energía, periódico del Frente de Trabajadores de la Energía

Durante casi un año, el actual gobierno repitió en los medios y discursos que Pemex se abriría al capital privado pero que, de ninguna manera, sería privatizado. Esa palabra, ni siquiera la han mencionado, decían. Sin embargo, en giras por varios países, especialmente europeos, Peña Nieto reiteraba la misma invitación a los inversionistas para intervenir en las actividades que actualmente son constitucionalmente estratégicas.

Un grupo de connacionales traidores a México fue reunido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITM) y el Woodrow Wilson Center Mexico (WW) e hicieron una propuesta, destinada a los gobiernos de México y de Estados Unidos. En un supuesto estudio se indica que Pemex debe privatizarse. Nuevamente, evitan utilizar esa fea palabra pero todo lo que proponen es privatizante.

Finalmente, este 12 de agosto Peña Nieto presentó la iniciativa que envío al Senado. Contrariamente a sus discursos y declaraciones de sus funcionarios, la propuesta es privatizadora. Lo dice él mismo.

En primera instancia, se envío una iniciativa de reformas constitucionales, referida a los artículos 27 y 28 constitucionales en materia petrolera y eléctrica, respectivamente.

La reforma constitucional propuesta es totalmente regresiva. En el párrafo 6º del artículo 27 constitucional, se suprime la prohibición para otorgar contratos en el caso de los hidrocarburos, así como la facultad de la nación para generar energía eléctrica a cargo exclusivo.

Consecuentemente, en el artículo 28, párrafo 4º, se eliminan las actividades de hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad como actividades estratégicas, en las cuales solamente puede intervenir el Estado, de acuerdo a lo indicado por el párrafo 4º del artículo 25 constitucional.

Con estas dos modificaciones se produciría una transformación radicalmente distinta a la actual, surgida de la expropiación petrolera de 1938 y nacionalización eléctrica de 1960. De hecho, ya no habría industria energética nacionalizada. Lo que habría es una nueva reorganización, caracterizada por el nuevo régimen de propiedad privada.

El cambio sería sustancial. De ser de propiedad nacional, la industria petrolera y la eléctrica pasarían a ser privadas.

Peña Nieto presenta formalmente la propuesta pero es evidente que la hicieron sus asesores, no solo del ITAM sino de los organismos financieros del imperialismo.

La propuesta corresponde a intenciones aviesas caracterizadas por el engaño, la insidia y la traición para apoderarse del patrimonio colectivo de la nación y consumar, constitucionalmente, un robo.

Al parecer, se pretendía realizar un crimen sin dejar huellas. Creyendo que todos los mexicanos somos ignorantes, manipuladamente desinformados y carentes de un nivel político apreciable, el gobierno del PRI intenta engañar a la sociedad con base en flagrantes mentiras.

Pero, que la iniciativa de reforma de Peña Nieto es privatizadora es algo que se puede demostrar.

Primero, lo que define a las clases sociales es su posición respecto a la propiedad de los medios de producción. En México, en materia petrolera y eléctrica, ¿de quién son actualmente esos medios y las materias primas (recursos naturales asociados)? De la nación, la propiedad es colectiva. ¿Qué propone Peña Nieto? La propiedad privada. Esto significa, llanamente, el cambio en el régimen de propiedad en la industria energética nacionalizada.

Segundo, Peña hace explícita la transferencia de propiedad. El mecanismo no es simplista, basado en la compra-venta de activos. No, el mecanismo privatizador del capitalismo ha sido refinado. El primer paso para el cambio en la propiedad es la transferencia de las funciones estratégicas que constituyen a los procesos de trabajo. Eso es lo que propone Peña, para ello, las actividades de hidrocarburos y electricidad, simplemente, dejan de ser estratégicas a cargo exclusivo del Estado para volverse “prioritarias”, a cargo del capital privado.

Tercero, La transferencia de funciones estratégicas va junta con la desintegración de los procesos de trabajo. El objetivo de la fragmentación es para ceder la realización de las distintas fases al sector privado, sustrayéndolas de Pemex y de la CFE. Por ello, Peña Nieto propone la participación privada en Exploración y producción de hidrocarburos, Refinación de petróleo crudo, Procesamiento de gas, y Petroquímica, así como generación y comercialización de energía eléctrica.

Cuarto, la realización de las funciones estratégicas ahora a cargo del capital privado se harán con la infraestructura industrial de total y absoluta propiedad privada. Aparte está la apropiación, también privada, de las materias primas, expresadas en las reservas de hidrocarburos (petróleo y gas) y demás energéticos, renovables y no renovables.

Quinto, al ocuparse las empresas privadas, nacionales y transnacionales, de las funciones estratégicas de la industria energética nacionalizada, ésta dejará de existir. Por el momento, Pemex y la CFE continuarán con el mismo nombre pero su naturaleza cambiará de inmediato, de ser industrias pasarán a ser empresas, esto es, encargadas de realizar solo una parte de los procesos de trabajo, sujetas a ser tratadas como empresas privadas, en condiciones desfavorables y dependientes de las transnacionales.

El nuevo escenario, tendrá su precisión en la legislación secundaria. La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del Petróleo y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica serán modificadas radicalmente para ajustarse a la, otra vez, industria energética privada determinada constitucionalmente, lo que sería indignante.

A continuación se discuten los aspectos principales de la iniciativa de reforma energética del gobierno. Primero se aborda lo relativo al petróleo, después a la electricidad. Luego se hace referencia a 10 mentiras que sirven de argumento al gobierno. Finalmente, se concluye que la propuesta es privatizadora e inconveniente para la nación, debe ser rechazada en todos sus términos. Para esto las razones son insuficientes, el gobierno no las atiende ni atenderá. Se necesita estructurar una fuerza social suficiente en todo el territorio nacional para concretar las propuestas del pueblo y, en su momento, volver a recuperar lo que nos ha sido arrebatado. Impedir el regreso al pasado ominoso de las compañías extranjeras es la prioridad.

Peña Nieto propone reformas regresivas a los artículos 27 y 28 constitucionales. Dice tomar como inspiración a Lázaro Cárdenas. No es así, la inspiración de Peña es el grupo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Centro Woodrow Wilson México (WWC), mismo que formuló la propuesta original para el gobierno norteamericano, contando con la participación de traidores nacionales.

Peña falsifica la historia a conveniencia. El decreto de expropiación petrolera decretado por Lázaro Cárdenas fue explícito y contundente. A Francisco J. Múgica, el general le había pedido escribir un decreto que llegara “al alma del pueblo”, en medio de una extraordinaria movilización obrera y popular sin precedentes desde los días de la Revolución Mexicana. La expropiación, de acuerdo al artículo 1º del decreto fue “por causas de utilidad pública y a favor de la nación”.

En el artículo 3º se indica que se pagarían indemnizaciones a las compañías expropiadas.

No obstante, las compañías se inconformaron de tal manera que, de inmediato, vinieron las represalias, las amenazas aumentaron y el país fue sometido aun boicot económico. Los gobiernos de las transnacionales declararon la guerra al gobierno mexicano.

Retiraron sus fondos de los bancos, se negaron a comprar el petróleo mexicano y auspiciaron el boicot a nivel mundial, como una forma de impedir el ingreso de divisas necesarias para pagar la deuda a las compañías expropiadas.

En medio de esas presiones, la crisis financiera de Pemex se incrementaba. Actos de sabotaje y otros impedimentos se sucedían. La expropiación fue el 18 de marzo de 1938 pero la adición al párrafo 6º del artículo 27 constitucional y a la ley reglamentaria respectiva fueron promulgadas el 27 y 30 de diciembre de 1939. Diez meses después, el 9 de noviembre de 1940 fueron publicadas. Cárdenas concluyó su gestión el 30 de ese mes.

En la adición se estableció que “el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible”. También se decía que “tratándose del petróleo y demás” hidrocarburos “no se expedirán concesiones”.

