, la entrega será TOTAL. Pemex y CFE quedarán como empresitas, dejarán de ser industrias, la mayor parte de los procesos de trabajo la harán las corporaciones, que se apoderarán del patrimonio energético de la nación.

En la prensa se da cuenta de lo esperado. El PRI y el PAN están apunto de consumar el gran asalto a la nación. En materia energética preparan un dictamen que desnacionalizará a las industrias petrolera y eléctrica.

La reforma energética que preparan en conjunto el gobierno federal y la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN) “pretende abrir al ciento por ciento la inversión extranjera en explotación, producción y comercialización de hidrocarburos, así como en la generación de energía eléctrica” (Garduño R., en La Jornada, p.3, 30 noviembre 2013).

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales será la encargada –junto con la de Energía– de procesar la minuta enviada por el Senado, para someterla al pleno en los términos descritos antes del 15 de diciembre.

En San Lázaro se da por hecho que la negociación encabezada por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el subsecretario de Hidrocarburos de esa dependencia, Enrique Ochoa Reza, y el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher Linartas, del lado gubernamental, y por el panismo, Gustavo Madero y un grupo de diputados y senadores de ese partido, “fructificará en un acuerdo que excluirá al PRD”, que hasta la fecha ha insistido en posponer la discusión de la reforma energética o, en su caso, que ésta no toque los artículos 27 y 28 de la Constitución.

Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales que solicitaron omitir sus nombres, señalaron que a pesar de que el PAN y el PRD se aliaron en el Senado para sacar una propuesta de reforma político-electoral, ese vínculo se trastocó cuando la intervención del gobierno federal introdujo como carta de cambio la iniciativa energética, que ya había sido presentada también por el PAN y cuyo contenido no sólo se acercó a la propuesta de la administración federal, sino que introdujo factores, como el de la intervención absoluta del sector privado, en áreas estratégicas del sector energético.

Informaron que el acuerdo implícito entre el gobierno y el PAN se consolidó “por la cercanía de las iniciativas energéticas de ambas partes”, y desplazaron de paso la posición “ambigua” del PRD, que durante los pasados meses no definió en las negociaciones del Pacto por México una postura definitiva en torno a la reforma energética.

El partido del sol azteca y su dirigencia, dijeron, “se movieron” entre posponer para el año próximo la discusión y la defensa del texto constitucional.

No obstante que los senadores del PAN se encuentran divididos entre los que respaldan los liderazgos de Gustavo Madero o de Ernesto Cordero, “la propuesta aperturista en materia energética les ha unido en sus negociaciones subrepticias” con los funcionarios del gobierno federal.

Ricardo Monreal, coordinador de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano, expuso que la administración de Enrique Peña Nieto y los panistas “pretenden una apertura indiscriminada del mercado de la energía petrolera y de la electricidad”.

Incluso, en la Comisión de Puntos Constitucionales, que habrá de dictaminar la minuta proveniente del Senado, se escucharon voces de alerta porque la reforma energética conllevará una apertura total a la inversión privada nacional y extranjera en áreas sensibles de los sectores petrolero y eléctrico. Tal situación propició que las fuentes consultadas señalaran que “así, como el PRD resultó beneficiado de su negociación con el gobierno en torno al presupuesto y la reforma hacendaria, el PAN también se encareció en el tema energético”.

En San Lázaro se espera que el Senado dictamine en los siguientes días la reforma energética, y aprobada por la mayoría de priístas y panistas llegue a la Cámara de Diputados a finales de la próxima semana, para ser incluida, en la primera quincena de diciembre, en el proceso de aprobación, que se prevé culmine el domingo 15.

La nota de Garduño confirma las consecuencias analizadas por el FTE de México respecto a la iniciativa de reforma energética de Peña Nieto.

Al suprimir a los hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad, como actividades estratégicas, indicadas en el párrafo 4º del artículo 27 constitucional, tales actividades se volverán privadas y, por supuesto, a cargo de las corporaciones transnacionales, es decir, el capital extranjero. Para eso está diseñada la reforma, el capital nacional también intervendrá pero en calidad de socio menor.

Tan solo este hecho es suficiente para DESNACIONALIZAR a las industrias petrolera y eléctrica, representadas por Pemex y la CFE.

El hecho es sumamente grave. De un manotazo Peña Nieto y partidos políticos terminarán con las dos más grandes conquistas de la pos Revolución Mexicana: la expropiación petrolera de 1938 y la nacionalización eléctrica de 1960. Con cinismo patológico, el gobierno destruye lo que jamás construyó.

La acción es de fase destructiva y regresiva. No hay ninguna transformación sino el simple regreso al pasado pues, el patrimonio energético de la nación conquistado en grandes luchas sociales nuevamente se regresará a las corporaciones. Esto se hará unilateralmente por un gobierno carente de facultades y por la explícita traición de los legisladores.

El asalto contra la nación todavía se puede impedir. La condición es la lucha social en todo el territorio nacional, enarbolando una Política Energética Independiente y con dinámica propia basada en la independencia de clase, SIN partidos políticos electoreros.


Ref: 2013, elektron 13 (449) 1-2, 30 noviembre 2013, FTE de México.