Rescatar la función de la planeación energética es un acierto, sería mejor en el contexto de la integración industrial. La propuesta de Comisión Nacional de Energía debe revisarse integrada al conjunto de reformas, necesariamente modificadas, y a la luz del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para la privatización No constitucional, la CNE saldría sobrando. Con la CNE, es innecesaria la CRE.
Las iniciativas de reforma eléctrica que presentan el PRI y el PRD se caracterizan por la poca novedad. Ambas, insisten en reafirmar las inconstitucionales modificaciones al concepto de servicio público de energía eléctrica llevadas a cabo en 1992. Consecuentemente, reiteran la posibilidad de participación privada en actividades de generación eléctrica reservadas constitucionalmente al Estado.
PRI y PRD han procedido correctamente al rechazar en el Senado de la República las propuestas gubernamentales de modificación constitucional para la privatización de la industria eléctrica nacionalizada. Sin embargo, ese loable proceder palidece cuando ambos partidos insisten en reformas no constitucionales que mantienen el mismo sentido privatizador.
Uno de los aspectos más desafortunados es la insistencia en mantener vigente a la Comisión Reguladora de Energía, entidad creada para regular la inversión eléctrica privada. Aunque, se reconoce en recientes declaraciones que esa Comisión es promotora de la “privatización silenciosa”, en las iniciativas del PRI y PRD se propone su fortalecimiento, lo cual es contradictorio y erróneo.
Como fórmula alterna a la privatización, PRI y PAN proponen la reforma eléctrica de “modernización” a través del otorgamiento de Autonomía de gestión para las actuales empresas eléctricas (CFE y LFC). La propuesta la han llevado al nivel de panacea y reiteradamente elaboran un discurso engañoso. La integración industrial, verdadera solución de fondo interrumpida por razones políticas, simplemente la eluden.
En la iniciativa del PRD en el Senado se presenta una propuesta para la creación de una Comisión Nacional de Energía (CNE). Esta es una de las pocas propuestas rescatables, si bien habría que considerar otro contexto. En ocasiones anteriores, ha habido experiencias que han concluido en la creación de comisiones a las que se otorgan facultades extraordinarias, y se les coloca por encima de todo lo demás, con la ilusión de resolver problemas difíciles. Han sido motivo hasta de chistes. Se trata de organismos cúpulas que, la mayoría de veces, devienen en entidades burocráticas que no funcionan correctamente. Ahora se propone una comisión que podría caer en los mismos vicios si no se formula adecuadamente.
Más que una nueva Comisión, lo que se requiere es culminar la integración de la industria eléctrica nacionalizada. En este contexto, podría considerarse a esa comisión, incluso con funciones adicionales a las propuestas, para incluir en general, la normatividad, la aplicación de políticas e instrumentos de evaluación en materia energética y otras facultades más.
Ley de la Comisión Nacional de Energía
De acuerdo a la propuesta del PRD, la CNE sería un organismo dedicado fundamentalmente a la planeación energética. En la exposición de motivos, el PRD ubica correctamente a esta importante actividad y la considera “imprescindible para la asignación eficiente de los recursos y el cumplimiento de las responsabilidades mandatadas por la Constitución y las leyes respectivas”
De acuerdo al artículo 1, esa Comisión sería “un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía” desde luego con “autonomía técnica y operativa, cuyo objeto será fungir como órgano técnico del Gobierno federal, para desarrollar la planeación y programación del sector energético...”
La Comisión se integraría por el Consejo de Planeación y el Consejo Consultivo.
En el primero estarían los secretarios de Energía, de Hacienda, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente, de Agricultura; y los directores de Pemex, CFE, LFC, Comisión Nacional del Agua y Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, “así como el Presidente de la Comisión Reguladora de Energía” ¡Otra vez, metiendo de contrabando a la CRE!
En el Consejo Consultivo estarían los presidentes de las comisiones de energía de las Cámaras de Diputados y de Senadores, el Procurador Federal del Consumidor, “cinco especialistas, elegidos entre los integrantes de los órganos de gobierno” de CFE y Pemex; “cuatro representantes de las organizaciones sindicales del sector, titulares del contrato colectivo en cada entidad paraestatal...” y “cuatro representantes del sector empresarial...”
