Pasan los días y no hay claridad sobre los ataques a las subestaciones eléctricas de la CFE en 12 municipios de Michoacán. El gobierno federal procedió a militarizar al estado. Pero el llamado “crimen organizado” mantiene la descomposición social. Los propios videos del gobierno muestran que los ataques fueron simultáneos y participaron varias personas. Sin embargo, la versión oficial apunta a un responsable solitario, lo que es inverosímil. Peñita no puede con el crimen pero lo auspicia
La Procuraduría General de la
República (PGR) no descarta que grupos dedicados a la producción y
tráfico de dogas que operan en Michoacán hayan utilizado bandas
juveniles involucradas en narcomenudeo para atacar instalaciones de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos
(Pemex) los días 26 y 27 de octubre pasado (Castillo G., en La Jornada,
p.3, 3 noviembre 2013).
Información proporcionada por colaboradores del procurador general, Jesús Murillo Karam, refiere que la realización de peritajes ha establecido que en 10 de los 18 ataques se trató solamente de interferir las actividades de las empresas paraestatales y no destruir de manera sustancial los centros de suministro. El Ministerio Público Federal inició seis averiguaciones previas por ataques cometidos contra instalaciones federales, y en las consideraciones de los delitos que pudieron haber cometido los agresores no se descarta que la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, pueda presentar acusaciones en contra. La PGR entregó sólo a medios televisivos los videos grabados desde las casetas de vigilancia de las subestaciones eléctricas en Zitácuaro, Zamora y Morelia, una de las primeras en ser atacadas por sujetos armados que arribaron a esas instalaciones a bordo de varias camionetas. En ese lugar solamente quemaron parte del mobiliario de oficina. En el caso de la subestación de Zamora, los atacantes solamente afectaron el funcionamiento de varios transformadores. De las grabaciones obtenidas por la PGR, se observa que en las instalaciones de la CFE que se localizan en Morelia los hombres armados arrojaron bombas molotov a un cajero de cobro automatizado de la dependencia y realizaron algunos disparos. Reivindicación borrosa En la cabecera municipal de Apatzingán aparecieron
cuatro mantas en la que supuestos ciudadanos aseguran que los atentados contra
18 subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del pasado
26 de octubre, los cometieron Los Viagras y no la organización criminal
que opera en esta región (Los Caballeros Templarios). Reclaman al
gobierno y a las televisoras “el engaño que nos quieren hacer
creer, les exigimos hablen con la verdad y no traten de engañar a las
personas, los atentados a la CFE todos sabemos que las provocaron los hermanos
Sierra, Santana, alias Los Viagra y José Alvarado, El Burrito, ellos son
los responsables y delincuentes protegidos por el gobierno”. Tres mantas
fueron colocadas en el centro de Apatzingán y una en la salida a Nueva
Italia. En esta población hace una semana se registró una balacera
y varios vehículos incendiados cuando integrantes de grupos de
autodefensa de Buenavista, Tepalcatepec y Coalcomán, trataron de tomar la
alcaldía para “liberar a esta ciudad de más de 120milk
habitantes de la delincuencia organizada (Martínez E., en La Jornada en
internet, 3 noviembre 2013).
¿Un responsable individual? El gobierno informó que agentes de la
Policía Federal (PF) detuvieron a Leopoldo Jaime Valladares, identificado
por autoridades como presunto responsable de los ataques contra instalaciones de
la Comisión Nacional de Electricidad (CFE) los días 26 y 27 de
octubre en Michoacán (Martínez E., Martínez F., Castillo
G., en La Jornada, p.12, 7 noviembre 2013).
