La mayoría de diputados del PRI, PAN, PVEM y algunos del PRD aprobaron la Ley del Servicio Profesional Docente. Lo mismo hicieron los senadores. La movilización de los maestros de la CNTE sigue intensa en la capital. El “diálogo” con legisladores fracasó. La CNTE anuncia la “desobediencia civil”.

“Albazo legislativo de vulgares ladrones”. Así calificaron los diputados del Movimiento Ciudadano la decisión de sus colegas que, el mismo día en que fue instalado el período ordinario de sesiones, aprobaron la Ley General del Servicio Profesional Docente.

En plena movilización magisterial en la capital del país, el PRI, PAN, PVEM y los chuchos del PRD, asestaron fuerte golpe a los maestros. Para el Estado lo que cuentan son los votos en las Cámaras, las razones y protestas lo tienen sin cuidado.

A la medianoche, con una mayoría de 390 votos en favor, 69 en contra y cuatro abstenciones el dictamen de la ley, al que se hizo un addéndum (agregado) que pretende matizar el ‘‘carácter punitivo’’ de la obligatoriedad de la evaluación a los maestros, y continuaba la discusión en lo particular de 28 reservas (Méndez E., Ballinas V., Garduño R., en La Jornada, p.3, 2 sep 2013).

El PRD, promovido por el PRI, anunció que ese agregado había sido negociado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y que ésta aceptó el documento presentado por el presidente de la Comisión de Educación, el perredista Jorge de la Vega Membrillo.

Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del sol azteca, elaboró el documento que, dijo, resuelve ‘‘90 por ciento de las demandas de la CNTE’’.

Si bien se suprime que el nombramiento de base de profesores quedará sin efecto si reprueban la evaluación, no volverán a dar clases, sino ‘‘serán readscritos para continuar dentro de otras tareas’’. Aun así, se agregó un párrafo al artículo 22 de la ley, donde se señala lo contrario:

‘‘En caso de que el personal no atienda los apoyos y programas, incumpla con la obligación de evaluación o cuando al término del periodo se identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, se darán por terminados los efectos del nombramiento, sin responsabilidad alguna para la autoridad educativa o el organismo descentralizado’’.

La aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente a espaldas de los maestros es una “ruptura” con la CNTE, “una traición” a los alumnos porque pretende acabar con la educación pública gratuita, y una “vergüenza” para el país “porque regresamos a la nación de las decisiones verticales y autoritarias”, advirtió Francisco Bravo, secretario general de la sección sindical 9 del Distrito Federal, tras rechazar que la reforma aprobada ayer en San Lázaro tuviera alguna aportación del magisterio disidente (Pérez C., en La Jornada, p.5, 2 sep 13).

La misma noche del 1º de septiembre, al diálogo con la CNTE en la secretaría de gobernación solo asistieron senadores del PRM y uno del PVEM, los del PRI y el PAN hicieron caso omiso.

Rubén Núñez, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, respondió que “la CNTE no es ingenua; sabíamos que mientras se llevaban a cabo estos diálogos, por otro lado se tomaban decisiones, es decir, los partidos del gobierno, el PRI y el Partido Verde, dieron muestra de que se ha vuelto a los tiempos de las decisiones verticales y autoritarias, pero sobre su conciencia queda no haber aceptado el reto de discutir con los maestros sobre una reforma educativa. Queremos decir a la opinión pública que queda claro que fueron ellos, los legisladores y el gobierno, los que fallaron y no la CNTE, sino a los estudiantes del país. Esta actitud del PRI es cobarde, faltan al respeto a su investidura como representantes populares. Es una actitud lamentable y vergonzosa que no sean capaces de dar la cara y defender con argumentos sus puntos de vista”.

Al final de la fracasada mesa de debate, los maestros adelantaron que el miércoles 3 de septiembre habría una serie de movilizaciones magisteriales en el país en rechazo a la “traición” del PRI y del Partido Verde que “rompieron” con la CNTE.

En La Jornada, Luis Hernández Navarro publicó (3 sep 2013) au artículo en el que analiza el objetivo central de la ley aprobada por los diputados: quitarle a los maestros sus plazas.

Dice: La nueva norma pretende cambiar el modelo de control del magisterio nacional, de uno basado en dirigentes sindicales corruptos estilo Esther Esther Gordillo a otro sustentado en la inseguridad y la precariedad laboral y el fin de la bilateralidad. Donde antes había corporativismo gremial, ahora habrá una combinación de fuerzas del mercado, desregulación laboral y autoritarismo de funcionarios educativos.

Esta modificación no busca prescindir de los liderazgos sindicales corruptos. Menos aún, permitir la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pretende que los líderes gremiales tengan menos poder, sean más serviles a la autoridad y que los maestros le teman a ésta.

El nuevo modelo de control tiene como objetivo facilitar y permitir la discrecionalidad en la contratación y el despido de los maestros; reducir al mínimo la estabilidad laboral y sus conquistas gremiales; limitar su autonomía en el proceso de enseñanza; imponerle responsabilidades desmedidas; desalentar su organización y resistencia; acabar con el normalismo, y abrirle paso a las escuelas chárter o de concertación (instituciones escolares administradas por la iniciativa privada con dinero público).

