Lo que se dice en el discurso es una cosa, lo que se hace es otra. Lo primero se adorna, lo segundo se oculta. Lo que no se dice es lo más importante. La privatización del agua potable es casi total en el país y ni siquiera se menciona. La disponibilidad media de agua en el país es baja, muy baja y extremadamente baja. El acceso al agua es un derecho social que no es posible garantizarlo con la privatización furtiva.

A Peña Nieto le escriben discursos que, en la apariencia, parecieran inobjetables pero en la esencia son cuestionables. Sí, en la superficie los fenómenos (y discursos) son engañosos, borrosos, yendo al fondo se revelan diferentes y muy graves.

Si nos guiáramos por el discurso, habría que felicitar a Peña pero, si vamos al análisis, hay que reprobarlo.

Cuidar el agua es impostergable para superar la compleja situación hídrica que vive el país: 35 millones de personas tienen poca disponibilidad del líquido y uno de cada seis acuíferos están sobrexplotados, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto durante la ceremonia oficial del Día Mundial del Agua. Ahí presentó las líneas de acción que se realizarán en su gobierno y serán la base de una política de Estado en la materia (Cruz A., en La Jornada, p.33, 23 mar 2013).

Prevé la participación de los tres niveles de gobierno con visión de largo plazo y el objetivo de garantizar el derecho constitucional del acceso al agua, indicó el titular del Ejecutivo.

El plan incluye cuatro grandes rubros. El primero es garantizar servicios de agua adecuados y accesibles para toda la población, la conclusión de cinco acueductos para abastecer a las principales ciudades del país, la instalación de plantas desalinizadoras y la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento.

Para la zona metropolitana del valle de México prevé el fortalecimiento y requipamiento del sistema Cutzamala, y en coordinación con las autoridades locales la creación del Organismo Metropolitano de Drenaje para el valle de México. De igual forma se buscarán nuevas fuentes para abastecer del líquido a esta que es la zona más poblada del país, indicó.

Para el FTE de México, lo que el país requiere es la aplicación de una Política Hídrica Independiente, la del gobierno es neoliberal y ambas tienen objetivos opuestos. La problemática puede ser la misma, incluso el diagnóstico, pero las conclusiones y propuestas son muy diferentes.

Decir que hay que cuidar el agua es un lugar común, que lo diga el gobierno deja dudas habida cuenta que permite, tolera y auspicia el mal uso del agua.

Las apreciaciones de Peña Nieto, y de quienes le escriben los discursos, es conservadora; la situación real es peor. Son más de 35 millones de mexicanos con poca disponibilidad de agua, de hecho el norte del país es una región de muy baja disponibilidad, el centro de baja disponibilidad, en el DF es extremadamente baja y solamente el sureste tiene condiciones aceptables. En todos los casos, la tendencia es a la una mayor disminución. En el norte hay una situación de strés hídrico.

Peña anunció un plan que incluye algunos aspectos del problema. Ese plan es muy pobre pero lo peor es que no indica cómo concretarlo, ocultando lo principal. Actualmente, casi todos los municipios, incluyendo el Distrito federal, han concesionado los servicios de agua poniéndolos en manos de las transnacionales, principalmente españolas. Al respecto, Peña ni siquiera menciona esa situación porque no piensa modificarla, al contrario tiende a generalizar la privatización del agua en todo el país. En tales condiciones, eso NO garantiza el derecho social al agua.

En la política hídrica independiente del FTE, lo primero es nacionalizar las aguas nacionales y todo el proceso de trabajo hidráulico. La política neoliberal considera que el agua es una mercancía y, por tanto, su acceso se determina en función del pago que se hace por el líquido y el servicio. Pero, siendo un derecho social, el acceso al agua no puede basarse en criterios mercantiles sino sociales, a cargo exclusivo del Estado.

Cinco acueductos es realmente poco habida cuenta que las principales ciudades carecen de suficiente agua y son más de 200. Instalar plantas desalinizadoras suena hasta apantallante pero no es viable en el corto plazo. Ha habido algunos intentos previos en baja escala y propuestas para mayor escalamiento utilizando reactores nucleares. Al momento no han tenido éxito. En el caso nuclear, sería peor el remedio que la enfermedad y ni siquiera se ha probado. Peña no indica que tecnología se usará ni por quién, seguramente piensa en las transnacionales.

En cuanto a "la búsqueda de nuevas de nuevas fuentes de abastecimiento", la propuesta es muy general. Desde nuestro punto de vista, dada la urgencia y gravedad, las fuentes disponibles son las existentes, mismas que usufructúan unos cuantos y transnacionales. La Coca Cola extrae millones de litros diarios en multitud de regiones del país. Hoy el litro de Coca Cola vale más que el litro de petróleo crudo. De este se pueden procesar más de mil productos que asocian un mayor valor agregado. De la Coca solo se obtienen calamidades para la salud. En nuestra política, una propuesta es retirarle todas las concesiones privadas otorgadas a al Coca Cola, Pepsi Cola y demás que utilizan el agua para producir refrescos.

Así, el plan de Peña resulta pobre y simplista, lo que se necesita es un verdadero Plan Hídrico Nacional, basado en una política hídrica independiente.

Si Peña cree que el capital puede garantizar el acceso al agua, se engaña y engaña a los demás. Por otra parte, la problemática no se reduce al suministro de agua potable, debe incluirse también la grave crisis de los ríos, lagos, lagunas y mares, sujetos a una severa contaminación y destrucción.

Como parte de las líneas de acción para un uso racional y sustentable del recurso natural, Peña suscribió el Acuerdo General sobre Libre Alumbramiento de Aguas Nacionales, el cual establece reglas específicas para el control de la explotación de corrientes subterráneas. De entrada prohíbe la perforación de pozos sin autorización de Conagua.

