Revocación de Permisos Ilegales
Las transnacionales han defraudado en
todas partes. En la cumbre energética europea se reconoce que el mercado
eléctrico es técnicamente inviable. Así lo hemos dicho los
trabajadores. Por eso, esas empresas deben salir de México. No basta
reconocer la inconstitucionalidad de las reformas privatizadoras, es necesario
suspender la Privatización Eléctrica Furtiva revocando todos los
permisos privados de generación otorgados por la Comisión
Reguladora de Energía.
Después de sesudas
deliberaciones, los "neoliberalizadores de mercado" de la cumbre
energética de Europa se dan cuenta de los requerimientos técnicos
que demanda el "mercado de electricidad" que proponen, lo hacen inviable
según el estado de avance de la tecnología disponible actualmente.
Los ministros de energía de la Unión Europea (UE) reunidos en
Barcelona y Pamplona, España, han cambiado de dogma. Ahora dicen que,
“Hay que interconectar eléctricamente a toda
Europa primero y a partir de allí será posible la verdadera
liberalización del mercado” Por fin reconocen que sin una
red de interconexión con capacidad de transporte suficiente, cualquier
posibilidad de transferir grandes volúmenes de energía de uno a
otro centro de consumo es simplemente una quimera. Tal vez lo reconocen
porque piensan solicitar la ampliación de la capacidad de las redes
(incluida la distribución) con recursos público pero, al menos, ya
declaran que en las condiciones actuales, la configuración de sus redes
de transmisión y distribución a nivel regional y europeo, permite
un volumen de intercambios real de energía muy limitado.
Lástima que primero hayan engañado a la ciudadanía.
España por ejemplo padece apagones principalmente por la deficiente
planeación de su red troncal, y sus esperanzas de importar energía
para cubrir el déficit son remotas. Eso, tristemente, ya lo comprobaron
los consumidores catalanes en el invierno pasado. El desorden es tal, que las
cuatro principales empresas privadas de España entregan a la Red
Eléctrica Española (Transmisión) un total de 35.2 MW,
mientras que el consumo total de energía es de 52 MW, es decir que
existen 16.8 MW que se mueven "por fuera" del sistema interconectado ¿En
Autoabasto y Cogeneración? Los electricistas mexicanos sabemos que si
los españoles hubiesen planeado correctamente, interconectando dicha
capacidad (un 30%) tendrían un sistema mucho más estable y seguro.
Y menos apagones por supuesto. Sin embargo este es el modelo que Endesa,
Iberdrola y Fenosa pretenden imponer a México mediante sus inversiones.
Tenemos la razón cuando decimos "En México, el Sistema
Eléctrico Nacional (SEN) está interconectado y como tal es uno de
los más grandes del mundo, con un servicio continuo y seguro. Pero
interconectarlo (unificar frecuencias, construir la red troncal idónea y
crear un despacho NACIONAL de carga eficiente) no fue obra de la iniciativa
privada, tomó muchos años de esfuerzo y planeación
cuidadosa, de trabajadores y técnicos mexicanos." Nuestro sistema
eléctrico es para presumir, si consideramos que además sobrevive
asfixiado presupuestalmente. Pero el cambio de dogma que pregonan ahora los
europeos no toma en cuenta que la "liberalización virtual" se manifiesta
también en el re-acuerpamiento de las grandes empresas eléctricas,
que no solo se re-constituyen en monopolios -privados-, sino que se asocian para
co-poseer recursos de generación (nuclear sobre todo, aunque
también sucede en hidroelectricidad), acción que en sí
misma anula toda posibilidad de competencia, y con ella cualquier expectativa de
reducción de precios finales de la energía ¿Cuál
competencia? Las únicas centrales generadoras importantes no compartidas
son las de gas natural, y con esas hay fuertes sospechas de que las
eléctricas pactan precios. La entrada de capital privado en la
industria eléctrica tiende a distorsionar las metas de desarrollo.
México no es la excepción. No basta con reconocer la
inconstitucionalidad de la reforma eléctrica, incluida la Ley del 92.
