La madrugada del domingo 27 de octubre de 2013, fueron atacadas con bombas Molotov 18 subestaciones eléctricas y 6 gasolineras en el estado de Michoacán. Las acciones fueron casi simultáneas. El suministro eléctrico fue interrumpido en 12 municipios. En respuesta, el gobierno federal desplegó miles de soldados y policías federales. No hay ninguna explicación oficial, nadie se ha atribuido los hechos y estos no se han aclarado. Se atribuye la responsabilidad al “crimen organizado” en general.

Casi medio millón de clientes (sic) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quedaron sin energía la madrugada de este domingo, debido a que grupos armados lanzaron bombas molotov contra subestaciones de la institución, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Añadió que seis gasolineras, cuatro de ellas en Morelia, fueron incendiadas (Martínez E., en La Jornada, p.13, 28 octubre 2013).

El secretario de Gobierno, Jaime Mares Camarena, informó que 18 instalaciones de la CFE resultaron afectadas parcialmente por incendios y disparos. Señaló que los ataques dejaron sin luz a 420 mil 711 usuarios. Al cierre de esta edición se había reanudado el servicio a 136 mil 420, por lo cual quedaban pendientes 284 mil 291.

Manifestó que los municipios afectados son de todas las regiones de la entidad. Por ejemplo, poblaciones como Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec, Aguililla, Apatzingán, Sahuayo, La Piedad, Zinapécuaro, Uruapan, Zamora, Ciudad Hidalgo y Tuxpan.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer en un boletín que ya presentó “denuncias sobre esos hechos ante las autoridades competentes, con el fin de que se realicen las investigaciones y se deslinden las responsabilidades que correspondan”.

La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que atrajo las indagatorias y que se detectaron daños en las subestaciones eléctricas de Zitácuaro, Puruándiro, Hidalgo y Morelia, donde además se dañó parte del sistema de agua potable del manantial La Mintzita. En la salida de Morelia a Salamanca, Guanajuato, donde se localiza una planta importante, los agresores no detonaron ningún artefacto, pero en el lugar fueron encontradas más de 100 bombas molotov, agregó.

Los ataques a las subestaciones afectaron la operación de al menos 17 pozos de agua en Morelia y la operación de la planta potabilizadora de La Mintzita, que abastece del recurso a 35 por ciento de la población, informó el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Ello provocó que varias colonias no recibieran el líquido este domingo.

En cuanto a los daños a las gasolineras, una bomba despachadora fue incendiada en la avenida Francisco I. Madero de Apatzingán y otra en la carretera Morelia-Uruapan, a 10 kilómetros de Pátzcuaro, donde también hubo afectaciones a una tienda de conveniencia.

El gobierno estatal informó que apoya a las instituciones federales a resguardar las instalaciones eléctricas. Al cierre de esta edición, las afectaciones aún no habían sido cuantificadas.

Las subestaciones eléctricas (SE) son parte de la infraestructura eléctrica nacional, necesarias para elevar o reducir la tensión (voltaje) o la frecuencia de la energía transportada por las redes de transmisión eléctrica para su posterior distribución y uso.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN); constituido por las centrales generadoras y redes eléctricas de transmisión y distribución, así como, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), constituye instalaciones estratégicas.

Esta categoría deriva de las funciones realizadas que son estratégicas. La energía eléctrica es necesaria para el servicio público. La afectación a las instalaciones altera este servicio y afecta a multitud de usuarios.

Eso ocurrió en esta ocasión. De manera que las operaciones, realizadas por desconocidos, fueron aparatosas y exitosas. Su duración fue breve porque en unas cuantas horas, la CFE logró restablecer el servicio.

De acuerdo a la información oficial, los hechos se sucedieron en forma casi simultánea, lo que supone una organización suficiente. El saldo: 18 subestaciones afectadas y 6 gasolineras, en 12 municipios de Michoacán.

No fue una acción cualquiera. La noticia ocupó a casi todos los medios, escritos y electrónicos. Pero los autores de los atentados se esfumaron.

La reacción del gobierno federal consistió en el envío de miles de soldados y policías federales a la zona michoacana. El objetivo: “recuperar a Michoacán”, dijeron. A falta de datos, el gobierno dijo que el responsable de los hechos fue “el crimen organizado”.

En los siguientes días, el patrullaje militar y policíaco se generalizó en la región creando un estado de sitio no declarado.

Los partidos políticos se han rasgado las vestiduras. Unos a otros, defendiendo sus propios intereses, se culpan mutuamente de la ingobernabilidad y del deterioro ocasionado por el narcotráfico.

Como el gobierno, partidos políticos y medios hablan del “crimen organizado” en general, se ha vuelto costumbre identificar a este con los narcotraficantes. Sin embargo, esa definición vaga podría aplicarse también el gobierno en turno.

