Las corporaciones mineras canadienses, entre otras, Blackfire siguen provocando a la población de Chicomuselo, Chiapas. En 2009 fue suspendida la actividad minera en el ejido Grecia. Ahora, familiares del propio gobernador, y otros vecinos comprados por las mineras, auspician la división y el enfrentamiento.

El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García, manifiesta su preocupación ante la insistencia de empresarios por reactivar la explotación minera, ahora en el predio La Revancha, del ejido Grecia, en el municipio de Chicomuselo. En días pasados el comité documentó que empresarios mineros “se introdujeron al ejido Nueva Morelia sin el permiso de las autoridades ejidales de esa comunidad” (Bellinghausen H., en La Jornada, p.18, 8 noviembre 2013).

Según habitantes del lugar, “los empleados o empresarios mineros llegaron el 30 de octubre a bordo de una camioneta pick up, RAM, doble cabina”. Al atravesar la comunidad “un grupo de vecinos conformado por jóvenes, mujeres y niños los interceptaron para interrogarlos sobre su presencia en el lugar”, y se identificaron como trabajadores de la empresa Operadora Minera Zacatecas, y uno de ellos también como ex empleado de la minera canadiense Black Fire.

Estos individuos argumentaron haber sido “autorizados” por José María Velázquez, un vecino de Chicomuselo, presunto dirigente de la organización El Surco, “quien les dijo que podrían pasar por Nueva Morelia para llegar al lugar donde se encuentra clausurada la mina La Revancha”.

Según los pobladores, quienes se oponen al proyecto minero, “ninguna persona ajena al ejido tiene facultades para otorgar permisos a personas extrañas, mucho menos a empresarios mineros”. Los ejidatarios están en desacuerdo “desde que se dieron cuenta de las afectaciones ambientales, a la salud y al tejido comunitario que causó la minería en Chicomuselo, que también quitó la vida al dirigente opositor Mariano Abarca Roblero”.

Hicieron saber a estos “empresarios mineros” que continuarán organizándose para defender sus territorios junto con otros ejidos que rechazan los proyectos mineros, según actas de sus asambleas ejidales, “conscientes de que son una amenaza para sus propias vidas, porque destruyen el medio ambiente, y el argumento de desarrollo y empleos es pura mentira”.

El comité de derechos humanos recuerda que el 7 de diciembre de 2009 fue suspendida la actividad minera en el ejido Grecia, debido a las violaciones cometidas por la empresa al manifiesto de impacto ambiental otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que afectó a Nueva Morelia, San Francisco Las Palmas y otras comunidades de Chicomuselo.

De igual forma, “manifiesta preocupación debido a la confrontación en este municipio desde que el 21 de septiembre hizo presencia el señor Fernando Coello Pedrero, abuelo del gobernador Manuel Velasco Coello”, y ante un grupo de jóvenes habría amenazado con que se explotarían las minas “aun sin permiso de las comunidades”. Coello Pedrero iba acompañado por el mencionado Pérez Velázquez, quien “se supone contacta a las empresas interesadas en explotar los recursos en Chicomuselo, donde se han dado 16 permisos para la exploración y explotación de minerales, algunos con una vigencia de 50 años”. En los recientes meses diversas empresas han intentado entrar en las comunidades sin el consentimiento de los habitantes; ello “los ha obligado a organizarse para defenderse y detenerlos, como sucedió el 9 de agosto del presente año en Cuatro Caminos, del ejido Monte Sinaí”.

El Centro Samuel Ruz García destaca las constantes denuncias de personas y grupos “que manifiestan inconformidad por la manipulación que el gobierno pretende ejercer mediante programas como Procede y Oportunidades para que se manifiesten en favor de las reformas educativa y energética impulsadas por el gobierno federal”.

El abuelo del gobernador es un provocador. Junto con el individuo que se abroga el derecho ilegítimo de “dar permiso” a las mineras a espaldas de la comunidad, es partícipe del atropello.

En Chicomuselo ha sido demostrado que la embajada canadiense en México está detrás del crimen contra mariano Abarca. Las recientes acciones representan una provocación contra la población. El gobierno del Estado se equivoca si cree que con el influyentismo familiar podrá doblegar la resistencia.

Ni en Chicomuselo, ni en Chiapas ni en México se necesitan proyectos mineros transnacionales. El colonialismo, antes español y ahora canadiense, ofende a todos. México es una nación no un socavón minero.

¿Qué aportan las corporaciones mineras? Crimen, devastación territorial, saqueo de los recursos naturales, afectación ambiental, a la salud y a la vida.

El pueblo de Chicomuselo está en su derecho de impedir la explotación minera. El FTE de México reitera su solidaridad, llama a fortalecer la organización social y exige del gobierno estatal el cese de la provocación.


Ref: 2013, elektron 13 (417) 1-2, 14 noviembre 2013, FTE de México.

Minera Blackfire en Chicomuselo, Chiapas, partícipe del saqueo y el crimen