Para apuntalar su propuesta de reforma energética privatizadora, los funcionarios del gobierno, banqueros y empresarios hablan de cifras sin sustento y las cambian al gusto. Hablan de crecimiento económico y creación de empleos. Las cifras son disímbolas dependiendo de quién o quienes las dicen. (FTE). México SA Reforma: cálculos al gusto De tin marín de do pingüé A jugar: atínele al beneficio Por C. Fernández-Vega Artículo tomado de La Jornada, 15 agosto 2013. El futuro venturoso que –según ellos– garantiza la iniciativa energética peñanietista ha desquiciado a la selecta industria de los cálculos y los pronósticos. Cada jubiloso seguidor de la causa privatizadora incrementa o acota” el bienestar y el crecimiento económico que –otra vez según ellos– generaría la susodicha “reforma”. Todo depende del entusiasmo que cada uno le ponga y qué tan convencido esté de los eventuales resultados (léase de la tajada que para sí obtendría). Por ejemplo, meses antes de que el presidente Peña Nieto formalmente presentara la referida iniciativa, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell –sin experiencia previa en el sector– aseguraba que “con la aprobación de la reforma energética (...) se podría dar un empuje adicional al crecimiento del país de 2 puntos porcentuales del producto interno bruto” por año. Eso fue por allá de marzo pasado, pero ya con el documento publicado, ahora el cálculo del político quintanarroense se redujo a uno por ciento del PIB (“a partir de 2018”). ¿Por qué modificó el cálculo? Sólo él sabe. Se supone que todos los “estimadores” y “calculadores” profesionales –oficiales y oficiosos– parten de la misma base, de las mismas cifras y de la misma “realidad”, para analizar el efecto de tal o cual decisión y los maravillosos beneficios que por ella se obtendrían. ¿Por qué, entonces, las profundas diferencias? ¿Estado de ánimo, acto de fe, mala lectura inicial o posterior? Quién sabe. Otro ejemplo se encuentra en la perspectiva de empleo formal que se generaría si la multicitada iniciativa es aprobada por el Congreso mexicano: en estos días de júbilo nacional, el director general de Petróleos Mexicano, el empresario Emilio Lozoya, aventuró “al menos 500 mil plazas laborales directas en el corto plazo” (es decir en un año, plazo en el que no coincide el titular de la Sener, aunque sí en el número de plazas), pero ya en el detalle aclaró que “la generación de empleos (...) podría ascender a 2.5 millones en el sector hacia 2025”, o lo que es lo mismo poco más de 200 mil por año involucrado en el periodo (no aclaró si permanentes o eventuales). Tal vez la primera declaración del otrora integrante del consejo de administración de la trasnacional española OHL (la que, por gracia de Marcelo Ebrard, cobra peaje en el segundo piso del Distrito Federal) se dio al calor de justificar lo dicho por el emocionado inquilino de Los Pinos, en el sentido de que con su “reforma” se crearían “cientos de miles de empleos en todo el territorio nacional”. Con todo, la experiencia mexicana de los últimos 30 años indica que el número de desocupados en el país crece a cada “reforma estructural” que se aprueba. Pero no sólo en el sector público se cuecen habas. El Grupo Financiero BBVA-Bancomer considera que “involucrar el capital privado en áreas del sector energético que hoy están reservadas al Estado aumentaría el potencial de crecimiento de la economía mexicana en medio punto porcentual”, proporción que equivaldría a unos 5 mil 800 millones de dólares, es decir, nada, frente a las urgencias nacionales. Eso sí, estima la trasnacional española, “con mayor inversión privada Pemex tendría un menor porcentaje del mercado, pero de algo más rentable”, y a cambio obtendría un raquítico incremento de 0.5 por ciento en el PIB. Eso dicen los “calculadores” del BBVA-Bancomer, basados, se supone, en “la realidad” petrolera nacional y en la información gubernamental. Sin embargo, sus paisanos del Grupo Financiero Santander parece que, con la misma información, entienden esa “realidad” de otra manera o con otro feeling, pues creen que “la apertura del sector, tal y como la propone el Ejecutivo federal, permitirá un incremento de 2 puntos porcentuales en el producto interno bruto de México”, es decir, cuatro tantos más de lo previsto por los primeros. ¿Por qué la abismal diferencia? ¿Será que unos son vascos y los otros santanderinos? Pero los gachupines no son los únicos que no coinciden. Allí está la trasnacional estadunidense Citigroup-Banamex, que todavía ve mejor el panorama, aunque en el plano laboral. Para sus analistas, con la “reforma” peñanietista la inversión en el sector energético sería de entre 15 y 20 mil millones de dólares (de 2.5 a 3 tantos mayor que la estimada por el BBVA-Bancomer), “sólo considerando algunas actividades”, de tal suerte que el impacto en el PIB sería de 1.5 puntos porcentuales “en el primer año de su implementación”. Al contrario del emocionado cálculo del gobierno federal, en materia de empleo Citigroup-Banamex apenas si estima la creación de entre 45 y 55 mil plazas laborales, diez veces menos, en números cerrados, que los presumidos por Emilio Lozoya, Pedro Joaquín Coldwell y el propio inquilino de Los Pinos. ¿Por qué la abrumadora diferencia en inversión, crecimiento y empleo? Y ya entrados en gastos, el siempre voluntarioso Consejo Coordinador Empresarial (¿recuerdan aquello de “apostarle a algo distinto implicaría retroceso”?) se fue hasta la cocina: por medio de su Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, estima que la “interesante e inteligente” propuesta de Enrique Peña Nieto “podría atraer inversiones de entre 50 mil y 70 mil millones de dólares anuales”, es decir, casi 12 veces más que las estimadas por BBVA-Bancomer y hasta 3.5 tantos más que la prevista por Citigroup-Banamex. Ahora que si finalmente se aprueba el otorgamiento de concesiones a particulares, entonces tal inversión llegaría a 100 mil millones de dólares anuales. ¿Alguien más? Hagan sus apuestas. Twitter: @cafevega D.R.: cfvmexico_sa@hotmail.com Ref: 2013, elektron 13 (251) 1-2, 17 agosto 2013, FTE de México. Esta página es construida por trabajadores del sector energía.
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