Asumirán la desobediencia civil. Una comisión acudirá a Washington para interponer una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los smeítas esperan el apoyo de IndustriALL Global Union, filial de la central imperialista CIS (antes CIOSL), y de la AFL-CIO norteamericana.

Los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acordaron en asamblea general extraordinaria rechazar las liquidaciones que ofrece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y desacatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que les negó la posibilidad de ser contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en calidad de patrón sustituto (Muñoz P., Martínez F., en La Jornada, p.17, 6 feb 2013).

También convinieron llamar a la Secretaría de Gobernación (SG) a reactivar la mesa de negociaciones para alcanzar una solución al conflicto y adoptar medidas políticas, jurídicas y económicas tendientes a evitar la disolución forzosa de su sindicato, porque no renunciarán a su derecho al trabajo.

No nos han llamado (sic). No hay ninguna comunicación de la SG. Entonces, lo que haremos será implementar el plan de actividades que se acordó en nuestra asamblea, manifestó ayer el secretario general del SME, Martín Esparza.

Advirtió que si la alternativa que les dejan es cobrar las liquidaciones, una autoridad federal deberá emitir el fin del contrato colectivo que tuvo el SME con Luz y Fuerza del Centro (LyFC), empresa extinta por un decreto presidencial en octubre de 2009. Una vez que se sepa qué instancia es la que nos está cesando, se le demandará por despido injustificado (sic), añadió.

Las movilizaciones pactadas consistirán en una caravana de trabajadores que partirá del Distrito Federal hacia Washington, Estados Unidos, donde interpondrán una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, otras dos –una hacia el occidente del país y otra hacia el sureste–, con el propósito de tejer una alianza popular nacional.

En la asamblea los electricistas señalaron que van a asumir una desobediencia civil y pacífica. También garantizarán, por diferentes vías (incluyendo la negociación), fuentes de ingresos económicos para todos los trabajadores en resistencia.

Entre las acciones jurídicas destaca la presentación de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la SCJN por violaciones a sus garantías fundamentales. Contemplan seguir con el litigio de su demanda 1267 en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado, y van a promover ante el Consejo Federal de la Judicatura una queja contra la Corte.

En lo político, la organización lanzará una iniciativa para crear un nuevo organismo público descentralizado para la prestación del servicio, propuesta que se impulsará desde el Senado. Además, en la mesa de negociaciones se propondrá la reinstalación de los trabajadores con su contrato colectivo, la inmediata liberación de sus presos políticos, respeto irrestricto a los derechos de los jubilados y reclamar al gobierno los fondos de previsión social, programa habitacional al que pertenecen los trabajadores.

En la asamblea, Esparza se mostró bravucón como de costumbre sin hacer el mínimo análisis político del terrible caso. ¿Alguna autocrítica? Imposible, eso no existe ni mentalmente. “¡Ora se chingan, a nosotros nos garantizan las jubilaciones!”, repitió varias veces. “¡No vamos a acatar la resolución de la Corte!”.

También aseveró que “una vez que se sepa qué instancia es la que nos está cesando, se le demandará por despido injustificado” (sic).

Lo anterior tiene tres características: una, no es asunto de bravuconadas porque así comenzó la provocación que desembocó catastróficamente en el conflicto, cuando Esparza aseguró públicamente que paralizaría a LyFC con una huelga, misma que nunca fue preparada ni mucho menos. Después, con bravuconadas se negó a toda posible negociación política al declarar que el decreto de Calderón era inconstitucional y sería echado atrás. No ocurrió así.

Dos, ésta es la segunda vez que la Corte valida el decreto calderoniano, la primera declarándolo constitucional y, la segunda, validando el laudo de la Junta que da por terminada la relación laboral, consecuencia de la extinción de LyFC.

Tres, la demanda por despido injustificado ya se hizo, está en proceso y no tiene ninguna perspectiva favorable.

Aparte de las bravuconadas, convendría precisar. ¿Es opcional acatar o no la resolución de la Corte? Según sus propios abogados las decisiones de la Corte son inapelables, ante una cosa juzgada (dos veces consecutivas) no hay recursos jurídicos adicionales.

En casos similares existen experiencias. Si la Corte avaló el laudo de la Junta y pidió a ésta ponerlo firme, eso hará. La Junta procederá oficialmente y el SAE se obligará (sic) a acatar tal laudo. Durante un tiempo se anunciará el pago de las indemnizaciones a través de los bancos. Pasado ese lapso, el SAE depositará los cheques en la Junta y allí permanecerán hasta que prescriba el derecho.

