En el proyecto de reforma fiscal, el gobierno propone que las mineras le paguen regalías consistentes en el 7.5% de las ganancias y 0.5% sobre los ingresos obtenidos por la producción de oro y plata. Se trata de migajas pero las corporaciones se oponen, prefieren seguir como hasta ahora: sin pagar impuestos, mientras saquean a la nación, destruyen pueblos enteros, afectan al medio ambiente, dilapidan el agua y la contaminan, y arrasan con la tierra y sus recursos naturales.

Los pagos de una regalía de 7.5 por ciento a las ganancias de las compañías mineras y de 0.5 por ciento sobre los ingresos que obtengan por la producción de oro, plata y platino, que el gobierno federal incluyó en su iniciativa de reforma hacendaria fueron rechazados por empresarios del sector e incluso firmas extranjeras ya amenazaron con frenar sus inversiones en México, aunque el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, desestimó que la medida afecte la atracción de capitales foráneos (González S., Reuters, en La Jornada, p.27, 12 sep 2013).

Por el auge que ha registrado la industria minera en los últimos años se convirtió en la cuarta fuente de divisas, por arriba de las remesas de los migrantes y sólo superada por el petróleo, la manufactura y la electrónica. Sin embargo, México ha sido uno de los pocos países mineros que no ha impuesto regalías a las empresas del sector en contraste con lo que ocurre en Perú y Brasil, donde además se les cobra el impuesto sobre la renta (ISR).

En el paquete hacendario, el gobierno federal incluyó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos y propone agregar el artículo 268 para implementar “un derecho especial sobre la minería” a fin de que el Estado “obtenga una retribución justa por el aprovechamiento de los recursos no renovables de la nación”.

La tasa que propone es de 7.5 por ciento antes del pago de intereses, impuesto, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés) y destaca que el sexenio pasado la inversión minera superó los 25 mil millones de dólares.

Este miércoles 11, durante el Tercer Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana, Alonso Ancira, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), expresó su rechazo al eventual gravamen y advirtió que el sector cabildeará con los legisladores para evitar su aprobación, en tanto que la Cámara Minera de México (Camimex) aún no fija su postura.

El secretario Guajardo sostuvo que “una de las críticas que hay en la actividad minera en México es que estaba muy debajo de su nivel de contribución y no reflejaba los índices de productividad y utilidades generados, sobre todo por la explotación de metales preciosos”, al tiempo que rechazó que el pago de regalías ahuyente las inversiones foráneas.

Sin embargo, la agencia Reuters informó que “firmas mineras han amenazado con detener su inversión en México” por tal medida con el argumento de que los bajos precios de los metales, los crecientes costos de operación y la creación de impuestos más altos reducen el atractivo de México.

El 7.5% a las ganancias es una migaja y el 0.5% sobre los ingresos obtenidos por la producción de oro, plata y platino es una burla. Para el gobierno eso es lo que vale el territorio, la tierra, los recursos naturales minerales y la vida de la nación. Casi nada.

Ah, pero ni eso quieren dar las transnacionales, prefieren seguir como hasta ahora, sin pagar impuestos. Una concesión minera, como las 27 mil que ha otorgado el gobierno, les da derecho a los concesionarios para apoderarse de la tierra, invertir en sus gastos y extraer todo lo que puedan, principalmente oro y lata. Toda la riqueza extraída es suya y la comercializan en e extranjero. En el país no invierten nada, todas las ganancias las trasladan a sus matrices.

¿Qué queda entonces en México? La desgracia, tierra arrasada, ambiente depredado, tierra, agua y viento contaminados, salud deteriorada y pueblos enteros empobrecidos.

Los impuestos que ahora quiere el gobierno les llama regalías. Al momento, una concesión minera le cuesta a las corporaciones e3ntre 5 a 111 pesos y obtienen millones de dólares. Con una concesión en la mano, las mineras se apoderan de todo lo que pueden, las autoridades locales se ponen a su servicio, lo mismo la fuerza pública incluyendo a los soldados. La población indefensa es sometida.

Las regalías que el gobierno reclama representan una ínfima cantidad respecto a las cuantiosas ganancias que obtienen las mineras. Estas han amenazado con retirar sus inversiones. En buena hora, ojala cumplieran. No lo harán porque en México han encontrado el paraíso, un enclave al que pueden saquear al antojo con la protección del gobierno. Sería bueno que se fueran, finalmente sus “inversiones” no son productivas ni para el desarrollo económico y social de la nación, son gastos para conservar y aumentar su infraestructura, misma de su absoluta propiedad privada, jamás invierten siquiera en reforestar o tratar el agua que contaminan. Su voracidad es criminal.

En la minería, el problema no se resuelve con pequeñas regalías que legalizarían la corrupción. Al gobierno le interesa solo captar más dinero, no le importa lo que hagan las mineras, ni siquiera tiene capacidad para inspeccionarlas. De hecho, las concesiones mineras son un regalo, el gobierno lo que quiere es recibir “algo”.

La forma de resolver el conflicto de fondo es otra. La minería debe ser nacionalizada, las corporaciones expropiadas y las actividades prohibidas si ocasionan daños a la salud y la vida de las personas, así como al medio ambiente. Solo en casos especiales y bajo disposiciones asimismo especiales, siempre bajo el control exclusivo dl Estado y con la propiedad de la nación, podrá autorizarse la mineralurgia de algunos materiales. En caso contrario no. Ya basta de saqueo minero colonialista y de corrupción gubernamental.


Ref: 2013, elektron 13 (303) 1-2, 14 septiembre 2013, FTE de México.