En la ley reglamentaria, artículo 6º se indica que, “el petróleo será explorado y explotado por la nación” se indica dos formas “primero mediante trabajos realizados en forma directa, y segundo, por conducto de las instituciones que al efecto cree la Ley”.

Sin embargo, en el artículo 7º, fracción primera, indicaba que “podrán celebrarse contratos con los particulares a fin de efectuar trabajos por cuenta del Gobierno federal”. Estos contratos se hicieron mediante convenios con compensaciones en efectivo a cambio de un porcentaje de la producción que se obtuviera.

Cuando Cárdenas había dejado de ser presidente, en la legislación promulgada el 18 de junio de 1941 se retrocedió al reglamentar el artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. Según el artículo 8º “podrán celebrarse contratos con particulares o sociedades para que lleven a cabo los trabajos respectivos a cambio de compensaciones en efectivo o de un porcentaje de los productos que se obtengan”.

Fue hasta el 6 de enero de 1960 que fue decretado el actual párrafo 6º del artículo 27 constitucional, el cual indica que, tratándose del petróleo y demás hidrocarburos “no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado”.

De manera que Peña tergiversa los hechos. Una fue la expropiación misma que Peña propone revertir devolviéndole la industria y el petróleo a las compañías extranjeras, otro fue el régimen de contratos impuestos al final del sexenio cardenista, cuando su régimen estaba en declive y en un contexto muy desfavorable. Eso, sin embargo, no dio marcha atrás a la expropiación. Fue durante el régimen de Avila Camacho que se reforzaron los aspectos regresivos, afirmados por Alemán y Ruiz Cortines. Tan nociva fue la experiencia que López Mateos terminó con todo tipo de contratos en 1960. Con esto se consumó la nacionalización petrolera, misma que no se puede atribuir a una sola persona y un solo momento, sino a un proceso, un movimiento social y sus circunstancias.

Después, la ley petrolera ha venido siendo reformada regresivamente para autorizar la privatización parcial de Pemex. Es el caso de las reformas de 1992, 1995, 1996 y 2008. En este último caso, se autorizó el otorgamiento de todo tipo de contratos, contraviniendo a lo dispuesto por la Constitución.

Sin embargo, NADIE, absolutamente nadie, menos Cárdenas, propusieron jamás reformar los artículos 27 y 28 constitucionales en la forma en que propone Peña Nieto. Zedillo lo intentó en 1999 en materia eléctrica, Calderón en 2008, ambos sin éxito. Cárdenas jamás propuso revertir la expropiación y Peña Nieto sí. La actual propuesta de Peña, entonces, no se inspira en Cárdenas sino en las compañías extranjeras, representadas en México por el ITAM-WWC y traidores que son incluso funcionarios de Pemex y de la Sener como Fluvio Ruiz (consejero profesional de Pemex) y Lourdes Melgar (subsecretaria de electricidad de la Sener).

Respecto del petróleo y gas, la propuesta de reforma plantea abrir la posibilidad de celebrar contratos de utilidad compartida del gobierno de la República con Petróleos Mexicanos (Pemex) y/o particulares para la exploración y extracción de hidrocarburos. El Estado mantiene la propiedad de los mismos y la renta petrolera. Asimismo, propone otorgar permisos para refinación, petroquímica básica, transporte y almacenamiento.

Tratándose del petróleo y de la energía eléctrica el dominio corresponde a la nación. Eso indica el actual párrafo 4º del artículo 27 constitucional. Allí reside la esencia de la expropiación petrolera de 1938 y nacionalización eléctrica de 1960. El punto es central porque la relación frente a la propiedad define a la industria nacionalizada y a la privada.

Peña y sus funcionarios han repetido una y otra vez que su propuesta no es privatizadora, asegurando que jamás han pronunciado tal palabra. En efecto, pueden no haberla pronunciado, de hecho no les gusta. Pero, en los hechos, sus propuestas son privatizadoras.

La apertura al capital privado significa privatización porque las corporaciones participarían en la realización de las actividades estratégicas de Pemex y CFE, actualmente a cargo exclusivo de éstas. Para hacerlo, Peña propone desintegrar totalmente los respectivos procesos de trabajo, petrolero y eléctrico. De esta manera, Pemex y CFE realizarían solo una parte de sus actuales funciones, las demás estarían a cargo de las transnacionales. En ese proceso, la industria nacionalizada terminaría en dos empresas más, ambas fragmentadas y reducidas.

Mediante esta transferencia de funciones las transnacionales adquirirían también la propiedad, tanto de los recursos naturales energéticos como de la infraestructura industrial. Esta sería de su absoluta y completa propiedad privada y les permitiría buscar, extraer y procesar los hidrocarburos, así como generar la electricidad a partir de cualquier fuente, renovable o no renovable.

Una parte de las funciones se harían mediante contratos. Peña Nieto les ha llamado “de utilidad compartida” sin especificar la manera en que se pagarían. Algunos politiquillos dicen que será en efectivo, las transnacionales prefieren que sea en especie. El ITAM-WWC propone que sean contratos de producción compartida. Todavía no se sabe, ni siquiera Peña Nieto sabe, porque las transnacionales han dicho que esperarán las especificaciones en las reformas a la legislación secundaria. Las propuestas a estas leyes se mantienen en secreto por razones tramposas. El gobierno espera la aprobación a la reforma constitucional y, después, atracará con las reformas más infames a las leyes secundarias.

Es muy probable que los contratos terminen siendo de producción compartida, cualesquiera sea el nombre final que asuman. Lo importante serán las condiciones, mismas que quedarán plasmadas en los modelos de contratos, los cuales, una vez firmados serán confidenciales y secretos. Es previsible que las mismas transnacionales redactarán los contratos porque detrás de Peña están los capitales más voraces.

Peña es un vulgar traidor a México que adorna su entreguismo con mentiras y falsedades. El y sus funcionarios repiten una y otra vez que “el Estado” mantendrá la propiedad de los hidrocarburos. Sin embargo, tratándose de los hidrocarburos y demás energéticos la propiedad NO es del Estado sino de la nación. La “confusión” no es poca cosa, se trata de algo deliberado porque ello conduce a perversiones gruesas. Si la propiedad fuera del Estado, eso significaría de “unos cuantos” quienes podrían hacer lo que quisieran a partir del gobierno en turno. Eso es, precisamente, lo que pretende Peña. Que el Estado tenga la propiedad de los hidrocarburos y la renta petrolera significa que el gobierno sea el dueño, lo cual, es una tergiversación mayúscula que solo podría calificarse de robo.

De acuerdo a la propuesta peñista, el gobierno celebrará contratos con Pemex es algo verdaderamente ridículo. Si Pemex no recibe contratos no podrá operar. La intención es obvia, los contratos se darán a las transnacionales. Serán contratos para realizar las actuales funciones a cargo exclusivo de Pemex. En lo sucesivo, para que Pemex pueda participar no solo tendrá que pedir permiso sino competir en desiguales condiciones con las transnacionales.

¿Cómo se otorgarán los contratos? Evidentemente, el gobierno no lo hará directamente sino a través de una oficina de unos cuantos burócratas grises. No lo han dicho, será en las reformas a la legislación secundaria. No hace falta adivinar, será la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), pagada por las transnacionales las beneficiará.

¿A quién reportará la CNH? Al gobierno. ¿Quién supervisará a las transnacionales? Nadie. ¿Qué harán las corporaciones? Lo mismo que el gobierno, lo que les de la gana, con la diferencia de que ni siquiera el gobierno sabrá nada ni podrá saber, solo le entregarán “regalías”, en calidad de falsos socios.

Además, se otorgarán permisos privados para la refinación del petróleo, petroquímica básica, transporte y almacenamiento de productos petrolíferos y petroquímicos. ¿Quién otorgará los permisos? La misma CNH y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Bastará que a Pemex no se le otorgue un permiso para que no realice ninguna operación.

