Con el argumento de fallas en el “debido proceso” y respeto a los derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia otorgó la libertad inmediata a la ciudadana francesa Florence Cassez, comprobada secuestradora señalada por sus propias víctimas y juzgada por instancias judiciales mexicanas. El caso es bochornoso, la Corte simula justicia y ampara a delincuentes.

En una decisión inesperada, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó –sin tomar en cuenta a las víctimas de secuestro– la libertad inmediata (por tres votos a dos) de la ciudadana francesa Florence Cassez, con el argumento de que el montaje televisivo de su detención, realizado por el gobierno mexicano, generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara en la más absoluta indefensión ante la justicia mexicana (Aranda J., Castillo G., en La Jornada, p.3, 24 ene 2013).

Ninguno de los cinco ministros se manifestó o debatió sobre la inocencia o culpabilidad de la francesa. Ayer sólo fijaron postura en torno a si se violaron los derechos humanos de Cassez y si debía dejársele en libertad o dictarle una nueva sentencia.

Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero votaron en favor de conceder el amparo liso y llano, al considerar que la vulneración a los derechos humanos de la quejosa fueron tan graves, que generaron un efecto corruptor en todo el proceso.

Trascendió que la estrategia de Sánchez Cordero para favorecer lo más posible a Cassez funcionó y que su postura en favor de liberar a la acusada –sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro– tuvo un apoyo que ella misma no esperaba.

No podemos soslayar que este asunto trasciende el ámbito doméstico y exige el cumplimiento del debido proceso legal, como la forma más adecuada con que el Estado mexicano responde a la violación a los derechos humanos de toda aquella persona que se encuentre en su territorio sujeta a proceso penal, indicó por su parte Sánchez Cordero.

Visiblemente emocionada y a sabiendas de que con su voto se terminaría un litigio de más de siete años –que incluso afectó las relaciones diplomáticas entre México y Francia durante todo el sexenio de Felipe Calderón–, Sánchez Cordero señaló: No paso por alto también, y hay que decirlo, mi empatía hacia las víctimas, a quienes manifiesto mi más sincera solidaridad. No puedo dejar de considerar que los principales derechos de las víctimas son el derecho a la verdad y la justicia.

Enseguida, la nación asistió a un espectáculo bochornoso transmitido por la televisión privada. La secuestradora fue liberada de inmediato. La esperaban diplomáticos de la embajada francesa que tenían listo el siguiente vuelo de Air France para trasladarla a Paris.

Llegó como cantante pop, fue recibida con aclamaciones y hasta recibida en sesión solemne por el gobierno galo. Se sucedieron declaraciones de la “heroína”. “La Corte me declaró inocente”, dijo. La sentencia de la Corte no implica la inocencia, explicaron los juristas. De hecho, la Corte no se pronunció al respecto, lo omitió para favorecer a Cassez.

No obstante haber sido sentenciada previamente, habiendo sido encontrada culpable de secuestro y asociación delictuosa, y con las pruebas presentadas por las víctimas, la Corte omitió toda culpabilidad y se refirió solamente a los procedimientos, argumentando fallas en el llamado “debido proceso” y respeto a los derechos humanos.

Se trata de basura jurídica. Los ministros se basan en los procedimientos para impartir justicia, no en las leyes ni en los hechos. Si estos no fueran fehacientes podría discutirse el caso pero no es así sino a la inversa, las pruebas son contundentes en contra de la francesa.

Si se trata de respetar sus derechos humanos, el cuestionamiento a la Corte es mayor. La Corte respeta los derechos de los delincuentes pero no los de las víctimas. ¿Acaso als víctimas carecen de derechos humanos?

Sin embargo, no solo las víctimas fueron ofendidas sino la nación misma. La consigna de defender los derechos humanos que Peña ha indicado a militares, policías y jueces es simple demagogia. En el presente caso, la consigna de Peña fue liberar a la secuestradora, los ministros solamente le dieron forma jurídica tramposa, para agradar al capital transnacional francés.

Esa es la justicia que se imparte en México. Esos son los ministros que integran a la máxima instancia de justicia. La experiencia no es la primera, siempre ha sido así. Por supuesto, se trata de una burla a la nación. Esta tendrá que acabar con esos aparatos y esas políticas nefastas. ¿Cuándo será? Cuando la mayoría nos decidamos a actuar organizadamente y con una política independiente.


Fuente: 2013, elektron 13 (25) 25 de enero de 2013, FTE de México.

La tremenda Corte en sesión