En un comunicado de prensa de la Secretaría de Gobernación se menciona que Jaime Valladares es uno “de los principales generadores de violencia en la región de Apatzingán”. Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que la aprehensión de Jaime Valladares ocurrió el pasado día 31 y que fue consignado por la Procuraduría General de la República (PGR) ante un juez federal el 2 de noviembre por supuestamente ser responsable de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego. En tanto, Hipólito Mora, jefe del grupo de autodefensa de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, afirmó que el presidente de los limoneros del Valle de Apatzingán, Leopoldo Jaimes Valladares, fue impuesto por Nazario Moreno, El Chayo, uno de los capos de La familia michoacana y de Los caballeros templarios. “No lo conocí personalmente, ni tuvo ningún acercamiento con los productores de esta región de Tepalcatepec, pero hace unos días me enteré de que había sido detenido”, afirmó el jefe de la guardia comunitaria. Sostuvo que después del pasado 24 de febrero, Los caballeros templarios controlaban parte de las empacadoras del valle de Apatzingán, por lo que impidieron la comercialización durante semanas, lo que dejó sin empleo a miles de cortadores. “Ha sido una lucha difícil porque se trata de un cártel organizado y que cuenta con mucha fuerza”, añadió. En el comunicado oficial se menciona que “en seguimiento a las acciones realizadas para restablecer la paz y la seguridad en el estado de Michoacán, elementos de la PF capturaron en Apatzingán, Michoacán, a Leopoldo Jaimes Valladares” en posesión de un rifle de asalto AK-47, dos cargadores, más de 70 cartuchos, una granada de fragmentación, cuatro teléfonos móviles, un vehículo con reporte de robo y una credencial apócrifa que lo identificaba como funcionario de la PGR. “Esta persona es probable responsable de los delitos de portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas, extorsión, robo de vehículo y se investiga su posible participación en los hechos violentos cometidos en contra de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad ocurridos en los últimos días en el estado. Es importante destacar que se tienen indicios en el sentido de que esta persona era uno de los principales generadores de violencia en la región, ya que se le señala como responsable de buena parte de las extorsiones en contra de los productores de limón en la zona de Tierra Caliente. Amplia descomposición social En el puerto de Lázaro
Cárdenas- Las Truchas el ejército asumió las funciones de
la policía local. El estado en general se encuentra militarizado. Las
versiones sobre los ataques a las instalaciones de la CFE son borrosas y no se
han aclarado. La PGR considera que se trató solo de interferir en las
actividades pero no de la destrucción de las instalaciones
eléctricas. Eso es obvio y así ocurrió, el servicio
eléctrico se interrumpió pero la infraestructura no fue destruida.
Lo grave es que los hechos siguen sin aclararse. Michoacán es tierra del crimen con un alto grado de descomposición social. La extorsión de ciudadanos es la característica principal y extendida. El gobierno estatal es incapaz de gobernar y, muy probablemente, está involucrado. Eso no es ahora, son ya varios gobiernos locales previos los implicados. El gobierno federal utiliza a las fuerzas armadas en labores que no le son propias, ocupando al Estado de Michoacán y militarizándolo, agravando la situación. El secretario de la SEDENA aprovecha la situación y pide al Congreso de la Unión reformas legales para otorgar al ejército funciones policiales. ¿Con eso se resolverían los problemas del crimen? En los ataques a la CFE la PGR ha ofrecido “recompensas” a quienes informen sobre los responsables. De acuerdo a las evidencias, hubo participación de al menos 100 personas coordinadas y apoyadas con vehículos. No se puede hablar, entonces, de un solo responsable sino de varios. El hecho es que Michoacán está en poder del crimen, el político y el del orden común. ¿Con qué autoridad Peña Nieto y el PRI podrán combatir al crimen, si son los primeros en auspiciarlo? No es solo Michoacán, donde el crimen organizado es execrable. Desde el mismo gobierno se auspicia al crimen. ¿Qué es la desnacionalización energética (de Pemex y CFE) sino un crimen de lesa patria? La militarización no resuelve ningún crimen. Se necesita de la acción social organizada, en todas partes y a todos los niveles. Los gobiernos locales no pueden hacerle frente al crimen porque están amenazados por éste, extorsionados, indefensos e, incluso, coludidos. El gobierno estatal es inepto y está incapacitado. El gobierno federal tampoco puede, ni quiere. Los ataques a la CFE, incluso, le convienen. Eso mismo hace Peña Nieto: destruir a la CFE para privatizarla. La disyuntiva es clara: o el pueblo organizado se decide a ejercer funciones de poder popular o la descomposición social se incrementará, con la consecuente ingobernabilidad. Lo primero no es sencillo pero lo segundo es muy costoso para la población. Ref: 2013, elektron 13 (409) 1-3, 10 noviembre 2013, FTE de México. Esta página es construida por trabajadores del sector energía.
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