El Grupo Minero México y otras agrupaciones empresariales del sector se inconforman con el 7.5% de regalías en la minería. Amenazan con retirar sus inversiones. Actualmente, las compañías mineras pagan entre 5.7 y 124.7 pesos por hectárea concesionada. El gobierno ha otorgado más de 27 mil concesiones. La producción de oro y plata es boyante. Las amenazas de las transnacionales mineras son chantajes, quieren más estímulos teniéndolos todos en la práctica.

En su reporte financiero trimestral el Grupo México advirtió que se verá obligado a “redirigir nuestro programa futuro de inversión de 5 mil 388 millones de dólares a países con mayor oportunidad de rendimiento a la inversión y donde exista un régimen fiscal estable que estimule el desarrollo de la industria minera, a la vez que cuente con mejores costos de energía eléctrica y gas, como pudiera ser Estados Unidos, Canadá, Perú y Chile” (González S., González R., Rodríguez I., en la Jornada, p.19, 26 octubre 2013).

Aclaró, sin embargo, que concluirá las inversiones en marcha en México de 3 mil 500 millones de dólares para 2013 y de mil 500 millones de dólares para 2014.

La reforma “pone en riesgo la inversión de proyectos actuales y futuros en el sector y con ello la generación de empleos y desarrollo de infraestructura”, dijo Grupo México en su informe financiero.

El grupo reportó que sus ganancias del tercer trimestre de 2013 se incrementaron 40.2 por ciento respecto a igual periodo del año pasado, al pasar de 319 millones 592 mil dólares a 448 millones 172 mil dólares, pese a que sus ventas cayeron 3 por ciento y su margen de beneficios antes del pago de intereses impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Ebitda, por sus siglas en inglés) descendió de 47.1 a 42.7 por ciento.

No obstante, en el acumulado de enero a septiembre de este año, el Ebitda del corporativo fue de 44.1 por ciento y sus utilidades netas ascendieron a mil 316 millones 721 mil dólares, lo que representa un descenso de 20.8 por ciento respecto a igual periodo de 2012.

En sus declaraciones, representantes de organismos empresariales de la industria minera coincidieron en que gravar las regalías del sector pone en riesgo sus inversiones.

Si el Senado aprueba el impuesto de 7.5 por ciento a las utilidades operativas de las compañías mineras se frenarán las inversiones al sector, aseveró Rosalind Wilson, presidenta del comité de minería de la Cámara de Comercio de Canadá en México, país que es el principal inversionista en el ramo.

De aplicarse tal gravamen, la carga impositiva “se irá hasta las nubes” y México se ubicará prácticamente 30 ó 40 puntos arriba respecto a los impuestos de otros países mineros como Chile, Perú, Estados Unidos y Canadá, lo que definitivamente nos saca de contexto internacional, consideró a su vez el ingeniero minero y geólogo Luis Palafox Torres, encargado de Vinculación de la Asociación de Mineros de Sonora.

El presidente de la Unión Nacional de Concesionarios Mineros, Ayax Alba Pascoe, advirtió que se perderán 10 millones de empleos, es decir 10 por ciento de la población del país resultará afectada.

Luis Martínez Macías, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Mineros Metalurgistas y Geólogos de México Distrito Sonora, detalló que de 120 proyectos mineros en ese estado podrían cancelarse 10 que están a la espera de inversiones, aún cuando ya concluyeron sus análisis de factibilidad después de un proceso de exploración que ha durado de 10 a 20 años.

La presidenta de la Federación de Minería Sustentable en México, Silvana Sánchez Helv, calificó como “delicada” la postura del Grupo México de querer sacar su capital del país si se les aplica un nuevo impuesto, pero sostuvo que es más grave la situación de los 10 mil pequeños productores mineros que representa y que deben ser considerados como tales por producir hasta 7 mil salarios mínimos por año y no 5 mil como plantean las autoridades.

Sánchez Helv dijo que lo que su Federación ha propuesto a las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público es que a los pequeños mineros se les amplíe los 5 mil salarios mínimos anualizados que tienen actualmente a 7 mil, a fin de darles la oportunidad de poder recapitalizarse y que no se les apliquen nuevos y gravosos impuestos.