Urge exigir de inmediato la normalización de las condiciones en que se
han otorgado diversos permisos en la modalidad de Autoabasto y
Cogeneración, que por sus características corresponderían
técnicamente a la figura de Productor Independiente. Estos permisos no
cubren con las necesidades de desarrollo del SEN, sino de particulares. Por el
contrario. Estas grandes plantas degradan el rendimiento del SEN porque se
conectan a la red nacional en puntos donde generalmente no hay forma de
aprovechar su aporte a nivel nacional. Incluso la figura de Productor
Independiente tampoco ha demostrado ser financieramente superior a los leoninos
contratos CAT. A fin de cuentas es la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) la que asume los riesgos (incluso de combustibles) y carga con los
diferenciales costo/precio, garantizando en contratos de compra de
energía muy ventajosos para los inversionistas privados. Aún
suponiendo que se logre eludir el dichoso "mercado eléctrico", estas
plantas como están concesionadas, comprometerán la viabilidad
financiera de las empresas públicas. Este mecanismo de financiamiento
es incluso peor, puesto que el régimen de propiedad de dichas plantas
será totalmente privado de por vida (aunque son concesiones a plazo fijo,
los contratos establecen renovaciones que no especifican límite de
tiempo). Aún estamos a tiempo de evitar el atraco. La
Secretaría de energía anunció que acataría de
inmediato la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) pero no dijo una palabra sobre los permisos que de manera
fraudulenta han eludido la legislación vigente. Por el contrario, Vicente
Fox dijo que continuará impulsando los cambios "necesarios" en el sector
eléctrico. El legislativo tiene ya todos los elementos y las
experiencias para juzgar por sí mismo la trascendencia de una iniciativa
de reforma eléctrica y debe reconsiderar las dos propuestas que restan
por dictaminar, retirándolas para revisar la forma en que se
deberán normalizar las concesiones ya expedidas y asegurar que las
figuras de Autoabasto y Cogeneración recobren la dimensión real
que tienen: Cogeneración para las refinerías
"energéticas" de Pemex, y Autoabasto para los proyectos de
energías alternas en zonas de difícil acceso desde la red
nacional. Esto nos lleva a nuevas etapas del análisis. La
participación de particulares en tales modalidades es todo un reto y no
quitarán el dedo del renglón hasta lograrla. Hasta ahora, lejos de
acatar el espíritu de dichos permisos, los particulares los han
distorsionado asociándose a nivel regional y nacional para simular
autoabasto y cogeneración. Hasta ahora, no se someten a (o no acatan)
estudios de viabilidad técnica de CFE (la ley faculta a la CRE a informar
a CFE de cada permiso, pero si esta no responde, la CRE otorga el permiso y
luego averigua. Esto no debió ocurrir, por la trascendencia de tales
permisos). En todo caso, esos estudios debieron hacerse para garantizar la
confiabilidad de la red nacional y determinar los costos que ello implicaba, de
manera que el contrato final estipulara las obras que fueran necesarias, con
cargo al particular. En el mismo caso está la posibilidad de
comercializar la energía privada. La cogeneración es
básicamente una modalidad de generación "en el sitio", ideada para
aprovechar la energía localmente, por lo que solo genera excedentes de
acuerdo a las variaciones y la naturaleza de la producción en el proceso
industrial que le da origen. A mayor ritmo de producción industrial,
mayor generación disponible. Por lo mismo, no todo proceso industrial es
susceptible de co-generar con ventajas económicas significativas. Por
ello se pretende "comercializar excedentes", en un intento para hacer rentable
la instalación este tipo de plantas. A los particulares no les
interesarían jamás convenios de intercambio energía con el
resto del sistema a cambio de generar su propia energía. A CFE no le
convendría adquirir excedentes porque no tendría recursos ni para
una buena medición: es mucha inversión para tan poca
generación. En consecuencia, es conveniente que se proceda a revocar
todos los permisos privados otorgados indebidamente. Esos permisos se otorgaron
al margen de la ley. El reciente dictamen de la SCJN es muy claro, se trata de
un fraude
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