Al respecto, el director del organismo, David Korenfeld, explicó que en el subsuelo del territorio nacional se encuentra casi 40 por ciento del total de agua disponible para consumo humano. El acuerdo busca garantizar la administración de la demanda, manejo, inventario, control, planificación y gestión de ese recurso. Así se asegura su protección y el equilibrio entre la disponibilidad y el consumo.

Con el ordenamiento, el gobierno federal tendrá el control sobre 10 mil millones de metros cúbicos de agua subterránea al año, cantidad superior a la que se utiliza en el país en un año para consumo de las personas, explicó.

Otra línea de acción tiene que ver con la seguridad alimentaria. Peña Nieto informó que se construirán las obras necesarias de infraestructura hidroagrícola y de extracción del líquido, a fin de asegurar la producción de alimentos.

Para ello se modernizarán 850 mil hectáreas de riego y se incorporarán 50 mil más para este uso. También se rehabilitarán y construirán más de cinco mil pozos, previa salvaguarda de los acuíferos. Resaltó que estas medidas respaldarán los esfuerzos de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

El cuarto punto del plan gubernamental se refiere a la seguridad hídrica, con medidas para hacer frente a las contingencias derivadas del cambio climático. Peña Nieto recordó que la ubicación geográfica de la República la hace vulnerable a fenómenos como la sequía y las inundaciones.

El titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, destacó que casi 40 por ciento del territorio nacional presenta condiciones “anormalmente secas”, y 17 por ciento adicional empieza a sentir sus efectos, con impacto en 806 municipios de 28 estados.

El Acuerdo General sobre Libre Alumbramiento de Aguas Nacionales es muy poca cosa, la prohibición de perforación de pozos, sujeta a la autorización de la Conagua no es garantía de nada. Esa Comisión debe desaparecer y transformarse en una institución nueva, Agua de México, encargada de realizar, con exclusividad, todas las fases del proceso de trabajo hidráulico.

Para ello, primero es preciso reformar a la propia Constitución y eliminar las concesiones privadas. De acuerdo a la política hídrica independiente del FTE, en materia de aguas el dominio corresponde a la nación y, en esta materia, nos e otorgarán concesiones ni contratos. En consecuencia, se necesita también una nueva ley reglamentaria sobre aguas nacionales, en la que se prohíban expresamente las concesiones privadas. El agua es de la nación y su acceso es un derecho social, correspondiendo al Estado la obligación de preservar las fuentes disponibles de agua, en la plataforma terrestre y marina.

El agua se utilizará principalmente para el consumo de los seres vivos, siendo alimento y energético vital. El agua se destinará a la producción de alimentos, prohibiendo su uso en la minería, extracción del gas de lutitas y producción de agrocombustibles.

Las líneas de acción deben estar contenidas en el correspondiente Plan Hídrico Nacional, incluyendo la realización de investigación científica través del Instituto del Agua, integrado en Agua de México.

Los mismos datos oficiales, como los del Instituto Nacional de Estadística, Geografía ye Informática (INEGI) que generalmente son conservadores, por no decir maquillados, muestran el panorama existente en el país, frente a lo cual, la política de Peña Nieto en materia de agua es muy pobre e incorrecta por privatizadora.

La disponibilidad de agua por año para cada mexicano se reducirá 275 metros cúbicos (275 mil litros) para 2030, en comparación con la cantidad con la que contaba en 2010, reveló el INEGI (González S., en La Jornada, p.33, 23 mar 2013).

Hace tres años dicha disponibilidad ascendía, en promedio, a 4 mil 90 metros cúbicos per cápita, pero en 17 años más se prevé que disminuya a 3 mil 815 metros cúbicos, según cifras que el INEGI difundió a propósito del Día Mundial del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo desde 1993, además de que 2013 fue proclamado Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.

La reducción de agua prevista es de 6.72 por ciento en tan sólo 20 años, pero se incrementa aún más en regiones del país donde “se contará con niveles cercanos o incluso inferiores a los mil metros cúbicos por habitante, lo que se califica como condición de escasez grave”, alertó.

La escasez, ejemplificó, ocurrirá en la península de Baja California, la zona del río Bravo e incluso el valle de México. En este último “actualmente se presenta un nivel extremadamente bajo (de disponibilidad) por la densidad de población”.

Entre 2000 y 2011 aumentó 5.6 por ciento el agua suministrada (de 312 mil a 329 mil litros por segundo), mientras el agua desinfectada para consumo humano subió 9.2 por ciento en igual periodo.

A partir de los censos económicos, el Inegi detalló que hay 47 municipios del país que carecen del servicio de agua potable, la cifra representa 2 por ciento de los 2 mil 457 municipios que existen actualmente. Además, 33 por ciento no tienen servicio de alcantarillado y sólo 28 por ciento –es decir, 695 municipios– cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales.

El país contaba en 2010 con una disponibilidad natural media total de 462 mil 583 millones de metros cuadrados al año; es decir, agua dulce renovable, cifra que ya toma en cuenta “las exportaciones e importaciones de agua”.

Sin embargo, “la distribución espacial del agua es bastante irregular, ya que en 42 por ciento del territorio, principalmente en el norte, los registros de precipitaciones medias anuales son inferiores a 500 milímetros, y en algunos casos de menos de 50 milímetros. Por el contrario, en 7 por ciento del territorio hay precipitaciones medianas anuales superiores a 2 mil milímetros y en algunas regiones incluso por encima de 5 mil milímetros”.


Fuente: 2013, elektron 13 (85) 1-4, 25 mar 2013.