Vista así, esa comisión no pasaría de ser un aparato burocrático más con representación aparentemente “plural” Esos burócratas decidirían respecto de actividades relevantes en el contexto de la desintegración industrial y la defensa parcelada de los feudos. Respecto a los sindicatos, se favorece también la desintegración incluso de manera incompleta porque en el sector existen 5 (cinco) no 4 (cuatro) organizaciones sindicales titulares de contratos colectivos, a saber, STPRM, SUTERM, SME, SUTIN y SNTIMP. ¿A que sindicato se excluiría, al SUTIN o al sindicato del IMP, o a los dos? ¿Habría otra representación sindical espuria? Porque, en la exposición de motivos el PRD explicita cuatro entidades del sector energético: CFE, LFC, Pemex y CRE. La CRE es una entidad espuria, a los institutos de investigación del sector (ININ, IEE e IMP) ni se les menciona. Por lo demás, la representación sindical estaría dominada por los charros sindicales.
Para la coordinación de acciones se propone que los Consejos “podrán convocar” a otras dependencias y entidades públicas, “podrán invitar” a sus reuniones a autoridades estatales y municipales y miembros de los sectores social, público y privado, y “podrán invitar” a participar en el desarrollo de sus actividades a universidades e institutos de investigación, así como a miembros de la comunidad científica. Ese “podrán” suena a “opcional” debiendo ser un “deber”, tratándose de la planeación democrática.
Las facultades y obligaciones del Consejo de Planeación se indican en el artículo 10 de la iniciativa. Entre otras, están: “I- Formular las políticas energéticas nacionales..., II- Elaborar, considerando las prospectivas que emitan las entidades del ramo, la sección referente al sector energético en el Plan Nacional de Desarrollo, III- Integrar el Programa Sectorial, IV- Integrar y aprobar, ... los Programas Institucionales respectivos, V- Analizar los resultados de la evaluación, VII- Promoción de estrategias de financiamiento...”
Por su parte, el Consejo Consultivo tendría entre otras facultades: “I- Remitir al Consejo de Planeación la evaluación de la política nacional energética”, así como diversas recomendaciones, “II- Opinar sobre los proyectos de Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial y los Programas Institucionales...”
Con relación a la planeación y programación, se indica en el artículo 16 que “Las entidades del sector energético deberán emitir un documento de prospectiva, que será actualizable anualmente, y deberá plantear las necesidades de expansión, adición, rehabilitación, modernización, sustitución o interconexión de la capacidad de generación, transmisión, transformación, control, distribución y comercialización durante un período de 10 años; las metas que racionalmente se plantea para la atención de dichas necesidades así como las medidas que se estiman necesarias para dar cumplimiento a dichas metas”
Se indica también que “Los anteproyectos de las prospectivas serán elaborados por los directores generales de las entidades del sector energético y revisadas por los órganos de gobierno de las mismas, para ser remitidas a la Comisión de Energía para su aprobación”
De manera similar se elaboraría un anteproyecto de Programa Institucional que contemple el desarrollo de proyectos específicos a mediano plazo. Con base en los programas institucionales de cada entidad del sector, la CNE los integrará para constituir el Programa Sectorial de Energía. En los programas anuales se establecería el detalle de las acciones de operación de cada entidad.
En las Disposiciones Generales se indica que, “Los Consejos podrán crear grupos de trabajo, permanentes o transitorios, para realizar las tareas relacionadas con el objeto de la Comisión...”y “La Ley de Planeación será aplicable supletoriamente...”
A diferencia de la mal hecha iniciativa de los diputados del PRD, la de los senadores perredistas aborda de manera especial la importante tarea de la planeación. Esta propuesta es diferente a la expresada en la iniciativa del PRI que confiere esta facultad a la CFE a través del llamado Consejo Superior de Planeación Estratégica. En las iniciativas, las propuestas de documentos son diferentes si bien podrían ser no excluyentes sino complementarios, debidamente integrados.
