Contrariamente a lo que se había comprometido, la empresa reactivó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje un “conflicto colectivo de naturaleza económica”, cuyo objetivo es la reducción drástica de las condiciones laborales para los sobrecargos de aviación. El gobierno avala a la empresa.

Con motivo de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) para el período 2013-2015, empresa y sindicato firmaron el correspondiente convenio de revisión. En ese convenio, la empresa se comprometió a suspender, de manera definitiva, la demanda del “conflicto colectivo de naturaleza económica” que había interpuesto ante el tribunal laboral. Ese compromiso fue a cambio de que no estallara la huelga emplazad para el 1 de junio y que se estableciera una comisión mixta para analizar el tema, consistente en condiciones laborales nuevas, diferentes e inferiores para los trabajadores de nuevo ingreso.

El convenio fue testificado por las autoridades laborales, específicamente el titular de la secretaría del trabajo y previsión social (STPS) de Peña Nieto. ¿Qué pasó? Muy simple, ni empresa ni gobierno respetan el acuerdo.

Ante esta situación, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) informó que se defenderá jurídicamente y acudirá no sólo a tribunales nacionales, sino incluso internacionales, contra la acción que tomó Aeroméxico de reactivar una “demanda de conflicto colectivo de naturaleza económica”, a través de la cual busca reducir las condiciones laborales de los nuevos sobrecargos, recortar los ingresos de estos trabajadores hasta 60 por ciento y eliminar prestaciones para darles las mínimas de ley (Muñoz P., en La Jornada, p.23, 5 julio 2013):

De acuerdo a algunas versiones, la ASSA y sus abogados harán la defensa jurídica ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que en este tipo de demanda la empresa tendrá que demostrar que se encuentra en una situación financiera crítica para solicitar la reducción de salarios y condiciones laborales.

La ASSA indicó que se trata de una “acción burda” de la compañía aérea para intimidar a los trabajadores de base. Acusó a Aeroméxico de recurrir al engaño pues en una asamblea de revisión contractual, representantes de la compañía hablaron con los sobrecargos y los convencieron de que se retiraría la demanda a cambio de que se levantara el emplazamiento.

Como siempre ocurre, la STPS interviene para la conciliación de los conflictos laborales, a veces impositivamente, otras para avalar convenios. Esta vez no fue la excepción pero no cumplió.

La ASSA aseveró que la STPS incumplió sus compromisos relacionados con el proceso de negociación de condiciones laborales para los sobrecargos de Aeroméxico (Martínez F., en La Jornada, p.5, 6 julio 2013).

La aerolínea pretende fijar un esquema para personal de nuevo ingreso que representa un desplome de 64 por ciento de los sueldos, respecto de los actuales, por lo que el sindicato rechazó la propuesta. La empresa, a su vez, reactivó una demanda ante la JFCA, a fin de que se autoricen los cambios con el argumento de que se encuentra en una situación económica difícil.

El diferendo ASSA-STPS se desprende de lo firmado el 1º de junio pasado en el convenio de revisión contractual. En la cláusula séptima del documento se lee:

“En relación con el conflicto colectivo de naturaleza económica que ha presentado la empresa ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ésta está obligada a suspender indefinidamente cualquier audiencia, notificación o escrito alguno, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social asume el compromiso que a la mayor brevedad hará las gestiones para que ese asunto pueda darse por terminado”.

El sindicato ponderó el párrafo anterior, así como una carta de la STPS a los sobrecargos en ese mismo sentido, firmada por el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete. En un comunicado de prensa se refirió al contenido de la cláusula sexta del mismo documento, en la cual trabajadores y empresa aceptan construir una comisión bilateral que tendrá por objeto revisar el modelo integral en la aerolínea, como vía para elevar la productividad y competitividad.

“Esta comisión –se precisa en la cláusula sexta– deberá de arribar a conclusiones en un periodo de tres meses. El primer tema a resolver por dicha comisión será el relativo a las condiciones laborales de nuevos sobrecargos, en los términos de costo del conflicto de naturaleza económica planteados por la empresa. Este punto deberá quedar concluido antes del primero de julio de 2013”.

