El secretario de gobierno de Oaxaca se comprometió a no apoyar las actividades que ocasionen daños al medio ambiente o afecten los derechos de las comunidades PERO a NADA respecto a la instalación del parque eólico transnacional en el golfo de Tehuantepec.

El gobierno estatal de Oaxaca cabildea en nombre de Mareña Renovables, la transnacional que pretende instalarse ilegalmente en la región del golfo de Tehuantepec para apoderarse de las tierras y el viento para generar energía para la Coca-Cola y la Heineken. Se simula diálogo con las comunidades pero se dejan intactas las pretensiones de la transnacional.

Al respecto, es muy ilustrativa la información publicada por el diario mexicano La Jornada.

Como “un triunfo” consideró el movimiento de resistencia contra la instalación del parque eólico en la barra Santa Teresa, municipio de San Dionisio del Mar, el compromiso del secretario general de Gobierno de Oaxaca, Jesús Martínez Álvarez, de respetar y acatar “la decisión de los pueblos de que no entre Mareña Renovables” y no reprimir a los pueblos en resistencia, informó la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (Rojas R., en La Jornada, p.39, 18 feb 2013).

De acuerdo a la información anterior, Martínez Álvarez acudió este sábado al poblado de Álvaro Obregón a dialogar con integrantes de las asambleas de San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, San Francisco del Mar, San Blas Atempa, Santa Rosa de Lima, Juchitán, Santa María Xadani y Unión Hidalgo, Álvaro Obregón, ejidos Charis y Zapata, luego de más de un año de movilizaciones y bloqueos –que llegaron incluso a la confrontación con la fuerza pública– para impedir el paso de maquinaria y trabajadores de Mareña Renovables hacia San Dionisio.

En la nota se informó que se deja subsistente el contrato que la comunidad ikjoot de Santa María del Mar firmó con la trasnacional española Preneal en 2006, que “reservó” 2 mil hectáreas para instalar 30 aerogeneradores con 90 megavatios de capacidad instalada. La duración del contrato es por 30 años prorrogables.

Preneal realizó un contrato, en términos muy parecidos, con la comunidad de San Dionisio del Mar para la instalación de 102 aerogeneradores en la barra de Santa Teresa, lo que provocó la resistencia de los ikjoots de Pueblo Viejo, quienes cuestionaron que el parque eólico afectaría la pesca, su base de subsistencia, y ocasionó las movilizaciones que llevaron a Martínez Álvarez el sábado a Álvaro Obregón.

Aunque negociando por separado con las comunidades, Preneal tenía proyectado un gran parque eólico: en conjunto los proyectos de San Dionisio del Mar y Santa María del Mar totalizarían 396 megavatios, que los convertirían en la mayor instalación eólica de América Latina.

A la firma del contrato con Preneal, el 21 de julio de 2006 en Juchitán, Santa María del Mar recibió un pago inicial de 276 mil pesos, según el testimonio que posee este diario; el pago incluía la renta anual por la “reserva” más IVA y 36 mil pesos como apoyo educativo.

En marzo de 2011 Preneal informó que había vendido ambos proyectos en 89 millones de dólares (63 millones 200 mil euros) a Mareña Renovables, consorcio integrado por el grupo empresarial mexicano Fomento Económico Mexicano (Femsa Coca-Cola), el Fondo de Infraestructura Macquarie México (FIMM) y la sociedad Macquarie Capital.

Esa venta “representa un negocio de más de mil millones de pesos. A quienes lo hacen posible les entregan la fabulosa cantidad de nueve pesos con 58 centavos (mensuales por hectárea). ¿Les parece un trato justo?”, cuestionó en el Congreso de Oaxaca el diputado local Flavio Sosa el pasado 6 de febrero, cuando recordó a la diputación oaxaqueña lo que los indígenas ikjoots y zapotecos han venido denunciando desde el sexenio de Vicente Fox: los contratos no les fueron leídos en su idioma, hubo presiones y maniobras ilegales de las empresas para que firmaran y no se cumplieron las disposiciones ni de la Constitución Mexicana de protección a las tierras comunales ni las del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de que los pueblos indígenas deberán ser consultados siempre que se considere enajenar sus tierras o transmitir sus derechos sobre ellas.

Sosa instó al Congreso y al gobierno de Gabino Cué a establecer una mesa de diálogo, cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos indígenas y a ventilar públicamente un asunto que a todas luces es de interés público.

Por el lado de Santa María del Mar, el otorgamiento del usufructo de las 2 mil hectáreas a Preneal-Mareña agudizó el conflicto agrario que este núcleo tenía con la comunidad de San Mateo del Mar por mil 450 hectáreas. El ex comisario ejidal de San Mateo, José Gutiérrez Luis, señaló en 2011 que parte de las tierras que usufructúa Mareña pertenecen a su comunidad. 

San Mateo, cuya asamblea desde un principio rechazó los proyectos eólicos, mantiene bloqueado desde hace casi tres años el paso por tierra a Santa María del Mar, una de las agencias del municipio de Juchitán más marginadas, que quedó aislada y a la que sólo se puede llegar por mar.

De acuerdo con un documento de Mareña, rotulado “estrictamente confidencial”, la cronología del proyecto Preneal-Mareña Renovables es la siguiente.

En abril de 2003 Preneal comenzó a desarrollar el proyecto en el área; en abril de 2004 renta el uso de los primeros terrenos; en marzo de 2007 adquiere 395.9 megavatios de capacidad de transmisión en la temporada abierta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); en marzo de 2011 Mareña Renovables adquiere y se propone desarrollar el proyecto.

