La legislación secundaria en materia energética ha sido trastocada artificial y deliberadamente, en el marco del TLCAN, con sucesivas reformas regresivas, especialmente, en 1992, 1995, 1996 y 2008.

Ha sido mediante esas reformas anticonstitucionales que se ha instrumentado la privatización furtiva en Pemex y en CFE.

Primero, en la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del Petróleo, los legisladores redefinieron arbitrariamente ala industria petrolera, con el objetivo de fragmentar el proceso de trabajo. Decidieron, en consecuencia que el transporte, distribución y almacenamiento no es parte de la industria petrolera, como si el gas natural y gas LP no fueran hidrocarburos.

Luego, mediante las reformas de 2008 a esta Ley y a la Ley de Pemex, se autorizó el otorgamiento de contratos en Exploración y producción de hidrocarburos. De esta manera, el capital privado ha avanzado en la participación en las distintas fases del proceso de trabajo.

A lo anterior se suman los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) para la exploración y producción de gas seco, así como los Contratos de Servicios Integrales (CSI) para la perforación petrolera, la exploración y la misma producción mediante contratos, incluyendo el arrendamiento de plataformas marinas.

La distribución de gasolinas está privatizada por la vía de las franquicias. La petroquímica también fue privatizada, especialmente, la indebidamente llamada “secundaria”..

Con las reformas regresivas de 1992 a la LSPEE, la generación está ampliamente privatizada, a cargo de la CRE, mediante la ley de 1993 que crea a ésta y las reformas adicionales de 2008.

Ahora, la iniciativa del gobierno federal para modificar regresivamente a la Constitución implicaría la desintegración total de los procesos de trabajo petrolero y eléctrico para que las distintas fases sean privatizadas.

La propuesta del gobierno es lesiva a la nación.

La Política Energética Independiente propone:

Sistema Eléctrico nacional interconectado