La Comisión Nacional del Agua autorizó a una empresa concesionaria para disponer de casi 2 millones de metros cúbicos anuales de aguas nacionales del subsuelo, administrar fuentes, pozos y puntos de extracción, pagará 1 peso por metro cúbico y lo venderá mucho más caro. La concesión otorgada por la comisión estatal de aguas de Querétaro será por 20 años prorrogables.

El hecho representa la privatización explícita del servicio de agua potable en Querétaro. La información publicada en La Jornada lo revela claramente.

El gobierno del estado, por conducto de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y el ayuntamiento de El Marqués, concesionó a la empresa Operadora Querétaro Moderno SA de CV el servicio de agua potable y su cobro a los usuarios por 20 años (Chávez M., en La Jornada, p.31, 9 sep 2013).

La compañía, formada por empresarios dedicados al desarrollo inmobiliario, sólo pagará un peso por cada metro cúbico de agua que explote.

Como parte de la concesión, la operadora cobrará a los usuarios por contratos, conexión, instalación de tomas, tarifas, intereses, gastos, materiales y accesorios.

La sociedad mercantil Operadora Querétaro Moderno fue constituida el 30 de abril de 2009 ante el notario público Roberto Loyola Vera, quien fue secretario de Gobierno estatal en la administración del priísta José Eduardo Calzada Rovirosa, actual edil de Querétaro.

Al frente de la empresa aún aparece el extinto empresario de la inmobiliaria Desarrollos Residenciales Turísticos (DRT) José Oleszcovski Wasserteil, quien pereció en un accidente aéreo en junio pasado. También figuran Roberto Flores y Fernández, Luis Alfonso García Alcocer, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado y director regional de Casas Geo, así como Impulsora Mico, de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

En su consejo de administración participan Víctor David Mena Aguilar (de DRT) como vicepresidente, y Gerardo Proal de la Isla, como tesorero, mientras el ex regidor priísta Norberto Alvarado Alegría figura como integrante del consejo de vigilancia.

Aunque la operadora quedó constituida en 2009 y el ayuntamiento de El Marqués se manifestó a favor de la concesión el 19 de agosto de ese año, el título fue otorgado en 2012 y se publicó el 2 de marzo del año pasado en el periódico oficial del gobierno estatal, La Sombra de Arteaga.

El documento refiere que la compañía prestará los servicios de agua potable en la zona metropolitana nororiente 1, que agrupa los fraccionamientos Zibatá, La Pradera y El Regido, entre otros, que son desarrollos habitacionales o lotes para vivienda vendidos entre 2009 y 2010 por las empresas que también encabezan algunos de los socios de la Operadora de Agua.

La concesionaria debió iniciar operaciones a más tardar seis meses después de la fecha de expedición del permiso, y al concluir los 20 años para la explotación del agua tendrá derecho a una prórroga por un plazo igual.

Con la autorización, expedida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la empresa dispondrá de un millón 952 mil 212 metros cúbicos anuales de aguas nacionales del subsuelo para los usuarios de la zona metropolitana nororiente 1.

También tiene permitido construir, administrar y operar fuentes, pozos y puntos de extracción que amparen los derechos para explotar aguas nacionales del subsuelo, así como fuentes de abastecimientos superficiales.

Asimismo, la concesionaria deberá pagar a la CEA un peso por cada metro cúbico de agua extraída. Los pagos serán trimestrales y se harán después de que los consumos hayan sido debidamente facturados y pagados por los usuarios.

La Conagua y la CEA son organismos privatizadores que deben desaparecer. Su función es explícitamente privatizadora. No es este el primer caso. Concesionar significa regalar el agua a la concesionaria, además de entregarle las funciones estratégicas relacionadas con el abastecimiento de agua potable a la población.

El agua es de todos y su abastecimiento es una necesidad social. Corresponde al Estado proporcionar ese servicio. Sin embargo, los gobiernos en turno prefieren concesionar la función a empresas privadas, nacionales y extranjeras, para que hagan negocios lucrando con las necesidades vitales del pueblo.

La Conagua y su dependencia estatal incurren en irresponsabilidad y son partícipes de la privatización, al igual que los gobiernos estatales y municipales.

En materia de agua, el artículo 27 párrafo 1 de la Constitución política permite las concesiones, ratificados en la ley reglamentaria (Ley Nacional de Aguas). He allí el problema. Es necesario NACIONALIZAR la tierra y las aguas.

Pero el neoliberalismo ha avanzado considerablemente y los gobiernos en turno han entregado la tierra y sus recursos al capital privado. Su política consiste en entregar todo afectando a la mayoría. ¿Qué pasará en Querétaro? Muy sencillo, los privados comprarán muy barata el agua y la venderán muy cara. No se trata de agua purificada ni de agua tratada o embotellada sino de agua potable simplemente.

Los gobiernos, a todos los niveles han renunciado a sus deberes elementales entregándolos al sector privado.

¿Qué hacer? Lo que hemos reiterado, ya es hora de luchar organizados a nivel nacional en defensa de legítimos intereses. Es importante luchar en todos y cada uno de los lugares, es mejor hacerlo coordinados en un solo Frente a nivel nacional e internacional.


Ref: 2013, elektron 13 (299) 1-2, 12 septiembre 2013, FTE de México.