Todo esto es ridículo, es la destrucción deliberada y alevosa de Pemex, adicional a la privatización y desnacionalización petrolera.

La destrucción de Pemex y la entrega de sus funciones estratégicas al capital extranjero no será solamente en exploración y producción de hidrocarburos, también se incluirán la refinación del crudo, la petroquímica en su totalidad, el transporte, distribución y almacenamiento de productos petrolíferos y petroquímicos, siempre mediante permisos otorgados discrecionalmente.

La iniciativa de reforma de Peña comprende dos esquemas: “1) contratos eficientes para la exploración y extracción celebrados con el Ejecutivo Federal, y 2) participación de terceros en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, a través de autorización expresa del Gobierno Federal”.

Esto implica la privatización en todas las fases del proceso de trabajo petrolero. Lo que el gobierno llama “cadena de valor” es el proceso de trabajo. Por lo que hace a los contratos de Exploración y Producción (E&P), éstos podrán adoptar cualquier modalidad.

La reforma plantea “3) la incorporación de contratos, que celebre el Ejecutivo Federal, con organismos y empresas del Estado y/o terceros que permitan expandir y hacer más eficientes las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y 4) Autoriza, a partir de permisos otorgados por el Ejecutivo Federal, la participación de terceros en refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos sin que se ponga en riesgo la propiedad de nuestros recursos”.

De esta manera se legitimaría, constitucionalmente, el otorgamiento de todo tipo de contratos, actualmente prohibidos. Sería el gobierno el que otorgaría esos contratos, sea a Pemex o a las transnacionales. Asimismo, mediante permisos, el Ejecutivo autorizaría la participación privada en el transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos. Actualmente, esos permisos los otorga la Comisión Reguladora de Energía, en el caso del gas natural y el gas LP. Ahora, se extenderán esas facultades para incluir al petróleo crudo, productos petrolíferos y petroquímicos.

Para lograr lo anterior, las propuestas del gobierno en materia de hidrocarburos consisten en:

a) Eliminar la prohibición de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos.

Esto es, “se propone eliminar del artículo 27 constitucional la restricción incorporada en 1960, que le impide al Estado la utilización de contratos en sus actividades de explotación de hidrocarburos, es decir, en su extracción del subsuelo para su aprovechamiento”.

Los modelos de contratos se precisarán en la legislación secundaria pero, desde ahora, se define que serán “contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en los que puedan pactarse mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan, mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los mismos”.

El gobierno dice que tales contratos serán de “utilidad compartida”. Eso ya es suficientemente grave porque significa compartir las ganancias. Pero, eso puede ser mediante pago en efectivo o en especie. Lo segundo es lo que interesa a las transnacionales para contabilizar y registrara a su nombre las correspondientes reservas de hidrocarburos ante los organismos financieros del caso.

De acuerdo a la iniciativa de Peña, “la política sobre las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos será dictada exclusivamente por el Ejecutivo Federal. Además, el Ejecutivo Federal celebrará contratos con organismos y empresas del Estado y con los sectores social y privado, manteniendo el Estado el dominio sobre los recursos en el subsuelo, sin posibilidad de otorgar derechos a través de concesiones”.

De esta manera, todas las decisiones sobre los hidrocarburos estarían a cargo del presidente de la República en turno, al que se le otorgarían facultades extraordinarias adicionales. Es previsible que las decisiones del Ejecutivo las tome una oficina de burócratas grises que proceda a discreción. Tal es el caso de la Comisión Reguladora de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía.

En consecuencia, Peña Nieto propone “retomar en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, en la parte relativa a los hidrocarburos para quedar en la siguiente forma:

“... Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos...”

La otra propuesta implica al artículo 28 constitucional y consiste en:

b) Sustraer de las áreas estratégicas del Estado a la petroquímica básica y dar certeza a nivel constitucional para que las actividades de la industria petrolera, tales como el procesamiento de gas natural y la refinación del petróleo, así como el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos y sus derivados, puedan ser realizadas tanto por organismos del Estado, como por los sectores social y privado, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal.

Actualmente, las actividades consideradas estratégicas en materia energética son: hidrocarburos, petroquímica básica, electricidad, minerales radiativos y generación de energía nuclear. Las dos últimas no se tocan pero las demás se eliminan completamente.

En la argumentación de Peña Nieto se dice que, “se propone reformar el artículo 28 de la Constitución para suprimir a la petroquímica básica como área estratégica que no constituye monopolio y señalar expresamente que tratándose de petróleo y demás hidrocarburos se estará a lo dispuesto por el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, ya que es dicha norma la que otorga al Estado la función de explotar los hidrocarburos del subsuelo, consistente en el derecho de extraerlos de su reservorio natural y disponer de ellos, lo que será llevado a cabo en la forma que determine la Ley Reglamentaria”.

Pero, en el texto de reforma constitucional no se suprime solo a la petroquímica básica sino a esta, más las los hidrocarburos y la electricidad.

En el discurso, Peña Nieto y demás funcionarios niegan que su propuesta sea privatizadora. Sus hechos los desmiente. El propio Peña lo dice en la exposición de motivos de su iniciativa, la cual consiste en:

“a) la celebración de contratos del Ejecutivo Federal con organismos del Estado y/o con particulares en actividades de exploración y extracción, y b) que además de los organismos del Estado, los particulares participen directamente bajo esquemas regulados en la cadena de valor después de la extracción, incluyendo el transporte, tanto de los productos obtenidos del subsuelo (petróleo crudo, gas natural y sus líquidos), como de aquellos que son resultado de la transformación (petroquímicos y refinados), siempre en los términos que establezca la legislación secundaria, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal”.

Así, se anuncia que, en la legislación secundaria, la industria petrolera nacionalizada será descuartizada, fragmentándola en su totalidad para desbaratar todas las fases del proceso de trabajo petrolero que hoy constituyen a la industria petrolera. La privatización que propone el gobierno sería total.

El propio gobierno reconoce que estas propuestas son continuación de las anteriores. “Mediante reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995, se eliminó del catálogo de actividades que comprende la industria petrolera a cargo en forma exclusiva del Estado, el transporte, almacenamiento y distribución de gas metano y licuado de petróleo, quedando únicamente como actividades estratégicas las necesarias para interconectar su explotación y procesamiento. Así, el transporte, almacenamiento y distribución de gas metano y licuado de petróleo se transformaron de actividades exclusivas del Estado en actividades que pueden llevar a cabo los particulares mediante permiso”.

Eso fue en el marco de lo dispuesto por el Capítulo VI. Energía y petroquímica del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica TLCAN. Esta vez, Peña Nieto va más allá de ese Tratado y lo hará a través de la legislación secundaria. Antes, reformaría a la Constitución para suprimir lo único bueno que quedaba en materia petrolera y eléctrica. Salinas reformó regresivamente a la legislación petrolera y eléctrica, Peña pretende hacerlo con la Constitución más la legislación secundaria en la materia.

Otro rubro de la reforma energética tiene que ver con modificar el régimen fiscal para que la paraestatal sea plenamente competitiva.

Según la propuesta de Peña, se plantea el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y redefinir su relación con el Estado mexicano, pasando de una visión estrecha como generador de ingresos públicos en el corto plazo, a una de perspectiva amplia y de largo plazo. El nuevo régimen fiscal para Pemex que se propondrá como parte de la Reforma Hacendaria será consistente con este cambio de enfoque.

La propuesta incluida en la reforma hacendaria estará alineada con la necesidad que tiene Pemex de ser más flexible para conseguir mejores resultados. Ello implicará un cambio de paradigma con dos componentes esenciales: primero, un pago de derechos más bajo que en la actualidad y, segundo, el remanente de ese pago de derechos podrá ser reinvertido en la empresa o una parte podrá ser transferida al presupuesto como si fuera un dividendo que podrá emplearse para gasto en escuelas, hospitales, infraestructura de agua o carreteras. Este nuevo esquema hará que Pemex tenga un tratamiento fiscal comparable al de otras empresas petroleras en el resto del mundo. El régimen propuesto, a diferencia del actual, alineará los incentivos entre Pemex y el Gobierno Federal, al mismo tiempo que le permitirá a la empresa ser más competitiva.

