La Policía Estatal de Oaxaca agrede a indígenas zapotecos en Juchitán quienes se oponen al proyecto eólico de Mareña Renovables. El gobierno estatal está del lado de la transnacional eólica y se justifica con flagrantes mentiras. Es la hora de detener la agresión antes de que corra sangre.

La siguiente información publicada en el diario La Jornada muestra el nivel a que han llegado los acontecimientos en el Istmo de Tehuantepec, como consecuencia de la oposición a un parque eólico transnacional que generará electricidad privada para la Coca-Cola y cerveceras.

Agentes de la Policía Estatal (PE) dispersaron a golpes a indígenas zapotecos en la comunidad Álvaro Obregón, municipio de Juchitán, cuando éstos, en asamblea, discutían nuevas acciones con la finalidad de impedir el ingreso de la compañía multinacional Mareña Renovables a la Barra Santa Teresa, donde se pretende construir el parque eólico San Dionisio, informó Mariano López Gómez, vocero de la Asamblea de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT) (Vélez O., Rojas R., en La Jornada, p.26, 3 feb 2013).

El portavoz dijo que la PE intentó, primero por la mañana y luego al mediodía, ingresar a la Barra Santa Teresa para custodiar la maquinaria de la trasnacional, pero en ambas ocasiones fue repelida por cientos de indígenas zapotecos.

Los hechos más graves sucedieron alrededor de las 20 horas, cuando los agentes penetraron al viejo cuartel del general revolucionario juchiteco Heliodoro Charis Castro, donde se encontraban los indígenas. Provistos de equipo antimotines, dispersaron con golpes de tolete a los pobladores y éstos se replegaron hacia casas cercanas. Unos 15 indígenas resultaron lesionados por los golpes de tolete.

Los opositores al proyecto se reorganizaron y enfrentaron con piedras a la PE, generándose un enfrentamiento de más de 30 minutos. Los agentes se retiraron, aunque amenazaron con regresar.

López Gómez explicó que antes de esta agresión, los manifestantes abrieron una profunda zanja y derribaron un puente en el camino de acceso a la Barra de Santa Teresa, para evitar nuevos intentos de ingreso de la corporación, lo que no fue suficiente para contenerlos.

Ante los hechos de anoche, cientos de hombres y mujeres de Álvaro Obregón, Santa Rosa de Lima, San Blas Atempa y de los ejidos Charis y Zapata, así como huaves de San Dionisio del Mar, se sumaron a la resistencia.

Se requirió la intervención de las comisiones nacionales e internacionales, del estado y no gubernamentales, para que frenen un eventual derramamiento de sangre.

En un comunicado, el gobierno estatal convocó a los opositores al parque eólico a “deponer actitudes de fuerza y regresar a la mesa de diálogo” con la Secretaría General de Gobierno, para alcanzar acuerdos y consensos perdurables que generen bienestar para las familias del Istmo de Tehuantepec, así como el desarrollo de la libre empresa para la generación de empleo y de riqueza social.

Asimismo, el gobierno se ofreció como mediador y facilitador de acuerdos que satisfagan a las partes involucradas, pero también subrayó que “se reserva su obligación de intervenir por la vía de la legalidad cuando se amenace la paz y la estabilidad social, así como contra actos que vulneren los derechos de terceros”.

Destacó que la administración estatal ha instalado mesas de diálogo para atender los intereses empresariales y propios de la comunidad. No obstante, dijo que el proceso de conciliación de intereses ha sido rechazado en forma sistemática “por un grupo minoritario de esta zona, llegando al extremo de impedir el desarrollo del proyecto de generación de energía eólica en esta importante región de la entidad”.

Rodrigo Flores Peñaloza, dirigente de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio responsabilizó al gobernador Gabino Cué y al ex gobernador Diódoro Carrasco, quien, afirmó, es consultor de Mareña, del “baño de sangre que pudiera ocurrir” si la policía arremete otra vez contra la gente.

El también integrante de la dirigencia de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación indicó que Carrasco Altamirano “es el operador de Jonathan Davis Arzac, presidente del consejo de administración de Mareña Renovables” para imponer el parque eólico rechazado por los zapotecas y los ikjoots (huaves) por las graves consecuencias ambientales, culturales y sociales que provocaría”.

El diputado local, Flavio Sosa Villavicencio, pidió al gobierno estatal dialogar con los indígenas zapotecas y huaves con el fin de comprender sus razones y estar en posibilidad de responder civilizadamente a los asuntos que generen la oposición al parque eólico.

“Así como escucharon a Mareña Renovables, las autoridades estatales deben hacer un nuevo esfuerzo por escuchar a las comunidades indígenas de la zona y mostrar sensibilidad para comprender sus razones”, indicó el diputado.

El gobierno de Oaxaca llama al diálogo “para alcanzar acuerdos y consensos perdurables que generen bienestar para las familias del Istmo de Tehuantepec, así como el desarrollo de la libre empresa para la generación de empleo y de riqueza social”. ¡Bonito diálogo mentiroso!

No puede haber consenso sobre un proyecto que pretende lo contrario de lo que dice el gobierno estatal. El parque eólico transnacional, como los demás ya en operación, NO genera ningún bienestar a ninguna familia; al contrario, es fuente de conflicto, fragmentación social y despojo impune.

El gobierno estatal simula un bonapartismo inexiste hablando de “conciliar” a las partes. Eso no es cierto ni posible y menos con mentiras. Según el gobierno debe aceptarse “el desarrollo de la libre empresa”, es decir, a la transnacional “para la generación de empleo y de riqueza social”. ¿Cuál empleo? Quince (15) empleos no es nada. ¿Cuál riqueza social? Será la riqueza privada de la Coca Cola, cerveceras y capitalistas de Mareña. ¿Dónde está la riqueza social para los despojados de la tierra? El viento mismo tampoco es de la transnacional. ¿Dónde está la "riqueza social”? ¿Puede haber consenso sobre la base de mentiras?

El gobierno oaxaqueño miente y engaña. Dice que “se reserva su obligación de intervenir por la vía de la legalidad cuando se amenace la paz y la estabilidad social, así como contra actos que vulneren los derechos de terceros”. Para ese gobierno local el consenso se basa en la “amenaza”, a la oposición a la transnacional le llama “amenaza a la paz social y la estabilidad social”. Esa “amenaza” es lo que hace, precisamente, Mareña Renovables. Las acciones de los opositores, en cambio, las califica de “actos” que vulneran “los derechos a terceros”. ¿Cuáles terceros y cuáles derechos tiene la transnacional, aparte del despojo, atraco impune y saqueo de los recursos naturales de la nación?.

El gobierno local, aliado político de AMLO, es repudiable por traidor no solamente a sus paisanos sino a la nación.



Fuente: 2013, elektron 13 (34) 1-2, 4 feb 2013.