Por años, la transnacional Goldcorp rentó las tierras con el derecho a sacarles todo el oro que pudieran en la mina a cielo abierto más grande de América Latina. Ahora, la corporación se negó a pactar una renta justa. Los ejidatarios reclaman sus tierras, deberán restituírseles 599 hectáreas de la mina Peñasquito, en Zacatecas. La minera se resiste y promueve el enfrentamiento entre ejidatarios.

Mina Peñasquito operada por Goldcorp FOTO: A. Valadez

La crónica del reportero del diario mexicano La Jornada, emitida desde el sitio en Zacatecas, da cuenta del conflicto. Goldcorp, transnacional minera canadiense, rentó tierras ejidales mediante engaños para explotar una mina de oro a cielo abierto. La renta es miserable pero importante para una población empobrecida. Los ejidatarios no se niegan a rentar sus tierras pero la corporación no quiso negociar. Entonces, entablaron un juicio para que les restituyan sus tierras. Los ejidatarios ganaron, empezó la restitución pero la empresa la interrumpió. Otros ejidatarios apoyan a la minera.

El magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco emitió un mandato judicial expedito, con el cual ejecutores del Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas (TUAZ) acudirán a la mina Peñasquito para restituir físicamente a los 29 campesinos del ejido Cerro Gordo las 599 hectáreas que en 2005 rentaron a la empresa Goldcorp, de capital canadiense, operadora de ese yacimiento, informó el abogado de los demandantes, Alfonso Herrera Gómez (Valadez A., en La Jornada, p.31, 20 jun 2013)

En el municipio de Mazapil, Goldcorp rentó a los ejidos El Vergel, Cedros, Cerro Gordo y Mazapil un polígono de 5 mil 400 hectáreas para operar la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina. En el centro de esa superficie se localizan las 599 hectáreas donde el consorcio desarrolla sus principales actividades.

Iniciado en 2009, el litigio entre los 29 campesinos de Cerro Gordo y Goldcorp comenzó a resolverse en enero pasado, cuando el magistrado Serafín Salazar Jiménez, del segundo tribunal unitario de circuito, rechazó un amparo que interpuso Peñasquito.

Los abogados de la trasnacional pretendían invalidar con ese amparo la sentencia definitiva 528/2012 y la auxiliar 1176/2012, que previamente emitió el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco, del TUAZ, que ordenaba a Peñasquito restituir las tierras a los ejidatarios.

Los pobladores de Cerro Gordo probaron que Goldcorp incurrió en actos ilegales para rentar las tierras ejidales, como falsificación de títulos agrarios y engaño a los campesinos, a quienes ofreció 50 centavos por metro cuadrado como renta anual.

A principios de marzo el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco citó a las partes a la audiencia de ejecución de la sentencia en la sala principal del TUAZ. Los representantes de Goldcorp advirtieron que una de las condiciones para restituir las 599 hectáreas al ejido Cerro Gordo no estaba cumplida: los 29 campesinos debían restituir a Goldcorp tres millones de pesos que la trasnacional les pagó por “renta anual”.

Los ejidatarios reunieron el dinero y cuando iban a realizar el depósito, el magistrado no quiso aceptar el efectivo y les exigió un cheque de caja.

Luego los representantes de Goldcorp pidieron al magistrado que un perito contable determinara el monto exacto que los campesinos debían restituir (menos de tres millones de pesos, debido al tiempo que Peñasquito ha tenido el dominio y aprovechamiento efectivo de las tierras en el presente año).

“El magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco certificó que se tiene por efectuado el pago de los ejidatarios de Cerro Gordo, por dos millones 500 mil pesos, y ahora sí se ordena la restitución inmediata por parte del Tribunal Unitario Agrario, lo cual procedería a realizarse el jueves 20 de junio a las 8 horas”, dijo el abogado, quien señaló que la parte contraria ya fue notificada.

Agregó que fue imposible lograr un acuerdo económico extrajurídico con Goldcorp para que ésta pagara una renta justa por las tierras de los 29 campesinos, a pesar de dos reuniones con directivos de la firma canadiense en las ciudades de Toluca y Zacatecas.

