Será mediante la participación privada en la operación de los organismos estatales del agua. La Conagua también le llama “modernización” a ese atraco. No sería, sin embargo, el inicio de una privatización futura. La privatización del agua YA existe y está generalizada en el país. Peor aún, los diputados discuten reformar a la Constitución para legalizar la privatización considerando al agua como actividad “prioritaria” debiendo ser “estratégica”.

Chasquido de agua

El gerente de Cuencas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Óscar Alcázar Pérez, señaló que en este sexenio el organismo federal promoverá la intervención de la iniciativa privada en la operación de los organismos estatales encargados del suministro del líquido (Ramírez B.T., en La Jornada, p.35, 28 junio 2013).

Al señalar que la política nacional hídrica busca un manejo responsable y sustentable del agua, aseveró que “es imperativo transformar los organismos operadores en una figura empresarial administrada por prácticas corporativas”.

En el foro Los retos de la gestión del agua organizado por la comisión en la materia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, abundó que “la clave es la adopción de prácticas corporativas, como base para emprender procesos de mejora, profesionalización y modernización en todos los ámbitos de las empresas”.

Al leer, en representación del coordinador general de Atención a Emergencias y Consejos de Cuencas de ese organismo, Óscar Pimentel González, la ponencia Modernización de los organismos operadores de agua, señaló que los beneficios de la modernización desde el punto de vista administrativo serían “crear organizaciones independientes de los cambios político electorales en los municipios”; otro beneficio sería que contaran “con un consejo de administración y con una dirección profesional que consoliden la autonomía de las empresas; establecer planes a largo plazo, allegarse de expertos, contar con indicadores de desempeño que no se tienen y establecer mecanismos de rendición de cuentas de los organismos”.

Desde el punto de vista técnico, la modernización implicaría renovar redes de distribución de agua y equipamiento, reducir fugas, ampliar la medición domiciliaria, actualizar los sistemas de facturación, entre otros. Desde el punto de vista financiero, permitiría “el saneamiento de las finanzas de los organismos, terminar con la dependencia de los subsidios gubernamentales, incorporar gradualmente en las tarifas los costos de la infraestructura, operación y mantenimiento y capacidad de inversión para mejorar el sistema”.

Mucho rollo y puros cuentos para adornar el discurso privatizador. En la práctica ocurre lo contrario.

En su editorial del 28 de junio, La Jornada publicó:

“Existe la pretensión del gobierno federal de promover durante este sexenio la intervención de la iniciativa privada en los organismos encargados de la operación del servicio público de suministro del líquido

“Es inevitable percibir este anuncio como parte de un proyecto integral para trasladar los recursos naturales y los servicios públicos a manos de empresas privadas, en su mayoría extranjeras

“En el caso que se comenta, la pretensión de permitir el ingreso del sector privado a las tareas de manejo, administración y distribución de los recursos hídricos es tanto más improcedente cuanto que esas actividades constituyen un asunto de la mayor importancia social, económica, sanitaria y hasta de seguridad nacional.

“Es inevitable suponer que la concreción de los planes de la Conagua derivaría en escenarios similares a los que se han configurado a raíz de otros procesos privatizadores en el mundo: lejos de contribuir a garantizar el acceso universal al líquido, el manejo con una lógica mercantilista acabará por dar prioridad a la demanda de los grandes consumidores –industrias de diversos ramos– en perjuicio de las necesidades de amplias franjas de la población, sobre todo de los sectores menos favorecidos, como los habitantes de los entornos rurales –de por sí depauperados a consecuencia del abandono crónico del campo–, y los vecinos de las colonias populares, quienes ya padecen desabasto regular del agua.

“Por lo demás, la experiencia histórica da cuenta del riesgo de desestabilización política que conlleva la entrega de los recursos naturales a corporaciones que, por lo general, se caracterizan por incurrir en prácticas depredadoras, abusivas y generadoras de descontentos sociales.

“La intención de entregar ese recurso a particulares es, desde cualquier punto de vista, improcedente y riesgosa. Cabe esperar que el gobierno federal cobre conciencia de ello y desista de su intento de sumar un nuevo factor de división e inconformidad al panorama político y social del país”.