En el comunicado emitido el 5 de julio, tras la audiencia del proceso reactivado en la JFCA, la STPS aseveró que frente a ese acuerdo firmado “la Secretaría se comprometió a que ‘a la mayor brevedad’ haría las gestiones para que dicho conflicto ‘se pueda dar por terminado’ (sic). Se acordó con claridad que esto sucedería después de resuelta la cláusula-compromiso”.

La dependencia aseguró que la JFCA le comunicó que el pasado 2 de julio la empresa presentó un escrito en el cual solicita la continuidad del procedimiento, aduciendo la ausencia del cumplimiento de la cláusula-compromiso. Cita que ASSA manifestó, en la audiencia de ayer (5 de julio), su inconformidad por la reanudación de este proceso.

El dirigente de la ASSA, Ricardo del Valle, dijo en entrevista: la cláusula sexta no consigna condición o porcentaje en particular (...) me parece preocupante que la STPS afirme algo que no está en el convenio. Nosotros sólo nos hemos referido a lo que establece el convenio, cuya cláusula séptima indica claramente que se suspenderá indefinidamente el conflicto de naturaleza económica y que el secretario hará las gestiones para que esto quede concluido”.

El titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, instó a la JFCA a emitir el peritaje de la situación económica que priva en Aeroméxico, con base en las pruebas presentadas por sindicato y empresa (Martínez F., en La Jornada, p.18, 11 julio 2013).

El viernes pasado (5 de julio) se celebró la primera audiencia de este juicio; luego se dio un plazo de tres días para que la ASSA presente sus alegatos, a fin de que el lunes entrante (15 de julio) se realice una segunda audiencia. La representación de los trabajadores considera que Navarrete Prida incumplió su compromiso de “suspender indefinidamente” los trámites para esta demanda.

Técnicamente la resolución de la junta sería emitida en agosto, luego del periodo vacacional de este tribunal. Por lo pronto, el sindicato solicitó una reunión con los peritos, encargados de evaluar la situación económica de trabajadores y empresa.

El secretario Navarrete Prida dijo que fue “informado” del curso que ha tomado este asunto:

“A mí me han informado que debería rendirse ya un peritaje y que los peritos no emitan el peritaje sólo con base en los datos de la empresa sino que emitan (su resolutivo) corriéndole primero vista al sindicato para que exprese lo que a su derecho convenga acerca de las finanzas de la empresa y de ello se pueda emitir un peritaje más serio”.

Aseveró que la dependencia a su cargo ha “honrado su palabra” y manifestó su “absoluto respeto por las partes”. También señaló que la junta es autónoma.

Un peritaje de la JFCA sugiere la reducción de prestaciones para los nuevos sobrecargos de Aeroméxico, como alternativa para elevar la competitividad de la aerolínea (Martínez F., en La Jornada, p.16, 17 julio 2013).

“Las siguientes sugerencias son derivadas del estudio y análisis de la información que se desprende de los autos, así como la proporcionada por las partes, aclarando que dicho análisis es propuesto para efectos de modificar o eliminar el clausulado del contrato vigente y que se aplicará única y exclusivamente para el personal de nuevo ingreso (por lo que) no deberá trastocar ni afectar los derechos adquiridos por el personal en activo.”

Lo anterior se precisa en el apartado noveno del dictamen firmado por los ocho peritos de la JFCA, responsables del estudio ordenado dentro del juicio promovido por Aeroméxico (conflicto colectivo de naturaleza económica), con base en el cual la empresa pretende reducir salarios y prestaciones de los sobrecargos.

El documento fue recibido por la ASSA. Sin embargo, les fue entregado otro texto, firmado por el presidente de la JFCA, Diódoro Siller Argüello, en el que les indica que el peritaje en mención no tiene validez porque sólo fue “exhibido” por uno de los ocho especialistas de la junta.

“El dictamen en referencia se exhibió únicamente por uno de los peritos, sin que lo ratificaran los demás integrantes del cuerpo pericial, [el cual] además fue omiso en analizar las manifestaciones de las partes que formularan mediante promoción con número de folio 4881 de fecha 12 de julio del presente año”, señala el documento.