El planteamiento es muy general y se refiere a uno de los problemas que más laceran a la paraestatal. Pero no se trata de corregir el régimen depredador sino a la inversa, apoyar fiscalmente a la privatización.

Dentro del paquete de la reforma hacendaria, el Ejecutivo federal envió una iniciativa para expedir la ley de ingresos sobre hidrocarburos, que contempla un nuevo tratamiento fiscal para Pemex, el cual “prevé que la empresa y sus organismos subsidiarios sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y que cubran las demás contribuciones, productos y aprovechamientos conforme a las normas fiscales que los establezcan, es decir, son sujetos de las disposiciones tributarias en los mismos términos que cualquier empresa”.

La propuesta en materia fiscal, describe la iniciativa, “en primer lugar plantea que se reduzcan los costos reales de Pemex, lo cual implica que la determinación de la rentabilidad no depende de un límite fijado artificialmente”, y señala que “para la captura de la renta petrolera por parte del Estado se contará con dos mecanismos: una regalía que se calculará en proporción de los ingresos por ventas, y el porcentaje de las utilidades, que se determinará para cada contrato”.

Apunta: “se propone que por la ejecución de los trabajos, Pemex reciba el porcentaje de las utilidades que le corresponden al reconocer el costo de su capital invertido. Con base en éstas, pagará el impuesto sobre la renta que le resulte”.

En las consideraciones del título primero de la iniciativa de ley propuesta se establece el concepto de “dividendo estatal”, al que el Ejecutivo considera “uno de los elementos más relevantes y novedosos del planteamiento que acerca a la paraestatal a un régimen empresarial”. Se trata, describe, “del dividendo a cargo de Pemex y de cada uno de sus organismos subsidiarios, que se entregará al gobierno federal como rendimiento por la inversión que realizó”.

La iniciativa contempla también que el consejo de administración de Pemex “deberá entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de manera anual, un informe que permita conocer la situación financiera de la entidad y de sus organismos subsidiarios, además de los planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento en el ejercicio inmediato siguiente y los cinco años posteriores”.

A través de un diagrama simple considera que en comparación con el régimen fiscal vigente, ahora se establezca una regalía básica, que el Estado reciba un monto directo de las utilidades, que Pemex pague impuesto sobre la renta por su utilidad normal, que se tengan mayores utilidades y se reconozcan sus costos reales.

La privatización de Pemex (y CFE) es tramposa. La gravedad reside en el nuevo esquema de trabajo que se propone. En lo sucesivo, la exploración y producción de hidrocarburos será mediante contratos, los llamados de utilidad compartida, sea que lo haga Pemex o las transnacionales. Es altamente probable que las segundas serán preferidas, Pemex pasará a ser un organismo en extinción

El gobierno propone “contratar” un comercializador para la recolección y venta de hidrocarburos. Eso significa que Pemex será solo un membrete, al capital privado se entregarán los recursos naturales energéticos y todas las funciones estratégicas.

Se pretende desaparecer el fondo de estabilización para la inversión en infraestructura de Pemex, creado en 2008, al igual que el fideicomiso para administrar los recursos y reinvertirlos en forma eficiente, con miras a compensar la disminución de los ingresos propios de la paraestatal.

“Se plantea desaparecer dicho fondo y sustituirlo por una Ley de Ingresos de Hidrocarburos, donde se crea un fideicomiso en total control de la Secretaría de Hacienda”.

Ese órgano recibirá los ingresos derivados del petróleo, también realizará pagos, determinará y entregará al Estado porcentajes de utilidad operativa.

El fideicomiso entregará a Pemex o sus organismos subsidiarios “la contraprestación que les corresponda y que estará integrada por su porcentaje de utilidad operativa y los costos, gastos e inversiones”.

Se detalla que en cada contrato, la Secretaría de Hacienda determinará el “porcentaje de utilidad compartida” para Pemex y para el Estado.

El nuevo esquema de contratos con la iniciativa privada prevé un régimen especial de deducciones en el impuesto sobre la renta (ISR). Están exentas al 100 por ciento de ese gravamen las inversiones para exploración, recuperación secundaria y mantenimiento, “toda vez que tales trabajos los podrán realizar empresas nacionales y extranjeras”.

Además, se da potestad a Pemex para realizar negociaciones oficiales que permitan acudir al mercado externo de dinero y de capitales, así como contratar financiamientos externos y obligaciones de deuda en moneda extranjera, “pese a las experiencias negativas que ha tenido, como es el caso Repsol”, concluyó.

Los nuevos componentes de la reforma hacendaria con la creación de un nuevo régimen fiscal para Pemex disminuirá su carga impositiva en 10 puntos porcentuales, al descender del actual 71.5 por ciento del total de sus ventas a un aproximado de 60 por ciento.

“Esta nueva Ley de Ingresos petroleros que sustituirá a la Ley de Derechos sobre Hidrocarburos representa una de las partes neurálgicas del nuevo esquema de reforma al sector petrolero, porque Pemex pasará de ser un monopolio a un operador más de la industria”, refirió.

Crear un fideicomiso para recibir los ingresos petroleros, hacer pagos y entregar al Estado las utilidades operativas es la modalidad para el robo. Tan fácil desaparecer los fondos de ese fideicomiso y ya, así ha ocurrido en otras ocasiones. Peña y Videgaray son vulgares rateros.

Es obvio que en cada contrato se determinará el porcentaje de las utilidades a compartir. Eso lo decidirán Hacienda y las transnacionales mediante contratos confidenciales.

Por lo demás, proponer la exención de impuestos hasta del 100% a las inversiones de las transnacionales es el exceso. Además de entregarles las funciones estratégicas para que las realicen con su infraestructura de propiedad privada, compartir las ganancias, y pagarles probablemente en especie para que registren reservas a su nombre, se les ofrece que no paguen impuestos.

Se plantea también reestructurar a Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias en dos divisiones: Exploración y producción, y Transformación industrial; mejorar las condiciones de transparencia y rendición de cuentas en Pemex; y establecer una política nacional de fomento a las compras de proveedores nacionales del sector hidrocarburos.

Con la reforma energética que propone el gobierno Pemex no desaparecería de inmediato, seguiría existiendo, incluso con el mismo nombre. La diferencia está en la transformación jurídica y operacional que ocurriría. Primero, la industria petrolera mexicana dejaría de ser nacionalizada; segundo, habría una transferencia del régimen de propiedad nacional al privado por la vía de transferir a éste las funciones, actualmente consideradas estratégicas a cargo exclusivo de Pemex.

Tercero, en consecuencia, Pemex ya NO realizaría todas las funciones del proceso de trabajo petrolero sino solamente una parte, el resto las harían las transnacionales. Cuarto, para realizar sus funciones Pemex dependería de los contratos que le otorgará el Ejecutivo, luego de haberlos ganados en competencia con las transnacionales. Cinco, es previsible que a Pemex se le otorgarán los permisos menos relevantes.

Sexto, Pemex quedaría como una oficina encargada de operar la planta industrial envejecida hasta sacarla de operación y desmantelarla. Lo demás sería infraestructura nueva de total y absoluta propiedad privada de las corporaciones.

Octavo, Si Pemex deja de realizar las funciones estratégicas básicas, menos realizará ingeniería de proyectos ni investigación y desarrollo, las transnacionales operaran con su propia tecnología y conocimientos, el camino hacia la dependencia tecnológica nacional será directo.

