Peña Nieto envió al Senado su “estrategia” energética. Propone participación privada en refinación de petróleo, transporte y distribución de petrolíferos, petroquímica, gas lutita y generación eléctrica. También, por supuesto, reforzar los mecanismos regulatorios privatizadores. Esa “estrategia” está en consonancia con la pretendida contra-reforma energética para eliminar a Pemex y a la CFE.

Enrique Peña Nieto envió al Senado la Estrategia Nacional de Energía para los próximos 15 años, en la que advierte que al haber aumentado el ritmo de consumo de combustible México podría ser un país importador de energéticos para 2020, por lo que propone nuevos esquemas que prevén la inversión privada en algunas ramas (Mercado A., Brito O., en Milenio, 28 feb 2013).

En el documento de más de 70 páginas se destaca como una oportunidad alterna al uso de energías fósiles, el uso del gas natural. Para ello Peña Nieto plantea “fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de la nueva (sic) infraestructura de transporte de gas natural por ductos”.

Dice que para mejorar el acceso a la energía, es necesario “promover una amplia participación del sector privado en el suministro de energía en las áreas que permita la regulación vigente”.

Así pues, como lo informó Milenio, la “estrategia” de Peña Nieto es continuar la contra-reafirma energética de 2008 que, a su vez, avaló las reformas regresivas de 1992, 1995 y 1996 en materia energética de acuerdo a lo dispuesto por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

El descaro de Peña es explícito, se trata de privatizar más a Pemex y a la CFE. Claro, en el discurso volverá a negar que promueva la privatización pero sus hechos son privatizadores. La privatización es el fetiche de Peña, como bálsamo curatolotodo, propone la inversión privada para salvar a México.

Para privatizar Pemex y CFE, Peña Nieto ha declarado reiteradamente que bajarán los precios de las gasolinas y las tarifas eléctricas. El FTE ha demostrado que, con la privatización, nada de eso sería posible sino ala inversa. Esta vez, lo que Peña anuncia es el aumento de precios y tarifas a los energéticos. ¿Qué juego es ése?

En cuanto a los subsidios que existen hoy en energéticos, como las gasolinas, Peña Nieto propone al Senado, “revisar y modificar en lo pertinente la metodología actual de fijación del precio público, de tal manera que genere una dinámica de bienestar en todo el país, a partir de apoyos técnicos y focalizados en la población de escasos recursos”.

Esa es palabrería, lo que está anunciando Peña es el aumento de precios a las gasolinas.

El Ejecutivo plantea adecuar el marco regulatorio para generar incentivos que permitan expandir, respaldar e incrementar la capacidad de almacenamiento y el gas de respaldo que debe conservarse para situaciones de contingencia.

“Promover esquemas y precios que reflejen las condiciones reales de oferta y demanda para que las señales económicas derivadas de ello incentiven un uso óptimo del gas y generen condiciones equitativas para todos los participantes”.

Además, se optimizarán las futuras centrales de generación eléctrica con gas natural tomando en cuenta la zona con disponibilidad de gasoductos.

También anuncia que en las necesidades de expansión de gasoductos se incorporará la explotación del gas de lutitas.

¡Qué barbaridad! Peña se queja de los problemas derivados de la carencia de gas natural y propone seguir quemándolo para la generación eléctrica. Esa política absurda y necia solamente puede llevar al colapso.

En La Jornada, la información relacionada fue explícita. Enrique Peña Nieto envió al Senado la Estrategia Nacional de Energía para los próximos 15 años, centrada en “incentivar” una mayor participación del capital privado en el sector eléctrico y petrolero, tanto en almacenamiento y distribución de hidrocarburos como en la refinación de crudo, en la petroquímica y en la explotación de recursos no convencionales, como el gas shale (Becerril A., Ballinas V., en La Jornada, p.18, 1 mar 2012).

En el documento de 73 cuartillas se establece eliminar los subsidios generalizados a la gasolina y otros energéticos y focalizarlos, a fin de que beneficien a las familias más necesitadas. “Es necesario que el sistema tarifario dé las señales adecuadas respecto al costo real de los energéticos, lo que conllevará a un uso más eficiente de la energía”.

Se resalta que “es inevitable” que el costo de la energía –gasolina, gas, electricidad y otros– “pueda incrementarse para el consumidor final, pero el reto es hacer llegar la energía a precios competitivos para toda la población”.

