La presentan Peña Nieto y los partidos políticos firmantes del Pacto contra México. Las cúpulas empresariales aplauden. Slim y Azcárraga felices. La supuesta izquierda la reivindica. Le ley federal de telecomunicaciones significa la entrega del espectro radioeléctrico de la nación al sector privado nacional y extranjero (100%). Los privados utilizarán la infraestructura de fibra óptica de la CFE.

El lunes 11 de marzo, Peña Nieto y partidos políticos que le acompañan (PRI, PAN y PRD) presentaron a la Cámara de Diputados iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones.

En la ceremonia, Peña dijo que "el Estado mexicano tutela ante todo el interés de los consumidores, es decir, el derecho de todos los mexicanos’’. ¡No es cierto! Al contrario, se despoja a la mayoría de la nación viviente y se beneficia a unos cuantos capitalistas.

Agregó que con esta reforma se trata de hacer valer la rectoría del Estado en este sector estratégico". Esa es una contradicción. Si el sector es estratégico, como lo es, no se puede hacer valer ninguna rectoría del Estado cediéndolo al sector privado. Siendo estratégico, en este sector no puede haber "rectoría" (del Estado) sino dominio (de la nación).

Lo anterior no es menor, forma parte de la confusión que introyecta Peña Nieto para despojar a la nación de su patrimonio colectivo.

En ese mercado, advirtió, deben prevalecer condiciones de competencia y certidumbre legal, pues la ausencia de ellas “impacta negativamente en la disponibilidad, el costo y la calidad de los servicios. También afecta el avance tecnológico y el nivel de inversiones que se realizan en el país’’. Todo ello, insistió, reduce la productividad y limita la capacidad para crecer y generar empleos mejor pagados.

¿Con la nueva reforma habrá empleos mejor pagados? ¡No! Si caso serán empleos sujetos al contratismo. Las inversiones no serán para el desarrollo sino para la acumulación de capital.

Peña enumeró tres apartados de esta reforma: ampliar los derechos de los mexicanos y garantizar la liberad de expresión y difusión asegura libre acceso a la información y a sus tecnologías, incluyendo la banda ancha; diseña una nueva arquitectura institucional en favor de la competencia y la certidumbre legal, por la cual el Ejecutivo ya no otorgará ni revocará concesiones, y contempla medidas para acelerar la competencia en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión para “liberar su potencial”

En suma, “los mexicanos merecen servicios que sean rápidos y confiables, así como una mayor diversidad de contenidos. Queremos que los usuarios puedan estar conectados cuando lo requieran, con la señal continua para subir y bajar datos en cualquier momento. También queremos que la sociedad mexicana cuente con más canales de televisión y de múltiples opciones para recibir información veraz, plural y oportuna”, concluyó.

Este discurso es demagógico pues no conducen a reducir costos para los consumidores y menos a mejorar la calidad de los servicios. Esos no son objetivos del sector privado. Menos aún representan ninguna libertad de expresión ni libre acceso a la información.

Esa competencia y certidumbre legal que el gobierno ha diseñado significa la distribución del pastel entre unos cuantos que "competirán" por obtener las mayores ganancias posibles. La "certidumbre" legal se llama anticonstitucionalidad para que los concesionarios se apropien impunemente de los bienes nacionales.

Servicios rápidos y confiables son expresiones mercadotécnicas y eso de "diversidad de contenidos" es una burla, lo mismo que la información veraz, plural y oportuna. Nada de eso caracteriza las telecomunicaciones privadas. Al contrario, lo que promueven es la desinformación, la unilateralidad y unidimensionalidad basadas en contenidos basura, especialmente de la televisión convertida en verdadera escuela del crimen. Si hay alguna duda, basta un somero análisis a los guiones de las telenovelas, donde parece que se educó Peña Nieto.

En la apariencia, la iniciativa tiene como eje terminar con la dominancia de las grandes empresas de telefonía y televisión y "recuperar la definición del espectro radioeléctrico como bien de la nación".

Esto no es cierto. Actualmente, la telefonía está dominada por el grupo de Carlos Slim a quien Salinas de Gortari le regaló Teléfonos de México (Telmex), y la televisión por el grupo Televisa de Emilio Azcárraga. Terminar esa "dominancia" significa para Peña Nieto que Slim incursione en la televisión y Azcárraga en las telefonía. Es decir, todo consiste en repartir la "dominancia" entre sí. A eso le llaman competencia. Se trata de la apropiación del patrimonio nacional y de las ganancias entre dos grupos. En cuanto a "recuperar" el espectro radioeléctrico como bien de la nación, se trata de lo contrario, entregarlo a unos cuantos. ¿Cuál ruptura del monopolio? será la creación de dos o más monopolios (privados) en vez de uno. Ahora habrá dos cadenas de televisión y dos de telefonía, ambas proporcionarán servicios de cuádruple play.

