Cuando la industria eléctrica fue rescatada para la nación, aquel 27 de septiembre de 1960, los electricistas democráticos de la época señalaron la importancia económica y social que ese hecho político representaba para el país.

En breve tiempo se procedió a electrificar a todo el territorio nacional, para darle acceso a todos los mexicanos, con base en el concepto de servicio público de energía eléctrica.

Procedimos a la integración de la industria eléctrica nacionalizada, logrando la unificación de frecuencia y la interconexión del Sistema Eléctrico Nacional.

También fue desarrollada la ingeniería y se construyeron importantes proyectos eléctricos.

Previamente a la nacionalización, el sector público generaba el 54% de la capacidad total y el sector privado el 46%. Con la nacionalización, el 98% pasó al sector público.

Hoy, sin embargo, estamos peor que antes de la nacionalización. Otra vez los particulares se encargan de las funciones constitucionalmente estratégicas. El 52% de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional es privada.

La construcción e ingeniería están privatizadas, el desarrollo científico y tecnológico es inexistente, las redes nacionales de transmisión y distribución eléctrica están al servicio de los particulares. Los recursos naturales, renovables y no renovables son saqueados por las transnacionales, apoderándose del agua, el viento y el territorio. El concepto de servicio público está pervertido.

Esta política es inaceptable para la nación. Pero hay algo peor. El próximo gobernante recién electo ha ofertado la entrega de Pemex y de la CFE al capital extranjero. Peña y sus socios omiten que la industria energética no es del gobierno, ni siquiera es del Estado, es de la nación.

Pero, unilateral y compulsivamente, preparan ya las iniciativas legislativas de una nueva contra-reforma energética. Los proyectos se formulan en los mismos despachos neoliberales que auspiciaron el inicio de la privatización furtiva de la electricidad, la petroquímica y el gas natural en 1992, 1995 y 2008.

No obstante que esos procesos privatizadores están muy avanzados, el imperialismo a través del Banco Mundial pretende eliminar a la industria energética de México desnacionalizándola.

Hoy, también, las condiciones para la resistencia son más difíciles al encontrarse los trabajadores ausentes en sus propios centros de trabajo. El sindicalismo en el sector incumple con sus deberes fundamentales, abandonó a la insurgencia obrera y popular y se debate en el charrismo, entre la corrupción, la violencia y la apatía.

Pero la industria energética es patrimonio colectivo de la nación. En este sentido, todos los mexicanos concientes tenemos el derecho a defender lo nuestro y, en su momento, volver a re-nacionalizar a todos los recursos naturales e infraestructura básica de la nación.

Para continuar el análisis y toma de decisiones, invitamos a los trabajadores y pueblo en general a participar activamente en el 21 Foro de Energía, organizado por el FTE de México, en el marco del 52 aniversario de la nacionalización eléctrica.

¡No a la contra-reforma energética!

¡Este puño sí se ve!