La reforma hacendaria del gobierno es perjudicial y afectará a amplios sectores de la población. El objetivo es recaudar más para cubrir los pagos que hará Pemex al transferirle parte de sus ganancias a las transnacionales. En el caso petrolero, la reforma de Peña Nieto y Videgaray significa la privatización a priori de Pemex, enmarcada en la reforma energética.

El 8 de septiembre, el gobierno federal envió ala cámara de diputados su iniciativa de reforma hacendaria. De último momento evitó gravar con IVA los alimentos y las medicinas. ¿Por qué lo hizo? Porque apreció que las condiciones políticas no le son favorables. Con la reforma educativa Peña Nieto ha logrado que la protesta magisterial se extienda y generalice por todo el país, el rechazo a la reforma energética para privatizar a Pemex (y CFE) es ampliamente mayoritario entre la población. Incrementar el IVA en rubros fundamentales hubiera ocasionado el repudio casi absoluto al gobierno.

Pero la reforma hacendaria en discusión es perjudicial para amplios de la oblación. Por una parte, se aplicarán impuestos sobre la renta (ISR) a todos los productores agropecuarios, a los alquileres, a las adquisiciones de vivienda e intereses hipotecarios, al transporte foráneo de pasajeros y a los espectáculos públicos, exceptuando al teatro y al circo. La sola aplicación de estos impuestos representará una reducción en los ingresos de la población.

También se gravarán las operaciones inmobiliarias, los impuestos a las colegiaturas, el ISR se elevará de 30 al 32 por ciento para el caso de personas con ingresos anuales mayores a 500 mil pesos, se eliminará el régimen de pequeños contribuyentes y se limitarán los gastos deducibles para personas físicas.

Todo esto significa un golpe para la economía de millones de mexicanos y tiene como objetivo: recaudar más dinero de los contribuyentes para cubrir las ganancias entregadas por Pemex a las transnacionales, de acuerdo a lo planteado por la reforma energética del gobierno y lo que contendrán las reformas a la legislación secundaria.

Uno de los aspectos más graves de tal reforma consiste en compartir las utilidades entre Pemex y las corporaciones extranjeras. Así, Pemex recibirá menos utilidades porque un porcentaje de las mismas las compartirá. Además de la pérdida de soberanía, el pueblo terminará pagándole a las transnacionales.

Ese objetivo motiva, asimismo, que la reforma hacendaria contenga una parte referida a la situación fiscal de Pemex y sus obligaciones.

Dentro del paquete de la reforma hacendaria, el Ejecutivo federal envió una iniciativa para expedir la ley de ingresos sobre hidrocarburos, que contempla un nuevo tratamiento fiscal para Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual “prevé que la empresa y sus organismos subsidiarios sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y que cubran las demás contribuciones, productos y aprovechamientos conforme a las normas fiscales que los establezcan, es decir, son sujetos de las disposiciones tributarias en los mismos términos que cualquier empresa” (Zúñiga J.A., en La Jornada, p.12, 9 sep 2013).

La propuesta en materia fiscal, describe la iniciativa, “en primer lugar plantea que se reduzcan los costos reales de Pemex, lo cual implica que la determinación de la rentabilidad no depende de un límite fijado artificialmente”, y señala que “para la captura de la renta petrolera por parte del Estado se contará con dos mecanismos: una regalía que se calculará en proporción de los ingresos por ventas, y el porcentaje de las utilidades, que se determinará para cada contrato”.

Apunta: “se propone que por la ejecución de los trabajos, Pemex reciba el porcentaje de las utilidades que le corresponden al reconocer el costo de su capital invertido. Con base en éstas, pagará el impuesto sobre la renta que le resulte”.

Lo anterior quiere decir que el gobierno da por consumada la aprobación de la reforma energética privatizadora, aún antes de que la voten los legisladores.

Sí, desde ahora, la mencionada ley es nueva y tiene como novedad la inclusión de “regalías”, mismas que se aplicarán a Pemex como a cualquier otra empresa, a las transnacionales se entregará un porcentaje de utilidades según se indique en cada contrato.

Esto es, se da por hecho que habrá contratos y que serán de utilidad compartida (CUCOs). De estos, Pemex recibirá solo un porcentaje de las ganancias, las que serán variables dependiendo del contrato en cuestión.

Evidentemente, Pemex recibirá menos que ahora. La única manera de aumentar sus ganancias sería a través de multitud de contratos para devastar todas las cuencas petroleas incluidas las aguas profundas del Golfo de México.

La reforma energética es la entrega explícita de los recursos de hidrocarburos al capital transnacional. La reforma hacendaria lo hace explícito. ¿Dónde está el kernel de la privatización? En la entrega de las funciones estratégicas, actualmente a cargo de Pemex, a las transnacionales. La ejecución, a cargo de éstas, producirá ganancias que no serán de Pemex sino que se compartirán.

La privatización tramposa se refuerza a continuación:

En las consideraciones del título primero de la iniciativa de ley propuesta se establece el concepto de “dividendo estatal”, al que el Ejecutivo considera “uno de los elementos más relevantes y novedosos del planteamiento que acerca a la paraestatal a un régimen empresarial”. Se trata, describe, “del dividendo a cargo de Pemex y de cada uno de sus organismos subsidiarios, que se entregará al gobierno federal como rendimiento por la inversión que realizó”.

La iniciativa contempla también que el consejo de administración de Pemex “deberá entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de manera anual, un informe que permita conocer la situación financiera de la entidad y de sus organismos subsidiarios, además de los planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento en el ejercicio inmediato siguiente y los cinco años posteriores”.

