Cuauhtémoc Cárdenas insiste en promover una consulta ciudadana en el caso de que se apruebe la reforma energética privatizadora. Sería para el 2015 y tendría como base lo dispuesto en el artículo 35 constitucional. Este indica que las consultas deben ser convocadas por el Congreso de la Unión. Además de extemporánea, es inviable, pues, diputados y senadores no convocarán a nada ni a nadie pues son parte del mismo Estado y de la traición a la nación.

Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador han propuesto que se haga una consulta a la población acerca de la iniciativa de reforma energética privatizadora.

Cárdenas sigue hablando de una posible consulta “en el caso” de que sea aprobada la reforma energética de Peña Nieto, con el apoyo del PRI, PAN, PVEM y parte del PRD. De gira por Morelos, reiteró que:

Si el Congreso de la Unión modifica los artículos 27 y 28 de la Constitución, como lo presenta el presidente Enrique Peña Nieto en su propuesta de reforma energética, se buscarán revocar los cambios mediante una consulta popular en 2015, con el amparo del artículo 35 de la misma Carta Magna, advirtió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (Morelos R., en La Jornada, p.6, 26 octubre 2013):

Aseguró que la propuesta de reforma energética que el titular del Ejecutivo envió al Congreso federal, así como la del Partido Acción Nacional (PAN), son contrarias a la que presentó el PRD, porque ésta no implica cambios constitucionales, que de acuerdo con el sol azteca retirarían al petróleo y la energía su condición de sectores estratégicos de la economía mexicana.

Cárdenas Solórzano expuso su perspectiva en cuanto al tema energético en una conferencia magistral que ofreció en el foro Las Juventudes y su Impacto Social en América Latina, que se celebró en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Adelantó que si la reforma energética es aprobada, todos los sectores de la izquierda del país impulsarán una campaña para revocarla en 2015, en una consulta celebrada junto con las elecciones federales, de tal manera que “estos sectores de electricidad y petróleo pudieran recuperar su condición de sectores estratégicos de nuestro economía, aunque esperamos que haya sensatez suficiente para que esta no pase”.

Explicó que, de aprobarse, “el artículo 35 de la Constitución nos dice que una tercera parte de cualquiera de las dos cámaras federales, de diputados o senadores, o el 2 por ciento de la lista de electores, que es de alrededor de un millón 630 mil, un millón 640 mil (ciudadanos), puede solicitar que se convoque a una consulta popular, y en este caso estamos pensando en promover esta consulta popular que pudiera revocar la reforma, en caso de que llegara a consumarse”.

Si el proceso sigue dentro de la institucionalidad, de la cual Cárdenas es muy respetuoso y así lo ha dicho, la reforma será aprobada pues bastan los votos del PRI, PAN y PVEM para obtener más de las dos terceras partes. Además, algunos legisladores del PRD ya están puestos y también la aprobarán.

Eso implica que Cárdenas insistirá en la consulta, como única propuesta de estrategia contra la reforma energética que desnacionalizará a las industrias petrolera y eléctrica nacionalizadas. Políticamente, es una propuesta sumamente débil. Pero hay dos características adicionales, una, es ex extemporánea y, dos, es inviable.

La consulta que promueve Cárdenas sería extemporánea porque se llevaría a cabo a mediados de 2015, esto es, después de ser aprobada por ambas Cámaras y por los Congresos locales y luego de haber sido promulgada, publicada y entrado en vigor.

Si ahora no impedimos a esa reforma, después será más difícil. El aspecto estratégico central reside en la organización social independiente, movilizada en todo el territorio nacional. Una consulta, aún en el caso que se hiciera, es muy limitada. Para el 2015, las transnacionales ya estarán posesionadas con multitud de contratos de producción compartida, con presencia legalizada para apropiarse de las funciones estratégicas y de los recursos naturales energéticos. Sacarlas implica un movimiento que supera con creces a una consulta “institucional”.

Pero, además, esa consulta es inviable por cuanto queda en manos del propio Estado determinar si la hace, cómo y cuándo. Es previsible que, los diputados y senadores, que aprobarán con su voto tal reforma, no convocarán a ninguna consulta.

La Constitución vigente indica, respecto a los derechos ciudadanos, lo concerniente a las consultas para las cuales, sin embargo, no existe legislación secundaria aplicable.

ARTICULO 35. SON DERECHOS DEL CIUDADANO:

La consulta no solo la propone Cárdenas sino también Andrés Manuel López Obrador. El primero la propone para después de aprobada la privatización energética, el segundo, la propone antes de ser votada. López solicitó a Peña Nieto que convocara a la consulta, lo cual resulta patético pues, el promotor de la reforma, no iba a realizar ninguna consulta.