Noveno, con actividades reducidas Pemex obtendrá menos ingresos. Dos razones serían las principales, una, porque compartiría las ganancias con las corporaciones y, dos, la participación directa del capital privado le impediría a Pemex no solo participar sino dejar de obtener utilidades.

Décimo, en tales condiciones Pemex se volvería ex-Pemex, una empresa más en vías de extinción.

Eso, justamente, es lo que propone Peña Nieto. Como no puede eliminar de un manotazo a la emblemática Pemex, le da vuelta tramposa. Primero, la desnacionaliza; segundo, le quita la exclusividad en la realización de las funciones constitucionalmente estratégicas; Tercero, cede estas funciones a las transnacionales; Cuarto, reduce a Pemex a su mínima expresión; Quinto: termina por aniquilar a la paraestatal.

Para lograrlo, Peña no necesita vender ningún “tornillo”, como dicen sus funcionarios, le basta imponer una votación amañada con el PRI, PAN, PVEM y algunos del PRD y Panal.

Según el gobierno, “la inversión y los recursos fiscales que se obtengan de concretarse las reformas propuestas, permitirán a México consolidar un modelo de hidrocarburos sostenible en el largo plazo, pensando en el bienestar de futuras generaciones. Así, con la reforma se plantean los siguientes objetivos de la política de hidrocarburos”.

“1. Lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores al 100%. Ello significa que el incremento de la producción estaría acompañado del descubrimiento de igual o mayor volumen de reservas.

“2. Incrementar la producción de petróleo, de 2.5 millones de barriles diarios actualmente, a 3 millones en 2018, así como a 3.5 millones en 2025.

“3. En el caso del gas natural, la producción aumentaría de los 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios que se producen actualmente, a 8 mil millones en 2018, así como a 10 mil 400 millones en 2025.

“Adicionalmente, la reforma propiciará una mayor integración en la cadena de valor a partir de la extracción de los hidrocarburos, lo que permitirá un abasto suficiente de gasolinas, gas metano y gas licuado de petróleo, a precios competitivos”.

“El incremento en la inversión y la producción incidirá favorablemente en el crecimiento del Producto Interno Bruto y en la generación de empleos, al mismo tiempo que permitirá la obtención de recursos fiscales adicionales”.

“México tiene un gran potencial de hidrocarburos, sobre todo en cuencas poco aprovechadas y con recursos no convencionales, como son las aguas profundas del Golfo de México y el petróleo y gas de lutitas”.

Todo esto que Peña llama “beneficios” sería una desgracia para la nación. Primero, podrá producirse el petróleo que se quiera pero habrá dejado de ser de los mexicanos, contrariamente a lo que se afirma oficialmente.

Segundo, las metas propuestas de producción de petróleo crudo son innecesarias porque la demanda nacional es muy inferior, evidentemente el plan consiste en aumentar las exportaciones de crudo hacia los Estados Unidos. Tercero, es aventurado y falso afirmar que con la privatización aumentará la producción de gas. En este caso como con el petróleo el problema fundamental está en la ausencia de descubrimientos relevantes. Obviamente, las transnacionales podrán producir 3 o más millones de barriles diarios de crudo dilapidando rápidamente las reservas probadas. En cuanto al gas de lutitas, además del desastre ambiental que ocasionarían, la especulación está quebrando a esos proyectos que forman más una burbuja financiera que proyectos con perspectivas reales.

En suma, la propuesta de Peña en materia de hidrocarburos es antinacional, lesiva y traidora a la nación por privatizadora y desnacionalizadora.

La propuesta de Peña es continuación de la impuesta por Salinas de Gortari en 1992. Lo dice en su propia iniciativa. “La creciente participación del sector privado nacional y extranjero en la generación eléctrica es resultado de las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1992, las cuales permitieron la participación de terceros en aquellas actividades que no se consideraran servicio público. Mediante la creación de la Comisión Reguladora de Energía, se estableció un marco regulatorio que ha ido adecuando la reglamentación, tomando en cuenta los cambios tecnológicos y las demandas de la industria eléctrica nacional.

“La apertura limitada a la participación privada ha permitido a los actores privados contribuir a brindar seguridad energética al país, así como ofrecer mejores tarifas a sus clientes. Sin embargo, el esquema actual se está agotando y los beneficios no están siendo distribuidos a toda la sociedad. Adicionalmente, las condiciones a las que está sujeta la CFE no le han permitido competir en igualdad de circunstancias para captar y mantener a los clientes más rentables, que son los grandes usuarios”.

Esa apertura privada constituye el proceso de privatización eléctrica furtiva que hoy representa el 52.46% de la capacidad de generación total a nivel nacional en manos privadas. Eso le parece a Peña una “apertura limitada”, es más de la mitad del total nacional y significa ya en estos momentos la desnacionalización eléctrica.

Lo que Peña propone es la desnacionalización eléctrica total, a nivel constitucional. La desnacionalización sería no solo en la generación sino en todas las fases del proceso de trabajo eléctrico.

Para Peña el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es solo la transmisión y la distribución eléctrica. No es así, el SEN constituye a la industria eléctrica nacional y se expresa por el conjunto de actividades del proceso de trabajo eléctrico, el que incluye a la planeación, investigación y desarrollo, ingeniería de proyectos, construcción, generación, transmisión, control de energía, distribución y comercialización, con sus actividades asociadas (telecomunicaciones, transportes, etc.).

Con una visión parcelada de la industria, Peña dice que “las mejores prácticas internacionales destacan la importancia de contar con una entidad independiente que realice la planeación y la operación de la red de transmisión, así como el despacho de la energía, es decir, que controle la operación del Sistema Eléctrico”.

Esa propuesta es absurda.

“En este esquema, el operador del sistema recibe las solicitudes de interconexión de todos los proyectos de generación, independiente de su promotor, y propone las obras requeridas de manera que se optimice para todo el sistema. Asimismo, en la operación del mercado, asegura que los recursos más baratos se despachen primero, minimizando las barreras a la participación para todos los generadores y ampliando los beneficios para los consumidores. El operador estatal independiente es un elemento fundamental para asegurar el acceso abierto y equitativo a la red de transmisión, permitiendo que los mejores proyectos de generación puedan suministrar su producto".

“En el segmento de distribución, existe una oportunidad importante de reducir costos y mejorar las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad mediante la reducción de las pérdidas de energía. En 1992, las pérdidas de distribución de la CFE eran de 10%, elevándose a 15.3% a finales de 2012. La cifra correspondiente a los países industrializados se ubicaba en un rango de 3% a 8% en el año 2010. Por lo tanto, se estima que una reorientación del segmento de distribución, con un enfoque en la reducción de pérdidas, podría resultar en ahorros cercanos al 10% en los costos de generación de la CFE hacia finales de la presente década”.

Con esas medidas los resultados serán contrarios a lo expuesto por Peña Nieto. Poner las redes eléctricas al servicio de la privatización furtiva ha sido lo peor para el SEN y para la CFE. Esta, lejos de mejorar sus finanzas ha sido descapitalizada. El pago por el servicio de porteo a los privados es casi gratuito, de apenas 3 centavos de peso por kWh anual.

Dice Peña que, en materia de electricidad, esta reforma tiene como propósito reducir los costos de producción y las pérdidas técnicas y no técnicas a fin de disminuir las tarifas eléctricas y prevenir la pérdida de patrimonio y descapitalización de la CFE, así como diversificar la matriz de generación para hacerla más limpia y flexible.

Lo endeble de la argumentación oficial raya en la mentira y el engaño deliberado.

¿Qué propone la iniciativa de Peña? Precisamente lo que niega: la privatización total, lo dice en su argumentación:

“1) Responde al imperativo fundamental de reducir los costos del servicio eléctrico en beneficio de los intereses generales; 2) Sienta las bases para la organización de un sistema eléctrico nacional basado en principios técnicos y económicos; 3) Plantea el desarrollo del sector basado en la participación conjunta de la Comisión Federal de Electricidad y de particulares, y 4) Fortalece las facultades del Estado para regular el desarrollo del sector e imponer a los participantes obligaciones de interconexión, tarifas, servicio universal y electrificación”.

