En 1938, el pueblo de México se desbordó en extraordinarias jornadas de lucha en defensa de su patrimonio energético. Fue la más grande irrupción de masas posterior a la Revolución Mexicana. Se conquistó para la nación el dominio sobre los hidrocarburos.

Durante décadas, la industria petrolera de los mexicanos ha financiado el desarrollo de la nación, habiendo obtenido importantes logros. Pemex es la petrolera más rentable del mundo.

Pero las corporaciones transnacionales y gobiernos a su servicio quieren que esta industria de propiedad nacional se convierta en una de propiedad privada. La pretensión consiste en sustituir los objetivos de bienestar social por los de lucro. Para ello, se plantea transferir las funciones constitucionalmente estratégicas, a cargo exclusivo de Pemex, al capital extranjero.

Se trata de aplicar los mecanismos más severos de la privatización furtiva.

El gobierno, mediáticamente, niega que haya privatización pero los hechos son completamente privatizadores.

Sin haber presentado ningún diagnóstico, así fuese solo por formalidad, sin argumentos técnicos, despreciando la historia del pueblo de México y simulando “consenso” al pactar con las cúpulas de los partidos políticos, el gobierno federal tiene en marcha el plan más agresivo contra Pemex desde 1938.

La llamada “apertura al capital privado” se plantea para incrementar las plataformas de producción de petróleo y su exportación hacia los Estados Unidos. Consecuentemente, se “abriría” Pemex para privatizar la exploración y producción de petróleo y gas. También se privatizaría el procesamiento del petróleo crudo para la elaboración de productos petrolíferos, especialmente, gasolinas, diesel, turbosinas, grasas y lubricantes. Se incluiría, asimismo, a la petroquímica, incrementando la privatización actual de todos los productos petroquímicos.

Para lograr sus propósitos, el gobierno actual considera que la industria petrolera es de su propiedad, cuestión absolutamente falsa. Pemex no es del gobierno, ni siquiera es del Estado, es de la nación. Poco importa al gobierno federal la ruptura total de la legalidad constitucional. Ya se preparan las iniciativas para destruir los párrafos cuarto y sexto del artículo 27 constitucional y párrafo cuarto del 28.

Las nuevas propuestas rebasarían lo indicado por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en materia petrolera y eléctrica. En este último rubro, la industria ya fue desnacionalizada, el 52% de la generación eléctrica total a nivel nacional ya es privada.

El gobierno federal carece de argumentos técnico-económicos, procede al margen de la nación, sirve a intereses antinacionales, la privatización energética que propone es compulsiva, dogmática a ultranza, es la aplicación de la doctrina del choque en materia energética.

Los mexicanos (as) concientes no estamos de acuerdo con la entrega al capital transnacional de los recursos naturales energéticos de la nación viviente. El FTE de México, junto con la Mesa de Soberanía Energética del Movimiento #YoSoy132, hemos organizado el 23 Foro de Energía para continuar el análisis, tomar acuerdos colectivos y revitalizar la lucha organizada. ¡No, a la privatización de Pemex!