El 21 de octubre de 2009, con un “modificatorio” al contrato inicial, el pago de renta por las tierras “reservadas” aumentó a 126 pesos con 8.7 centavos por hectárea y la superficie se incrementó a 2 mil 261 hectáreas.

En el contrato de 2006 se establece que en la asamblea que lo aprobó participaron 72 de 129 comuneros –55.8 por ciento del total– y lo aprobaron por 65 votos.

Se detalla que los representantes legales de la empresa informaron de la intención de ésta de establecer, desarrollar y operar centrales eólicas en las tierras de uso común de Santa María del Mar, en una área geográfica que será “delimitada de manera exclusiva por su representada”, y aclararon preguntas y dudas a los participantes.

Se estipula, además del pago anual por hectárea y de apoyo educativo, el pago de 4 mil pesos anuales por derecho de instalación y medición de cada torre para medición del viento, sin especificar su número. Además, en caso de que la central llegara a construirse, la usufructuaria se compromete a instalar a su costo una planta desaladora de agua marina para dotar de agua potable a los comuneros.

Se determina, además, que cuando el proyecto entre en operación le pagará a la comunidad por el usufructo de las tierras 1.4 por ciento “del total de ingresos brutos derivados de la generación de electricidad en el área geográfica”, cesando los otros pagos.

Un análisis del contrato, realizado por la abogada Mirna Godínez Rasgado, señala que el proceso legal que se siguió para obtener la autorización de la comunidad “carece en algunos puntos de validez legal”, porque la información que se dio a los comuneros “fue sesgada y buscaba más la aprobación que la reflexión”; sólo participaron comuneros –poco más de 8 por ciento de la población– y no se consultó a mujeres y jóvenes, que representan 92 por ciento de los afectados.

Asimismo, la asamblea se realizó sin tomar en cuenta que la instalación de un parque eólico requiere del análisis y la decisión de un nuevo régimen de explotación de las tierras comunales, ya que implica pasarlas del régimen de explotación agrícola a una industrial y comercial, y en estas condiciones debía efectuarse una asamblea general calificada, lo que requería contar en primera convocatoria con la asistencia de las tres cuartas partes de los comuneros y con el voto aprobatorio de las dos terceras partes.

En conclusión, el procedimiento aplicado violó la ley agraria en vigor, la Constitución y los convenios internacionales, indica el análisis.

Si bien la administración estatal no apoyará actividades que ocasionen daños al medio ambiente o que amenacen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, no se ha pronunciado por cancelar la instalación del parque eólico San Dionisio en la Barra Santa Teresa, proyectado por la compañía multinacional Mareña Renovables, aseguró el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez (Vélez O., en La Jornada, p.43, 19 feb 2013).

En un comunicado, el funcionario dijo que visitó la comunidad de Álvaro Obregón, perteneciente al municipio de Juchitán de Zaragoza, a escuchar los planteamientos del grupo opositor al proyecto eólico, con la intención de trazar una ruta de diálogo y así concretar acuerdos en beneficio de todos.

Subrayó que la administración estatal “está decidida a escuchar todas las voces y sobre todo a armonizar las posturas para que la generación de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec se lleve a cabo con total respeto al medio ambiente, sin afectar las actividades pesqueras que se realizan en la zona, ni los derechos de las comunidades huaves y zapotecas” de la región.

Martínez Álvarez ofreció a los opositores reunirse nuevamente y revisar la información ambiental y social del proyecto, pero de ninguna manera se comprometió a suspender la construcción del parque eólico.

“La postura del gobierno es respetar la decisión y voluntad de los verdaderos pueblos originarios, no de las personas ajenas”, como las que participaron en la reciente caravana humanitaria a Álvaro Obregón, concluyó

El gobierno estatal es una vergüenza nacional, entregado en los brazos de las transnacionales. A ese gobierno no le interesan ni los efectos ambientales ni los derechos de las comunidades. Se trata de vulgar demagogia. Si así fuera no debía engañar a los pobladores y sí expulsar a las transnacionales invasoras.

El gobierno local omite las causas del conflicto mismo que no existía antes de la llegada de las corporaciones. Hoy, las comunidades de las regiones están divididas y enfrentadas entre sí luego de haber sido engañadas y corrompidas por los capitales extranjeros.

El conflicto ha adquirido un nuevo nivel al percatarse las comunidades del atraco de las transnacionales. Rentar las tierras en 9 pesos mensuales la hectárea no es solamente miserable sino indignante.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el problema no es de tipo monetario. Las transnacionales pueden absorber mayores costos, si se mantienen en el nivel monetario. Pero ese no es el problema. Cualesquiera sea el precio que paguen por la renta de las tierras, dejarlas en manos de las transnacionales significa perderlas. En poco tiempo, las corporaciones no solo se apropiarán de los recursos naturales sino que terminarán expulsando a los poseedores de las tierras que serán ajenos en su propio territorio.

El gobierno estatal lo sabe pero es omiso, sometido que está al capital transnacional, seguramente en forma poco honrosa. Lo que hay en Oaxaca es un acelerado proceso de privatización eléctrica furtiva. La Comisión Reguladora de Energía (CRE), oficina del Banco Mundial en México encargada de la desnacionalización de la industria eléctrica, procede abiertamente contra la nación. El gobierno de Oaxaca también traiciona a la nación simulando preocupación por el medio ambiente pero solapando al capital que es, precisamente, depredador del ambiente.

2013, elektron 13 (49) 1-4, 19 febrero 2013, FTE de México.

La energía eólica debe desarrollarse, única y exclusivamente, por la industria
eléctrica nacionalizada, de acuerdo a una Política Eléctrica Independiente
en interés de la nación. La privatización de las energías renovables
solo es fuente de conflicto social y lucro transnacional