Crear la Comisión Estatal de Electricidad, ocurrencia de la Asociación Civil Dos Valles Valientes. Es la respuesta al descontento por el cobro de altas tarifas eléctricas en los municipios de Chiapas. El fenómeno está generalizado en el país. Para detener los abusos hay que impedir a la privatización furtiva, causante de la elevación de tarifas.

Marcha en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en protesta por altas tarifas de luz en el estado
FOTO: La Jornada

Más de 800 integrantes de la Asociación Civil Dos Valles Valientes marcharon en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para demandar la creación de la Comisión Estatal de Electricidad para que “paren los abusos” que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comete contra los usuarios, a quienes cobra altas tarifas (Hernández E., Valdez J., en La Jornada, p.37, 10 mayo 2013).

Los manifestantes, que concluyeron con un mitin en el parque central, pidieron que se realice un estudio socioeconómico en cada hogar y negocio chiapaneco para fijar tarifas justas.

Amín Cholac Manssur, asesor jurídico de la agrupación, informó que ésta ha interpuesto 116 mil amparos contra las altas tarifas en 71 de los 122 municipios de la entidad.

Añadió que los 166 mil consumidores amparados contra los elevados cobros de la CFE en la zona rural depositan ante un juzgado de lo civil 15 pesos bimestrales, es decir 90 pesos anuales, mientras los usuarios de las zonas urbanas depositan el doble.

Mientras, la CFE suspendió el servicio de energía a los ayuntamientos de Tuxtla Chico y Cacahoatán, en la frontera con Guatemala, que adeudan en conjunto 16 millones de pesos, informó Misael Reyes Escobar, superintendente de la empresa en la costa, el Soconusco y la sierra de Chiapas.

Precisó que el cabildo de Tuxtla Chico heredó a la presente administración, que empezó en octubre pasado, un adeudo de 5.7 millones de pesos, y en siete meses sólo ha abonado 700 mil pesos, cuando su facturación mensual es de 350 mil, por lo cual su deuda es de 7.6 millones de pesos, mientras Cacahoatán recibió una deuda de seis millones de pesos, la cual se ha incrementado a 8.4 millones.

El funcionario manifestó que la mayoría de los 26 ayuntamientos de la región a su cargo han aprovechado los programas de regularización de la CFE.

En Los Mochis, cabecera municipal de Ahome, Sinaloa, 50 usuarios se plantaron frente a las oficinas de la CFE.

Guillermo Padilla Montiel, dirigente del Comité de Usuarios de Ahome, pidió a la empresa frenar los cobros excesivos y exigió al gobernador Mario López Valdez que interceda en favor de las familias pobres del norte de la entidad.

La protesta se inició alrededor de las 11 y culminó a las 13 horas. Una pancarta decía: “Señor gobernador: ya basta, ¿este es el cambio que prometió? 8.4 por ciento de aumento a tarifas eléctricas”.

El fenómeno no es solamente de Chiapas o Sinaloa, ya alcanza a casi todo el territorio nacional. Hay abusos en los cobros del servicio eléctrico. Aún cuando se han reiterado las protestas, la CFE no corrige. ¿Por qué? Porque no puede, la facturación la entregó a Euro Focus, transnacional española que ni siquiera conoce el sistema decimal, (la separación numérica la hace con comas en vez de puntos). Esa es la razón de los abusos y errores: el contratismo, en este caso, extranjero que corroe a la industria nacionalizada.

Pero hay otra razón: la privatización furtiva. El FTE ha demostrado que existe un paralelismo entre la privatización y la elevación de tarifas: más privatización, mayores tarifas.

¿Por qué? Muy sencillo, porque las transnacionales operan con ganancia, generan para la CFE y ésta revende la electricidad. Como la compra cara, la debe vender más cara. Argumenta que no cobra los costos reales de producción porque otorga subsidios. Pero, por cuantiosos que sean éstos, el cobro a los consumidores domésticos se ha incrementado y se incrementará más conforme la privatización aumente.

De manera que pedirle a la CFE que baje las tarifas, sin cuestionar la privatización furtiva, es una ilusión, porque de seguir con esa política las tarifas jamás bajarán, al contrario, aumentarán.