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien ayer se reunió con los senadores del PRD para comentar esa estrategia, señaló en breve entrevista que la participación privada es “en aquellas áreas que la Constitución permita la concurrencia, no así las áreas reservadas, en el caso de los hidrocarburos, exclusivamente al Estado”.

Esa también es palabrería. Coldwell, quien no sabe nada de energía, tiende una cortina de humo. El gobierno de Peña Nieto no solo quiere que la actual privatización continúe sino que se amplíe. Actualmente, la Constitución NO permite ninguna concurrencia del capital privado en el sector energético. Coldwell ni siquiera sabe de qué habla. La actual privatización energética es furtiva, ilegal por anticonstitucional.

Claro que a Coldwell, Peña Nieto y Videgaray no les importa lo que diga la Constitución. Lo que quieren es suprimirla totalmente.

En la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 se plantea impulsar “alianzas estratégicas” de Petróleos Mexicanos (Pemex) con “empresas líderes en el ramo de la petroquímica y esquemas de suministro de largo plazo cuando se justifique la rentabilidad para ambas partes”.

¿Quiénes so esas “empresas líderes”? ¡Las transnacionales! A estas, por cierto, no les interesa aliarse con Pemex. ¿Para qué? si en la llamada petroquímica secundaria, que incluye a miles de productos, la participación privada está legitimada por ley, de manera total y absoluta.

Se habla de una mayor participación privada en la exploración en busca de reservas probadas, sobre todo en caso de yacimientos complejos, como el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), donde “es necesario replantear sus esquemas de explotación a través de apoyos contractuales con terceros”.

El peñismo se refiere a Chicontepec. No le bastan los contratos de Exploración y Producción ya cedidos a las transnacionales en el Sureste y en el Norte del país, también insisten en Chicontepec, donde el nivel de recuperación es muy bajo. Subyacen pretextos para continuar con ese tipo de contratos, ahora en las aguas profundas.

El Ejecutivo federal argumenta que durante los últimos años se han llevado a cabo acciones que han permitido mejorar la situación del sector energético, entre ellas multiplicar las inversiones en exploración en busca de hidrocarburos, lo que permitió revertir la declinación natural del crudo y alcanzar un nivel de restitución de reservas probadas de 100 por ciento, pero no es suficiente, ya que pese a que la inversión en actividades para exploración y producción de petróleo se incrementó más de tres veces en los últimos 12 años –al pasar de 77 mil 860 millones de pesos a 251 mil 900 millones de pesos de 2000 a 2012–, la producción comenzó a declinar hasta alcanzar 2.5 millones de barriles el año pasado.

Ese es el problema: no hay ningún descubrimiento relevante. Y, no solo es asunto de inversiones y dinero. El declive existente, resultado de la voracidad y explotación irracional de los yacimientos, está causando estragos. En México se alcanzó el “pico de producción” de petróleo crudo desde 2004 (incluso antes en algunos pozos) y esa tendencia no se puede revertir por decreto.

En el documento se agrega que México se ha convertido en importador neto de gasolina, diésel, turbosina, gas natural, gas licuado y petroquímicos. Además, “los sistemas de transporte de energéticos presentan signos de obsolescencia, capacidad insuficiente y problemas de integridad física”.

Eso no es nuevo, van años con tendencia creciente en las importaciones. ¿Qué propone Peña? Más privatización, ahora en la refinación del petróleo crudo y los productos petrolíferos relacionados.

Adicionalmente, México enfrenta retos de medio ambiente, donde los costos a la salud y al entorno natural derivados del uso de la energía son significativos. Por ello, “tanto en materia de hidrocarburos como en electricidad es fundamental la participación del sector privado”.

¡Qué ridículo! Para todo el mismo bálsamo: privatización.

Una de las líneas de acción, por ello, es fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de la nueva infraestructura de transporte de gas natural por ductos.

En materia de refinerías, se “debe establecer una política que incentive la inversión del sector privado en las actividades que sean susceptibles para su participación dentro del marco legal vigente”. Entre ellas como proveedores externos de servicios tales como cogeneración, suministro de hidrógeno y tratamiento de agua.