Esto es, se puede declarar el desacato a la resolución de la Corte pero esta acción no es opcional para ninguna de las Partes implicadas en el asunto, ni tampoco es de acción unilateral. Si una Parte no acepta, la Junta de cualquier modo procede, así lo indica la legislación laboral vigente en su parte procesal.

Si se trata de “desobediencia civil y pacífica” se puede hacer pero no tiene impacto laboralmente. Ese fue el error inicial, no haber conducido correctamente el conflicto hacia una solución laboral, se optó por el enfrentamiento precipitado e improvisado con el Estado, sin haber valorado sino despreciado la relación política de fuerzas existente.

El conflicto ni siquiera era laboral sino sindical interno. Pero en vez de “limpiar” una elección interna se prefirió arrasar con los descontentos. Empezó el intercambio de lodo y el conflicto salió del marco interno poniéndolo en manos del gobierno. Este aceptó el enfrentamiento provocado y lo llevó a fondo, era la coyuntura que esperaba.

Muñoz carece de perfil político, ni siquiera trayectoria sindical tuvo, su formación fue en el grupo “Verde” a cargo de Esparza, de quien se limitó a ser compañero de juerga. Pero, Esparza y Lozano sacralizaron a Muñoz como “líder” de una disidencia borrosa. Muñoz se limitó a ponerse de rodillas hasta la fecha.

Lamentablemente, la alteración de la normalidad sindical jamás se quiso corregir y, hoy en día, persiste. El escenario es trágico.

La “inflación” de Muñoz no es el único desacierto. Otro más grave ocurre al haberse entregado a los brazos de la AFL-CIO norteamericana y de la CSI (antes CIOSL-ORIT). Estos aparatos del imperialismo destruyeron al sindicalismo mexicano desde hace décadas y, con el engaño de la solidaridad, los mantienen arrullados. Allí no hay ninguna solidaridad, se trata de la mayor perversión contra los trabajadores mexicanos, sometidos a sus propios verdugos.

Una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se puede hacer pero con perspectivas sumamente limitadas y tardadas. Con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sería un simple trámite sin trascendencia.

Jurídicamente, Esparza ha señalado a los medios que hay todavía otra demanda, la no. 1267 “por despido injustificado”. Efectivamente, esa demanda existe pero está totalmente cuesta arriba. Durante el proceso el sindicato demandó a Alfredo Elías Ayub, en ese entonces, director de la CFE. Esta contestó que Elías no había despedido a nadie porque nunca tuvo relación laboral con los quejosos. La respuesta fue obvia. Lo que debió hacerse fue formular la sustitución patronal a cargo de la CFE pero no la hicieron, cuando la pidieron “verbalmente ante los medios” fue demasiado tarde.

Ahora, Esparza pide que la Corte notifique a la Junta y “amenaza” con que, “una vez que se sepa qué instancia es la que nos está cesando, se le demandará por despido injustificado” (sic). La situación es patética, la Junta en sus laudos no dice que despide a nadie porque la Junta no es patrón. El actual laudo indica algo peor: da por terminadas las relaciones laborales de todos, así como del contrato colectivo pactado entre el SME y LyFC. ¿A quien demandarían (por despido injustificado) los de Buen, a la Junta? Ese juicio estaría perdido a priori.

Hay salida política, dijeron en la asamblea Montes de Oca y Almazán, sin precisar ninguna propuesta. Sí, una salida es necesariamente política pero en esos casos siempre hay un timing político, que ya pasó. Por lo demás, no basta “pedir que nos solucionen” porque no se trata solo de pedir y porque el enfrentamiento con el Estado sigue, si Esparza y Montes no se acuerdan, los contendientes de enfrente lo tienen presente.

Respecto a la “iniciativa para crear un nuevo organismo público descentralizado para la prestación del servicio, propuesta que se impulsará desde el Senado”, seguramente el senador Bartlett podría proponerla pero las condiciones políticas, dentro y fuera de las Cámaras, indican que son desfavorables. Bartlett se muestra solidario pero profundamente erróneo y desactualizado. No hay argumentos técnico-económicos convincentes ni coherentes siquiera.

Lo que se ve es patético, es el resultado de una sucesión de errores políticos catastróficos, de punta a cabo. La responsabilidad es múltiple, desde la cúpula a la tropa que ha permitido la ignominia.

Para mantener la cohesión interna Esparza maneja dos cuestiones, una, no renunciar al derecho al trabajo y, dos, evitar por todos los medios la disolución forzada del sindicato.