La nueva legislación hace retroceder más de 50 años la rueda de los derechos laborales en el país. A partir de ahora, según el transitorio segundo de la LSPD, los maestros deben olvidarse de sus conquistas gremiales. Sin el menor respeto al artículo 14 constitucional, que señala que ninguna ley es retroactiva en perjuicio de persona alguna, barre de un plumazo con los derechos adquiridos en más de cinco décadas de luchas.

A esta operación de despojo de sus derechos se le ha disfrazado de acción en su defensa. Las relaciones de trabajo del magisterio –se dice en el texto– se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo en lo dispuesto en esta ley. ¿Y qué dispone la ley?: derogar los derechos adquiridos que se le oponen.

Los problemas que la ley tiene son muchos. Por principio de cuentas, las autoridades educativas encargadas de evaluar la calidad de los maestros carecen de la calidad para hacerlo. Esas autoridades no son especialistas educativos ni pedagogos ni maestros. Son, en la mayoría de los casos, funcionarios ligados a la burocracia federal que administra la Secretaría de Educación Pública y a los gobernadores en los estados. Ellos no son evaluados; rinden cuentas a sus jefes. ¿Podrán garantizar que la educación mejore? Evidentemente no.

La nueva ley pone sobre los hombros de los maestros de banquillo obligaciones desmedidas en la enseñanza que no son, en realidad, competencia suya. Los define como el profesional responsable del “proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo”. Con ello, los hace responsables de las deficiencias educativas y los sujeta a ser evaluados en áreas en las que no se desempeñan, con la amenaza de ser sancionados.

La nueva normatividad manipula tres conceptos centrales del derecho para precarizar las condiciones de estabilidad en el empleo, una conquista legal que implica asegurar y proteger la permanencia y continuidad del vínculo laboral. Estos conceptos son: permanencia en el servicio, inamovilidad y causales de despido.

Si en su acepción original permanencia quiere decir continuidad no interrumpida de las relaciones laborales, la LSPD amplía el significado del término hasta desvirtuarlo, estableciendo que se trata, tan sólo, del tiempo que el docente dura en su empleo.

Este engaño lingüístico implica la práctica desaparición de la inamovilidad laboral, es decir, que un maestro va a poder ser despedido por razones distintas a las que la ley burocrática establece como causa justificada. De manera tramposa, la nueva norma garantiza la permanencia definitiva en el servicio público siempre y cuando el maestro se sujete a los procesos de evaluación y a programas de capacitación. Reconoce un nombramiento “definitivo” pero permanentemente condicionado.

Adicionalmente, amplía los motivos para despedir a los maestros, y crea causas genéricas para justificarlo, contrarias a las establecidas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Establece un procedimiento autoritario que permite la separación del docente sin derecho a audiencia previa.

El principio de bilateralidad, esto es, de la negociación conjunta de las condiciones de trabajo entre la autoridad, los maestros y su organización gremial, se desvanece. Ahora es la autoridad la que, de manera unilateral, fija las reglas del juego, sin que los maestros y su sindicato puedan defenderse.

A la media noche del 3 de septiembre, el Senado aprobó en lo general la Ley del Servicio Profesional Docente, luego de un largo debate en el que legisladores de PRD, PT y Movimiento Ciudadano advirtieron a priístas y panistas que pese a que impusieron su mayoría para sacar esa legislación que vulnera los derechos laborales de los maestros, el conflicto magisterial no concluye, sino que va a escalar (Becerril A., Ballinas V., en La Jornada, p.3, 4 sep 2013).

Fue un proceso fast track similar al que se dio en la Cámara de Diputados, en el que en un solo día y bajo un fuerte dispositivo policíaco se desahogó todo el procedimiento. El pleno senatorial aprobó la reforma con 102 votos a favor y 22 en contra. También, como en San Lázaro, el PRD se dividió, ya que cinco de sus 22 senadores votaron en favor.

Ante la aprobación de “leyes injustas”, como la del Servicio Profesional Docente, la CNTE se declaró en “desobediencia civil y pacífica”, lo cual significa que continuarán las movilizaciones en calles, plazas y estados, y habrá resistencia en las aulas” (Avilés K., en La Jornada, p.13, 3 sep 2013).

Los maestros de la CNTE han dado muestras ante la nación de una firme decisión en defensa de sus derechos educativos laborales con movilizaciones diarias en la capital del país y, al mismo tiempo, con reiterados intentos de negociación y diálogo con el gobierno.

Sin embargo, los profesores han topado con el valladar del Estado. No hay razones que valgan sino la fuerza política del Estado a través de la mayoría legislativa.

Ante esta situación se hace necesario replantear la lucha. Por lo pronto, la “insurgencia magisterial” se extenderá por el país, en varias partes ya hay paro de labores.


Ref: 2013, elektron 13 (289) 1-4, 4 septiembre 2013, FTE de México.

Maestros de la CNTE en la Cámara de Diputados FOTO: M. González

Maestros de la CNTE en gobernación FOTO: Y. Ortega