Las transnacionales petroleras norteamericanas quieren incluir en sus estados contables las reservas de hidrocarburos. El gobierno de Peña Nieto maniobra “torciendo” la oferta de “utilidad compartida” para sea reportada como “reservas”. Las transnacionales esperan precisiones en la legislación secundaria que será modificada al gusto de las corporaciones. Queda como recurso la “confidencialidad” de los contratos siempre secretos para la nación. Peña auspicia la Expropiación petrolera extranjera.

El periodista David Brooks publicó en el diario mexicano La Jornada una colaboración sobre la actitud que han tenido las grandes transnacionales petroleras a la iniciativa de reforma constitucional de Peña Nieto para autorizar la participación privada en Pemex, así como las maniobras que se siguen por el gobierno mexicano para “torcer” la utilidad (o producción) compartida.

El 22 de agosto de 2013 Brooks señaló que, las empresas petroleras estadunidenses y otras trasnacionales evaluarán la invitación a participar en el sector energético mexicano con base a los detalles de los contratos ofrecidos, sobre todo si incluyen la posibilidad de incluir en sus estados contables las reservas bajo explotación, y no sólo las utilidades a compartir.

El reportaje señala que, salvo Chevron, las petroleras norteamericanas han guardado silencio. Todas “están esperando el fine print –los detalles que se definirán en las leyes secundarias para su implementación– antes de externar su decisión”, si bien, saben que de todas formas intervendrán, dependiendo de “los términos y condiciones”.

Lo que a las transnacionales interesa son las definiciones sobre la propiedad de las reservas de hidrocarburos.

Brooks escribió que los empresarios y sus consejeros inversionistas no han ocultado que, aunque están complacidos por el impulso de la reforma energética, desean más que los contratos para compartir riesgos y utilidades ofrecidos por México. Las grandes petroleras prefieren obtener –o “compartir”– reservas, es decir, tener propiedad no sólo de las ganancias potenciales sino del producto mismo.

Refiere que, desde la semana pasada, medios financieros estadunidenses se han enfocado en este posible obstáculo en la promoción de la reforma ante el sector petrolero internacional y cómo, para superarlo, el gobierno mexicano ha buscado “endulzar” la propuesta de invitación a invertir en su sector petrolero negociando con la comisión de valores (Securities and Exchange Commission, SEC) para que permita que las empresas registren sus contratos de “compartir utilidades” como algo que cuente como reservas en sus estados contables, como reportó La Jornada el pasado lunes (19 de agosto).

“El plan es permitir a empresas registrar el interés económico de los contratos de riesgo compartido bajo reglas de la SEC que permiten convertir ese valor en volumen mientras el Estado se mantiene como pleno propietario”, explicó el subsecretario de Energía, Enrique Ochoa, en entrevista con Bloomberg/Businessweek.

El gobierno de Peña se mueve en la incertidumbre. Por una parte, le dará “certidumbre” jurídica al capital extranjero. Para eso se propone reformar regresivamente a los artículos 27 y 28 constitucionales. Las actividades “estratégicas” en materia de hidrocarburos, petroquímica y energía eléctrica, dejarán de serlo para convertirlas en “prioritarias”, en las que puede participar el sector privado.

Eso significa, llanamente, privatizar al proceso de trabajo petrolero y al eléctrico, a pesar del discurso oficial que niega tal pretensión. El problema es que las transnacionales quieren definiciones precisas, no contenidas en la reforma constitucional. Por ello presionan para conocer los términos de la legislación secundaria, especialmente, la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo petrolero que, necesariamente, será trastocada casi en su totalidad.

El punto central son las características de los contratos de Exploración y producción de hidrocarburos. En las demás fases de los procesos de trabajo la situación es bastante clara, habrá inversiones directas. En el primer caso, sin embargo, la pretensión es que los contratos que el gobierno ofrece no sean solo de “utilidad compartida” sino, explícitamente de “producción compartida”.

La utilidad surge de las reservas pero las corporaciones quieren que el valor obtenido no sea solo en efectivo sino en especie, especialmente, para reportar como suyas tales reservas. El gobierno se encuentra en una contradicción, dice que la propiedad del petróleo seguirá siendo de los mexicanos pero no puede sostener sus dichos. Las transnacionales no están conformes con que la propiedad del subsuelo sea de la nación, la quieren para sí.

El gobierno peñista, entonces, maniobra para ceder en favor del capital.

La nota del corresponsal de La Jornada en Nueva York, indica que, algunos medios, como el Financial Times, han señalado que el asunto es difícil de manejar en el debate público, ya que el gobierno mexicano ha asegurado que los contratos de utilidades compartidas no incluyen ni un solo barril de petróleo en manos de empresas privadas, mientras se busca que, por lo menos en las maniobras de contabilidad, las empresas estadunidenses puedan reportar en sus declaraciones financieras ante la SEC que estos contratos incluyen bienes, o sea, reservas. Emilio Lozoya intentó explicarlo así al Financial Times: “las empresas no podrán contabilizar reservas. Sin embargo, acuerdos de compartir utilidades permiten globalmente a las empresas reportarlos en sus declaraciones financieras como bienes con expectativas de flujos de efectivo”.

Hay información contradictoria sobre a quién corresponde negociar con la SEC para permitir estos actos de magia que convierten, semánticamente, utilidades en reservas petroleras.

Fuentes citadas por el Financial Times afirman que el gobierno mexicano ha estado negociando esto directamente con la SEC. Ayman Asfari, ejecutivo en jefe de Petrofac, empresa de servicios petroleros con negocios en México, comentó al rotativo que no sólo el potencial de las reservas de México atraerá a las principales petroleras, también informó que Pemex y el gobierno mexicano han estado en pláticas con la SEC durante los seis u ocho meses recientes para asegurar que inversionistas extranjeros puedan registrar en sus estados contables su participación en utilidades en los contratos mexicanos como si fueran reservas.