La propuesta de privatización es explícita. La política estaría basada en la participación (conjunta) del capital privado y la CFE. Eso corresponde al esquema actual pero con una modificación sustancial. En vez de generar para la CFE, las transnacionales podrán hacerlo directamente y comercializar la energía generada entre sus clientes. Esa sería la participación “conjunta”.

A la fecha, esa variante también ocurre. La diferencia es que ahora sería libre y generalizada.

Para justificar la desnacionalización eléctrica, el gobierno recurre a barbaridades. Dice:

“Es importante señalar que a diferencia de los hidrocarburos, la electricidad no es un recurso natural, por lo que el interés del Estado no es la propiedad sobre la energía, sino que dicha energía llegue a mejores precios a las familias mexicanas e impulse la competitividad del país”.

Esto es, según el gobierno la propiedad no importa, sino que haya generación así sea per se. Se equivoca. La energía, en este caso, eléctrica sí tiene propiedad y corresponde a dos elementos fundamentales: uno, los recursos naturales energéticos primarios a partir de los cuales se produce la energía secundaria, de la cual, la eléctrica es una forma y, dos, los medios básicos para producir tal energía. El conjunto está representado por la industria eléctrica nacionalizada.

Precisamente, la propiedad define los objetivos de la industria, la privada es para el lucro y la ganancia, la pública para el bienestar social. Son objetivos radicalmente diferentes y opuestos. De manera que la propiedad importa y mucho y la energía (eléctrica) está sujeta a la propiedad, no es algo etéreo que se produzca de la nada y automáticamente. El gobierno tergiversa sus “razones” a conveniencia.

Peña justifica su iniciativa diciendo que la soberanía consiste en “abrir un mercado de generación para disminuir los costos sin que el Estado pierda la rectoría en el control del sistema eléctrico nacional y la exclusividad de transmitir y distribuir la energía como un servicio público indispensable para la productividad nacional y el bienestar social. Permitir la generación de energía eléctrica por parte de particulares, facilitará dar a los mexicanos y a los sectores público, privado y social energía más barata”.

Reiteramos que la argumentación es tramposa, el SEN no se reduce a la transmisión y distribución. Insistir que la privatización de la generación permitirá disponer de energía eléctrica más barata no es solamente una promesa falsa sino una mentira.

En tales circunstancias, Peña señala que, “en materia de electricidad, la iniciativa de reforma constitucional pretende generar un marco constitucional idóneo para que, en atención al interés general, se desarrolle un sistema eléctrico nacional basado en principios técnicos y económicos, impulsado conjuntamente por la CFE y por particulares, bajo la conducción del Estado”.

Por supuesto, realizada la reforma constitucional regresiva se pretende afirmar en la legislación secundaria todos los inconvenientes posibles. Lo dice el mismo Peña:

“Con las reformas propuestas se pretende establecer las bases constitucionales para prever en la legislación secundaria un modelo que se sustenta en los siguientes elementos básicos, que garantizan tanto el desarrollo del sistema eléctrico nacional como el control del Estado sobre dicho sistema:

“a) Se reserva al Estado el control del sistema eléctrico nacional, asegurando que el desarrollo de las centrales eléctricas de generación, de la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución tenga lugar de manera eficiente y armónica, que responda a las necesidades de todos los participantes, públicos y privados y atienda los intereses fundamentales de los usuarios. Lo anterior permitirá que, conforme a las mejores prácticas internacionales, se garantice un despacho eléctrico eficiente de la energía generada por las centrales eléctricas, bajo principios de imparcialidad e independencia, aprovechando la energía de menor costo en beneficio de los usuarios. Del mismo modo, el Estado contará con las facultades necesarias para regir la expansión de las redes de transmisión y distribución y, en general, para intervenir conforme a las mejores prácticas internacionales y asegurar la confiabilidad, calidad, continuidad, sostenibilidad y eficiencia del suministro del servicio eléctrico a la población”.

La situación es obvia. Las actuales centrales eléctricas seguirán siendo operadas por la CFE pero las nuevas serán operadas por las transnacionales. Lo mismo que ahora ocurre pero de manera generalizada: la nueva infraestructura para la generación eléctrica, realizada por las corporaciones, será de su total y absoluta propiedad privada.

El Estado, dice, se reserva el control del SEN poniendo las redes eléctricas al servicio privado para responder a sus necesidades. Lo mismo que ya ocurre pero, ahora, a nivel constitucional. El despacho eléctrico también estaría al servicio privado, igual que ahora pero legalizado.

“b) Se mantiene la titularidad del Estado sobre los servicios de transmisión y distribución eléctrica, a la vez que se reitera su carácter de servicio público. Bajo este marco constitucional la red de transmisión y las redes de distribución de la Comisión Federal de Electricidad que actualmente se encargan de proveer estos”.

“Adicionalmente, la nueva redacción constitucional permitirá, conforme a las bases que se establezcan en las leyes, que dicha Comisión celebre contratos con particulares. De esta manera, la titularidad de esas actividades a cargo del Estado no será obstáculo para que su organismo operador pueda auxiliarse de terceros para lograr los fines del servicio público”.

Así, la CFE no tendrá exclusividad de nada, será una empresa más, sujeta a quiebra financiera, con facultades cada vez más disminuidas. Por el momento, la CFE seguiría existiendo, incluso con el mismos (y erróneo) nombre pero con facultades atrofiadas, hasta perder toda capacidad de generación. Su función será ser el soporte de los privados ofreciéndoles su actual infraestructura eléctrica nacional.

Indica Peña que, “este esquema incentiva la productividad, la competencia y la reducción de costos en beneficio de la industria y de los usuarios del servicio eléctrico. En esta iniciativa tanto el control del sistema eléctrico nacional como la propiedad de las centrales y las redes de transmisión y distribución de la Comisión Federal de Electricidad –que hoy son públicas– se mantienen en manos de la Nación”.

El sector privado podrá obtener menores costos, considerando que el uso de las redes nacionales será prácticamente gratuito, como ahora pero generalizado, pero los usuarios domésticos no serán beneficiados sino perjudicados, como ahora pero multiplicado por muchas veces más.

Que las actuales centrales y redes de la CFE se mantengan “en manos de la nación” no significa que ésta mantenga su dominio sobre la industria eléctrica, lo hará solamente en una parte reducida y fragmentada, la industria nacionalizada ya no existirá.

En primera instancia, Peña se refiera a la generación eléctrica.

“El modelo promueve la eficiencia en la programación y desarrollo de proyectos de generación, por lo que el primer resultado que se espera de la reforma es que la generación sea más eficiente, limpia y económica. Con este cambio, será posible acelerar la sustitución de generación de combustóleo y diésel, que actualmente representa el 20.7% de la generación para el servicio público y más del 21% de la generación del Sistema Eléctrico Nacional, por generación limpia y de gas natural, lo que permitirá reducir costos”.

¿Energía más limpia y más económica?

El gas natural es más limpio comparado con el carbón y con el petróleo pero sigue siendo el tercer combustible más contaminante. El gas no produce óxidos sulfurosos pero sí óxidos nitrosos que son igualmente dañinos. El argumento de Peña es para justificar continuar con la política de las transnacionales basada en centrales de ciclo combinado a base de gas natural.

El problema es serio porque se compromete una política eléctrica a base del gas que no se tiene en el país. Actualmente, a las transnacionales no solo les resulta atractivo sino barato el negocio porque el gas lo importa la CFE (caro) y se los suministra seguro y barato.

