La empresa denuncia un riesgo “inminente” de catástrofe industrial que afectaría a la flora, fauna y población. Cada día se utilizan 75 millones de litros de solución de cianuro y hay 175 toneladas de explosivos. Omite señalar que ese riesgo es cotidiano. Los trabajadores están al margen, en disputas internas por su charro sindical.

Mineral de oro

Grupo Frisco solicitó al gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, “tomar las medidas necesarias” para que se abra la mina de oro a cielo abierto El Coronel, a fin de que una brigada completa de mantenimiento ingrese y evite un accidente que pondría en grave riesgo tóxico la flora, la fauna y a los habitantes del semidesierto sur de Zacatecas (Valadez A., en LJ, p.31, 20 junio 2013).

En un oficio firmado por Humberto Garibay Vanegas, apoderado legal de Minera Real de Ángeles, unidad El Coronel, el corporativo propiedad de Carlos Slim advierte al gobernador –con copia a las secretarías de la Defensa Nacional y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)–, que se deslinda de cualquier contingencia en sus instalaciones debido a los productos químicos y toneladas de explosivos ahí guardados.

El complejo minero fue ocupado el 29 de mayo por 740 trabajadores que se declararon en paro en demanda de que las autoridades laborales autoricen su adhesión al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, y abandonar el llamado Frente Minero, que dirige Carlos Pavón Campos y tiene la titularidad del contrato colectivo, pues consideran que no defiende sus intereses.

En el texto con fecha 15 de junio, entregado en la oficina de Francisco Escobedo Villegas, secretario general de gobierno, Frisco refiere que este bloqueo pone en riesgo inminente de catástrofe ambiental no sólo a la mina, sino a toda la población de la zona.

El representante de Frisco explicó que en El Coronel se utilizan cada día “75 millones de litros de solución que contiene 400 gramos de cianuro por metro cúbico, lo cual la hace altamente tóxica, resultando imperativo el monitoreo y mantenimiento constante (durante 24 horas) por un grupo especializado de ingenieros”. Además, en los polvorines de la mina hay 175 toneladas de explosivos.

“Ante una falla de los equipos y un eventual derrame de solución de cianuro, como ya ocurrió el 4 de junio, cuando intervino la Profepa, se corre el riesgo inminente de contaminación de abrevaderos y escurrimientos a los cauces de agua superficiales, lo que afectaría a la fauna silvestre por la infiltración al subsuelo y el posible contacto con pozos de abastecimiento para uso humano”, señala el texto de la minera.

La mina de Slim y sus voceros toman por el atajo más fácil: deslindándose de los riesgos del cianuro. Pero no lo pueden lograr porque los riesgos de los que informan son cotidianos.

En este momento, señalan graves consecuencias que podrían ocurrir con el cianuro y los explosivos, con motivo del conflicto intersindical de sus trabajadores que mantiene en paro a la mina pero, esos riesgos están presentes aún en operación normal.

Dice la patronal que, “un accidente que pondría en grave riesgo tóxico la flora, la fauna y a los habitantes del semidesierto”. Tiene razón, los daños serían severos pero no solamente en caso de accidente sino durante la operación normal.

Luego, la empresa “se deslinda de cualquier contingencia en sus instalaciones debido a los productos químicos y toneladas de explosivos ahí guardados”.

Entonces, ¿quién o quiénes serían los responsables? ¿Los trabajadores en paro?, dirían Y, ¿durante la operación normal no existen responsables?

Dice la patronal que existe “un riesgo inminente de catástrofe ambiental no sólo a la mina, sino a toda la población de la zona”, debido a que se dispone de 75 millones de litros de solución que contiene 400 gramos de cianuro por metro cúbico, lo cual la hace altamente tóxica”. ¡Ahhh! Ese es el tamaño del riesgo.

Además, en “los polvorines de la mina hay 175 toneladas de explosivos”.

La empresa explicó que “ante una falla de los equipos y un eventual derrame de solución de cianuro, como ya ocurrió el 4 de junio, cuando intervino la Profepa, se corre el riesgo inminente de contaminación de abrevaderos y escurrimientos a los cauces de agua superficiales, lo que afectaría a la fauna silvestre por la infiltración al subsuelo y el posible contacto con pozos de abastecimiento para uso humano”.

Eso es, precisamente, lo que podría ocurrir en condiciones normales. Esta vez, tratando de deslindarse la empresa se implica más y proporciona la información que los opositores a la minería de oro han señalado reiteradamente. La diferencia es que ahora la misma minera de oro los suscribe.

Los informes de la propia minera debieran ser suficientes para cancelar la concesión. La información de la empresa es muy cierta y grave pero hay cuestiones peores. ¿Qué hace la empresa a los 75 millones de litros de solución de cianuro después de utilizarlos? ¿Adónde van a dar los cuantiosos volúmenes de agua contaminada?

Y, ¿quién se hace responsable de la depredación pues, la ley de los minerales de oro es bajísima y para obtener un gramo de oro deben removerse miles de toneladas de minerales?

A Slim no le importa ningún daño ambiental o a la vida, le importa explotar “sus” minas de oro. La tragedia se completa con la presencia en las minas del charrismo sindical. Los trabajadores, primeras víctimas de este tipo de trabajo por las afectaciones a su salud, no tienen conciencia ni de sus vidas ni menos de su clase. Lejos de ocuparse de estas cuestiones se disputan entre sí el sojuzgamiento de sus verdugos y pelean por quien tiene al peor charro sindical. Esto es verdaderamente patético. Debiendo ser los primeros en oponerse, los trabajadores se mantienen ajenos. Obviamente, ese “sindicalismo” es solo una simulación.


Ref: FTE 20313, elektron 13 (181) 1-2, 1 julio 2013.