¿Eso será en "beneficio de la sociedad? ¿"Volver al sentido social del espectro"?, como han dicho Peña y políticos. Nada de eso sino a la inversa. El beneficio de la sociedad será la libertad para decidir quién la intoxica más y pagarle. Si una no le gusta podrá decidir por la otra y también pagarle. En cualquier caso, enriquecerá a ambos monopolios y ambos la envenenarán. "Volver el sentido social al espectro" (radioeléctrico) es parte de las declaraciones basura.

Otro de los puntos nodales de la reforma será obligar a las empresas de televisión por cable y de televisión abierta a proveer el servicio entre unas y otras, sin que esto implique un costo adicional para los usuarios (Méndez E., en La Jornada, p.6, 11 mar 2013).

Entre las obligaciones que se pretende imponer a los concesionarios, señalaron, está que los operadores de televisión de paga (restringida), conocida como must-carry, incluyan en su servicio básico todas las señales de televisión radiodifundida compatible con la práctica del must-offer, que se entiende como la obligación de los radiodifusores de televisión (abierta) de ofrecer sus señales a los operadores de televisión de paga, cuyas redes se encuentren dentro de las áreas de cobertura de las estaciones de televisión correspondientes.

Compañías de televisión por cable y televisión abierta han mantenido conflictos por el cobro de canales de uso no restringido. Una disposición similar se aplicaría en el caso de la interconexión telefónica, que por el momento eleva los costos de las llamadas cuando las empresas de telefonía fija o móvil se conectan para usar la red de Teléfonos de México (Telmex).

En el caso de la dominancia, se busca que las empresas que se dediquen a la telefonía fija y celular definan a cuál segmento del mercado pretenden enfocar su esfuerzo, al igual que en las cadenas de televisión abierta y de paga por satélite o cable.

Para ello, las compañías se verían obligadas a la desincorporación de activos, y se prevé que los órganos reguladores ‘‘tengan dientes’’ para hacer que las empresas vendan un segmento del mercado de las telecomunicaciones y dentro de un mismo mercado: de televisión o telefonía.

La reforma no incluirá el control del mercado de Internet, porque en este momento ninguna compañía es dominante y, por el contrario, el mercado está dividido por la variedad de proveedores que ofrecen el servicio.

De entrada, se licitarán dos cadenas (privadas) de televisión abierta a nivel nacional, obliga a las televisoras (privadas)a regresar (momentáneamente) al Estado los canales que resulten de la transición digital, replantea nuevas fórmulas tarifarias en telefonía fija y móvil, crea al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y fortalece a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).

Así, ¿se puede hablar de la "democratización" de los medios? Ja. Esa sería, en todo caso, "repartición" de ganancias ilícitas entre unos cuantos muy ricos.

"Se considerará como agente preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, a cualquiera que cuente directa o indirectamente con una participación nacional de 50%, medido este porcentaje por el número de usuarios, por el tráfico de sus redes o la capacidad utilizada de las mismas", dice el documento.

Una vez identificadas las empresas que rebasan dicho porcentaje, el nuevo órgano regulador establecerá las medidas que permitirán "la desagregación efectiva de todas las redes locales de telefonía, televisión restringida e internet fijo", de manera que los nuevos participantes puedan acceder a los medios físicos y técnicos de conexión entre cualquier punto terminal de las redes públicas de telecomunicaciones y las centrales locales.

La reforma propone modificar 8 artículos de la Constitución y una docena de leyes secundarias. Las nuevas medidas "podrán incluir la regulación de precios y tarifas, y condiciones técnicas y de calidad".

Sobre los conceptos must carry y must offer, respecto a la relación comercial entre televisoras abiertas y restringidas se propone la "gratuidad" de las retransmisiones a menos que la empresa cablera tenga la capacidad financiera a la de televisión abierta un porcentaje por la retransmisión.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) se transformará en IFT como ente autónomo y con el permiso (sic) constitucional para licitar, negociar y quitar concesiones. Es decir, un pequeño grupo de burócratas (pagados por lso privados) se abrogará el derecho constitucional de traficar a discreción con el espectro radioeléctrico.

Tratándose de la banda ancha, la infraestructura con que operará será la de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la que cederá su concesión a Telecomunicaciones de México para instalar, operar y explotar una red pública.

Esto es, Peña aprovecha para despojar a la propia CFE de su propia infraestructura de fibra óptica, creada con recursos públicos para ponerla al servicio privado, al igual que las redes eléctricas nacionales.

En suma, la iniciativa de Peña Nieto y sus partidos paleros se trata de enriquecer más a los más ricos. Para eso lo impusieron en la Silla presidencial, a ellos sirve cumplidamente. Para no dejar dudas del alcance del Pacto, el 15 de marzo los diputados aprobaron (sin chistar) la nueva ley. Los cerdos (as) que se asumen de "izquierda" (Barrales p.e.) reivindicaron a esa ley como suya, lo es pero no de la izquierda, como dijo. Los telefonistas, otra vez calladitos (sic). Y así se asumen como sindicalistas democráticos, siendo simples peones de la imperialista CSI. Obvio, son accionistas (super minoritarios) de Slim y defienden sus intereses monetarios.


Fuente: 22013, elektron 13 (80) 1-4, 20 mar 2013.

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