Además, el asunto debe enfocarse correctamente. La CFE NO fija ningunas tarifas, eso lo hace al secretaría de hacienda (SHCP). La (institución) CFE está secuestrada, desde dentro y desde fuera. Externamente, por el gobierno en turno que le impone una política eléctrica antinacional, a través de una administración corrupta. Internamente, a través del charrismo sindical y de trabajadores ajenos a la industria nacionalizada en la que trabajan, a la que no entienden pero les paga. Es decir, existe responsabilidad a todos los niveles.

Así pues, hay razones para inconformarse por los abusos de la administración en turno de la CFE y por la política eléctrica antinacional que se sigue. Contra esto hay que luchar, SIN confundir estos aspectos lesivos con la institución CFE que representa a la industria eléctrica nacionalizada.

La institución CFE es una conquista de los trabajadores y pueblo de México. Fundada en 1937, pasó a representar a la industria eléctrica nacionalizada en 1960. Sin la denominación correcta, fue a través de la CFE que logramos la integración de la industria eléctrica nacionalizada en los años 70´s, con la unificación de frecuencia en todo el país y la interconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Gracias al Sistema Interconectado Nacional (SIN), uno de los grandes sistemas del mundo que cubre a todo el territorio nacional, es que la industria eléctrica mexicana no ha sido destruida totalmente. Se ha perdido mucho en la generación pues, el 52% de la capacidad nacional está ya privatizada. Las redes eléctricas de transmisión y distribución han sido puestas al servicio privado pero siguen siendo una infraestructura nacional, controlada por el Centro Nacional de Energía (Cenace).

La industria eléctrica nacionalizada es una sola. Pero la privatización la ha venido fragmentado. A la fecha existen más de 600 empresas y empresitas, todas ilegales, que generan y comercializan energía eléctrica, dominando las grandes transnacionales y sus filiales.

Fragmentar hasta pulverizar es el plan del capital transnacional. ¿Eso quieren los chiapanecos? La ocurrencia de abogados es incorrecta. Además, ¿saben cuánto cuesta la infraestructura de generación, trasmisión y distribución eléctrica, cuánto los materiales energéticos? ¿Quiénes financiarían la operación y mantenimiento de la empresita? No tienen idea. Lo peor, esa empresita no serviría de nada.

El esquema de empresas y empresitas por aquí y por allá es obsoleto. Ese era el esquema de la pre-nacionalización. Precisamente, la nacionalización y posterior integración industrial, terminó con los feudos privados que sirven para el lucro pero no para el desarrollo social.

Si esa fuera la solución, habría que crear varios miles de empresitas eléctricas por todo el país y volver al desbarajuste de la pre-nacionalización, con mal servicio, bajísima calidad, apagones frecuentes y, sobre todo, tarifas elevadísimas. ¿Eso quieren los quejosos?

Al momento, las transnacionales y el gobierno auspician, precisamente, tal esquema. La industria nacionalizada (representada por la CFE) ya está desnacionalizada, fragmentada en multitud de empresas privadas, siendo la privatización la causa del desastre.

Todas esas barbaridades fueron eliminadas con la nacionalización eléctrica de 1960. En consecuencia, las nuevas barbaridades no se resolverán volviendo al pasado ominoso sino defendiendo la alternativa que lo superó: la industria eléctrica nacionalizada.

Pretender aumentar lo que ya hace el gobierno, con una empresita local más, significa apoyar la política lesiva que el mismo gobierno promueve. En el mejor de los casos, se podría entender que, por desesperación e impotencia la ocurrencia les sonó bien. Pero no se trata de ocurrencias sino de política. La propia Comisión Reguladora de Energía (CRE) promueve abiertamente con estados y municipios, incluyendo colonos, la generación (privada) en edificios y unidades habitacionales, a cargo de municipios o de particulares.

Hacer una empresita es posible pero no estaría en manos de la población sino de empresas privadas vivales, coludidas con la CRE, la que les obsequiaría un permiso privado de falso Autoabastecimiento o Cogeneración, para luego comercializar la energía generada. Siendo privadas, TODAS cobrarían por la electricidad y MUCHO, no existe en el mundo ninguna empresa privada con criterio de beneficio social.

La defensa de la industria eléctrica nacionalizada es el centro de la política eléctrica independiente, lo contrario es seguir la política del gobierno y transnacionales.


Fuente: 2013, elektron 13 (134) 1-3, 14 mayo 2013.