Lozoya declinó responder cuando le preguntaron si México ha discutido este asunto con la SEC en Estados Unidos, reportó el Financial Times.

Las negociaciones “en lo oscurito” siempre son turbias. Eso lo sabe bien el gobierno priísta, especializado por décadas en esas prácticas corruptas.

Convertir el valor en efectivo de las utilidades compartidas en “volumen”, como ha dicho Ochoa Reza, significaría un manejo tramposo y ficticio. La SEC norteamericana tendría que cambiar sus propios criterios. Si las maniobras del gobierno prosperaran habría un escenario muy desfavorable para la nación.

Para obtener petróleo primero hay que buscarlo. ¿Quién hará la exploración? Pemex hace tiempo que abandonó esta función para cederla a las transnacionales. Si éstas realizan la exploración lo harán directamente o con una baja participación de Pemex, consecuentemente, los contratos otorgarían la mayor proporción de ganancias a las primeras. ¿Cómo y cuánto le pagaría el gobierno a las corporaciones? Estas impondrán el pago en especie, registrando a su nombre las reservas descubiertas cuya información poseerían en exclusiva. Pero aunque no fuera así, algún día se extraerá el petróleo descubierto. ¿Quiénes lo harían? Las transnacionales. Otra vez, ¿cómo se les pagaría? Evidentemente, en primer término, recuperarían los costos de extracción y, además, recibirían una proporción del valor del crudo de acuerdo a las cotizaciones internacionales. Si el pago fuese solamente en dinero, las corporaciones harían un gran negocio. No satisfechas, las transnacionales insistirán en contabilizar las reservas y registrarlas a su nombre. ¿Cómo lo impedirá el gobierno, con discursos, estando las transnacionales posesionadas en la práctica de las reservas?

La nota indica que, sin citar fuente, la agencia Reuters reportó que corresponderá a las empresas petroleras abordar con la SEC las formas en que podrán registrar sus contratos en sus declaraciones. A la vez, el subsecretario Ochoa reiteró a esa agencia que “los contratos para compartir utilidades serán redactados para ofrecer a los negocios las mejores posibilidades de obtener el financiamiento y la capitalización que requieren para llevar a cabo sus iniciativas, según las mejores prácticas internacionales”.

Explicó que aunque los contratos de participación en utilidades no permiten que se registren como reservas en los estados contables, “ni en México ni en ningún lugar, sí permiten que se registre un interés económico como nota en un estado contable de las declaraciones financieras”.

El gobierno de Peña pareciera ingenuo o mentiroso a ultranza. Si hay negociación con la SEC la harán las transnacionales, cuyo poder jamás ha sido transparente ni correcto para ninguna nación.

El hecho es que al intervenir las transnacionales en la exploración y producción de hidrocarburos, habrá varias contabilidades, una será la del gobierno y, otra, la de las corporaciones. En los registros contables podría no existir ningún registro de reservas pero tal registro podría hacerse con otras modalidades de “interés económico”.

El gobierno de Peña Nieto no tiene salida, su propuesta desnacionalizadora de Pemex y CFE no le permitirá siquiera un manejo demagógico. Lo que hace Peña es entregarse en brazos del capital salvaje que no sabe, ni quiere saber, de caballerosidad, transparencia ni nación. Lo demás son maniobras con baja probabilidad de éxito. El poder de las transnacionales es real y Peña es su empleado que no podrá darles órdenes ni siquiera pedirles información.

“Por la delicadeza sobre la propiedad del petróleo, el gobierno ofrecerá a inversionistas una participación en las utilidades del petróleo y gas que producen, en lugar de la cosa misma”, comentó The Economist, y señaló que esto fue causa de decepción entre algunos empresarios. Explicó que “la diferencia entre participación en utilidades y participación en producción podría ser semántica, especialmente si las utilidades están basadas sobre el precio de un barril de petróleo, lo cual –con un poco de torcedura de brazos sobre reglas de contabilidad en la SEC– podría contar como reservas”.

Algunos analistas dicen que el panorama es positivo. “Aunque ellos (las empresas petroleras que entren) no sean dueños de la reserva misma, pueden obtener un interés sintético en ella, y eso les ofrece de facto un incremento en acceso, entonces estarán extremadamente interesadas”, comentó David Gee, encargado del sector de energía de Estados Unidos del Boston Consulting Group a la cadena CNBC. Agregó que las empresas pronto desarrollarán estrategias sobre cómo “jugar” con las reformas y subrayó que “aun con estos cambios –mientras no sea una apertura completa del sector– son un cambio mayor, dada la historia y el contexto de la industria petrolera mexicana”.

Según un informe de Citi Research (de Citibank), si los acuerdos son negociados de tal manera en que las empresas puedan reportar como reservas su participación en los contratos bajo las reglas de contabilidad de la SEC (donde reservas son iguales al valor de la recuperación de costo e ingreso ganado), “los resultados podrían ser revolucionarios para el país”, reportó el New York Times.

Todo el comportamiento del gobierno es lesivo a la nación mexicana. Aparte de seguras modificaciones regresivas también a la ley petrolera secundaria, se tiene una larga experiencia de corrupción. En México, jamás se conocen los términos de los contratos firmados con las transnacionales, los cuales se consideran confidenciales, son secretos. Por lo mismo, aprobada la contra-reforma energética de Peña, la nación será entregada al capital privado, será la Expropiación petrolera extranjera. Se trata de un despojo mayor a la nación de sus recursos naturales energéticos y de las funciones estratégicas de los procesos de trabajo.


Ref: 2013, elektron 13 (279) 1-4, 27 agosto 2013, FTE de México.

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