A nombre del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas presentó una iniciativa de reforma energética. “Modernizar sin privatizar”, dice el PRD. No se considera ninguna modificación constitucional pero sí a 12 leyes secundarias, más una nueva, así como el aval a la privatización energética furtiva iniciada en 1992. Cárdenas propuso una consulta popular para el año 2015.

Complejo petroquímico Cangrejera. La propuesta de
Cárdenas es contradictoria, limitada y tibia

En el Monumento a la Revolución se reunió Cuauhtémoc Cárdenas con la dirigencia del PRD, legisladores y miembros del partido para dar a conocer la iniciativa de reforma energética anunciada días antes.

Cárdenas advirtió sobre la “amenaza oficial, entreguista y neoliberal”, en referencia a los cambios constitucionales en la materia propuestos por el Ejecutivo. Convocó a reunir un millón 630 mil firmas de electores, cantidad requerida para realizar una consulta, ésta sobre la vigencia de los artículos 27 y 28 constitucionales. Advirtió que “no hay nada que negociar, no hace falta cambiar” la Carta Magna. Se pueden discutir razones, pero “no negociar principios” (Urrutia A., en La Jornada, p.2, 20 agosto 2013).

Admitió que aun cuando la figura de consulta popular está en la Carta Magna, aún no hay una ley secundaria que la regule, por lo que será necesario basarse en la disposición constitucional.

De prosperar la conjunción de firmas, acreditadas ante notario público, la consulta debería realizarse de forma concurrente con la elección federal de 2015, con lo que sería la primera consulta efectuada en el país.

Luego, acudió al Senado para entregar la iniciativa y sostuvo: “me han preguntado qué es lo que vamos a negociar. Yo les he dicho que no tenemos nada que negociar. El 27 y 28 de la Constitución, de acuerdo con la visión que tenemos y las propuestas que estamos haciendo, no hace falta cambiar. Estamos abiertos a conocer razones, a ponderarlas (...) pero no porque estemos negociando nuestros principios. Pemex y CFE, nuestros yacimientos, no tienen razón para pasar a ser manejadas con criterios particulares, sino con el interés del pueblo de México”.

También se refirió al manejo que hace Peña Nieto sobre Lázaro Cárdenas. “¿Dónde cabe pretender sustentar esta reforma retrograda en la figura de Lázaro Cárdenas? Es falaz la utilización que se hace de su nombre, de quien encabezó la lucha por el rescate y pleno ejercicio de la soberanía de la nación del siglo XX. Ofende a quienes verdaderamente se identifican con sus ideas y su obra. Ofende la inteligencia y el sentido común. Nadie más lejos de una política entreguista que Lázaro Cárdenas, nadie más lejos de mentir al pueblo mexicano, nadie más lejos de oportunismo demagógico.”

Cárdenas cuestionó la propuesta presidencial, que tiene “un claro objetivo de desplazar al Estado mexicano del control y el manejo de su riqueza petrolera, puntal de su independencia económica”. Enumeró los presuntos beneficios que tendría la reforma constitucional, para concluir que ni el crecimiento económico proyectado, ni la reducción de los precios en los energéticos tienen sustento.

“No hay una cifra que los sustente, ni un análisis y proyecciones serias de la economía nacional en los próximos años, ni un estudio del desenvolvimiento de la industria petrolera internacional, ni menos la definición de una política petrolera integral que requiriera de esos montos de producción mayores o menores, en los horizontes de 2018 y 2025.”

Consideró que el actual régimen fiscal de Pemex es confiscatorio y “económicamente irracional, financieramente insostenible y no tiene comparación ni nacional ni internacional, ni en la industria petrolera ni en ninguna otra rama de la actividad”.

Reivindicó que parte central de la propuesta de reforma perredista pasa por cambios sustanciales en el régimen fiscal de Pemex; toma en cuenta la necesidad de dotar de mayores recursos de inversión a la empresa y mantener un flujo aceptable de los ingresos fiscales que recibe Hacienda, así como prolongar lo más posible la vida de las reservas, satisfaciendo al mismo tiempo la demanda nacional.

A diferencia de Peña Nieto, la propuesta del PRD no considera ninguna modificación constitucional. Cárdenas se ha manifestado especialmente en contra de la reforma al artículo 28 constitucional, en cuyo párrafo 4º Peña suprime a las actividades de hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad, actualmente consideradas como “estratégicas”, con la explícita intención de cederlas al capital privado.

