energía, periódico del Frente de Trabajadores de la Energía

Por C. Fernández-Vega

Artículo tomado de La Jornada, 22 de agosto de 2013.

Más allá del pirotécnico discurso –oficial y oficioso– y el bombardeo propagandístico en torno a las virtudes” e “innegables beneficios” de la “reforma energética” peñanietista, el quid de la propuesta del inquilino de Los Pinos está en el intento de modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, con el fin de “reordenar” el marco jurídico para que la industria petrolera nacional deje de ser clasificada como área estratégica y pase a ser simple área prioritaria o, lo que es lo mismo, seguir la ruta por la que transitaron no pocos sectores y empresas otrora propiedad del Estado.

En el centro del debate (si es que finalmente se da) está lo que muchos mortales pudieran considerar un simple juego de palabras (“estratégico” o “prioritario”) en los referidos artículos, pero que en la concepción constitucional no sólo marca una diferencia de fondo sino una puntual delimitación entre lo público y lo privado, entre la propiedad del Estado y la participación del capital privado.

Como en este espacio se ha mencionado en otras ocasiones, la Constitución no dejar lugar a duda sobre la nada sutil diferencia entre áreas estratégicas y prioritarias: en las primeras la participación del Estado es exclusiva (como en la petrolera, la petroquímica básica y la eléctrica), mientras que en las segundas es legal y permitida la participación del Estado, el capital privado y eso que algún día se llamó sector social (al que, para que no existiera duda, también se desmanteló).

Desde tiempos de Miguel de la Madrid la ruta seguida para que las áreas estratégicas se conviertan en áreas prioritarias fue la “reclasificación” de productos y/o sectores, y la “modificación” de las leyes secundarias. Sin embargo, ahora que tenemos un gobierno “muy moderno” la pretensión es erradicar cualquier posibilidad de duda o “laguna” legal (“dar certeza jurídica a los inversionistas”, decía Felipe Calderón) para que el capital privado finalmente clave de lleno sus colmillos en las dos últimas áreas estratégicas que quedan vivas (existen otras, pero están muertas, como correos y telégrafos) tras cinco gerentes de Los Pinos y tres décadas de venta de garaje (ya no hay más qué vender).

Por ejemplo, por la vía de la “reclasificación” se desmanteló la industria petroquímica del Estado (“orgullosamente nacional”, presumía Adolfo López Mateos, su promotor). De “básicos” a “secundarios” (léase de estratégicos a prioritarios) se reclasificó a la mayoría de los productos petroquímicos, y por lo mismo pasaron al control privado, pero como los empresarios no supieron cómo, no les interesó o de plano no obtuvieron las utilidades deseadas, entonces la petroquímica secundaria en el país se fue al caño, mientras la importación de estos productos se incrementó año tras año.

Por la vía de la modificación constitucional, la banca pasó de ser área estratégica (al final de su gobierno López Portillo la incluyó en el artículo 28) a simple área prioritaria. Así, Carlos Salinas privatizó las 18 sociedades nacionales de crédito (sin olvidar el negociazo que De la Madrid le dio al capital privado por medio de los llamados certificados de aportación patrimonial de las propias instituciones). En su mayoría fueron entregadas a los especuladores bursátiles (muy amigos del régimen), quienes las exprimieron y las reventaron, sólo para que el erario las “rescatara”, las “saneara” y las extranjerizara. Todo en menos de cuatro años, y los mexicanos siguen pagando la factura.

En esos 30 años toda propiedad del Estado desapareció (en realidad cambió de manos), siempre con la promesa de obtener a cambio crecimiento, empleo, salarios creciente, bienestar infinito y cada día menos pobres, es decir, totalmente lo contrario a lo que sucedió y sucede. A estas alturas, como áreas estratégicas constitucionalmente reservadas al Estado sólo quedan correos, telégrafos y radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica (no más de ocho productos, de los más de 64 que originalmente se incluían), minerales radioactivos y generación de energía nuclear (el cadáver lo encuentran en Laguna Verde) y electricidad (ahora con cerca de 40 por ciento de participación privada).

Por la vía de una “nueva ley”, en 1992 Carlos Salinas de Gortari privatizó al 100 por ciento la minería. El Estado se deshizo o, de plano, regaló (como la Compañía Minera de Cananea) a un selecto grupo de empresarios todas las paraestatales del sector, y a estas alturas del partido cerca de 30 por ciento del territorio nacional, y contando, está bajo control y usufructo de un grupúsculo de consorcios nacionales y extranjeros. A cambio, el erario recibe la fabulosa cantidad de 5 pesos (el precio de una caja de chicles) por cada nueva hectárea concesionada.

Ernesto Zedillo “desincorporó” al sector ferrocarrilero por la vía de la “reclasificación”: de ser clasificado como estratégico en el artículo 28 constitucional, simplemente pasó a ser prioritario, con lo que dos magnates (que ya se habían quedado con gruesa rebanada de bienes propiedad de la nación, como Larrea con Minera Cananea) acapararon los más de 11 mil kilómetros de vías férreas y todo lo que por arriba de ellas circulaba. Cinco lustros después no han construido un metro adicional, pero sus alforjas están rebosantes.

Recapitulando, con la ayuda del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la nada sutil diferencia que algunos considerarían simple juego de palabras es la siguiente:

Áreas estratégicas: conjunto de actividades económicas (producción y distribución de bienes y servicios) que exclusivamente realiza el gobierno federal a través de organismos públicos descentralizados, y unidades de la administración pública, por imperativos de seguridad nacional (el subrayado es mío), interés general o beneficio social básico para el desarrollo nacional.

Áreas prioritarias: conjunto de actividades económicas (producción y distribución de bienes y servicios) que el gobierno federal, mediante las empresas públicas, realiza por sí o en concurrencia con los sectores social y privado, a fin de impulsarlas y organizarlas con antelación a otras, por razones circunstanciales (ídem) e imperativos de interés general, proveyendo de esta forma al desarrollo nacional.

He allí el interés real de la “reforma” propuesta por el actual inquilino de Los Pinos.

Las rebanadas del pastel

¿Y los beneficios de la “reforma laboral”? Grandiosos: 68 mil empleos formales en ocho meses (hasta julio pasado), es decir, 8 mil 500 empleos mensuales en promedio, cuando se requieren alrededor de 100 mil cada 30 días. Rotundamente exitosa, sin duda.

Twitter: @cafevega