Las concesiones están otorgadas para los próximos 100 años. Eso les permite especular en las bolsas de valores. Académicos y organizaciones sociales impulsan una nueva ley minera. Fue presentada a través del PRD. Piden que haya consulta a las comunidades y se otorguen “permisos sociales” para las concesiones. Son paliativos menores. El FTE propone que NO haya concesiones ni contratos. Todos los minerales, incluido el petróleo, deben ser nacionalizados.

Mineras extranjeras, particularmente de capital canadiense, se han apropiado de cientos de concesiones en México para especular en la bolsas internacionales. Ganan millones de dólares sin explotar un yacimiento, sólo rentabilizando las miles de hectáreas que tienen concesionadas por los próximos 100 años en el país (Muñoz P., en La Jornada, p.12, 26 noviembre 2013).

El investigador Gian Carlo Salgado, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló lo anterior en el contexto de la jornada por la nueva ley minera, que se llevó a cabo el domingo pasado, en la cual participaron decenas de organizaciones opositoras a esas compañías.

El especialista manifestó que es un mito el supuesto “gran impacto” económico que tienen las mineras en México. Éste, apuntó, en realidad es “prácticamente nulo en términos de ingresos para el país”. El número de empleos que ofrecen, explicó, es menor al de cualquier otra industria: “cerca de 250 mil directos, que son temporales, de explotación y con salarios apenas por arriba del mínimo”.

En esta jornada se habló del blanqueo de crímenes mineros, de que al parecer el Legislativo no discutirá la nueva ley en la materia en el actual periodo de sesiones y de que la criminalización de las protestas contra esas empresas ya no sólo es contra las organizaciones que luchan contra esos megaproyectos, sino contra académicos.

Representantes de organizaciones como Pro San Luis Ecológico, que ha librado una lucha contra la minera San Xavier; Tetela hacia el Futuro, que se ha movilizado en rechazo a la concesión que se otorgó a Minera Frisco para la explotación de más de 10 mil 600 hectáreas en Tetela de Ocampo, y La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, que se ha manifestado contra la concesión a la mina Caballo Blanco, entre otras, participaron en el acto.

Jorge Peláez, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), manifestó que la ley minera propuesta por organizaciones y movimientos sociales plantea que los pueblos sean los que otorguen su consentimiento (mediante consulta) a las empresas que quieran llevar a cabo actividades mineras en sus regiones y haya “permisos sociales” para las concesiones de exploración y explotación.

Además, propone que se dedique un capítulo a los derechos de las poblaciones, el cual incluya una verdadera garantía de acceso preferente a los recursos naturales. Asimismo, que las concesiones no sean mayores a 20 años, prorrogables en una sola ocasión; se determinen regiones en las que se prohíba el otorgamiento de dichos permisos y se introduzca un cobro de regalías para la actividad por volumen de minerales producidos, entre otros aspectos.

En la jornada, Joaquín Solorio, del ejido Benito Juárez, municipio de Buena Ventura, Chiapas, habló sobre cómo mataron a dos de sus familiares por oponerse a la minera Mag Silver; pobladores de Santa María Ixtacamaxtitlán demandaron que salga la empresa Almaden Minerals de su territorio, porque sólo está causando destrucción y explotación, y Germán Romera, de la asociación Tetela hacia el Futuro, planteó crear un “frente nacional” que aglutine a todas las organizaciones de defensa del territorio y afectados por las mineras.

Varios ponentes afirmaron que, a pesar de que la propuesta de nueva ley fue presentada por integrantes del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, a días de que concluya el actual periodo de sesiones ésta ni siquiera ha sido turnada a comisiones para su análisis, por lo cual estiman que no será analizada por el Congreso, ahora más interesado en “ver cómo legaliza la privatización de Petróleos Mexicanos con la reforma energética”.

La ley minera es parte de la legislación secundaria en la materia. Esta ley autoriza la privatización en el sector. Por ello las concesiones que se otorgan a diestra y siniestra. Modificar esta ley es importante, incluso, debe elaborarse una nueva ley completa. Pero hay una limitación seria si se deja intacta la disposición constitucional.

El actual articulo 27 constitucional, párrafo 1 indica:


LA PROPIEDAD DE LAS TIERRAS Y AGUAS COMPRENDIDAS DENTRO DE LOS LIMITES DEL TERRITORIO NACIONAL, CORRESPONDE ORIGINARIAMENTE A LA NACION, LA CUAL HA TENIDO Y TIENE EL DERECHO DE TRANSMITIR EL DOMINIO DE ELLAS A LOS PARTICULARES, CONSTITUYENDO LA PROPIEDAD PRIVADA.
(REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 10 DE ENERO DE 1934)

Esto es incorrecto. No basta hablar del derecho “originario” sino del dominio actual de la nación viviente. En materia minera debe proscribirse la propiedad privada, incluyendo a todos los minerales, metálicos y no metálicos. Eso solamente puede lograrse con la nacionalización de la minería y la metalurgia. ¿Es difícil? Por supuesto. Pero, a partir de esa reforma necesaria podrá haber una ley reglamentaria coherente.

No es que los legisladores estén más interesados en el petróleo. Este, también es un mineral, y lo que pretenden con la desnacionalización energética es tan grave que todos debiéramos impedir semejante atraco. Los legisladores son partícipes del crimen contra la nación en materia energética y minera. Entonces, es importante disponer de un proyecto alternativo de ley pero NO para ponerlo en manos de diputados traidores sino como bandera para la nacionalización mineralúrgica.

Descontextualizados, los “permisos sociales” para la apropiación privada son imprudentes y, las consultas acciones son muy limitadas. Lo que sí es necesario es construir un solo frente a nivel nacional, la resistencia fragmentada no tiene perspectivas.


Ref: 2013, elektron 13 (444) 1-2, 28 noviembre 2013, FTE de México.