Los privados quieren las funciones constitucionales, la infraestructura física y el espectro radioeléctrico completo solamente para sí. Es decir, la propiedad privada absoluta en una actividad estratégica. No es la competencia la que les interesa sino la propiedad y el dominio político, ambos de la nación entregados por Peña Nieto a los privados.

La reforma a las telecomunicaciones que Peña Nieto y partidos paleros aprobaron es plenamente antinacional y absolutamente privatizadora, en favor de los grandes capitales transnacionales y socios menores nacionales. No obstante, a éstos les parece poco y presionan por obtener todo. So voracidad y codicia no tienen límites.

En una nota de Roberto González, publicada en La Jornada, se da cuenta de la pretensión empresarial en el ramo.

El beneplácito y satisfacción que, en general, expresaron las empresas de telecomunicaciones sobre la reforma constitucional en la materia se transformó en severas críticas contra el gobierno federal al que acusaron de pretender crear un nuevo monopolio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Telecomunicaciones de México (Telecomm) que operarán una red pública de telecomunicaciones (González S., en La Jornada, p.23, 18 may 2013).

Además, calificaron de “peligroso” que la nueva ley contemple que la banda de los 700 megahercios (Mhz), a la que todos llamaron la “joya de la corona” porque permite la transmisión de servicios móviles de cuarta generación (4G), pueda ser explotada por el Estado para ampliar el acceso de la población a la banda ancha.

Consideraron que ambos proyectos generarán condiciones inequitativas de competencia, lo que contradice el espíritu de la reforma y exigieron que la banda mencionada se concesione al sector privado, siquiera parcialmente.

Los empresarios privados no solo padecen ceguera histórica, también están privados de la razón. Para ellos, tratándose de la propiedad y la ganancia, el mundo debe ser absoluto y solamente de ellos. Viven en un mundo cuadrado y falso, apoyados por la mentira y la impunidad.

Todo lo que se aprobó en la reforma a las telecomunicaciones fue celebrado por las los privados, nacionales y extranjeros. Pero ahora critican al gobierno por “pretender crear un nuevo monopolio” con la CFE que operará una red pública de telecomunicaciones.

Esos privados son unos bandidos. Primero, con su reforma a las telecomunicaciones Peña Nieto les ha entregado (gratuitamente) un sector estratégico clave para la economía y la seguridad nacional. Segundo, la industria eléctrica nacionalizada (representada por la CFE) NO es ningún monopolio, así lo indica la Constitución, precisamente por tratarse de un sector estratégico. Tercero, los privados, nacionales y extranjeros, están destruyendo anticonstitucionalmente a la industria eléctrica nacionalizada, llevan una privatización del 52% y quieren la aniquilación total de la CFE. Cuarto, la infraestructura nacional de fibra óptica fue construida, con recursos públicos, por la propia CFE y será puesta al servicio de los privados, lo mismo que la banda ancha. Quinto, por si fuera poco, Peña Nieto les ha entregado a los privados nada menos que al espectro radioeléctrico, eso incluirá a la banda ancha de 700 MHz.

Esto es, los privados lo tienen todo inmerecidamente, anticonstitucionalmente, porque las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico son (eran) actividades estratégicas, a cargo exclusivo del Estado, según indica(ba) la propia Constitución política del país.

Los privados se quejan de “condiciones inequitativas de competencia”. NO hay tal, lo que les molesta es la propiedad nacional que quieren para sí. Piden que la banda ancha “se concesione”, sabiendo ellos mismos que eso hará el gobierno de Peña Nieto. Entonces, los atracadores simulan y Peña también.

La nota de González refiere el “análisis” de los “analistas” privados. Su “análisis” rinde culto a la propiedad privada y la considera único objetivo y destino inevitable de la humanidad. No lo dicen con esas palabras, los privados se caracterizan por superficiales pero expresan lo que no dicen. Burdamente, les gana la voracidad que anteponen al raciocinio.