Este viraje fue calificado por la ASSA de “inaudito” e “ilegal” porque –afirma– trastoca el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala que las juntas de conciliación no pueden cambiar sus resoluciones.

“La autoridad laboral está cambiando su resolución seguramente porque no le gustó a Aeroméxico, advirtió Arturo Alcalde, abogado de la ASSA.

Según el sindicato, de un primer análisis del peritaje contenido en 131 cuartillas, se desprende que la merma en los sueldos de los nuevos sobrecargos sería mínima, incluso sin tocar el salario base diario.

Las denominadas aerolíneas de bajo costo apuntalan su crecimiento, no sólo en el avance en rutas y vuelos que tenía Mexicana de Aviación; también en la contención de las prestaciones para sus trabajadores.

En tanto, Aeroméxico pretende reducir los beneficios que actualmente otorga a su personal, como vía para reforzar la competitividad en el sector aéreo.

Un estudio de la JFCA revela que los apoyos para los sobrecargos de las nuevas empresas son mínimos en general, muy por debajo de los ingresos de los trabajadores de este gremio, en Aeroméxico.

No obstante, esta empresa interpuso un juicio ante la JFCA para reducir los ingresos de los nuevos sobrecargos, a quienes deberá emplear en sus aviones de reciente adquisición.

Debido a este litigio –denominado conflicto colectivo de naturaleza económica–, un grupo de peritos de la junta realizó un estudio para conocer, a partir de una muestra, las condiciones económicas de los sobrecargos.

En el documento de 131 cuartillas se indica, por ejemplo, que el pago mensual por concepto de fondo de ahorro para un sobrecargo de Aeroméxico es de entre mil 210 a 2 mil 716 pesos, según la categoría, mientras en Volaris este apoyo es nulo; en Interjet va de 729 a mil 94 pesos, y en Viva Aerobus, entre 160 y 234 pesos (Martínez F., en La Jornada, p.17, 21 julio 2013).

El comparativo muestra que, en promedio, Aeroméxico es la empresa que más altos salarios paga a sus sobrecargos. Tiene tres grados en este tipo de trabajadores (inicial, sobrecargo y ejecutivo de servicio a bordo), con una antigüedad promedio de 9.3 años.

Asimismo, los salarios en Aeroméxico van de 10 mil a 22 mil pesos mensuales, según la categoría; en Volaris, de 12 mil a 15 mil; en Interjet, de 9 mil 726 a 14 mil 588, y en Viva Aerobus, de 4 mil a 5 mil 856 pesos.

La prestación “despensa” para los empleados de Aeroméxico está entre mil 300 y 3 mil pesos al mes; en Volaris es de 350 pesos; los sobrecargos de Interjet no tienen esta prestación, y los de Viva Aerobus reciben mil 100 pesos.

Adicionalmente, Aeroméxico es la única empresa en su ramo que paga prestaciones como horas nocturnas, bono de asistencia, pago por aterrizajes, compensación por tripulación incompleta, compensación nocturna y por “máximo irrebasable de servicio”, así como una cantidad mayor por concepto de viáticos.

También tienen protecciones más altas en seguros de gastos médicos mayores y es la única que cuenta con plan de retiro.

La semana pasada, la JFCA entregó a la ASSA el peritaje. En las conclusiones se sugiere la reducción de diversas prestaciones para los trabajadores de nuevo ingreso y deja intactos los ingresos del personal en activo.

Sin embargo, días después, el presidente de esta junta, Diódoro Siller, aseveró que el documento no estaba avalado por los ocho peritos; de ahí que ordenó un nuevo peritaje.

La Jornada informó que tiene copia del informe en el cual aparecen el nombre y la firma de los ocho especialistas.

El litigio sigue. Es tal la premura para la resolución de este juicio, que la JFCA le dio al conflicto el rango de huelga, toda vez que no será interrumpido el proceso, ni durante el periodo vacacional en este tribunal laboral.


Ref: 2013, elektron 13 (202) 1-4, 22 julio 2013, FTE de México.

Aeroméxico. No son dificultades económicas sino voracidad, los salarios y prestaciones representan la menor parte de los llamados costos de operación