Eso es totalmente cierto y corresponde al plan de privatización oficial aún cuando el gobierno lo niega sin poder sustentarlo. De hecho, se trata de la entrega a las transnacionales de las principales fases, casi todas, de los procesos de trabajo, eléctrico y petrolero.

El FTE comparte la propuesta de no reformar a la Constitución, ni en el artículo 27 ni en el 28. Pero, no comparte varias de las propuesta de Cárdenas a la legislación secundaria, algunas podrían ser correctas pero otras no lo son.

La iniciativa de Cárdenas se refiere, esencialmente, a la cuestión petrolera y minimiza la parte eléctrica que Peña Nieto pretende “descuartizar”. Más aún, avala los procesos de privatización furtiva que, en el caso eléctrico, llegan ya al 52% de privatización en la generación eléctrica.

Respecto a la consulta que propone Cárdenas hay tres consideraciones. Una, se está dando por un hecho que la reforma de Peña Nieto será aprobada, lo cual es muy probable si el asunto se queda restringido a las Cámaras. Dos, Cárdenas se muestra institucional acrítico al plantear el disenso a través de los aparatos legislativos, en los cuales la votación es previsible; con los votos del PRI, PAN y PVEM se lograría una mayoría calificada, sin necesidad de los votos del PRD. Tres, la consulta para el 2015 sería extemporánea y con probabilidad de éxito relativo. La consulta se podría hacer pero sus consecuencias serían pobres.

Independientemente de las propuestas específicas, que en su momento analizaremos en detalle, las principales debilidades de la iniciativa del PRD consiste: uno, en omitir la privatización energética furtiva avalando su continuación, como lo hizo el PRD en el 2008 al aprobar la contra-reforma energética de Calderón y, dos, canalizar el descontento burocráticamente al margen del pueblo al que asignan el papel de observador, confiando en los legisladores que actúan contra la nación incluyendo a varios perredistas.

La iniciativa de reforma energética que entregó el PRD al Senado considera cambios en 12 leyes y la creación de una que regule el Fondo de excedentes petroleros. Plantea “descargar fiscalmente a Petróleos Mexicanos”, mediante un cambio en su régimen fiscal y, paralelamente, transformar la composición de su consejo para crear un gobierno corporativo encabezado por el secretario de Energía como representante del Estado (Urrutia A., en La Jornada, p.2, 20 agosto 2013).

El documento propone la modificación a la tasa del derecho ordinario sobre hidrocarburos, que pasaría de 71.5 a 62.5 por ciento en un periodo de transición de cinco años, lo cual implicaría, al término de ese lapso, 150 mil millones de pesos adicionales, que se canalizarían exclusivamente a la inversión pública productiva de Pemex.

Esos recursos se destinarán a exploración y producción de hidrocarburos y transformación industrial de los mismos.

También, a autosuficiencia de insumos petroquímicos y productos derivados, mantenimiento, comercialización, distribución, transportación, almacenamiento, investigación y desarrollo tecnológico, transición energética e internacionalización de la paraestatal.

Se actualiza la tabla del derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización, al poner como piso un precio por barril de 80 dólares.

Los cambios dotan de autonomía presupuestal y de gestión a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, cuyos presupuestos serán remitidos para incorporarse al proyecto de presupuesto por la SHCP.

Los directores de Pemex y CFE serán propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Se pretende que sean “verdaderas empresas públicas”, definidas como “entes económicos que organizan los factores de la producción a efecto de cumplir con su objeto y el interés general de la nación”.

Se pugna por fortalecer la Secretaría de Energía y las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, con el fin de definir una estrategia nacional de energía, que fijará sistemáticamente sus objetivos y las metas anuales de Pemex. En cuanto a ambas comisiones, se transformarán de organismos desconcentrados en descentralizados con personalidad jurídica, y gozarán de autonomía de gestión.

Se convertirá el fondo de estabilización de ingresos petroleros en un organismo financiero cuyos recursos serán administrados en una cuenta del Banco de México y sólo podrán ser utilizados por resolución expresa de la Cámara de Diputados, previa solicitud fundada de la SHCP.

Sus recursos se destinarán a compensar disminuciones inesperadas de ingresos petroleros y financiar proyectos prioritarios para el desarrollo de entidades públicas del sector energético, entre otros.

Peña Nieto repite en los medios que su reforma constitucional, de la que no ha presentado la legislación secundaria, no es para privatizar sino para modernizar, a Pemex y a la CFE. Evidentemente, miente y manipula la información. Sus propuestas son plenamente privatizadoras.