Esa es la “entrada”. En materia de refinación del petróleo el actual marco legal no permite ninguna participación privada. Pero, aprobada la “estrategia”, el gobierno justificará esa “participación”. Se trata de la privatización de una importante fase del proceso petrolero, actualmente a cargo exclusivo de Pemex. La cogeneración es una modalidad de privatización eléctrica, ilegalmente autorizada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La CFRE otorga a Pemex permisos (privados) para la generación eléctrica en la modalidad de cogeneración. Eso ocurre en las 6 refinerías de Pemex. Tal cogeneración la puede hacer Pemex pero no ninguna “participación privada”, carente de procesos industriales para la cogeneración. Se trata, entonces, de introducir furtivamente al sector privado.

En el caso de recursos no convencionales, como el gas de lutitas o gas shale, se señala que su explotación “deberá adaptarse a las condiciones legales y económicas que prevalecen en el país, por lo que su desarrollo pudiera ser lento a menos de que se adopten medidas especiales de promoción”.

¿Qué condiciones legales existen en el país? A la fecha, ninguna. Pero eso es lo que quieren, adecuar la legislación para privatizar ese tipo de gas, del cual, el gobierno ni siquiera sabe cuánto hay y dónde está, solo repite a las agencias internacionales del imperialismo.

Por lo que se refiere a la electricidad, la estrategia gubernamental plantea también más capital privado. Establece promover la entrada de los “operadores independientes” a las zonas no atendidas por el servicio público de energía eléctrica e incluso darles esquemas de apoyo financiero para su establecimiento.

Bajo esa figura de operadores independientes funcionan empresas privadas, la mayor parte extranjeras, que se encargan ya de producir casi la mitad de electricidad que se genera en el país, misma que venden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lo dicho, el cinismo no tiene límite. A la fecha la privatización más sobresaliente es la aportada por los llamados generadores externos, en la modalidad de Productor Independiente de Energía (PIE). Estos están destruyendo a la CFE, generando energía que le venden a la paraestatal, de manera anticonstitucional y causando estragos económicos devastadores.

De acuerdo a la propuesta de Peña, ahora esos PIEs ampliarán su acción hacia el servicio público que atiende la CFE, otorgándole apoyo financiero a las transnacionales. Si actualmente, transnacionales como Iberdrola de España, la segunda empresa eléctrica que opera en el país, cuenta con permisos de la CRE para generar y comercializar energía en la (falsa) modalidad de Autoabastecimiento, con la nueva “estrategia” se trata de generalizar esa tendencia.

Dice Peña y socios que todo lo anterior no es privatización, no, ha de ser PRIVATIZATION.

La “estrategia” plantea un “inevitable” ajuste a las tarifas energéticas, propone la revisión de los subsidios a los combustibles, promueve la participación del sector privado en el sector de los hidrocarburos y electricidad, y busca rediseñar los actuales órganos reguladores (Nieto F., Jiménez H., en El Universal, 1 mar 2013)

Puntualiza que es necesario que el sistema tarifario “dé las señales adecuadas respecto al costo real de los energéticos”, por lo que “es inevitable que el costo final de la energía pueda incrementarse al consumidor”.

En ese sentido, la línea de acción que el gobierno federal propone es el siguiente: aplicar de manera gradual esquemas tarifarios que reflejen las señales económicas para el desarrollo de infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución, evitando subsidios indiscriminados, por lo que se debe afinar el esquema de precios.

En esta lógica, se deberán transparentar los componentes de los precios de los energéticos, diferenciando entre precios al productor, impuesto y subsidios, para que el consumidor conozca a detalle el precio real de los insumos.

Ni siquiera el gobierno federal puede creer y menos sostener sus propias mentiras. Peña ha dicho que, con la reforma (privatizadora) bajarán los precios de las gasolinas y las tarifas eléctricas. Saben bien que eso no es posible. Por ello, van a imponer aumentos próximamente (y después también). Ah, pero intentarán “convencer” a la sociedad con el rollo de que esos precios y tarifas bajarán con la reforma energética que privatizaría a Pemex y a la CFE. Hecho lo anterior, volverá el círculo viciado, como lo ha demostrado el FTE: más privatización, mayores aumentos en precios y tarifas, jamás a la inversa.

El bálsamo neoliberal, supuestamente curalotodo, es un fiasco.

Fuente: 2013, elektron 13 (67) 1-4, 7 marzo 2013, FTE de México.

El supuesto “experto” Coldwell cabildeando con la supuesta “izquierda” del PRD