Se reformaría el artículo 4º constitucional para incluir el derecho humano a la electricidad. La razón estaría en las actuales tarifas eléctricas elevadas. La propuesta es borrosa porque los efectos tienen una causa: la privatización eléctrica furtiva. Esto lo que hay que combatir, máxime que Peña Nieto propone generalizar al 100% la privatización eléctrica. Por lo demás, el derecho es social no humano.

El 6 de septiembre se publicó que, en México los consumidores domésticos de energía eléctrica pagan el servicio entre 5 y 7 veces más caro de lo que deberían, ya que el kilovatio-hora se les cobra entre 3.50 y 4 pesos, y debería ser de 56 centavos, por ello el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentará el 12 de septiembre una iniciativa de ley para que el acceso a este servicio sea un derecho constitucional y para que se establezca una “tarifa justa” (Muñoz P., en La Jornada, p.15, 6 septiembre 2013):

Este sindicato incluso está cabildeando para que diversos legisladores apoyen este proyecto de ley, ya que se ha generado un conflicto social en todo el país, por los altos cobros del servicio que aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En conferencia de prensa, dirigentes del SME, de organizaciones de usuarios de la luz, y del Encuentro Nacional en Defensa del Territorio, la Energía y los Derechos de los Trabajadores, entre otros, anunciaron que impulsarán esta iniciativa e iniciarán (sic) la lucha contra la reforma energética.

El 12 de septiembre fue presentada por el SME, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) y otras organizaciones, una iniciativa de ley para elevar a rango constitucional el derecho a la energía eléctrica y para establecer una tarifa ‘‘justa’’ para este servicio y marcharon del Monumento a la Revolución a la Cámara de Diputados (Muñoz P., Becerril A., Ballinas V., en La Jornada, p.5, 13 septiembre 2013).

A la movilización se sumaron gremios sindicales y sociales que integran la Proclama por el Rescate de la Nación, la Red de Resistencia contra las Altas Tarifas, la Alianza de Tranviarios, y la Red de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal (RTP). La dirigencia del SME fue recibida en el Senado y el Palacio Legislativo por legisladores con los que se cabildeó la referida iniciativa.

En apoyo a este proyecto de ley se presentaron más de 350 mil firmas ciudadanas que demandan un freno a los altos cobros del servicio de energía eléctrica, mientras que en los mítines que se realizaron afuera de las dos cámaras, el dirigente del gremio, Martín Esparza, señaló que actualmente en México se paga 25 por ciento más cara la luz que en Estados Unidos.

En entrevista, también explicó que la referida iniciativa es una reforma al artículo cuarto de la Carta Magna, y su objetivo central es que bajen las tarifas de energía eléctrica que aplica la CFE y se establezca también una ‘‘tarifa social’’ para los sectores más desprotegidos.

En el Senado, los coordinadores de PRD y PT, Miguel Barbosa y Manuel Bartlett, respectivamente, recibieron la iniciativa y se comprometieron a presentarla al pleno a la brevedad. En tanto, Esparza sostuvo que la iniciativa es viable, ya que el Estado no tiene que erogar ni un peso para infraestructura (¿?).

También recalcó que se debe frenar la privatización total de la CFE, ya que la experiencia ha sido ‘‘dramática’’. El costo de generar electricidad es de aproximadamente 54 centavos por kilovatio-hora, sin embargo, las empresas extranjeras han elevado este costo a más de 3 pesos y se cobra a los usuarios domésticos entre 6 y 7 pesos el kilovatio-hora, por lo que pagan cinco o seis veces más.

El SME entregó a un grupo de diputados perredistas una propuesta para reformar el artículo cuarto de la Constitución para que a todos los mexicanos se les garantice el derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad (Garduño R., en La Jornada, p.7, 15 septiembre 2013).

El legislador Roberto López Suárez informó que se analizará la propuesta del SME para determinar su viabilidad.

El proyecto de iniciativa refiere que de 2000 a la fecha el precio medio de la tarifa doméstica de energía eléctrica se incrementó 125 por ciento, y “en México ese servicio se ha convertido en una mercancía de lujo, pues ubica al país en el rango de las naciones con las tarifas eléctricas más caras del mundo”.

A esto se suma, refiere el documento, que “la política represiva” en la materia resulta en un incremento exponencial del número de cortes de los servicios de energía eléctrica en todo el país: en 2012 se aplicaron 219 mil cortes, afectando a usuarios domésticos en su mayoría.

En el servicio público la generación de electricidad pasó de 191 mil gigavatios en el 2000 a 157 mil gigavatios en 2009, mientras que los permisionarios generaron hace 13 años 12 mil 900 gigavatios y en 2009 el registro fue de 105 mil 900 gigavatios.

En medio de estas disparidades, la propuesta del SME refiere que existen diversos instrumentos internacionales que hacen referencia de una forma u otra, de manera explícita o implícita, al derecho humano a la energía eléctrica, por lo que “planteamos enérgicamente que el servicio deje de ser considerado como una mercancía y pase a ser instaurado en la Constitución como un derecho humano y social que debe ser garantizado por el Estado”.

Los instrumentos internacionales a los que hace referencia el SME son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y Beneficio de la Humanidad.

Por tanto, el artículo cuarto constitucional incluiría que “toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad”.

El Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica con una tarifa social justa.

