En el Istmo de Tehuantepec, las transnacionales eólicas y gobiernos locales persiguen a los opositores, les fabrican delitos, les libran órdenes de aprehensión y los acusan falsamente para ser detenidos y se les encarcele. Esto es parte del neocolonialismo español para apoderarse de la tierra y sus recursos.

La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) denunció que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca persigue a sus dirigentes, les “fabrica” delitos y los jueces libran órdenes de aprehensión en su contra para vencer la oposición popular a los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, especialmente contra el parque Bii Hioxho, de la multinacional Gas Natural Fenosa (GNF) (Rojas R., en La Jornada, p.41, 24 abr 2013).

Carlos Sánchez y Mariano López Gómez indicaron en sendas entrevistas telefónicas que prácticamente están escondidos para evitar su aprehensión. El segundo fue capturado el 2 de abril y acusado de extorsión, delito que también se imputa a Sánchez, quien tiene abiertos otros tres expedientes.

López Gómez indicó que se le acusó de extorsionar a una empresa que trabaja para GNF y el 4 de abril el juez lo exculpó por falta de pruebas. Sin embargo, “los agentes del Ministerio Público salieron muy molestos del juzgado y amenazaron con reabrir la causa”.

Carlos Sánchez dijo que aún no se recupera un transmisor de la radio comunitaria Totopo que fue robado luego que el 26 de marzo la policía estatal atacó el campamento que bloquea la salida de Juchitán a Playa Vicente, en la séptima sección de la primera ciudad.

López Gómez informó que han solicitado diálogo con el gobierno oaxaqueño sobre las tierras comunales de Juchitán y los proyectos eólicos que se pretende imponer en territorio indígena. Incluso han pedido que participen observadores nacionales e internacionales, pero Rodrigo Velázquez, delegado de la Secretaría de Gobierno en el Istmo, rechaza la petición. “Sus trabajadores se negaron a recibir nuestra solicitud de diálogo, alegando que el secretario de Gobierno de Oaxaca es nuevo”, dijo.

Enfatizó que la APPJ sólo quiere que se respete la laguna de Playa Vicente, que sería invadida por el proyecto eólico Bii Hioxho.

La APPJ también denunció que policías estatales detuvieron a Alejandro Regalado Jiménez el 10 de abril, acusado “falsamente” de lesionar al agente Juan Rasgado Cabrera. Regalado “lleva nueve días en una celda de castigo, aislado y sin luz del sol, lo cual viola sus derechos humanos”.

La organización afirmó que el día de los hechos Regalado trabajaba en la empresa Proyectos Comunitarios y Construcciones SA de CV, lo cual corroboraron la compañía y compañeros de trabajo.

En una primera fase, las transnacionales eléctricas proceden a crear filiales, forman una cartera de clientes privados, solicitan un permiso privado de generación a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y, con el mismo, Se presentan en el lugar escogido para disponer de las tierras ajenas.

En la segunda fase, las corporaciones se amafian con las autoridades locales, sean municipales, ejidales y/o comunales, les presentan el proyecto y los compran, lo mismo hacen con algunos poseedores. Viene, entonces, la división de las comunidades. Transnacionales y autoridades promueven el enfrentamiento y proceden con violencia.

En la tercera fase, hay acusaciones a los opositores, detenciones y encarcelamientos. Es la persecución impune, caracterizada por provocaciones de las corporaciones para hacer culpables a los opositores y desviar la lucha de resistencia.

En todos los casos, las corporaciones cuentan con el apoyo de los gobiernos, a todos los niveles, lo que implica el uso de la fuerza pública contra los opositores.

Ya son 38 los proyectos eólicos privados en el Istmo de Tehuantepec, incluyendo aquellos que generan para la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Gas Natural – Unión Fenosa es una corporación española que hace negocios en México, como si fuera la Nueva España, es decir, con impunidad y barbarie neocolonial.


Fuente: 2013, elektron 13 (124) 1-2, 4 mayo 2013.