Para la presidenta de la Federación de Minería Sustentable no todos los pueblos que tienen pequeña minería tendrán la oportunidad de convertirse en “pueblos mágicos como ha ocurrido con Real de Catorce, Taxco y otros” debido a que si las condiciones de nuevos impuestos llegan a hacerlos quebrar no tendrán otra opción de ser generadores de la economía del lugar donde están establecidos.

El sector minero es uno de los que más concentran la riqueza de la cual se apropia. Los gobiernos en turno les garantizan “certidumbre jurídica, oferta minera y accesibilidad” a las corporaciones mineras para saquear todo tipo de minerales, especialmente, oro y plata. Es la entrega descarada del patrimonio de la nación al capital extranjero.

A cambio de migajas, las corporaciones se apoderan del territorio, depredan las tierras, recursos naturales y medio ambiente, contaminan a discreción, afectan la salud de poblaciones enteras y atentan contra la vida. Pero la tasa de ganancia que obtienen es enorme.

El gobierno, mediante el viejo régimen de concesiones les entrega todo y les garantiza el saqueo con la fuerza pública del Estado. En cambio, las mineras se niegan a pagar regalías, simplismo que ha utilizado el gobierno de Peña Nieto para justificar al saqueo.

Ahora las mineras amenazan al gobierno con retirar sus inversiones. Se trata de un vulgar chantaje por dos razones, una, tienen en México un paraíso para enriquecerse impunemente y, dos, tienen al gobierno de rodillas y saben que un poco de más presión es suficiente para someterlo a placer. Finalmente, el problema no son las regalías, lo que quieren es garantizar la entrega desmedida del territorio y recursos naturales minerales, metálicos y no metálicos.

Frente a las amenazas y chantajes debieran cancelarse las concesiones mineras. Obviamente, el gobierno no lo hará. Solo el pueblo organizado podrá expulsar a las transnacionales mineras y a los gobiernos entreguistas.

La propuesta del gobierno federal de aplicar por primera vez un impuesto a las utilidades de las empresas mineras, que ya fue avalada por la Cámara de Diputados y está discusión en el Senado, modifica un régimen fiscal por el cual estas compañías pagan actualmente al Estado una cuota de entre 5.7 y 124.7 pesos por hectárea concesionada (González R., en La Jornada, p.10, 26 octubre 2013).

Adicionalmente pagan impuesto sobre la renta, utilidades y aprovechamientos de agua.

El planteamiento es aplicar, a partir de enero próximo, un impuesto de 7.5 por ciento a la utilidad operativa de las compañías mineras y 0.5 por ciento adicional a aquellas que exploten metales preciosos.

Según organismos empresariales de la minería las empresas del sector pagan impuesto sobre la renta de 30 por ciento; utilidades a trabajadores equivalentes a 10 por ciento de sus ganancias; derechos mineros, que representan 1.76 por ciento de sus utilidades más otro 2.62 por ciento por derecho de aprovechamiento de agua.

¿Que son 5.7 ó 124.7 pesos mexicanos por hectárea concesionada? ¡Una burla! Las transnacionales mineras, aún en yacimientos de muy baja ley, como es el caso de los metales preciosos (Oro, plata, platino) obtiene unos cuantos gramos por tonelada de mineral, de donde extraen miles de onzas de esos metales, mismos que se cotizan muy caros en el mercado internacional.

¿Y, cómo es que se oponen a pagarle migajas a Peña Nieto? Porque le tienen tomada la medida. Peña se quiere justificar para seguir autorizando el saqueo a la nación; las corporaciones presionan para seguirse apropiando de los recursos nacionales, su voracidad no tiene límite.

Finalmente, a la nación no le interesan ningunas regalías sino el dominio sobre su patrimonio. Eso ocurrirá cuando la minería sea nacionalizada. Esto debiera ocurrir ya porque el crimen transnacional es intolerable. Por supuesto, se requieren condiciones para concretar exitosamente las propuestas.

Tales condiciones solo se pueden lograr con la intervención organizada de la población, cuando la mayoría de mexicanos nos decidamos a ser libres, siguiendo una política con independencia de clase.


Ref: 2013, elektron 13 (383) 1-3, 27 octubre 2013, FTE de México.

Mina Peñasquito en Mazapil, Zacatecas FOTO: A. Valadez