Evidentemente, Peña espera que los nuevos generadores, adicionales a los actuales, serán privados. Lo dice expresamente:

“La creación de un mercado competitivo de capacidad y energía, junto con un proceso de interconexión que aumente la transparencia y eficiencia en el otorgamiento de acceso a la red de transmisión, permitirá que haya múltiples desarrolladores responsables del aumento de capacidad, colocando a la CFE en condiciones de competir y otorgándole incentivos para hacer más eficientes sus propios procesos”.

Esos “desarrolladores” son las transnacionales, los que incrementarán la capacidad de generación eléctrica. La CFE no podrá competir, lo hará en condiciones desiguales y terminará siendo extinguida, quedará literalmente a nivel de “comisión”.

Con la reforma lo que pretende el gobierno en trastocar el actual régimen jurídico para favorecer a los privados. Lo dice el mismo Peña.

“La reforma brindará certidumbre jurídica a los proyectos de participación privada mientras que el mercado les dará mayor seguridad económica. Lo anterior permitirá reducir el costo de financiamiento de los proyectos privados y, por ende, el costo que pague el usuario final.

La entrega de Peña al capital privado es descarada.

“En la estructura actual del sector, la ausencia de un mercado que permita vender capacidad y energía a clientes distintos a la CFE ha aumentado el riesgo de inversión en el sector y ha concentrado los beneficios de la participación privada en pocos actores, lo que se ha traducido en costos económicos y financieros que se trasladan a los usuarios finales”.

Promesas que jamás se cumplirán. Una vez que las transnacionales se hayan posesionado de la industria eléctrica harán lo que quieran, simplemente, no habrá Estado. Pero Peña piensa al revés.

“Una vez que se establezca un entorno de reglas claras y seguras para la inversión y la participación privada, se acelerará la sustitución de combustóleo por energías limpias y gas natural. Asimismo, la CFE podrá competir por los grandes usuarios, propiciando aún más las eficiencias y con ello la reducción de las tarifas eléctricas”.

La reducción de tarifas jamás existirá y menos con la CFE en competencia con las transnacionales de rapiña. No habrá tal reducción, sencillamente.

El uso casi gratuito de las redes eléctricas redundará en beneficio pero de las corporaciones.

“Un segundo resultado positivo será dar garantías de acceso y uso no discriminatorio, en términos eficientes, a la red de transmisión, como resultado de la nueva regulación operativa prevista para el Sistema Eléctrico Nacional. Las reformas posibilitarán el desarrollo de nuevos proyectos de inversión en el sector eléctrico mexicano, particularmente proyectos de energías limpias. La experiencia internacional muestra que el desarrollo de nuevos proyectos de generación requiere certidumbre en el acceso a la red de transmisión, así como tarifas de porteo transparentes establecidas con base en criterios de eficiencia económica. Lo anterior se beneficia de la imparcialidad y calidad técnica del operador del sistema eléctrico, cualidades que evitan los posibles conflictos de interés que podrían presentarse de haber una identificación entre el controlador de la red de transmisión y el titular de las centrales.

La puesta al servicio privado de las redes nacionales les llama el gobierno “acceso no discriminatorio”. Así le dice actualmente la CRE al uso de las redes eléctricas y la red nacional de ductos, obligando a la CFE y a Pemex a ponerlas al servicio de los privados. La llamada “regulación” es la que determina discrecionalmente la CRE. Esa “regulación” son las reglas para la privatización.

Contrariamente a lo dicho por Peña, eso no motivará que haya proyectos de energías limpias. A la fecha, la infraestructura de interconexión la construye, con recursos públicos, la CFE; y los privados generan y comercializan en regiones distantes. Esa es una gran facilidad pero las corporaciones quieren más y obligarán al gobierno a garantizarles el uso de la tierra, aguas, viento y demás recursos naturales que hoy son sujetos al despojo y motivos de varios conflictos sociales.

La fragmentación del SEN sería generalizada, las redes serían manejadas por un “operador independiente”, eso significa un nuevo organismo que se definirá en la legislación secundaria. Lo mismo ocurrirá con el actual Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el que sería absurdamente separado de la industria eléctrica.

“Con un despacho eléctrico operado por un organismo público de manera imparcial e independiente y con tarifas de porteo transparentes fijadas de manera eficiente, se mandarán las señales correctas para que el sistema eléctrico aproveche la energía de menor costo en beneficio de sus usuarios. Sobre estas bases, se profundizará el cambio tecnológico puesto en marcha en el sector eléctrico, se propiciarán nuevas inversiones, se mejorarán las posibilidades de que el país alcance en tiempo y forma sus metas en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y se propiciarán menores tarifas eléctricas en beneficio de la población”.

Sería un Cenace privatizado dedicado a darle servicio a la CFE, como una empresa más, y sobretodo, a los privados . Eso no traerá como consecuencia ningún menor costo en beneficio de los usuarios domésticos, los únicos beneficiados serán los usuarios privados (permisionarios), ni y tampoco habrá reducción en las emisiones contaminantes ni reducción en las tarifas eléctricas. Las funciones del Cenace tienen otros propósitos.

Lo que dice Peña son simples frases demagógicas.

“Un tercer resultado positivo de la reforma en el sector eléctrico se producirá como consecuencia de las leyes que impongan obligaciones en materia de energías limpias, competencia y servicio público y universal. La posibilidad de que las leyes establezcan obligaciones especiales en materia de competencia asegurará que el proceso competitivo avance de manera correcta y sin distorsiones indebidas. Por su parte, los usuarios del sistema eléctrico se beneficiarán del establecimiento de obligaciones particulares que aseguren que los fines del servicio público y universal se sostengan, y puedan recibir el apoyo de los nuevos participantes privados”.

Se propone que las energías renovables se desarrollen en su totalidad por el capital privado, lo mismo que ahora pero de manera generalizada. Con ello, se propone legalizar el despojo territorial y de recursos naturales a las comunidades y a la nación. Lo que se disponga en la legislación secundaria estará lejos de las intenciones. Como hoy ocurre, todas las disposiciones serán para favorecer la apropiación privada de esas fuentes.

“La experiencia internacional muestra que puede haber una reducción significativa de pérdidas de 10% o más en distribución como resultado de la reestructuración del sector. Con base en las experiencias en varios países de América del Sur, se espera que la reforma permita reducción de pérdidas para la CFE a los estándares internacionales en un periodo de 5 a 8 años, mediante la implementación de un esquema de regulación basado en resultados”.

Todas estas hipótesis son inciertas y carentes de sustento. Se impulsa la privatización como fórmula mágica capaz de resolver automáticamente todos los problemas habidos y por haber. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo.

Según Peña, los resultados se verán al final de la década, cuando su gobierno haya terminado y él se haya convertido en nuevo empleado de las transnacionales..

“Cabe señalar que se estima que estas reducciones producirán ahorros importantes a finales de esta década, lo cual repercutirá en tarifas eléctricas menos gravosas para los usuarios”.

En diez años más las tarifas eléctricas habrán hecho crisis mentiras las corporaciones se habrán hartado de ganancias.

“Finalmente, se prevé que el Congreso de la Unión establezca la legislación secundaria que permita la aplicación efectiva de las reformas, mismas que determinarán el régimen jurídico bajo el cual podrán participar los sectores público, social y privado en las actividades en que sea permitido”.

Obviamente, desintegrada la industria eléctrica nacionalizada a nivel constitucional vendrá una supuesta “reorganización” de lo que quede, una CFE disminuida y en extinción, al tiempo de una nueva industria eléctrica privada en vías de expansión y dominio territorial peor que antes de la nacionalización. El Congreso no establecerá ninguna legislación, solo aprobará la que envíen las transnacionales a través de Peña.

Entre los efectos de la reforma, según la propuesta, está que, una vez realizados los cambios, bajará el precio de la luz y del gas, insumos que son indispensables para la industria y el campo. Un menor costo en el precio de estos insumos tendrá un efecto sobre la producción y de reducción en el gasto de los consumidores.

