Ni responsabilidad social ni protección al ambiente, ni límites en las concesiones otorgadas y menos acotamiento del poder minero. Los diputados decidieron seguir con la impunidad, el saqueo y el crimen por parte de las transnacionales mineras.

La Cámara de Diputados se ha negado a acotar el poder de explotación de las empresas mineras extranjeras y nacionales, así como a limitar el número de concesiones y a condicionar la ratificación de éstas al respeto del medio ambiente, así como a cumplir con los derechos laborales de los mineros (Méndez E., en La Jornada, p.21, 19 noviembre 2013).

Luego de que el viernes (15 de noviembre) el presidente del grupo de Amistad México-Canadá, Bernard Trottier, afirmó que el Congreso es el responsable de aprobar las leyes que mejoren la operación de las mineras, el diputado Trinidad Secundino Morales (PRD), recordó que las comisiones de Economía y Competitividad desecharon una reforma a la Ley Minera para que cada compañía cuente con un máximo de dos concesiones, con objeto de “rescatar el sentido social y nacionalista de la minería” en el país.

En el proyecto se resaltó que el potencial y la riqueza minera de México “no se ha podido aprovechar plena y sustentablemente al violentarse constantemente nuestra soberanía y libertad de organización, además de que el despotismo empresarial y gubernamental” no ha permitido reivindicar las causas de los mineros ni hacer justicia por las muertes de decenas de trabajadores en accidentes.

La iniciativa resaltó que las mineras consumen y contaminan grandes cantidades de agua para sus procesos de lixiviación.

Citó como ejemplo el tajo a cielo abierto de Mazapil, Zacatecas, una zona semidesértica con grave escasez de agua, donde se utilizan para procesos de lixiviación 94 millones de litros diarios de agua, y que por cada dos litros de líquido, utilizan un gramo de cianuro de sodio.

El legislador recordó que se proponía instituir la figura de responsabilidad social, como la obligación de concesionarios de realizar obras de salud, de educación, de infraestructura, de equilibrio ecológico y protección al ambiente, en beneficio de la comunidad en que se localizan la mina o minas, por un mínimo de 5 por ciento anual de sus utilidades.

Asimismo, condicionar la entrega de concesiones o asignaciones a un historial de cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como a la seguridad de los trabajadores, a crear depósitos de desechos tóxicos, y a que la exploración y explotación de minerales esté subordinada a la previa opinión, libre y sin presiones, de las comunidades.

También se consideró que las mineras no podrían contar con más de dos concesiones ni más de 50 hectáreas, por un periodo máximo de 20 años; así como otorgar a las comunidades el derecho a participar en concursos de entrega de concesiones.

Lo que ocurre en materia minera es apenas una muestra de lo que es capaz el legislativo: sencillamente, inclinarse ante el capital transnacional. La propuesta que se hacía es realmente menor: limitar el número de concesiones y pedir, al menos, prudencia. ¡Nada! Las corporaciones mineras hicieron valer su poder. Si eso hacen en la Cámara de Diputados, ¿qué se puede esperarse en una comunidad empobrecida y aislada? Nada bueno, por eso sigue el colonialismo basado en el saqueo de las riquezas minerales nacionales, la devastación ambiental, y la afectación a la salud y a la vida.

Evidentemente, los legisladores traicionan a la nación. Actualmente se han otorgado por los gobiernos federales en turno más de 27 mil concesiones mineras, sobre las cuales el gobierno no tiene control. Los concesionarios pagan una cantidad simbólica (de 5 a 124 pesos la hectárea) y nadie sabe qué hacen, ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación de la propia Cámara de Diputados es capaz de supervisar a las corporaciones.

¿Cuánto ganan las transnacionales? Lo que quieren porque los recursos que extraen no les cuestan nada, solo gastan en la extracción y procesamiento, obteniendo cuantiosas ganancias. Pero quieren más y los diputados las complacen. Esos legisladores no representan a la nación sino al capital, no deben estar allí. Pero no se irán, hay que sacarlos lo mismo que a las mineras.


Ref: 2013, elektron 13 (431) 1-2, 21 noviembre 2013, FTE de México.

Salaverna, en Mazapil, Zacatecas FOTO: A. Valadez