Otro golpe de mano contra los sobrecargos de aviación. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje les negó el amparo contra el laudo que autoriza a la empresa a reducir drásticamente las condiciones laborales vigentes referidas a los salarios y prestaciones sociales. Esa agresión expresa la política de patrones y gobierno enmarcada en la reciente reforma laboral.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) negó el amparo a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) contra la resolución que emitió esa instancia, para que Aeroméxico pueda reducir hasta 60 por ciento el salario de los nuevos trabajadores, así como recortarles sus prestaciones y aumentar sus jornadas laborales (Muñoz P., en La Jornada, p.37, 11 sep 2013).

En una carta emitida por el secretario general de ASSA, Ricardo del Valle Solares, sostiene que la decisión del presidente de la JFCA, Diódoro Siller, de negarles el amparo, “no tiene fundamento legal”.

Cabe referir que en relación al conflicto colectivo de naturaleza económica que tiene ASSA con Aeroméxico, la junta emitió en días pasados una resolución en la que favorece a la empresa y le permite recortar el contrato colectivo para los nuevos sobrecargos e incluso que el salario de éstos pueda ser del 35 por ciento del que actualmente tienen estos trabajadores.

Por esta razón, la organización gremial presentó un recurso, pero la Junta, violando la ley de amparo, se lo negó, por lo que la asociación de sobrecargos anunció que procederá a impugnar esta resolución mediante un procedimiento de queja ante el Poder Judicial de la Federación, según indicó el dirigente.

Del Valle sostuvo que este gremio confía en que esta última instancia les otorgará el amparo, ya que “en el procedimiento del conflicto colectivo se violaron garantías fundamentales de orden constitucional, como la que señala que a trabajo igual debe cubrirse salario igual”.

Además, la JLCA realizó un estudio económico parcial, el cual señala que Aeroméxico estaba en grave crisis económica, expuso Ricardo del Valle, y agregó que en todo el proceso se alteraron los dictámenes y se actuó con parcialidad en favor de la empresa, con la intención de reducir los salarios de los futuros sobrecargos, y asignarles jornadas inhumanas que serán imposibles de cumplir

Desde luego que la resolución de la Junta no está basada en el derecho, tampoco el laudo adverso a la ASSA derivado del conflicto de naturaleza económica interpuesto por la empresa, ni el juicio llevado a cabo mañosamente, ni menos la negación del amparo al sindicato.

El asunto tiene una componente jurídica, y otra económica, pero al gobierno importa la parte política. En los dos primeros casos, simplemente, no pueden demostrar sus dichos. La misma ley laboral vigente, aún regresivamente modificada, establece igualdad de salarios en condiciones iguales. Sin embargo, ni gobierno ni empresa respetan el precepto. La misma ley indica que no puede celebrarse la revisión contractual en condiciones inferiores a las vigentes, pero gobierno y empresa lo omiten.

En materia económica, la empresa está obligada a demostrar la crisis financiera en que se encuentra para justificar la reducción en las condiciones laborales. No lo hizo, su argumentación carece de contenido porque dice, sin demostrarlo, que sus costos de producción (operación) son muy altos y eso se debe al pago de salarios y prestaciones. ¡No es cierto!

El argumento es muy débil y falso. Aún en condiciones ideales (inexistentes) los salarios y prestaciones de los trabajadores SIEMPRE corresponden a la menor parte, comparada con la maquinaria (vehículos para el transporte aéreo) y materias primas (combustibles). Estos últimos son los que más contribuyen a los costos de producción, especialmente la infraestructura representada por la flota aérea.

Para patrones y gobierno lo que importa es la política. Por eso engañan a los trabajadores, prometen y no cumplen. Su voracidad los ciega, quisieran que los trabajadores trabajaran sin cobrar, como esclavos. Aún así, necesitan del trabajo humano y aún cuando lo pagaran excesivamente alto, seguiría siendo poco. Más aún, si automatizarán los aviones al nivel de drones (no tripulados), ¿a quién atribuirían la crisis capitalista intrínseca, a algún sobrecargo o piloto robot, al dron mismo?

Y, en es caso, ¿quién operaría a los drones, a control remoto si se quiere, quién los diseñaría y construiría? El capital necesita del trabajo humano, quiera o no. Lo que no quiere es pagarlo, siendo poco, lo ciega el solo interés de obtener ganancias.

El gobierno intolerante de Peña Nieto es abiertamente privatizador y antiobrero. La reforma laboral no ha creado empleos, al contrario los despidos aumentaron. En el caso de Aeroméxico, las condiciones laborales fueron reducidas severamente. Es el principio del plan a seguir en otros sectores.


Ref: 2013, elektron 13 (301) 1-2, 13 septiembre 2013, FTE de México.

La empresa Aeroméxico abusa laboralmente. Se necesitan dos cosas importantes, una expropiar a la empresa y nacionalizar la aviación y, dos, reorganizar el sindicalismo en el sector en un solo sindicato nacional de industria