Apertura de Pemex al capital privado, es decir, privatización. Tal es la receta de la OCDE, entidad encargada de repetir al FMI con las mismas recomendaciones. La pretendida reforma fiscal, que gravaría a los alimentos y medicinas, es el mecanismo para compensar la reducción de ingresos derivada de una eventual privatización de Pemex. (FTE).

México SA

La OCDE y el “progreso”
Pemex al capital privado
IVA a todo y para todos

C. Fernández-Vega, en La Jornada, 17 may 2013.

Como descubrió la existencia del agua caliente y el hilo negro (el desempeño económico de México en la última década ha resultado mediocre”), más rápido que una saeta la OCDE encontró la solución para el país: “grandes reformas estructurales, que van desde la apertura de Pemex al capital privado a la aplicación de un impuesto al consumo de bienes básicos hoy exentos de ese gravamen”. Y listo: a transitar por la senda del progreso.

Lo mejor del caso es que este organismo (al que pertenece México desde 1994), junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, registra un largo historial de “descubrimientos” tipo hilo negro y “recomendaciones” de “grandes reformas estructurales” (mismas que puntualmente concretaron los últimos cinco gobiernos neoliberales, de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón), y el país se mantiene en el hoyo. De hecho, a cada “reforma estructural”, México se hunde un poco más.

Tal vez el sueño de José Angel Gurría (actual secretario general de la OCDE) es concretar lo que no pudo como secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo, y de allí su insistencia, ahora desde el organismo que preside, el mismo que “propone” al gobierno mexicano “llevar más lejos los cambios ya introducidos en 2008 en el sector energético”. Y tendría que hacerse, según su opinión, “incluso a través de una enmienda constitucional que permita compartir los riesgos y los beneficios con el sector privado”.

La experiencia mexicana confirma lo que la OCDE señala, en el sentido de “compartir los riesgos y los beneficios con el sector privado”, pero no precisamente en el sentido en el que lo plantea. Se ha documentado que desde el gobierno de Miguel de la Madrid, el Estado es el que ha asumido todos los riesgos y los costos (elevadísimos, por cierto) y el sector privado los jugosos beneficios. Es el viejo truco de la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias.

Pues bien, la OCDE ahora “recomienda” la “reforma” privatizadora en el sector energético, y en este sentido la pregunta obligada es: ¿de dónde obtendrá recursos el gobierno si “cede” el oro negro al capital privado? Lo anterior, porque cerca de 40 centavos de cada peso presupuestal proviene del petróleo, y al gran capital eso de pagar impuesto no es lo suyo. ¿De dónde, pues?

Aquí es donde la OCDE “recomienda” otra “reforma”: IVA en alimentos, medicinas, libros, servicios médicos, colegiaturas y todo lo demás que a la fecha no está gravado con ese impuesto o tiene tasa cero. Desde luego que ni lejanamente el gobierno compensaría el agujero fiscal que le provocaría la privatización petrolera, pero el organismo a cargo de Gurría es feliz ante la posibilidad de que su buena idea se concrete.

¿Qué pasaría con el IVA en alimentos y todo lo demás? Retomo algunos pasajes del análisis que sobre el particular realizó el Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM (Alejandro López Bolaños y Josefina Morales Ramírez, integrantes del Gacem). Dice así:

“Todavía no tenemos una propuesta oficial de reforma hacendaria, pero de lo que más se habla es de la aplicación generalizada del IVA en medicinas y alimentos, eliminar los subsidios a los energéticos (aumento de precios de energía eléctrica y gasolina en palabras llanas), y aplicar impuestos a la economía informal, además de un posterior aumento del impuesto al valor agregado, actualmente en 16 por ciento.

“Para la población el efecto de la reforma fiscal será diferente, según los ingresos recibidos. La última encuesta sobre ingreso y gastos de las familias mexicanas, muestra en 2010 que se mantiene la concentración de la riqueza, haciendo de nuestro país uno de los más desiguales del mundo. Los hogares de menores ingresos en el país (deciles I y II) perciben 5 por ciento del ingreso total, mientras los hogares de los deciles IX y X (los más acaudalados) concentran 51 por ciento del ingreso total. Medido en función de los salarios, la mayoría de las familias mexicanas percibe de 2.01 a siete salarios mínimos, un rango de 126 a 442 pesos diarios”.

El principal gasto de los hogares mexicanos se registra en alimentos y bebidas (36 por ciento del total del gasto), seguido de transporte (20.4), educación y esparcimiento (15) y vivienda y servicios (10.3). En conjunto, estas cuatro categorías concentran 81.7 por ciento del gasto total. Pero en el caso de 20 por ciento de la población con menores ingresos, 52.3 por ciento de su ingreso se destina a la adquisición de alimentos, en contraste con 28.4 por ciento de su gasto que canalizan los hogares de mayores ingresos en la compra de alimentos, por esta razón, un gravamen del IVA en alimentos afectaría de manera más significativa a las familias más pobres.

En el año 2000, 62 por ciento del gasto de los hogares más pobres estaba exento del IVA y sólo 38.2 por ciento pagaba el impuesto, considerando gasto en alimentos, salud y otros. Por su parte, las tres cuartas partes del gasto de los más ricos pagaba IVA. Con la estructura actual del impuesto, los hogares más ricos pagan 41.1 por ciento del total de este impuesto, y 1.1 por ciento el 10 por ciento más pobre. Eso es, en números cerrados, lo que pasa hasta ahora.

Con la generalización del IVA (la brillante idea de la OCDE), los más pobres verán subir el pago de este impuesto 161.2 por ciento, mientras para los más ricos aumentará menos de 50 por ciento. Los más pobres cubrirán ahora 1.7 por ciento del pago total del impuesto en el país y el decil de mayores ingresos 36.2 por ciento, proporcionalmente menos que antes.

La reforma fiscal que grave alimentos y medicinas, amén de regresiva, contribuirá a darle certeza al capital financiero, pues además de no pagar impuestos, exige para su ingreso ciertas condiciones tales como la acumulación de reservas, el equilibrio fiscal, el incremento de la deuda pública interna (pues ésta no puede caer en default) y la ampliación de la base tributaria.

Una reforma fiscal como la que se someterá a discusión en los meses próximos no contribuirá a mejorar la estructura de los ingresos tributarios, pero sí dará certeza y protección al gran capital, particularmente al financiero. Además de avanzar la apertura y posterior privatización de Pemex, la baja en la recaudación será estrepitosa, pues como ya se mencionó, Hacienda compensa con los ingresos y utilidades de la paraestatal lo que no cobra (e inclusive devuelve) a las grandes empresas.



Fuente: 2013, elektron 13 (147) 1-2, 27 mayo 2013.