Dice la nota: Antonio Garza, vicepresidente jurídico de Nextel; Miguel Calderón, vicepresidente de regulación de Telefónica, y Alejandro Hernández, director general de negocios en telecomunicaciones de Televisa, despotricaron contra los artículos decimoquinto transitorio y decimosexto transitorio de la nueva Ley Federal en Telecomunicaciones durante un panel para evaluar la reforma en el foro en telecomunicaciones Accorn 2013, organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Moderador de la mesa, Santiago Gutiérrez, presidente de la World Information Technology and Services Alliance (Witsa), una confederación de cámaras empresariales en tecnologías de la información de 85 países, cuestionó a los ponentes si el sector privado está de acuerdo con los artículos transitorios 15 y 16. El primero refiere que CFE cederá totalmente a Telecomm su concesión “para operar, instalar y explotar una red pública de telecomunicaciones” y la ampliación de su fibra oscura de 25 mil a 60 mil kilómetros, mientras el segundo concierne al acceso de la población a la banda ancha y servicios de telecomunicaciones con el aprovechamiento de 90 megahercios del espectro liberado con la transición a la televisión digital terrestre en la banda de 700 megahercios, con una inversión de 10 mil millones de dólares.

En efecto, la red nacional de fibra óptica (de la CFE) será ampliada de 25 mil a 60 mil km, construida con recursos públicos para luego ser licitada. ¿A quién? A los privados como ya ocurre ahora. Esto es, el gobierno en turno seguirá invirtiendo en una infraestructura que no usará porque inmediatamente la pondrá al servicio de los privados. Eso les disgusta (sic) a los monopólicos privados.

¿Por qué será así? A estas alturas es sencillo, ya que, hace tiempo el Estado renunció a sus deberes constitucionales.

Aprovechar 90 MHz para el supuesto acceso de la población a la banda ancha es un decir. Claro que la simple declaración molesta a los privados, quienes bien saben que el tal “acceso” solamente lo proporcionan (venden) ellos mismos, el Estado ha renunciado a esos objetivos. Cuando se habla de “acceso” no se considera como un derecho social sino como una mercancía y, desde luego, solo el que paga tiene “acceso”.

Lo que pretenden los privados es apoderarse absolutamente de todo, sen funciones constitucionalmente estratégicas, infraestructura física, recursos naturales y espectro radioeléctrico.

Según la nota de referencia, “nos parece peligroso y preocupante porque esta banda es crítica para el progreso de todas las empresas establecidas en México y si no tenemos acceso va a ser muy difícil ser competitivos y atender necesidades de nuestros clientes. Esos 90 megahercios bien podrían utilizarse dividiéndose en bloques de 30. Nuestra petición es que (el gobierno) no se ‘chute’ toda la banda porque con 30 puede crear una red mayorista y se puede permitir el paso a la competencia de varios operadores que darán mucho mejor servicio. No dejemos que en esta banda, que es la más preciada de la industria, pueda llegar a haber incompetencia”, puntualizó Miguel Calderón, de Telefónica.

Antonio Garza, de Nextel, dijo que el tema genera mucha incertidumbre porque se estaría generando “un ente monopólico predominante si se usan los 90 megahercios”, mientras Alejandro Hernández señaló que ello representa “un contrasentido de la reforma”.

En torno a CFE y Telecomm si bien reconocieron que el Estado ya realizó una gran inversión en CFE para contar con una infraestructura a nivel nacional y que ésta estaba desaprovechada, advirtieron que se requiere invertir más y el proyecto debe ser comercial.

Todavía no entra en vigor la reforma de Peña Nieto y los privados ya se muestran tal cual son. En cuanto entren en poder de lo otorgado se volverán perdonavidas. Sí, Peña Nieto les ha puesto en sus manos no solamente una fuente de enormes ganancias sino una actividad estratégica que utilizarán políticamente. Los mismos que empoderaron a Peña se enriquecerán a discreción y, al mismo tiempo, incrementarán su poder político. De eso no hablan porque no les conviene pero es lo más atractivo para asegurar la “certeza” de la acumulación de capital.

Si Salinas prácticamente regaló Telmex a Slim, lo que hace Peña Nieto está peor.

En términos geopolíticos, es la entrega incondicional al imperialismo, con ello México pasa a integrarse plenamente al Cybercomando norteamericano, la llamada seguridad nacional queda solamente como nominal, si acaso para la demagogia.


Fuente: FTE 2013, elektron 13 (153) 1-4, 3 junio 2013, FTE de México.

Mapa de la red nacional de fibra óptica