Como dicen algunos periodistas, es muy difícil estar en desacuerdo con lo anterior.

Pero tenemos un importante desacuerdo: La privatización del agua NO es ninguna amenaza, como se intituló el editorial de marras, ni es ninguna intención del gobierno federal, es una cruda realidad a nivel nacional. Sí, solo excepciones y los municipios más alejados de la civilización están exentos de la invasión, los demás ya entregaron los organismos operadores del agua al capital privado extranjero. Esto es, la privatización no es a futuro, está ya en el presente y desde hace varios años.

Consecuentemente, se ve difícil que el gobierno de Peña Nieto desista de esos propósitos, al contrario, este gobierno terminará de entregar lo que falta. Las consecuencias ya están a la vista. En todas partes han aumentado las tarifas del agua y los abusos están a la orden del día y nadie hace caso.

Con el agua existe un gravísimo problema. En la Constitución (artículo 27, párrafo 1º) se indica que,

“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.

La primera parte es obvia, se podría decir que “originalmente” pertenecen a la humanidad y qué. El dominio, sin embargo, no es de la nación pues, en el mismo párrafo se establece, constitucionalmente, que se autoriza transmitir el dominio a los particulares para constituir la propiedad privada.

Consecuentemente, la legislación secundaria ratifica las concesiones privadas. Con esa base, los gobiernos en turno han venido entregando absolutamente todo: fuentes de agua, infraestructura hidráulica, funciones estratégicas, operación, distribución, facturación y comercialización.

Esto es, el Estado no solo ha renunciado a encargarse del suministro de agua, ni siquiera tiene la obligación constitucional sino a la inversa, es decir, existe la autorización para privatizar.

A veces se dice que la Constitución surgió en el contexto de la Revolución Mexicana y que representa un Pacto político de la nación. Sí, es cierto pero eso es muy general. Esto es, la Constitución no se puede sacralizar ni considerar como la verdad o la justicia. Así como es correcta en materia de petróleo y energía eléctrica, es incorrecta tratándose del agua.

Lo peor es que los diputados, traidores por definición a la nación, no cesan en seguir retrocediendo. Existe la propuesta de reformar al artículo 28 constitucional para considerar como “prioritaria” a la actividad relacionada con el agua. Actualmente, no existe ninguna referencia.

De acuerdo al artículo 25 constitucional, párrafo 5º, en las actividades “prioritarias” puede participar el sector privado, no así en las llamadas “estratégicas”, a cargo exclusivo del Estado como se indica en el párrafo 4º del mismo artículo.

¿Hay necesidad de reformar a la Constitución? Sí, pero no en la forma regresiva en que pretenden los diputados.

La Jornada dio cuenta que, la Coalición Agua para Todos, Agua para la Vida e investigadores demandaron en una carta a los legisladores que integran la Comisión de Puntos Constitucionales rechazar la propuesta de reforma al artículo 28 constitucional, en la cual se plantea considerar a las aguas nacionales como “actividad prioritaria” en vez de asunto estratégico del país (en La Jornada, redacción, p.16, 3 julio 2013).

En el texto de la misiva se menciona que el “agua es un bien público y común, proveniente de la naturaleza. La propuesta arriba mencionada es incompatible con la reciente reforma del artículo cuarto constitucional que reconoce el derecho humano al agua y saneamiento. La reforma de 2012 exige la aprobación de una Ley General de Aguas que establecerá la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía para garantizar el acceso y uso equitativo y sustentable del recurso hídrico”.

De acuerdo con el texto, el actual sistema de concesiones ha llevado al acaparamiento del agua para algunos y la marginalización hídrica para muchos, por lo que las organizaciones se han alineado para exigir la aprobación de la Ley General de Aguas.

Demandaron a los legisladores dictaminar en sentido negativo y rechazar la minuta de la iniciativa que fue presentada en 2006, ya que dejaría la gestión del agua en manos privadas y en función de los mecanismos del mercado en contradicción con el derecho humano al agua y saneamiento que obliga al Estado a garantizar esa facultad.