Ejecutores del TUA comenzaron la restitución física de 599 hectáreas a los 29 campesinos del ejido Cerro Gordo que ganaron un juicio a la minera Peñasquito, de la canadiense Goldcorp, tras cuatro años de litigio (Valadez A., en La Jornada, p.35, 21 junio 2013).

Sin embargo, los ejecutores Gabino Proa González y César Rojas Murillo cumplieron parcialmente el mandato del magistrado del TUA, Juan Rodolfo Lara Orozco: sólo restituyeron una parcela de 164 hectáreas y quedó suspendida la entrega de las otras 435.

En ese polígono de 164 hectáreas se ubica el tajo abierto de la mina de oro más grande de América Latina, por lo cual las actividades extractivas del gigantesco socavón deberán suspenderse y la maquinaria y los equipos tendrán que ser sacados del predio.

El proceso de restitución comenzó a las 9 horas, pero a las 11:03, acompañados por guardias privados y personal que filmaba todo y a todos, arribaron dos representantes de Goldcorp, quienes rehusaron identificarse y entregaron a los funcionarios del TUA un “amparo” con el cual lograron suspender la diligencia judicial.

El documento es una suspensión provisional emitida por el juzgado primero de distrito, con sede en la capital de Zacatecas. Fue promovido por Francisco Javier Hernández Vázquez, comisario del ejido de Cedros, como “tercero interesado”.

Sin embargo, Miguel Cervantes Rodríguez, Pablo Ordóñez Cabrera y Arnulfo Barbosa, integrantes del comisariado ejidal de Cerro Gordo, ya habían recibido la parcela 42, polígono de 164 hectáreas donde está el corazón de la mina. Quedaron pendientes las parcelas 43, 44, 45 y 46, de las 435 hectáreas restantes.

Los campesinos se hicieron acompañar de sus abogados, Alfonso Herrera Gómez y Hugo Teniente, además del notario público Jaime Casas Madero, quien dio fe de la restitución plena y legal del predio en mención.

Herrera Gómez explicó: la suspensión provisional “ordena dejar las cosas en el estado que actualmente guardan”, es decir, interrumpe temporalmente la entrega de las parcelas restantes, pero en la número 42 los campesinos de Cerro Gordo ya pueden realizar todo tipo de actos de dominio, porque se les restituyó en tiempo y derecho legales. La suspensión corre a partir de la notificación al personal del TUA, es decir, a las 11 horas.

“Es cuestión de tiempo para ejecutar la sentencia en las parcelas restantes. La empresa perdió todos los juicios; ya no tiene ningún recurso legal en contra de esta restitución. La suspensión provisional sólo retrasa la ejecución”, sostuvo.

El caso queda allí. La minera dividió a los ejidos de la región pactando en condiciones desiguales que los mantiene enfrentados entre sí.

Acompañado por funcionarios de Goldcorp, Francisco Javier Hernández Vázquez, comisariado ejidal de Cedros (ejido que también rentó tierras a Peñasquito, aunque ellos no tienen problema con la minera), explicó por qué promovieron la suspensión provisional de la restitución de tierras a Cerro Gordo.

“Nosotros recibimos un fideicomiso anual de Peñasquito, y ellos realizan obras en nuestra comunidad”, dijo Hernández Vázquez y reiteró que ellos intervinieron “como terceros afectados. Venimos a entregarle la suspensión provisional a la persona que vino del tribunal”.

Explicó que en el ejido de Cedros 434 ejidatarios reciben cada año tres millones de dólares de Goldcorp (aproximadamente 90 mil pesos para cada uno), por concepto de renta. Los otros dos ejidos que rentan terrenos a la minera desde 2005 son El Vergel y Mazapil, que tampoco tienen litigios con la compañía.

Unos 300 habitantes del municipio de Mazapil, principalmente mujeres y niños, protestaron hoy en esta capital (Zacatecas) contra el cierre de Peñasquito, la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina, propiedad de la canadiense Goldcorp (Valadez A., en La Jornada, p.30, 8 junio 2013).

