energía, periódico del Frente de Trabajadores de la Energía

¡Lástima!, modernizadores” empedernidos, que cada día que pasa se documenta la sobada falsedad –hecha campaña mediática– de que Petróleos Mexicanos “no tiene recursos económicos suficientes para detonar y desarrollar infraestructura para generar más energía” (Peña Nieto y coro que lo acompaña), y que, por lo mismo, “es necesario” permitir la participación del capital privado en ese sector constitucionalmente reservado al Estado.

Resulta que a los más de 7 billones de pesos que, en impuestos y derechos, oficialmente Pemex aportó al erario durante la docena trágica panista (Fox y Calderón), hay que sumar el multimillonario “drenaje” de recursos petroleros, mediante ilícita “cañería”, practicado por el gobierno calderonista –cuando menos–, y encubierto por medio de una “tesorería paralela” y 39 filiales de la paraestatal que funcionan de forma extralegal. Por este concepto, y sólo en 2011 habrá que agregar no menos de 434 mil millones de pesos a las de por sí voluminosas ganancias de Petróleos Mexicanos.

El negocio, pues, boyante: lo “drenado” sólo en ese año equivale a 35 mil millones de dólares adicionales (al tipo de cambio de entonces) al rendimiento financiero oficialmente reconocido por Pemex, monto que prácticamente duplica la “inversión privada requerida” (versión oficial) para que México incremente sustancialmente su producción de crudo y garantice su futuro energético.

El asunto va así: “el gobierno de Felipe Calderón creó en 2010 una tesorería paralela de Petróleos Mexicanos en la que se depositan las ganancias de las 39 empresas filiales de la paraestatal que operan en el extranjero y que, de acuerdo con una muestra elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, durante 2011 obtuvieron ingresos por cerca de 434 mil millones de pesos que no reportaron al erario. En la revisión de la Cuenta Pública 2011, la ASF señaló que los activos de las filiales de Pemex en diversos países suman 92 mil 144 millones de pesos.

“Las ganancias que obtienen las filiales extranjeras de Pemex no pueden ser auditadas por el Congreso, ya que las empresas no están sujetas a la Constitución ni a la Ley de Petróleos Mexicanos, ni a la legislación que regula a las empresas de participación estatal mayoritaria. La decisión de Calderón de crear ‘una tesorería falsa’, paralela a la de Pemex permite que los recursos generados por las filiales se manejen al margen del Congreso” (La Jornada, Andrea Becerril).

De ese tamaño es la “carencia” de recursos públicos que “justifican” la participación del capital privado en la industria petrolera (aún) nacional. Y si la Auditoría Superior de la Federación documentó el andamiaje de dichos consorcios extralegales, obvio es que el Congreso lo sabe, y si es del conocimiento de éste, pues simple y sencillamente en Los Pinos tienen registro puntual de todo ello. ¿Por qué, entonces, en lugar de inventar pretextos y armar campañas mediáticas cretinas, amén de cínicas, el gobierno federal no dedica su esfuerzo a desbaratar el entramado que “drena” al erario?

Adicionalmente, La Jornada (Israel Rodríguez) informa que la telaraña del negocio es la siguiente: “el origen de PMI se remonta a junio de 1988, cuando la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto (hoy fusionada con la SHCP) autorizó a Pemex el 100 por ciento de la inversión en la empresa instrumental PMI Holdings BV, sin estructura, regulada por el derecho privado; jurídicamente separada de Pemex y del gobierno federal; domiciliada en Ámsterdam, Holanda, país con el que México había firmado tratados que evitaban la doble imposición fiscal al momento de transferir dividendos a nuestro país, revela la revisión de la Cuenta Pública de 2011, la más reciente realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

“Posteriormente, Pemex definió los criterios con los cuales operaría dicha empresa: sería una compañía instrumental, no estratégica ni prioritaria; no estaría sujeta a la Constitución ni a las leyes que rigen la administración pública federal. Tendría el carácter de empresa privada, cuya actividad estaría sujeta únicamente a la legislación aplicable de Holanda, donde estaría domiciliada, complementada por los estatutos y escrituras constitutivas de la misma compañía. La nacionalidad de PMI HBV la daría el lugar de su constitución, Holanda, no el capital aportado; por tanto estaría fuera del alcance de la legislación mexicana”.

Por si fuera poco, PMI HBV “no estaría obligada a formular presupuestos anuales ni a reportar en la Cuenta Pública, a la que, a su juicio, sólo debían reportar aquellas entidades paraestatales que estuvieran bajo control directo o indirecto del presupuesto, y PMI HBV no estaba en esa situación. Pemex no estaría en posibilidad de intervenir en la administración o en las decisiones de las empresas del Grupo PMI, constituidas mediante la propia PMI HBV. Dada la personalidad jurídica de esta empresa instrumental, el papel fundamental de los integrantes de su órgano de gobierno sería velar precisamente por los intereses de la misma, y no así por la de terceros, como podría ser el caso de Petróleos Mexicanos”.

Muy lejos está de ser una telaraña de la que “nadie se dio cuenta”, de un consorcio privado con recursos públicos que “nadie registró” o que “por casualidad” terminó en lo que hoy es. Pero insisten en que Pemex carece de dineros y, por lo mismo, “le urge capital privado”. Y aunque la Auditoría Superior de la Federación afirma que sólo hasta 2011 pudo documentar el “drenaje”, lo cierto es que el andamiaje quedó armado desde 1988, en el arranque del gobierno salinista, del que de una u otra forma –cinco lustros después– mamaron todos los “funcionarios” involucrados en la nueva intentona privatizadora.

Entonces, a 25 años de distancia, ¿a cuánto asciende el desfalco, el atraco a la nación?

Las rebanadas del pastel

Cápsula de memoria para quienes la registran como una declaración actual con listones tricolores: “vamos a rescatar el espíritu del cardenismo en Petróleos Mexicanos... Tuvo razón el general Lázaro Cárdenas en hacer ese acto de nacionalismo (la expropiación petrolera), pero también la tuvo en plantear una ley donde la participación de la iniciativa privada es perfectamente aceptable, viable y nacionalista” (senador panista y “negociador de Felipe Calderón en el tema energético”, según lo presentaban, Rubén Camarillo Ortega; febrero de 2008; actualmente es diputado federal por el mismo partido).

Twitter: @cafevega