El PRD, por su parte, ha acuñado la idea de “Modernizar sin privatizar”. ¿Cuál es la diferencia? Ante todo, la reforma constitucional. Peña la propone, el PRD no. En lo demás, algunas propuestas de Cárdenas a la legislación secundaria son coincidentes con las de Peña e, incluso, del PAN. Es el caso de la llamada “autonomía de gestión”, el apoyo a la investigación científica y otras menores.

También, con diferentes ópticas, se proponen cambios al régimen fiscal. Peña y el PAN proponen reformas, no explicadas aún, posteriores a la aprobación de la reforma constitucional con el evidente propósito de favorecer a las transnacionales. Cárdenas propone reducir el derecho ordinario sobre hidrocarburos en 10 puntos, lo cual es importante pero insuficiente.

La propuesta de Cárdenas, quien declara que “no hay nada que negociar, deja abierta la negociación “pragmática”, misma que sería posible pero inaceptable.

Cárdenas omite el grave proceso de destrucción oficial de la industria eléctrica nacionalizada, representada por la CFE, a la que apenas menciona. Tanto en el caso de Pemex como de la CFE propone que se consideren como “empresas públicas”. Eso es, precisamente, lo que pretende Peña Nieto y allí reside parte de la trampa privatizadora.

Actualmente, Pemex y la CFE representan a “industrias nacionalizadas”, lo cual es muy diferente a “empresas públicas”. La industria se encarga, de manera exclusiva, de realizar todas las actividades del proceso de trabajo, la empresa se encarga de realizar solamente una parte. Lo que Peña propone, es desintegrar a los procesos de trabajo, cuya fragmentación empezó desde 1992, para entregar las funciones a otras “empresas”, principalmente extranjeras.

En esa perspectiva, Pemex y la CFE, de ser industrias se convertirían en empresas, incluso con el mismo nombre pero SIN las funciones que ahora realizan. Que sean “públicas” no atiende al fondo de la asunto, al contrario, lo soslaya. El mismo Peña está de acuerdo. Por eso repite que, ni Pemex ni CFE se privatizarán, con el evidente propósito de engañar a la sociedad. Peña cree que la privatización consiste, únicamente, en vender “tornillos” o “fierros”, como ha dicho Téllez. Con esas barbaridades, omite deliberadamente, la entrega de funciones estratégicas (exploración y producción de hidrocarburos, refinación de petróleo, petroquímica, gas, generación eléctrica y otras) al capital privado.

De manera que, Cárdenas avala las propuestas de Peña Nieto, aún sin reforma constitucional.

Estas “coincidencias” son evidentes cuando Cárdenas propone “fortalecer” a los órganos reguladores. Lo mismo proponen Peña, el PRI y el PAN. Esos organismos, como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así fueran descentralizados, son y seguirían siendo las oficinas del Ejecutivo para otorgar permisos y contratos privados. Para eso fueron creadas de acuerdo a las propuestas del Banco Mundial para regular la privatización.

Con tales “coincidencias” la intención es obvia: negociar. Así, el PRD terminaría rechazando la reforma constitucional pero aprobando lo demás. Esto significa avalar la privatización furtiva, la “modernización” que propone Peña.

Que el PRD diga propagandísticamente “modernizar sin privatizar” es equivalente a lo que dice Peña Nieto. Para este individuo “modernizar es privatizar”. “Modernizar sin privatizar” representa un manejo borroso: “Privatizar sin privatizar”, lo mismo que repite Peña y demás priístas.

El FTE está de acuerdo con Cárdenas en no reformar a la Constitución pero está en desacuerdo con la privatización furtiva. Aunque es bastante inútil, llamamos a los perredistas a no seguirse embarcando contra la nación. Para ello debe haber congruencia. ¿Qué hacen en el Pacto? La misma apuesta sobre una democracia irreal, creyendo que serán escuchados en la tribuna de las Cámaras, es una simple ilusión para simular que están luchando.

La situación es tan grave que la única manera de impedir y, en su caso, revertir el asalto contra la nación está en la acción organizada de la mayoría del pueblo mexicano, la cual omite Cárdenas.

Como en otras ocasiones, todo apunta a que la “izquierda” oficial volverá a quedar “a la cola” de los acontecimientos. Son ya cien años de la historia reciente y no parece que haya cambios coherentes. Una vez más, quedará confirmado que los grandes problemas nacionales no se resuelven en las Cámaras, los únicos que insisten son los propios aparatos políticos, como el PRD, por ser parte del Estado y compartir políticas inadecuadas y, en varios aspectos coincidentes con el gobierno.


Ref: 2013, elektron 13 (271) 1-4, 24 agosto 2013, FTE de México.