Pobladores de los ejidos Cedros, Mazapil, Peñasquito, Palmas Grandes y El Vergel viajaron 300 kilómetros para defender al consorcio minero, el cual perdió un juicio agrario y debe restituir a campesinos del ejido Cerro Gordo 599 hectáreas del predio donde explota oro, plata y cobre.

Los manifestantes marcharon por las principales calles de esta ciudad hasta la plaza de armas, encabezados por Lauro Herrera Méndez, ex comisario ejidal de Cedros, quien dijo que el cierre de la minera Peñasquito dejará sin sustento a miles de familias.

Después de cuatro años de litigio, el 20 de junio ejecutores del Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas se presentaron en Peñasquito para realizar la restitución física de 599 hectáreas a los campesinos del ejido Cerro Gordo que ganaron el juicio a Goldcorp.

La resolución no se cumplió porque ejidatarios de Cedros auspiciados por Peñasquito se presentaron con una suspensión provisional. No obstante, este recurso ya venció y la sentencia tendrá que ejecutarse.

Los manifestantes exigieron a los diputados federales José Isabel Trejo Reyes (panista) y Tomás Torres Mercado (del Partido Verde Ecologista de México), quienes han dado respaldo y asesoría jurídica a los ejidatarios que derrotaron a Goldcorp, que “saquen las narices porque perjudicarán a muchas familias.

“No estoy apoyando a la minera Peñasquito; estoy por que se evite el paro de la mina, porque es una fuente de trabajo muy grande. Que los compañeros de Cerro Gordo se arrimen a Peñasquito y negocien, pero lo que es justo”, concluyó Herrera Méndez.

Los campesinos se trasladaron en 10 autobuses de la empresa turística Reyna y Torres, con sede en Saltillo, Coahuila, los cuales habrían sido contratados por Peñasquito, según fuentes del gobierno de Zacatecas.

Los abogados del ejido Cerro Gordo, municipio de Mazapil, aseguraron en conferencia de prensa que los 300 campesinos que se manifestaron en esta capital para exigir que no se cierre la mina Peñasquito fueron patrocinados por la empresa canadiense Goldcorp, que explota el venero (Valadez A., en La Jornada, 10 julio 2013).

Los litigantes Alfonso Herrera y Hugo Teniente afirmaron que sus representados, los 29 campesinos del ejido Cerro Gordo, vencieron en tribunales a Peñasquito, que ahora “usa” a otros ejidatarios “en una táctica ruin” con el propósito de violar el mandato judicial del TUAZ, que ordenó restituir 599 hectáreas de Cerro Gordo.

Herrera Gómez dijo respetar el derecho de manifestación de los campesinos de Mazapil, pero “no nos parece correcto que, perversa y malévolamente, Goldcorp los use de bandera, que esté enfrentando campesinos pobres”.

Herrera Gómez aseguró que la mayoría de los manifestantes, encabezados por Lauro Herrera Méndez, ex comisario ejidal de Cedros (ejido contiguo al de Cerro Gordo, que también renta tierras a la minera, junto con los ejidos Mazapil y El Vergel), se han “prestado al juego de Peñasquito” porque les ha pagado mejor por el usufructo de sus tierras.

“Los compañeros de Cedros tienen prerrogativas, compromisos con la minera que los de Cerro Gordo no tienen. Reto a Peñasquito a que nos muestre un recibo de pago de regalías o un peso de renta de los casi ocho años que tiene de explotar Cerro Gordo. En cambio, a los de Cedros les da un fideicomiso anual de tres millones de dólares, además de otras prestaciones”. Agregó que los 29 ejidatarios, él y Hugo Teniente, han recibido amenazas de muerte, y responsabilizó a Peñasquito.

El caso que el reportero Valadez refiere es muestra del típico proceder de las transnacionales mineras, del engaño a que son sometidos los campesinos y de los errores en que éstos incurren enmedio de la pobreza. Hay que evitar rentar las tierras porque después es muy difícil recuperarlas. Las transnacionales se amparan en la concesión otorgada por el gobierno federal, sacan todo el oro que pueden y enfrentan a los pobladores para sacar más.


Ref: FTE 2013, elektron 13 (192) 1-4, 12 julio 2013, FTE de México.

Pobladores que apoyan a la minera Goldcorp en Zacatecas FOTO: A. Valadez