Reforma para privatizar a la industria eléctrica mediante modificaciones a la legislación secundaria. El foxismo insiste en la privatización fraudulenta y trata de convencer a los partidos políticos para que avalen sus propuestas tramposas. Los partidos se contradicen a sí mismos; declaran una cosa y proponen otra.
Privatizar a la industria eléctrica sin modificar a la Constitución. Esa es la propuesta del gobierno foxista, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional al proceso privatizador furtivo ejecutado por Fox. La reforma, han dicho los legisladores de todos los partidos, será en la legislación secundaria.
Fox no ha necesitado de ninguna reforma, ni de ninguna ley, para privatizar. En los hechos, mediante simples acuerdos administrativos, ha venido consumando fraude tras fraude. A la fecha, multitud de empresas privadas transnacionales, abierta o disfrazadamente, constituyen lo que los voceros privatizadores llaman la “Industria Eléctrica Mejicana”, adicional a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LFC). Debiendo haber una sola empresa, en la industria eléctrica nacionalizada integrada, ya hay más de cien empresas igual que hace un siglo.
Como el foxismo no pudo justificar la legalidad de sus acciones ante la SCJN, ahora promueve la legalización legislativa de los fraudes que ha realizado. La fórmula es a través de modificaciones a la legislación secundaria, específicamente, a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). Al respecto, ha tratado de convencer al PRI y al PRD.
El pasado 11 de junio Tirso Martens, secretario de energía de Fox, presentó a Jesús Ortega y Demetrio Sodi, senadores por el PRD, una propuesta formal (Fuente: La Jornada 110602). Días antes se había producido una entrevista entre Fox y Roberto Madrazo, presidente del PRI. Según éste, en las “negociaciones” deshigiénicas que realizan, se ha planteado la reforma eléctrica en legislación secundaria.
“Retos para la reforma del sector eléctrico” fue el documento que entregó Martens al PRD. Allí se propone un mercado paralelo constituido por los grandes consumidores. En pocas palabras, el gobierno propone una “industria eléctrica privada” nueva, con empresas extranjeras, para abastecer al sector industrial y regida por reformas legales anticonstitucionales.
Desde luego, Martens propuso la “autonomía administrativa y fiscal” para CFE y LFC. Según la propuesta, “la generación y comercialización serían abiertas a la participación privada” Así, la susodicha “autonomía” sería para empresas revendedoras encargadas de la distribución, si acaso.
Otra vez las mismas propuestas privatizadoras ya rechazadas por el pueblo de México: un organismo público descentralizado encargado de la transmisión, tarifas determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, etc., etc.
La respuesta del PRD fue contradictoria. Rosario Robles, presidenta del partido, rechazó la apertura en el sector. Esa declaración es esencialmente correcta, sin embargo su partido propone lo contrario. El PAN lo recordó en voz de su presidente, quien dijo que “se tienen que plantear esquemas de participación para el sector privado en la generación de energía, pero no de privatización, y esto lo contempla la iniciativa del PRD y otras iniciativas” En efecto, así de grave es la situación. Qué lamentable que el propio PAN lo diga y el PRD (y el PRI) lo oculten negándolo.
Ortega y Sodi dieron una respuesta formalmente correcta rechazando la propuesta de Martens, pero con grandes contradicciones. Ortega dijo “no vamos a aceptar ninguna reforma que se presente como resquicio para la privatización de la industria eléctrica” ¡Loable declaración! Da la impresión que Ortega desconoce la propuesta de su compañero Sodi quien, en el Senado, propone lo que rechaza Ortega. Sodi a su vez dijo, que le dijo a Martens, que dudaba en que pudiera modificarse la LSPEE para abrir el mercado. “Le señalé que eso sería inconstitucional” declaró Sodi. Esa declaración debía celebrarse, si es que el senador Sodi ya modificó realmente su propuesta, porque la iniciativa que auspicia en el senado dice lo contrario a lo que declara y es, explícitamente, inconstitucional como lo dijo la Corte.
¡No hay nada que celebrar! Los senadores del PRD dijeron que no aceptaban la creación de ningún mercado pero que, lo que se podría ver "es que la electricidad que los productores independientes vendan a la Comisión Federal (CFE) no se considere servicio público” ¡Bravo! Para celebrarlo, pero por los privatizadores y el gobierno: ¡eso es lo que quieren y, significa llanamente, PRIVATIZACION!
Sodi no ha corregido nada, al contrario aprovechó la oportunidad para insistir en sus propuestas privatizadoras. Sodi y Ortega aclararon que las reformas deben ocurrir sin privatizar a CFE, pero esa no es la discusión. El mismo Fox ha planteado no privatizar los activos de CFE y LFC (como empresas), pero sí las funciones de la industria eléctrica nacionalizada, empezando por la generación eléctrica. En estos momentos, CFE y LFC siguen siendo empresas estatales, ¿y qué? Sus funciones cada vez son menos, porque la industria eléctrica privada (mejicana) crece día a día.
Los legisladores del PRI y PRD parecen absurdamente convencidos de la apertura privada y la participación de los particulares. Dicen que, eso, no es privatización lo mismo que Fox. El hecho es que las nuevas plantas eléctricas de potencia son de propiedad privada en un 100% ¡Eso es privatización y es anticonstitucional! No obstante, PRI y PRD insisten en apoyar ese esquema. El PAN apoya lo mismo, si fuera posible más, mejor.
Privatización no constitucional, le llamó Martens a su propuesta. El cinismo es claro, se trata de la apropiación privada de la industria eléctrica nacionalizada de México. ¿Cuál apertura privada? ¡Es inocultable privatización!