energía, periódico del Frente de Trabajadores de la Energía

Por C. Fernández-Vega
Artículo tomado de La Jornada, 13 de agosto de 2013.

¡Felicidades, mexicanos crédulos!, que de Pemex no se vende ni un tornillo”, pero sí se privatiza el mercado y la renta petrolera, mientras que en materia eléctrica cómodamente se legaliza lo ilegal, o lo que es lo mismo, la creciente participación privada en dicha actividad. Para ello se pretende modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, con el fin de “celebrar contratos de utilidad compartida con el sector privado”, reclasificar la petroquímica básica y autorizar la “participación conjunta” (léase gobierno y particulares) en la Comisión Federal de Electricidad.

Todo con base “en las ideas fundamentales de las reformas del presidente Lázaro Cárdenas, consecuentes con la expropiación petrolera de 1938”, y las que “guiaron” a la Esfinge de Jiquilpan en materia eléctrica. Dado lo anterior, “la recuperación del diseño original cardenista, motivo de la iniciativa implica necesariamente una reforma constitucional... La propuesta que se presenta es congruente y consistente con las ideas fundamentales del presidente Lázaro Cárdenas”.

Ese es, en resumidas cuentas, el quid de la iniciativa energética del presidente Enrique Peña Nieto, la cual comienza por privatizar al propio general Lázaro Cárdenas, un truco utilizado desde tiempos del mariguanero Vicente Fox y su entonces director de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corso, quienes –como ahora lo hace el inquilino en turno de Los Pinos– usaron a conveniencia –mediante corte y confección– el discurso y la línea marcada por el expropiador del oro negro nacional.

La citada propuesta busca “eliminar la prohibición de que el Estado celebre contratos (con el capital privado) para la explotación de hidrocarburos, y sustraer de las áreas estratégicas del Estado a la petroquímica básica y dar certeza a nivel constitucional para que las actividades de la industria petrolera, tales como el procesamiento de gas natural y la refinación del petróleo, así como el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos y sus derivados puedan ser realizadas tanto por organismos del Estado como por los sectores social y privado, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo federal”. Y en materia eléctrica se limita al “desarrollo del sector basado en la participación conjunta de la Comisión Federal de Electricidad y de particulares”.

El texto de la iniciativa asegura “retomar los fundamentos cardenistas”. ¿En serio? Bueno, pues va un repaso de esas “ideas fundamentales” y la “congruencia y consistencia” que con ellas dice mantener la iniciativa presidencial:

En su cuarto Informe de gobierno (1938), el general Cárdenas subrayó: “y para evitar en lo posible que México se pueda ver en el futuro con problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, se pondrá a la consideración de vuestra soberanía que no vuelvan a darse concesiones del subsuelo en lo que se refiere al petróleo y que sea el Estado el que tenga el control absoluto de la explotación petrolífera”.

En su quinto informe (1939), la Esfinge de Jiquilpan subrayó: “si una parte de las fuerzas productivas del país se retrae y no participa u opone resistencia a esta grande empresa nacional; si para algunos elementos no existe otra mira ni propósito que obtener de sus inversiones el máximo de utilidades para beneficio propio exclusivamente, no sería concebible que la Revolución, nacida de una protesta del país entero en contra de un sistema económico estrictamente individualista y utilitario, y habiendo mantenido este espíritu durante 28 años, detuviera su marcha ante la consideración de que sus actos pudieran provocar momentáneos trastornos, contribución insignificante cuando se trata de alcanzar una organización económica que, descansando sobre bases humanas y de justicia, provoque permanente bienestar y un robustecimiento sano y fecundo de la explotación de los recursos del país.

“Fomentar la riqueza para aumentar las utilidades de los inversionistas; emplear los fondos y la autoridad pública en rodear de todo género de facilidades y garantías a los privilegiados para que éstos retiraran un mayor lucro sin otro fin que disfrutarlo en beneficio propio, dictar leyes protectoras de esta política grata a los que ven en la riqueza un objetivo final sin preocuparse de quienes la disfruten, constituyó el ideal político de los gobernantes del país durante un largo periodo de nuestra historia y fue la causa del desencadenamiento en su contra de las incontrastables energías populares y del triunfo de la Revolución... los recursos del país no deben constituir reservas especiales en provecho de intereses personales, nacionales o extranjeros, sino ser explotados en beneficio de la colectividad”.

Por si hubiera duda el general Cárdenas advirtió: “mi gobierno (...) se encontró dentro de los términos contradictorios de un dilema ineludible, constituyendo uno de sus extremos la subordinación de todo programa de mejoramiento social a la conservación de la riqueza organizada, solución preferida por la clases conservadoras que, cerrando los ojos a la miseria y a las necesidades del pueblo, han perseguido un interés lucrativo individualista. El otro extremo (...) la organización solidaria de los trabajadores... El gobierno se decidió por este último extremo del dilema”.

Y en su último informe (1940): “bastó al gobierno considerar el supremo interés nacional de la reivindicación de la riqueza petrolera para negarse a toda sugestión que pudiera conducir las cosas a nada que fuera parecido a la antigua situación, esto es, la principal riqueza del país en poder efectivo de la gestión extranjera aunque se cubriera bajo la estructura de compañías nacionales. Con el mismo estímulo el gobierno ha debido rechazar en anteriores negociaciones con las empresas afectadas por la expropiación, algunas proposiciones que se le hicieron y que acaso sean renovadas en lo porvenir en el sentido de la formación de una gran empresa concesionaria de los bienes expropiados”.

Y de cereza: “el gobierno que presido, sin ánimo de trazar normas de futuro, se permite, sin embargo, consignar que es un afán patriótico de todo el país el que la riqueza rescatada legalmente (...) sea una conquista definitiva para la nación. Y espera que el pueblo mexicano, cuya capacidad de sacrificio y resistencia acaso sea puesta a prueba en nuevas ocasiones por la tenacidad agresiva de los intereses en lucha, sabrá sostenerse en su firme voluntad de defender (...) el valor más importante del patrimonio nacional”.

Las rebanadas del pastel

Así, o más “coincidencias” privatizadoras.

D.R. cfvmexico_sa@hotmail.com