“Corresponde a la nación el dominio directo de los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional”. Así lo indica el párrafo 4º del artículo 27 constitucional vigente.

Pero ahora el gobierno federal pretende que ese derecho sea del capital transnacional.

En esas materias, “el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible”, empieza diciendo el párrafo 6º del mismo artículo. Eso quiere decir que los mencionados recursos naturales no se pueden vender y el derecho sobre los mismos no prescribe.

Pero Peña Nieto quiere poner fin al derecho de la nación.

El mismo párrafo 6º indica que, “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgaran concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”.

Pero ahora el gobierno propone otorgar, constitucionalmente, todo tipo de contratos, como ya indica ilegalmente la legislación secundaria.

En materia eléctrica, el mismo párrafo 6º establece: “Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio publico. En esta materia no se otorgaran concesiones a los particulares”.

Hoy, Peña Nieto propone terminar con estas disposiciones para privatizar la generación y comercialización eléctrica, así como poner las redes de transmisión y distribución al servicio privado.

El artículo 28 constitucional indica como áreas estratégicas: “correos, telégrafos y radiotelegrafia; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad”.

Peña Nieto propone borrar las palabras petróleo, hidrocarburos, petroquímica y electricidad, actividades que dejarían de ser estratégicas, actualmente a cargo exclusivo del Estado, para privatizarlas.

Con estas reformas constitucionales regresivas se promueve el cambio de propiedad en materia energética, misma que siendo nacional se volvería privada. Se propone así la privatización explícita.

Este hecho es sumamente grave para la nación y significaría la pérdida de las industrias petrolera y eléctrica nacionalizadas, conquistadas en grandes jornadas por los trabajadores y el pueblo.

Para hacer un análisis de la reforma energética, junto con el SUTIN diversas organizaciones como el FTE de México, Cazaimagen, el Grupo de Acción Revolucionaria y la Mesa de Soberanía Energética del movimiento #YoSoy132, hemos organizado este 25 Foro de Energía, intitulado “Defensa de la Industria energética nacionalizada”. Invitamos a todos a ser parte de esta historia y de esta lucha.