Después de varios años, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió que Napoleón Gómez Urrutia, charro del sindicato minero metalúrgico, debe repartir los 54 millones de dólares que recibió del Grupo Minero México con motivo de la privatización de Minera Cananea. El sindicato tramitó un amparo.

Después de un largo juicio laboral, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Junta) emitió un laudo contra Napoleón Gómez Urrutia, acusado de haber dispuesto de 55 millones de dólares que le fueron entregados por el Grupo Minero México luego de la privatización de Minera de Cananea. Eso motivó un conflicto que llevó a Fox a desconocer a Napo como secretario general del sindicato minero-metalúrgico, después de haber sido impuesto por el mismo. Como ocurre en todos los casos, la parte que pierde tiene el derecho de ampararse. Así lo hicieron los abogados de Napito, quien sigue exiliado en Canadá protegido por la central imperialista Confederación Sindical Internacional (CSI) y las transnacionales mineras canadienses.

El sindicato minero presentó una demanda de amparo para pedir la protección de la justicia federal contra un fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que condenó al gremio a repartir poco más de 54 millones de dólares a miles de trabajadores que laboraron para la empresa Minera Cananea, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF) (Méndez E., en La Jornada, p.25, 27 feb 2013).

El sindicato minero impugnó, mediante un juicio de amparo, la resolución en que la junta resolvió que “se condena al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana a hacer efectivo en favor de los actores el derecho a beneficiarse de la distribución proporcional y equitativa de 54 millones 84 mil 470 dólares que el extinto fideicomiso 10964526 entregó al sindicato el 3 de marzo de 2005, pagaderos en moneda de curso legal”.

La demanda de amparo es la última herramienta de defensa jurídica con que cuenta el gremio, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, para combatir la resolución de la junta que se emitió tras siete años de litigio.

Se trata de un litigio que se inició tras varias demandas presentadas por unos cuarenta trabajadores que argumentaron que el sindicato nunca les entregó los recursos depositados para su beneficio por el consorcio Grupo México en un fideicomiso, mismos que controló el gremio a partir de marzo de 2005.

Las fuentes judiciales consultadas indicaron que el tema de los 54 millones deriva de un presunto manejo indebido de esos recursos, caso que ha llevado a acusaciones por fraude y lavado de dinero contra Gómez Urrutia.

Según constancias judiciales consultadas, el fallo de la JFCA indica que se deberá abrir un incidente de liquidación para conocer el total afiliados de la sección 65 del sindicato minero que en 1990 laboraban en Cananea.

El origen de este asunto se remonta a 1990, cuando Grupo México compró Mexicana de Cananea –que estaba en suspensión de pagos– y se comprometió a dar al sindicato una participación accionaria de 5 por ciento.

¿Cuando se resolverá el amparo? No hay una fecha definida, seguramente serán meses. Si el juzgado ratifica el laudo de la Junta, Napo tendrá que repartir el dinero recibido. En numerosas ocasiones previas, ha dicho que tal dinero fue repartido. La diferencia es que esos dichos no los probó durante el juicio y de allí el laudo adverso. Si Napo llegase a obtener el amparo, la Junta deberá emitir un nuevo laudo.

Mientras tanto, siguen dudosos esos 54 millones de dólares, mismos que el grupo minero México entregó a Napo como indemnización luego de la privatización de Minera de Cananea. Si Napo los repartió o no, eso no lo fundamental. Lo indebido está en “cobrar” por permitir la privatización. Con esa política, lo mismo ha de haber hecho en otros casos, tanto de privatización minera como siderúrgica. No sería extraño habida cuenta que Napo no es ningún sindicalista democrático, ni siquiera es sindicalista, jamás lo ha sido, sus méritos derivan de haber recibido al sindicato como herencia de su padre. Son ya 60 años, 6 décadas de dictadura sindical familiar.

Con el nuevo gobierno de Peña Nieto, Napo se ha apresurado a ponerse de tapete, llamándose aliado del priísta. Peña es el único que lo puede salvar porque el laudo adverso de la Junta confirma las acusaciones anteriores que lo llevaron a autoexiliarse.

Si Peña lo apoya o lo quita, como antes lo hizo Fox, eso no significaría nada bueno para los trabajadores, ni mucho menos ninguna señal de recuperación sindical. Esta es tarea de los propios trabajadores, cuyo sindicato está usurpado por Napo y su grupo.

Fuente: 2013, elektron 13 (62) 1-2, 2 marzo 2013.

Napistas defendiendo a su charro, quien nunca ha sido minero