De acuerdo a las disposiciones constitucionales, lo primero que ya esgrimió el actual gobierno para negarse a convocar la consulta es que no existe legislación secundaria aplicable. Además, Peña Nieto le contestó a López Obrador que no corresponde a él convocar a ninguna consulta y no lo hará.

Sea que la consulta se hiciera antes o después, tendrían que reunirse firmas. Van más de meses de anunciada la iniciativa y ni el PRD (Cárdenas) ni MORENA (López Obrador) las han reunido. Sus aparatos no han servido ni para reunir firmas entre sus afiliados.

Pero, una vez reunidas 1 millón 640 mil firmas, ¿que harían con ellas? Tendrían que entregarlas al Congreso de la Unión al que deberá dirigirse la petición. ¿Qué harán los diputados y senadores? ¡Reírse! Tendrán que cumplir con su deber, dirán Cárdenas y Obrador. Eso es ridículo, los legisladores no están allí para cumplir ningún deber más que contra la nación. Es iluso pensar que los mismos que aprueben la reforma desnacionalizadora convocarán a una consulta para “impedirla”, ni antes ni después.

Además, previamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá determinar acerca de la “constitucionalidad” de la materia de la consulta.

La SCJN es un aparato que forma parte del mismo Estado, al igual que el Ejecutivo y el Legislativo, y se caracteriza por su conservadurismo reaccionario. Si la consulta se hiciese antes de ser aprobada la reforma, la Corte diría que no hay motivo para la consulta sobre algo que corresponde determinar al Congreso y que ni siquiera se ha votado, no habiendo entonces materia. Si se hiciese después, dirá que es facultad del Congreso aprobar leyes que modifiquen, incluso, a la Constitución y que volver a reformarlas es facultad del propio Congreso y no de ninguna consulta. Además, podría decir que como no existe legislación secundaria aplicable no se puede ejercer el derecho.

Por si algo faltare, la consulta tendrá que realizarla el Instituto Federal Electoral (IFE), el que verificaría los requisitos y organizaría lo conducente. Antes de ser aprobada la reforma, como lo propone López Obrador, simplemente no existe posibilidad alguna. Después, como lo propone Cárdenas, tendría que ser hasta el proceso electoral de 2015. Finalmente, los resultados quedarán estarán sujetos al tradicional “fraude” y, para hacerlos vinculantes, se necesitaría una votación de 40% o más, cuestión que es incierta.

En política “no tener política” también es una “política”. Esta incluye a la estrategia. Para algunos políticos electoreros, “no tener estrategia” es “su estrategia”, la peor.

Tanto Cárdenas como Obrador proceden en términos de la “institucionalidad”, creyendo que en México existe la democracia, como si se tratara de un país idealizado. Ambos, por supuesto, actúan así porque son “políticos del sistema”, de formación política priísta y forjados en tales prácticas oficialistas.

Eso los lleva a serias contradicciones. Se “sienten”, pero no lo son, de “izquierda”. Entonces, asumen que deben oponerse pata justificarse ante el propio Estado. Pero se oponen muy mal, si acaso de “dicho” pero no “de hecho”.

Esa es la consecuencia de no tener política, en este caso, energética. Cárdenas dice que su propuesta, la del PRD es diferente a la de Peña Nieto. Eso es relativo. Lo es en cuanto a que Peña propone modificaciones constitucionales y Cárdenas no; pero, en todo lo demás, ambos están de acuerdo en la privatización energética furtiva, tanto petrolera como eléctrica. López Obrador no se ha referido a ninguna política energética. Su colaboradora Claudia Sheimbaun ha señalado que sí tienen política y que está contenida en el libro “Proyecto de nación” de López utilizado en la anterior campaña presidencial. Allí, y en declaraciones a los medios, Obrador acepta, valida y reitera su apoyo a la privatización furtiva, eléctrica y petrolera. Es decir, asume la política energética de Cárdenas.

Con esa visión burocrática y oficialista, la “estrategia” contra la reforma energética basada en la consulta, a cargo del propio Estado, es una propuesta muy pobre, además de inviable. Movilizar a las masas en todo el territorio nacional, construir organización social verdadera, impulsar una política con independencia de clase, es algo que Cárdenas y Obrador rechazan a priori. En tales condiciones, su propuesta de consulta constituye una salida falsa que los llevará a convalidar la desnacionalización energética. De palabra dirán que no es cierto pero, en los hechos, eso harán y servirán de comparsas a Peña Nieto. Esa es la llamada “izquierda” institucional electorera; finalmente, también es parte del mismo Estado.

La política de Cárdenas y Obrador, referida a la consulta a cargo del Estado, es un camino que no tiene corazón. Ese camino no es de victoria sino de engaño, tendiente a perder el patrimonio energético de la nación. La consulta como estrategia es una propuesta fallida.


Ref: 2013, elektron 13 (386) 1-4, 28 octubre 2013, FTE de México.

Estructuras para la extracción de petróleo y gas costa afuera