El FTE considera que la discusión se debilita cuando se considera al agua como derecho “humano”. Sí, se trata de una imprecisión y vaguedad. El agua es un derecho “social”. Considerado como humano pareciera obvio pero los seres humanos vivimos en sociedad y los derechos tienen ese rango (social), de otra manera no se pueden ejercer, menos aún en una sociedad dividida en clases sociales en la que una minoría (también humana) se apropia de (todos) los bienes de los demás.

Es obvio que los diputados no piensan en nada de lo anterior, su función consiste en afirmar el dominio del capital, que ha ilegalizado el derecho social al agua y ahora, simplemente, pretenden legalizar la ilegalidad.

Reiteramos que, actualmente, el agua NO está considerada como actividad “estratégica” ni “prioritaria” en el artículo 28 constitucional. Lo que si está considerado, en general, es la autorización para “concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación” (sic). Eso se indica en el párrafo 10º del mencionado artículo, en consonancia con el párrafo 1º del artículo 27 constitucional.

Esto es, la amenaza de privatización no es tal, la privatización YA está y es real. Los diputados no quieren dejar la puerta entreabierta, ya está totalmente abierta y solo quieren legalizarla, en congruencia con lo indicado (aberrantemente) por la Constitución.

Pero algunas agrupaciones tienen otra apreciación.

En contra del derecho humano al agua, ya establecido en la Constitución, en la Cámara de Diputados se estudia una iniciativa que busca dejar la puerta abierta a la participación privada y convierte el líquido en un objeto de lucro, advirtieron expertos (Enciso A., en La Jornada, 4 julio 2013).

La iniciativa que modifica el artículo 28 constitucional cambia (sic) el carácter de estratégico de las aguas nacionales por prioritario, lo cual degrada la categoría actual del recurso y con ello el sector privado puede participar en la organización, se analogaría el carácter del agua a los ferrocarriles y las telecomunicaciones, donde la rectoría del Estado ha perdido el dominio, sostuvo Nathalie Seguín, de la Red de Acción por el Agua.

Además, esta iniciativa va en sentido contrario de la reforma que se hizo en 2012 al artículo cuarto de la Constitución, que reconoce como derecho humano el acceso a agua. Este artículo indica: “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. Agrega que el Estado garantizará este derecho y definirá las bases para el acceso y uso sustentable de los recursos hídricos con la participación de los tres niveles de gobierno y la ciudadanía.

Pedro Moctezuma, del programa de investigación Sierra Nevada de la UAM, sostuvo que se debe establecer la Ley General de Aguas, la cual corresponde a la reforma del artículo constitucional, porque el cambio al artículo 28 convierte al agua en un objeto de lucro para intereses de corporaciones extranjeras, que lejos de contribuir al bienestar de los mexicanos extraen recursos que transfieren al exterior.

Consideró que hay experiencias como la de Aguas de Saltillo, donde la población local ha enfrentado tarifas irracionales que no toman en cuenta los derechos ni los trabajos de las comunidades para contar con acceso al agua, además de que debilitan a los gobiernos locales y su autonomía.

Un problema, apuntó, son las concesiones que se otorgan a empresas refresqueras, mineras, entre otras, que hacen un uso masivo de este bien para obtener ganancias extraordinarias, de espaldas a las carencias, escasez y necesidades de los mexicanos.

El FTE reitera que se necesita reformar a la Constitución, ELIMINANDO la segunda parte del párrafo 1º del artículo 27 constitucional. Luego, debe adicionarse el párrafo 4º del artículo 28 para incluir al AGUA como actividad “estratégica” (actualmente no considerada). [Al incluir al AGUA debe entenderse al proceso de trabajo hídrico integrado]. Después, debe formularse una nueva Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de agua, radicalmente distinta a la actual (ley General de Aguas), que sea coherente con las nuevas disposiciones constitucionales.

Además, la nación necesita de una Política Hídrica Independiente, radicalmente distinta a la actual. Como parte de esta política, el proceso de trabajo hídrico debe integrarse a nivel nacional a través de un solo Organismo y funcionar de acuerdo al Plan Hídrico Nacional, hoy inexistente.


Ref: FTE 2013, elektron 13 (193) 1-4, 13 julio 2013, FTE de México.