A través de un diagrama simple considera que en comparación con el régimen fiscal vigente, ahora se establezca una regalía básica, que el Estado reciba un monto directo de las utilidades, que Pemex pague impuesto sobre la renta por su utilidad normal, que se tengan mayores utilidades y se reconozcan sus costos reales.

Actualmente, la SHCP aplica a Pemex un régimen fiscal depredador. En 2012, el 99.5% del rendimiento de Pemex (907 mil 900 millones de pesos) fue entregado mediante impuestos y aprovechamientos (902 mil 900 millones de pesos). Con el “nuevo” esquema la depredación seguirá. La diferencia es que ahora Pemex tendrá que compartir utilidades con las transnacionales, obteniendo rendimientos menores pero además las aportaciones al erario seguirán siendo cuantiosas y desfavorables a la paraestatal.

La entrega de “regalías” a hacienda es para darle a Pemex el status de otra empresa más, siendo actualmente industria por representar a la industria petrolera nacionalizada. Con ello, se justifica que otras “empresas”, las transnacionales también intervengan en el proceso de trabajo petrolero.

El “dividendo estatal” haría similar a Pemex con cualquier otra empresa privada. Omite el gobierno que Pemex no es propiedad privada de nadie y, por lo mismo, carece de socios. Ni el gobierno ni el Estado son socios porque no tiene derecho de propiedad, esta es de la nación.

Además de privatizar a la paraestatal el plan del gobierno es quebrarla y, entre tanto lo logra, apropiarse las ganancias de la ahora ex-Pemex. Sí, esos rendimientos que se obligará entregar a Pemex seguirán siendo cuantiosos y terminarán no solo por fragmentarla sino por quebrarla hasta eliminarla.

El nuevo régimen fiscal de Pemex se aplicará desde enero de 2015, pero la paraestatal podrá iniciar la migración del esquema actual al de contratos de utilidad compartida con el Estado de inmediato, plantea la propuesta de reforma hacendaria (Rodríguez I., Posada M., en La Jornada, p.27, 10 sep 2013).

Los nuevos componentes de la reforma hacendaria con la creación de un nuevo régimen fiscal para Pemex disminuirá su carga impositiva en 10 puntos porcentuales, al descender del actual 71.5 por ciento del total de sus ventas a un aproximado de 60 por ciento, lo que significará una descarga de 150 mil millones de pesos anuales, estimó Sergio Benito Osorio, ex presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados en la 57 Legislatura.

“Esta nueva Ley de Ingresos petroleros que sustituirá a la Ley de Derechos sobre Hidrocarburos representa una de las partes neurálgicas del nuevo esquema de reforma al sector petrolero, porque Pemex pasará de ser un monopolio a un operador más de la industria”, refirió.

Que Pemex se convierta en “operador” significa que la industria petrolera que representa será privatizada. Pemex se convertirá en un “operador” que realizará una parte del proceso de trabajo, desintegrado, las transnacionales en calidad de otros “operadores” harán lo demás en todas las fases del proceso de trabajo petrolero.

El derecho ordinario sobre hidrocarburos (DOH) bajará porcentualmente. Eso estaría bien aunque es insuficiente. Al final, Pemex entrega al erario el pago por impuestos, derechos y aprovechamientos. La carga fiscal total seguirá siendo muy pesada, aún cuando dispusiera de algunos recursos para realizar inversiones.

Al gobierno no le interesa que Pemex realice inversiones propias, habida cuenta que las tiene previstas para que las hagan las transnacionales a través de los principales proyectos. La diferencia es que esas “inversiones” serán para sus negocios jamás para el desarrollo económico y social de la nación.

La reforma energética no prevé que Pemex haga inversiones, al menos no las relevantes, su función sería mayoritariamente administrativa y de operación de la actual planta industrial.

El documento define que para el primer año en que entre en vigor esta ley, se plantea como mínimo 30 por ciento de los ingresos generados por los contratos de utilidad compartida. Gradualmente estos niveles mínimos se reducen, hasta eliminarse en 2026.

El nuevo régimen fiscal se introducirá de manera gradual, se aplicará a los nuevos desarrollos y existe la opción de migrar para los desarrollos existentes. Por lo tanto, esta medida no tendrá efecto sobre los ingresos públicos durante 2014, año durante el cual se completará la migración.

En materia presupuestaria y de deuda también se hacen modificaciones y se otorga mayor autonomía, de manera que ahora Pemex y sus organismos subsidiarios podrán ejercer su presupuesto de manera directa, sin transitar por procesos de autorización ante Hacienda.

Lo que generen los CuCos está por verse, los términos no han sido definidos, ni siquiera lo sabe Peña Nieto, falta lo que digan las transnacionales porque esos contratos solo se firmarán si a éstas les gusta imponiendo sus condiciones. Va a depender de lo indicado en la ley reglamentaria secundaria en materia de hidrocarburos y, especialmente, de los modelos de contrato que, obviamente, serán secretos. Lo que es muy claro es el propósito del gobierno: entregar contratos a diestra y siniestra, para obtener al menos el 30 por ciento de ingresos a partir de esos contratos. ¿Es poco o mucho? Sin duda, será poco cualesquiera sea el monto. Esos pesos y centavos serán a cambio de perder la propiedad de la nación sobre sus hidrocarburos. La eliminación hacia 2026 podrá ocurrir, pero no de los contratos sino de la soberanía energética nacional subastada.


Ref: 2013, elektron 13 (298) 1-4, 12 septiembre 2013, FTE de México.

Plataforma petrolera en aguas profundas del Golfo de México. El régimen fiscal
que propone Peña Nieto para Pemex es explícitamente privatizador