El derecho humano es individual, el derecho social es colectivo. Si no es derecho social no pude ejercerse ningún derecho. Así se modifique la Constitución y se incluya ese derecho humano, no basta. Lo mismo puede decirse de la “tarifa justa”. ¿Qué es eso, que es “justa”, cuál es?

Los smeítas revuelven los números y declaran inconsistencias, depende quién lo haga.

Pero lo importante es la “iniciativa” que toman en el momento más inadecuado. Primero, la llamada “tarifa social” es algo que nunca ha sido definido correctamente, simplemente se repite el discurso argentino, de afiliados a la CIS (central sindical imperialista) que tomó la moda de llamar “social” a todo tipo de borrosidad. Diálogo “social” se puso de moda en Europa a la interlocución de las cúpulas burocráticas con los gobiernos solamente para aceptar todas las propuestas antiobreras. Europa “social” le llaman a la vieja Europa capitalista supuestamente modernizada. Le llaman “social” pero no socialista, eso jamás, la propuesta es que el socialismo no regrese nunca.

Así con la tarifa “social”. Se trata de una tarifa “justa”, sin precisarla. Con ello, se busca paliar los costos de la privatización cargados a los consumidores. Pero, ni los argentinos ni los smeítas se refieren a las causas, solamente a los efectos.

Pero, la tarifa “social”, el mismo derecho “humano” NO toca a la privatización, la da por aceptada.

La contradicción es evidente. Debido a la privatización eléctrica furtiva se han elevado las tarifas porque la CFE les compra la electricidad a las transnacionales, misma que se obliga a revender. El FTE ha demostrado que, a más privatización, mayores son las tarifas eléctricas. Precisamente, el origen de las elevadas tarifas está en tal privatización.

Sin tocar a ésta, sin revertirla, jamás habrá tarifas bajas. La razón es obvia, NINGUNA transnacional tiene como objetivo el bienestar social sino el lucro. Solo la industria nacionalizada, con objetivos radicalmente distintos a los privados, está en capacidad de ofrecer el mejor servicio. Así ocurrió con la nacionalización, la perversión empezó con la privatización furtiva.

Eso fue en 1992, cuando Salinas de Gortari impuso las reformas regresivas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), la misma que nosotros conquistamos en 1975 con la Tendencia Democrática del SUTERM. Es ley fue pervertida por el gobierno con la alianza explícita y pública del SME. De entonces a la fecha, la privatización furtiva llega ya al 52.46% de la capacidad de generación total a nivel nacional. En ese tiempo Esparza ya era parte del aparato sindical, siendo Jorge Sánchez el secretario general en turno.

De eso no dicen nada. Más aún, declaran que van a luchar contra la privatización y lo único que hacen es seguir atacando a la CFE en la campaña abierta que traen desde 2009. La CFE representa por Ley a la industria eléctrica nacionalizada. ¿Cómo es que la van a defender atacándola? Eso corresponde al mismo manipuleo peñista cuando dice que privatización no es privatización.

Las cosas rayan en absurdos. La CFE NO fija NINGUNA tarifa, eso lo hace la secretaría de hacienda. Si las tarifas son altas, bajas o muy altas, no lo decide la CFE, ésta no fija ni la estructura tarifaria ni lo que debe pagarse por los consumidores, la CFE solamente factura y lo hace a través de contratistas españoles.

He allí el problema de fondo, una vez más la privatización furtiva que está descapitalizando a la CFE, destruyéndola y desnacionalizándola. A esto contribuyen, explícita y públicamente, los smeítas. Esa política es incorrecta.

Más en este momento cuando Peña Nieto tiene en el Senado su iniciativa para descuartizar a la CFE y generalizar la privatización de la generación y comercialización, poniendo la transmisión, control y distribución al servicio de los privados en peor forma que en la actualidad.

Mientras siga la privatización eléctrica las tarifas harán crisis. Eso ya se vivió en México hace más de 50 años, antes de la nacionalización. Esa fue una de las varias razones para hacer la nacionalización, misma sobre la que los smeítas declaran pero siempre se negaron a la concretarla mediante la integración de la industria eléctrica nacionalizada.

Hoy, no puede haber mejora en el servicio, en ningún caso, con la privatización eléctrica generalizada, al contrario se volverá peor, así se acepte que es derecho “humano” y que habrá tarifas “justas”.

Para el FTE lo que hay que hacer es revertir la privatización, oponiéndose a la reforma privatizadora de Peña Nieto que descuartizará a la CFE, desintegrándola para entregarla a las transnacionales. Es el es centro del problema, seguir con la campaña antiCFE es ridículo y sirve a los intereses fujimoristas del gobierno en turno.

Las desiguales y elevadas tarifas eléctricas son una consecuencia directa de la privatización, son los efectos y solo se pueden resolver atacando las causas, no al revés. La privatización furtiva terminó con el concepto de “servicio público” en materia eléctrica. No es posible que eso cambie con más privatización.


Ref: 2013, elektron 13 (315) 1-4, 21 septiembre 2013, FTE de México.

Smeítas. El problema principal en el sector eléctrico está en la privatización furtiva que Peña Nieto quiere legalizar a nivel constitucional, generalizándola en favor d las transnacionales. Con tal privatización no habrá tarifas “justas”, ni derechos “humanos”, ni siquiera laborales
FOTO: F. Martínez