La seguridad energética norteamericana consiste en disponer de abastecimiento s seguros de petróleo crudo mexicano. Desde antes de que empezara la gestión de Peña Nieto, los asesores del Senado norteamericano se reunieron con el gobierno mexicano y conocieron de la “disposición” oficial para reformar la Constitución en materia energética. Por supuesto, enfatizan en que las transnacionales puedan registrar las reservas de hidrocarburos a su nombre. Para los yacimientos transfronterizos ya existe la producción compartida.

La siguiente nota de A. Becerril da cuenta del interés norteamericano por la reforma energética que propone Peña Nieto. Su interés está en disponer de las reservas de petróleo mexicano para su seguridad energética.

A Estados Unidos le interesa que México lleve a cabo una reforma significativa a Petróleos Mexicanos (Pemex), “capaz de atraer el interés de las empresas petroleras internacionales para invertir su capital y experiencia”, ya que su seguridad energética depende de que se mantenga la cuota de importación del crudo mexicano (Becerril A., en La Jornada, p.5, 2 diciembre 2013).

La afirmación está contenida en un reporte para el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, realizado en octubre del año pasado por el equipo de asesores de quien era titular de ese organismo, Richard Lugar. Sus enviados se reunieron con el equipo de transición del entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, y encontraron, detallan, disposición para ir por una reforma constitucional que permita la participación de trasnacionales en la explotación de petróleo, aunque en ese momento la decisión no se había tomado.

En el documento se insiste en que desde su campaña presidencial Peña Nieto manifestó la intención de reformar el sector petrolero, y esas modificaciones “o la falta de éstas tendrán consecuencias para el portafolio energético de Estados Unidos y sus intereses comerciales”.

Los asesores de Lugar precisan: “México es importante para la seguridad energética de Estados Unidos, porque es una fuente cercana y políticamente confiable para la importación de petróleo”.

Refieren que se reunieron también con directivos de Pemex, con dirigentes y legisladores, y “un líder del PRI comentó: ‘Tenemos la voluntad (de cambiar la Constitución); de lo que no estamos seguros es de contar con los votos’”. Otros de los integrantes del equipo de Peña Nieto reconocieron que las reformas energéticas que no tocan la Carta Magna no funcionan.

Todos, se sostiene en el documento, coincidieron en que las inversiones en gran escala, necesarias para explotar los yacimientos en aguas profundas, requieren “capital y experiencia externos”.

En el reporte, titulado Petróleo, México y el acuerdo transfronterizo, se destaca que el interés principal de Estados Unidos radica en evaluar si las modificaciones legislativas permitirán que compañías estadunidenses se mantengan como proveedoras de bienes, servicios e inversiones al sector energético mexicano, independientemente de la naturaleza de la reforma.

Advierten, sin embargo, que las inversiones de gran escala serán posibles siempre y cuando las trasnacionales “puedan registrar las reservas en la Comisión de Cambios y Valores de Estados Unidos, una forma de contabilidad financiera que no incluiría inversiones conjuntas o contratos de riesgo con Pemex.

“En algunas jurisdicciones, esto significa tomar la propiedad y el mercadeo físico de los barriles de petróleo, pero otras opciones serían viables, como la venta de parte de la producción de las empresas privadas a Pemex, a boca del pozo, para que las compañías nunca tomaran posesión física del combustible”.

Se dan cifras: “México está sentado sobre 10 mil 400 millones de barriles de petróleo en reservas probadas, cifra que se puede duplicar por el petróleo no convencional. Su existencia en aguas profundas está plenamente probada; sólo en Chicontepec se estiman 17 mil millones de barriles”.

Sin embargo, advierten que los observadores “son escépticos” de que Pemex cuente con el capital y la tecnología para explotar en aguas profundas y probablemente el petróleo no convencional de Chicontepec. “Analistas destacan que la paraestatal mexicana tardó 15 años y requirió perforar más de 20 pozos para lograr los más recientes descubrimientos en aguas profundas”.

La situación es compleja, porque Pemex “es más una agencia de gobierno que una compañía petrolera”.

La preocupación de Estados Unidos radica en la cantidad de petróleo que México podrá exportar en el futuro, “ya que su producción cayó 25 por ciento en la última década, obligando a las refinerías estadunidenses, específicamente diseñadas para crudo pesado, a buscarlo en otras partes”.

En ese reporte, que tiene fecha del 21 de diciembre de 2012, se resalta asimismo que en el caso del gas encontraron que sus interlocutores “eran optimistas sobre la posibilidad de reformas para abrirlo al capital privado, dada la menor sensibilidad política que produce en relación con el petróleo”. Al respecto, detallan que el gobierno de Estados Unidos estima que México posee una de las reservas de gas shale más grandes del mundo, de 680 billones de pies cúbicos, y es urgente que lo explote.

En el documento se destaca también la importancia del Acuerdo Transfronterizo que signaron Estados Unidos y México, y que fue ratificado por el Senado mexicano el 12 de abril del año pasado, ya que “provee una base bilateral, desde la que ambos países pueden desarrollar el marco necesario para la producción conjunta de petróleo y gas natural en las reservas que se extienden a lo largo de sus fronteras marítimas en el Golfo de México”.

Ese Acuerdo Transfronterizo permitiría por primera vez observar a grandes petroleras ser socias de Pemex, bajo la modalidad de contratos de producción compartida, “lo que de hecho pavimentaría el camino para una reforma energética en México. Recomiendan, por ello, que el gobierno de Barak Obama lo presente ya al Congreso estadunidense, para su ratificación.”

Con esas convicciones, los gringos apoyan a Peña Nieto y al PRI; estos, a su vez, garantizan a los gringos “su” seguridad energética. Ambos disponen del patrimonio que no es suyo, sino de la nación mexicana.


Ref: 2013, elektron 13 (461) 1-2, 5 diciembre 2013, FTE de México.