Eso no es cierto. La privatización no significa baja en precios y tarifas. Al contrario. De 1992 a la fecha, la distorsión tarifaria se debe, precisamente, al aumento en la privatización. Cuanto mayor ha sido ésta, más altas han sido las tarifas. Es previsible que al generalizarse la privatización la elevación de las tarifas también ocurrirá. Además, ese escenario fue el mismo que ocurrió en México antes de la nacionalización.

Lo mismo puede decirse respecto del gas. Con la privatización del transporte, distribución y almacenamiento del gas, los precios se elevaron notablemente, no al revés. No solo aumentaron los precios, también los abusos.

El gobierno ha insistido en que la producción de gas aumentará con la privatización. No basta decirlo. ¿Será gas asociado o gas seco? ¿Cómo será el aumento? No lo ha explicado. Lo único que ha publicitado y repetido es que existen grandes reservas de gas de lutitas. Pero eso es muy incierto e inconveniente debidos a la fracturación hidráulica.

La burbuja especulativa con el gas de lutitas se ha desinflado. Corporaciones como ExxonMobil y Shell consideran que no tienen las tasas de retorno esperadas, no pueden comprar, descubrir o crear valor. Los costos de extracción de este tipo de petróleo/gas de difícil acceso son muy altos, se requieren enormes inversiones y no parece ser “lucrativo”. Eso convierte a esta “opción” en un espejismo.

Y, ¿sin gas barato, cómo es que bajarán los precios de este energético?

El gobierno también ha dicho que bajarán los precios de las gasolinas, la condición es privatizar la refinación de petróleo, su distribución, transporte y almacenamiento. ¿Acaso los precios de importación de gasolinas bajarán? Al contrario, aumentarán. En estos momentos es más caro importar gasolinas que exportar petróleo crudo, y así seguirá en el futuro próximo.

Construir una refinería lleva tiempo y es costosa, ninguna transnacional lo hará en lo inmediato. Cuando lo haga, venderá los petrolíferos con ganancia, ninguna otorga ningún subsidio, los precios serán caros. Podrá haber gasolineras privadas, eso será un negocio para las trasnacionales, no habrá reducción de precios ni siquiera derechos para los trabajadores que seguirán sujetos a las propinas.

Se crearán cerca de medio millón de empleos adicionales en este sexenio y 2 millones y medio de empleos en los próximos 12 años, según la propuesta.

Medio millón de empleos en los próximos cinco años representarían 100 mil empleos anuales, cifra incomparablemente menor a las necesidades nacionales que es 10 veces más. Algo similar dijo el gobierno cuando propuso la reforma laboral de 2012 pero al momento, son más los despidos que la creación de empleos.

La proyección para los próximos 12 años es falaz, para ese momento ya habrán pasado dos gobiernos más y nadie se hará responsable.

Además, ¿de qué tipo de empleos se habla? Sabido es que, para la construcción, se emplea mucha “mano de obra” en condiciones de precariedad, solo temporalmente y sin derechos. ¿Un día o dos de trabajo se contarían como “un empleo”?

En el caso del trabajo petrolero en el mar, ¿las transnacionales contratarían a mexicanos? Actualmente, más del 90 por ciento son extranjeros, incluso ilegales, y sin derechos.

Tratándose de actividades especializadas, como la perforación, la situación ha cambiado. Hoy, el trabajo en el piso de perforación de una plataforma no es igual a la tradición de antes. ¿Dónde están los especialistas mexicanos? No existen. Tan es así que los privados cuentan con su propia plantilla de trabajadores.

Las transnacionales acostumbran traer hasta su comida y sus cocineros. Cuando no sea así, como en el caso de la distribución de gasolinas, ¿los empleados tendrán derecho siquiera al salario? NO, seguirán siendo trabajadores de la propina. ¿Esos puestos los contabilizará el gobierno como empleos?

Lo único seguro es el empleo de Peña, Videgaray y Coldwell, como empleados de las transnacionales.

La apertura de la industria eléctrica permitirá que fluyan grandes inversiones al sector. Se tendrán plantas más eficientes, que utilizan combustibles más baratos y limpios, promoviendo las energías renovables, de acuerdo con los planteamientos derivados de la iniciativa.

Desde luego que habrá inversiones pero serán para el desarrollo nacional, sino para crear la nueva infraestructura industrial de propiedad privada. No se trata de inversión productiva sino lucrativa porque, a partir de realizar funciones estratégicas, los nuevos dueños privados obtendrán ganancias (privadas) que no solo les permitirá recuperar sus inversiones sino aumentarlas con la correspondiente ganancia. Eso es elemental.

Las plantas son eficientes cuando son nuevas pero dejan de serlo conforme entran en obsolescencia. El engaño es infantil. Eso de que utilizan combustibles más baratos, habría que verlo. ¿Cuáles son esos combustibles? El gobierno se refiere al gas, el cual en estos momentos es barato tratándose del indicador norteamericano (Hernry Hub) pero es caro en otras latitudes. ¿Cómo es que habría disponibilidad barata? Las transnacionales son proclives a la especulación, allí reside un buen pretexto para aumentar sus ganancias. Lo que habrá serán combustibles más caros.

Y, respecto a que serán “limpios”, se trata del despojo anunciado y legalizado constitucionalmente para que las transnacionales y sus filiales y/o socios nacionales, se apropien de las tierras, aguas y vientos, entre otros recursos, como ahora lo hacen pero en forma generalizada. Lo “limpio” de esas fuentes se hará “sucio” en negocios de tal tipo.

La iniciativa de reforma energética de Peña Nieto es lesiva a la nación. Se trata de una reforma constitucional regresiva que destruye lo más importante surgido de la Revolución Mexicana, al dar por concluidas unilateralmente la expropiación petrolera de 1938 y la nacionalización eléctrica de 1960).

La propuesta del gobierno es desnacionalizadora. Al suprimir, como estratégicas, las principales funciones en materia petrolera y eléctrica, para entregarlas al capital privado, Pemex y la CFE dejarían de ser industrias nacionalizadas para asumir un rol, reducido y fragmentado, de empresas.

Ceder al capital privado las actividades que constituyen a los procesos de trabajo, petrolero y eléctrico, significa llanamente la privatización explícita. Tal privatización se basa en la transferencia de la propiedad, por la vía de hacerlo con las funciones estratégicas, para su realización con infraestructura industrial nueva de propiedad totalmente privada.

Peña Nieto y sus funcionarios mienten a la nación y la engañan, con la complicidad de legisladores, ministros, partidos políticos, empresarios y medios masivos de comunicación. Lo que proponen es el robo a la nación.

Ante esta situación los mexicanos concientes debemos ponernos de pie, hablar en voz alta, discutir colectivamente, analizar a fondo, tomar acuerdos colectivos y hacer valer nuestros históricos derechos. La tierra y sus recursos naturales son de la nación, esto es, solo pueden ser de propiedad colectiva jamás privada. La tierra es la patria, defender e territorio es defender la tierra y, por lo mismo, la patria. La tierra es de todos, los recursos de la tierra son de todos.

En materia energética, a los trabajadores nos corresponde el alto deber de defender los recursos naturales y a la industria energética nacionalizada, lo mismo que a nuestros derechos de clase. Junto al pueblo de México, en grandes jornadas de lucha, rescatamos para la nación tan importante patrimonio colectivo.

Ante la emergencia nacional que significa la pretensión del gran despojo contra México, urge como el oxígeno para la vida, la construcción de una organización social estructurada a nivel nacional, con dinámica propia e independencia de clase, abanderados con la democracia proletaria y la Política Energética Independiente.

Os invito a ser parte de esta historia y de esta lucha, como en otros grandes momentos, en las grandes Jornadas Nacionales del STERM, de la Tendencia Democrática del SUTERM, del SUTIN y del FTE de México.

¡Obreros, campesinos, estudiantes, todo el pueblo, a preparar la Huelga Nacional en defensa de la industria energética nacionalizada!