Ambas cuestiones tiene un fuerte impacto. Respecto a la primera, ésta es una consigna muy general e inobjetable. Eso es lo que debieron pensar antes de 2009 y no jugarse a “su madre”, como le llaman los smeítas a LyFC, en un volado una noche de palenque. Estallado el conflicto (y desde hace 52 años) la salida correcta era la integración industrial y la unidad sindical en el sector pero el SME siempre se negó con pretextos fatuos.

Hoy mismo, la única salida (desesperada pero correcta) es precisamente la integración (negociada) en el sector eléctrico (aunque ya esté desnacionalizado). ¿Estarían dispuestos? No parece, simplemente no quieren. De no ser así, los caminos que se sigan no tienen corazón.

Acerca de la segunda cuestión, Esparza pone en la prioridad de los smeítas la desaparición sindical, cuestión que afecta a los sentimientos no la razón.

El SME, como sindicato, no está en discusión de nadie ni existe ninguna disolución en puerta. Sí está presente una gran pérdida pero el sindicato seguiría existiendo porque agrupa (como miembros activos) a los jubilados. Mientras haya jubilados habrá SME.

No hay entonces, ninguna desaparición inmediata, lo que desaparecerá será el puesto que ocupa Esparza porque debe haber elecciones, otra vez, previo restablecimiento de la normalidad sindical. Actualmente ningún jubilado puede ocupar la secretaría general; primero se deben reformar los estatutos para que así suceda.

Cuando se habla de evitar por todos los medios la disolución del sindicato se incurre en una perversa manipulación basada en errores políticos flagrantes.

Al interior del SME, las sucesivas representaciones sostuvieron una política basada en el atraso. Esto significó mantenerse siempre al margen de la industria eléctrica y, por lo mismo, nunca se desarrolló ninguna política eléctrica independiente.

Hoy en día, se apuesta todo a que el gobierno “les cree” una empresa, su empresa, omitiendo que en todo el país existe desde 1960 una industria. Ya se vivió la experiencia nefasta de LyFC creada perversamente por Salinas de Gortari, en condiciones de quiebra financiera, con una planta industrial envejecida y sin generación, obligada a comprar en bloque la electricidad que revendía.

Como si nada pasara, se sigue insistiendo en ese esquema. No extraña si recordamos que, en los mejores momentos, durante el cardenismo, la UNICA propuesta que se le ocurrió al SME fue proponer la creación de una cooperativa eléctrica, cuestión sencillamente risible, revelando que carecía de la más peregrina idea en la materia.

Con esas “ideas”, los smeítas consideraron siempre que era posible el “socialismo en un solo sindicato” y “había que “sacarle a LyFC todo lo que se pueda”.

También creen que el SME es la forma organizativa superior a todas, imperecedera e inmortal. No es solamente aferrase a las siglas sino a un concepto obsoleto de sindicato pues el SME corresponde al viejo sindicato de empresa, superado históricamente que, por estar siempre en la periferia se negó a transformarse, precisamente, en un sindicato nacional de industria. Allí están los hechos, siempre se negó a la unidad sindical en el sector.

Otra vez el tiempo se vuelve inexorable. En el sector eléctrico, el sindicatito de empresa está superado, el propio desarrollo industrial lo liquidó, así no hay manera de dar respuesta exitosa a nada. No se trata de desaparecer, como si se cancelara la existencia, sino de transformarse. El SME hace tiempo que renunció a la transformación; hoy el tiempo cobra errores y soberbia.

Siempre, nos dijeron que estaban de acuerdo en la unidad porque para el SME la unidad “es un objetivo histórico” y como tal, lo pospusieron indefinidamente.

Hoy en medio de la debacle el SME se sigue negando a cumplir sus deberes de clase, cree que la CFE es el enemigo a vencer, el SUTERM simplemente no existe, el SME es todo y sobrevivirá al capitalismo, dicen, no importando que el sindicato (cualquiera) sea una forma surgida dentro del capitalismo, importante pero muy limitada, apenas para la resistencia economicista cotidiana y muy por abajo de las aspiraciones obreras.

En cualquier lucha siempre es importante cuidar, dentro del movimiento, el futuro de éste. Para ello, preservar la organización es fundamental, pero sobre bases programáticas no arqueológicas. La organización obrera no es solamente sindical y los sindicatos no son entelequias que deban conservarse por negarse a transformarse.


Fuente: 2013, elektron 13 (39) 1-4, 9 feb 2014.

Smeítas frente a la Corte FOTO: C. Ramos