energía, periódico del Frente de Trabajadores de la Energía

Si en 1938 y en 1960, los trabajadores y pueblo de México lograron conquistar su patrimonio energético, en 2013 se vive la más brutal ofensiva gubernamental para destruir a Pemex y a la CFE.

El hecho tiene importancia porque se pretende cambiar el régimen de propiedad, de tal manera que, la industria energética nacionalizada se convierta en privada.

Los principales mecanismos de esta privatización son: 1. La transferencia al sector privado transnacional de las funciones estratégicas del proceso de trabajo energético, 2. La transferencia a las corporaciones de parte de la renta energética, 3. La realización del trabajo con nueva infraestructura industrial totalmente privada, 4. La apropiación privada de todos los recursos naturales y 5. La privatización furtiva a través de instancias de regulación.

Para llevar acabo estos propósitos antinacionales, el Banco Mundial recomendó al gobierno que procediera mediante el consenso, entendido como el acuerdo con las cúpulas de los partidos políticos, a efecto de simular las decisiones parlamentarias antinacionales.

El Pacto por México es un engaño a la nación. En materia energética, se trata de la entrega de los recursos naturales de hidrocarburos, y los renovables, a las corporaciones transnacionales.

Este Pacto tiene su expresión en la llamada Estrategia Nacional de Energía, que indica un conjunto de lineamientos para los negocios privados en el sector.

Esta estrategia es contradictoria y antinacional. Entre otros aspectos, la Estrategia reconoce que las reservas probadas de hidrocarburos son muy bajas, apenas para una década, pero estima que existen cuantiosos recursos prospectivos. Sin embargo, esos recursos son inexistentes porque se refieren a hidrocarburos no descubiertos.

No obstante, tanto el Pacto como la Estrategia tienen como objetivos centrales aumentar la producción de petróleo crudo, necesariamente para exportarlo a los Estados Unidos, pues la demanda nacional no lo requiere.

Con el gas natural la situación es peor porque no se produce siquiera para atender la demanda nacional sino que cada vez son mayores las importaciones, consecuencia de una política basada en la generación eléctrica, a través de centrales privadas del tipo ciclo combinado a base de gas natural, mismo que importa caro y se suministra barato a las transnacionales eléctricas.

En materia de productos petrolíferos y petroquímicos la situación es crítica. Los petrodólares de las exportaciones de crudo se devuelven en cuantiosas importaciones diarias de gasolinas y diesel. Pero, en vez de procesar internamente el crudo se sigue la política para agotar al Sistema Nacional de Refinación, a cargo de Pemex, y se proyecta ceder la producción, distribución y transporte de petrolíferos, agroquímicos y agrocombustibles al sector privado.

El Pacto y la Estrategia proponen fortalecer a los órganos reguladores, como oficinas del Banco Mundial en México, dedicadas a instrumentar la privatización furtiva. A la fecha, la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado 685 permisos de generación eléctrica y 200 permisos privados para el transporte, distribución y almacenamiento de gas natural.

Las redes eléctricas nacionales, a cargo de la CFE, y las de ductos, a cargo de Pemex, están puestas al servicio de las corporaciones transnacionales. Peor aún, las fuentes renovables de energía se han entregado a las transnacionales, que se han apoderado del territorio, el agua y el viento en vastas regiones, principalmente, en el Istmo de Tehuantepec.

Esta política es inconveniente para el conjunto de la nación. El gobierno insiste, mediáticamente, que sus propuestas de reformas no quieren decir privatización. Pero los hechos muestran que se trata de destruir a las industrias energéticas nacionalizadas. Cínicamente, se atreven a negar que su política es privatizadora, cuando solamente en la generación eléctrica ya está privatizado el 52% de la capacidad total a nivel nacional.

A la privatización energética se suma la del abastecimiento y suministro del agua potable y la minería de todos los recursos metálicos y no metálicos, siendo en este caso ya más de 27 mil concesiones privadas, así como el espectro radioeléctrico nacional

En la práctica, las reformas del gobierno serían una evidente privatización furtiva. Las intenciones consisten en reformar los párrafos cuarto y sexto del artículo 27 constitucional, así como el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, en materia de hidrocarburos y de energía eléctrica, para profundizar las reformas legislativas regresivas de 1995, 1996 y 2008.

Por estas y otras razones, la política energética oficial, inscrita en el marco de la geopolítica energética del imperialismo, es inaceptable. Por lo mismo, los mexicanos concientes nos oponemos a todo intento de reforma energética regresiva.

Frente a esta política antinacional, los trabajadores del FTE de México y el movimiento estudiantil, llamamos al pueblo de México a tomar acciones decididas, debidamente organizadas, para que en una movilización generalizada, impidamos la destrucción deliberada de la industria energética nacionalizada y la apropiación privada de los recursos naturales y espectro radioeléctrico de la nación.

Consideramos que, al igual que los gloriosos hechos de la Expropiación petrolera y Nacionalización eléctrica, nos manifestemos en todo el territorio nacional y allende las fronteras. Las privatizaciones no son destino inevitable de México ni del mundo.

Llamamos a enarbolar una Política Energética Independiente, basada en las siguientes banderas: 1. Propiedad colectiva de los recursos naturales e infraestructura energética, 2. Uso racional de los recursos energéticos, petróleo, gas y fuentes renovables de energía, especialmente, el agua, 3. Integración del proceso de trabajo energético.

Esta política independiente tiene sus propias líneas de acción y medidas de política energética, de inmediato y mediato plazo. En el primer caso, proponemos la cancelación de todos los permisos, concesiones y contratos privados, la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía y la derogación de las contra-reformas energéticas privatizadoras de 1995, 1996 y 2008.

En el segundo caso, proponemos la suspensión de las exportaciones de petróleo crudo, la exploración en las aguas someras, la producción nacional de petrolíferos y petroquímicos, la prohibición de agrocombustibles, el impulso a la producción de alimentos y el destino del agua para el consumo de los seres vivos, el restablecimiento de la ingeniería de proyectos, la realización de investigación científica y desarrollo tecnológico a través de un solo Instituto de Energía, integrado en la industria energética nacionalizada.

Proponemos impulsar estas propuestas con acciones políticas, técnicas y sociales, dentro y fuera de los centros de trabajo y espacios educativos. Las propuestas del gobierno y transnacionales no son las únicas ni las mejores. El pueblo de México tiene alternativas, sustentadas política, técnica e históricamente. Nuestra política está en el interés general de la nación, la política del gobierno y transnacionales es lesiva y debe ser rechazada.

¡No a la privatización energética! ¡Venceremos!