El caso es que, hasta este momento, no hay explicación oficial coherente, ni datos sobre los responsables de los hechos. Tampoco, nadie se ha atribuido la autoría.

Desde luego lo segundo, se apresuraron a decir todos los voceros oficiales y oficiosos. En Michoacán como en otras partes del país existe un gran descontento y malestar, resultado de la crisis económica, la afectación social y la opresión política. Lamentablemente, ese malestar no se expresa todavía en forma organizada y conciente, construyendo la organización que permita concretar un programa con independencia de clase.

Lo que sí se conoce es la descomposición social en Michoacán y otras partes, resultado de la guerra no declarada pero efectiva, entre el gobierno federal y diversos grupos ligados al narcotráfico.

Ya son varios años de intranquilidad social, de violencia, represión y falta de garantías para la población michoacana. Las fuerzas militares y policíacas han sido desplegadas en varias ocasiones y los resultados son escasos. La violencia no ha cesado.

Ahora, como no ocurría desde al menos hace 30 años, cuando grupos armados se atribuyeron el ataque a algunas torres de transmisión, hoy nuevamente se lanza la ofensiva contra las instalaciones eléctricas a cargo de la CFE. Fueron afectadas solo subestaciones eléctricas y el daño pudo superarse en breve lapso pero fue impactante por tratarse de instalaciones estratégicas.

Los hechos no parecen tener una connotación política directa. Son acciones terroristas, han dicho políticos y medios.

Independientemente de los calificativos, las acciones en cuestión se realizaron al margen de la sociedad organizada. Sin embargo, existe un mínimo de organización para haber realizado tales actos. Otra cuestión es la política. Los objetivos de los ataques fueron llamar la atención y medir fuerzas con el Estado. Esos objetivos no parecen tener connotaciones sociales declaradas pero sí de poder no declarado.

Además de la crisis económica, en Michoacán y otras partes, hay crisis social y política. Los gobiernos en turno han combatido al crimen violentamente, incrementando la espiral, sin haber logrado ningún control.

Si “el crimen organizado” en general se ha sostenido, en Michoacán y otras partes, es porque ha tenido el apoyo del Estado. Sí, esta tesis está probada en el mundo. Por ahora está claro que la violencia, combatida con más violencia, no tranquiliza a nadie, al contrario se genera más violencia.

Entonces, subyace una política en la que el Estado tiene tanta responsabilidad como los criminales mismos.

El “crimen organizado” también incluye al Estado, con nombres y apellidos. Lo que Peña Nieto, Videgaray, Lozoya y otros pretenden hacer en materia energética es un detestable crimen y lo impulsan con violencia.

¡No es lo mismo!, gritarán. ¡Sí es lo mismo! La guerra es la continuación de la política por otros medios, han señalado importantes estrategas militares de la historia. La guerra es sinónimo de horror pero forma parte de la política.

En estos momentos, nada está aislado. En tal contexto, las instalaciones petroleras y eléctricas son instalaciones no solo estratégicas sino muy sensibles. Para privatizarlas, como pretende Peña Nieto, sus asesores no descartarán nada y los gringos no distinguen entre política “civilizada” y política “violenta” e “irracional”.

De hecho, la propuesta de Peña Nieto constituye un verdadero crimen. Para consumarlo, tratan de afectar a Pemex y a la CFE en todas las formas posibles. Ambas entidades serán blindadas, ha dicho el gobierno. Eso dicen pero, reiteramos, el crimen ocurre porque tiene el apoyo del Estado.

El sabotaje eléctrico y petrolero está debidamente planeado. Los hechos de Michoacán forma parte de la anécdota y hay responsables, por supuesto. Se trata de hechos condenables. Sin embargo, son mínimos comparados con el sabotaje que promueven Peña Nieto y otros contra la nación mexicana y su patrimonio colectivo. En este caso, no serían subestaciones ni gasolineras las afectadas sino todo el Sistema Eléctrico Nacional y toda la infraestructura petrolera, así como el régimen jurídico, económico y social que representan.

Diputados y senadores aprobarán la iniciativa presidencial para que las industrias, petrolera y eléctrica, dejen de ser estratégicas. ¿Qué falta para imponer esa reforma? La fuerza pública en las calles. Michoacán es solo el ensayo del crimen mayor. Contrariamente a lo que dicen, la fuerza militar y policíaca no está para defender a la nación sino para entregarla al imperialismo. Su antecedente es Carrancista y los carranclanes siguen “carranceando”.


Ref: 2013, elektron 13 (391) 1-3, 30 octubre 2013, FTE de México.

Subestación eléctrica