En México, la privatización del agua está generalizada. Tres modalidades se aplican para la privatización de los organismos operadores: contratos de servicios, concesiones y empresas mixtas. Van décadas de malas experiencias, en todas partes los resultados son desastrosos. Se necesita nacionalizar las aguas nacionales y reorganizar el proceso de trabajo a través de un solo Organismo nacional.

Desabasto de agua, situación insoportable e indignante FOTO: F. Olvera

Diversas ONG´s insisten en el “derecho humano” al agua. Atendiendo sus razones los legisladores aprobaron en 2012 una reforma constitucional para incluir ese derecho. El FTE insiste en que, para ser ejercido el derecho no basta definirlo como “humano”·, debe ser un derecho social.

Los hechos le dan la razón al que la tiene. El “derecho humano” al agua está escrito y es constitucional pero no se espeta. En los hechos, lo que existe es una privatización creciente. Por tanto, no existe el derecho “social” y menos el “humano”.

Así se muestra en prácticamente todo el país. Lo dice la prensa nacional.

Desde enero la distribución del líquido en Ramos Arizpe, Coahuila, está en manos de una empresa privada, mientras el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, propuso que la dotación de agua potable la realice una compañía privada (Enciso A., en La Jornada, p.44, 15 julio 2013).

Hasta ahora el proceso de privatización de los organismos operadores se lleva a cabo en siete ciudades, bajo tres modalidades: contratos de servicios en el Distrito Federal y Puebla; concesiones en Aguascalientes, Cancún, Isla Mujeres y Navojoa, y con empresas mixtas en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, explica Gloria Tobón de la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo en el estudio La participación privada en los organismos operadores y el derecho humano al agua.

Detalla que en el Distrito Federal, Aguascalientes y Cancún tienen ya casi 20 años en operación; en Saltillo cumplió 11. La concesión de Navojoa se rescindió en 2005, debido al incumplimiento de la empresa con el contrato firmado y lo mismo ocurrió en 2009 con el contrato de servicios firmado en Puebla.

El caso más reciente es el de Tuxtla Gutiérrez, donde el congreso de Chiapas está por resolver la iniciativa del presidente municipal, Samuel Toledo, en la cual se plantea transferir el manejo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), mediante un contrato de prestación de servicios, a la empresa privada que gane un concurso de licitación.

La ganadora tendrá a su cargo el manejo del SMAPA durante un periodo que va de 20 a 25 años, e invertiría inicialmente 589 millones de pesos.

El proyecto, denominado Mejora Integral de Gestión del SMAPA, promete que en 2016, 99 por ciento de la población podrá beber el agua de la llave, explica en un pronunciamiento la organización Otros Mundos Chiapas.

Agrega que experiencias de sistemas privatizados a escala nacional e internacional “no han sido tan exitosas como nos quieren hacer ver: cobros excesivos, beneficio de unos cuantos, cortes del servicio, falta de transparencia, mala calidad del líquido, despido de trabajadores son algunos de los problemas a los que se agrega que los gobiernos han velado más por los intereses económicos de esas empresas que por el derecho de los ciudadanos al agua, reconocido en los instrumentos internacionales y en el artículo cuarto constitucional”.

En Ramos Arizpe el cabildo aprobó la formación de una empresa de participación mixta: 51 por ciento de acciones del municipio, 48 por ciento de Aguas de Saltillo –de la empresa española Aguas de Barcelona– y uno por ciento de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Coahuila, para suministrar el servicio de agua potable y alcantarillado de la ciudad, detalla Gloria Tobón.

A partir del inicio operaciones de Aguas de Ramos Arizpe, en enero de este año, “los abusos no se hicieron esperar”. Entre éstos enumera cobros arbitrarios de adeudos –no demostrados por la empresa ni reconocidos por los usuarios– “de varias decenas de miles de pesos, lo que ha ocasionado gran angustia, en especial entre los ramosarizpenses más pobres”.

Además, hay aumento de tarifas por consumo de casi el doble para todos los rangos, y amenazas de corte del servicio a quienes no paguen adeudos, señala.

La experiencia que ha dejado el caso de Saltillo –primera ciudad en la que se dio la participación de una empresa privada en el organismo operador del sistema de agua a través del sistema de empresa mixta– ha sido la violación al derecho humano que incluyen “precios exorbitantes” por la conexión a los servicios; aumentos indebidos de tarifas y falta de información sobre la calidad del agua.

Entre 2001 y 2013 se dieron incrementos en los cargos básicos de contratación de los servicios de agua y drenaje de entre 248 por ciento a 343 por ciento; en el caso de la vivienda popular pasó de 2 mil 208 pesos a 8 mil 424, y en la residencial se elevó de 3 mil 318 pesos a 4 mil 705, precisa el documento.

En el lenguaje tergiversado de los gobiernos neoliberales, modernización es sinónimo de privatización o de apertura privada. Se trata de un verdadero robo y agravio a la población. Pero, ¿dónde está la respuesta? ¿Por qué se acepta, pasivamente, que las transnacionales se apropien del agua, la comercialicen y enriquezcan?

Una de las razones es por la carencia de organización, no existen mecanismos colectivos mínimos para la protesta. Sin protesta no hay salida. Los organismos del agua, incluso los parcialmente privatizados, simplemente hacen caso omiso de sus deberes, los propios municipios toleran los abusos y se niegan a escuchar las quejas.

Organizarnos es la palabra clave y hay que hacerlo ya. La otra opción consiste en aguantar sumisos hasta que las transnacionales y gobiernos nos pongan de rodillas. Indignante es carecer de agua, más lo es no protestar.


Ref: 2013, elektron 13 (211) 1-2, 1 agosto 2013, FTE de México.