Los promotores de la iniciativa perredista señalan el caso de Nicaragua, Chile y España que han creado organismos especializados “para diseñar, proyectar y concebir políticas públicas” Esos órganos asumen funciones de planeación energética, de política energética, optimización de recursos naturales y “ante una tendencia generalizada de la apertura de los mercados energéticos actúan como agentes reguladores en las inversiones del sector” Esto último constituye una expresión desafortunada, tal “tendencia” está llegando a límites precisos y, además, ha fracasado prácticamente en todas partes. Son previsibles mayores y más graves conflictos.
Pero, si se quisiera ser coherente con esa fuente de inspiración, entonces, habría que incluir entre las funciones de la CNE también lo concerniente al establecimiento de tarifas eléctricas, precios de combustibles, aplicación de normas, etc. Se justificaría mejor la propuesta del PRD, así no habría ya necesidad del lastre que representa la Comisión Reguladora de Energía dedicada casi exclusivamente a otorgar permisos privados ilegales. De hecho la CRE es innecesaria, en la medida en que se suprima toda propuesta de privatización en la legislación eléctrica secundaria, en estricto acato a las disposiciones constitucionales.
En México han existido diversas propuestas previas. En 1961, recién decretada la nacionalización, los electricistas del STERM propusieron loa creación de una entidad superior, el Instituto Nacional de la Industria Eléctrica en el contexto de la integración industrial. En 1976, la Tendencia Democrática del SUTERM y específicamente las Secciones Nucleares propusimos una Administración Nacional de Energéticos. Un año antes, en 1975, propusimos que la planeación energética es parte del servicio público de energía eléctrica. Así quedó plasmado en la primera Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE).
El proceso se interrumpió violentamente en 1976 cuando enfrentamos la represión político-militar del Estado y su gobierno. En 1992, las contrarreformas a esta Ley deformaron el concepto de servicio público, deformación que se mantiene y refuerza en las actuales iniciativas del PRI y, sobre todo, del PRD. Ahora, desde el FTE insistimos en la necesaria culminación de la nacionalización eléctrica mediante la cabal integración industrial, para cuyo desarrollo la planeación energética es esencial. Durante décadas hemos insistido en la necesidad de abordar coherentemente las actividades de la planeación energética. Esta función se ha venido perdiendo día a día en el sector, actualmente no existe ningún Programa Nacional en materia de Energía. Las entidades del sector funcionan, o malfuncionan, en la improvisación, el empirismo y el arbitrio burocrático, casi siempre en el inmediatismo. Con el proceso de privatización inconstitucional llevado a cabo por los gobiernos de Zedillo y Fox, la preocupación por la planeación se ha olvidado, les importan los negocios con las transnacionales, así sean ilegales.
De manera que, incluir en la reforma eléctrica a la planeación energética es un indudable acierto. Desafortunadamente, tanto el PRI como el PRD, incurren en otras propuestas esenciales que son totalmente inaceptables. De las pocas novedades, la propuesta perredista para crear la CNE resulta interesante y podría lograrse si se procede con coherencia.
Para el FTE, lo primero a definir debe ser la Política Energética de México. Al respecto proponemos una Política Energética Independiente en los términos de nuestro programa. Esta política se expresa en un necesario Programa Nacional de Energía, integrado al Plan Nacional de Desarrollo. El Programa Nacional de Energía estaría constituido por: el Plan Nacional de Hidrocarburos, el Plan Eléctrico Nacional y el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo en materia de Energía. Habría también otros planes estratégicos de desarrollo y, la elaboración correspondería a los trabajadores petroleros, electricistas y nucleares debidamente organizados para la operación, concreción y evaluación de los planes, programas y proyectos. No hay planeación posible, ni puede haberla y menos concretarse, sin la participación organizada y democrática de los trabajadores, sujetos fundamentales de la lucha en el espacio del saber. ¡En este proyecto los charros NO caben!
Reiteramos que es vital que PRI y PRD, aliados en el presente caso, revisen sus propuestas y las contrasten a la luz del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es pertinente, también, que procedan con la firmeza necesaria porque el debate se ha reducido al ámbito parlamentario, las fuerzas sociales han sido ignoradas y, algunas, hasta convencidas de los absurdos privatizadores no constitucionales.
Esto es más importante en la medida en que Fox tiende a seguir gobernando al margen de la Constitución. Si se quiere legislar que sea para bien de la Nación, con todas sus consecuencias no “a medias tintas” con leyes tramposas que contradicen el discurso de sus promotores.